Froylan Soberanes Fragoso

Expediente 741/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
741/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Froylan Soberanes Fragoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se sobreseyó en este asunto; mientras que el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida cautelar, por lo que deberá glosarse a este juicio. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 741/2020-II-III; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el trece de octubre de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, remitido el dieciséis siguiente a este órgano jurisdiccional por razón de turno, Froylán Soberanes Fragoso, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, por los actos que se precisarán más adelante en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de octubre de la anualidad pasada se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados se ejecutaron dentro del territorio comprendido dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: Del a) Fiscal General de Justicia, b) Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, c) Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec de Morelos y d) Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Trámite del Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec de Morelos, todos del Estado de México: .La integración de la carpeta de investigación NUC: ECA/FVG/JME/034/152288/20/06. . Los citatorios de nueve de julio y veinte de agosto de dos mil veinte emitidos en la referida indagatoria, mediante los cuales se solicitó la presentación del agraviado con el propósito de rendir su entrevista con relación a los hechos ahí investigados. Del e) Encargado del Grupo de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres y f) Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos de Ecatepec de Morelos, Estado de México: . El cumplimiento y ejecución a los referidos citatorios ministeriales. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables a) Fiscal General de Justicia, b) Fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y c) Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec de Morelos, todas del Estado de México, negaron los actos que se les atribuyen y el impetrante no ofreció ninguna prueba para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reprochados a las autoridades indicadas, lo procedente es sobreseer en este juicio al tenor de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades d) Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Trámite del Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec de Morelos, e) Encargado del Grupo de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres y f) Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ya que así lo confirmaron en sus informes con justificación, razón por la que se tiene por probada su participación en el respectivo ámbito de sus competencias. La certeza de que se habla se corrobora también con las copias certificadas de la carpeta de investigación NUC: ECA/FVG/JME/034/152288/20/06; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Quinto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. Respecto al acto consistente en la integración de la carpeta de investigación NUC: ECA/FVG/JME/034/152288/20/06, este órgano de control constitucional advierte -de manera oficiosa- que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Para demostrar ese aserto, es necesario tener en cuenta el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." En relación con el tema que nos ocupa, el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Se insiste que el precepto constitucional transcrito hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación desformalizada; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de investigación desformalizada, el representante social debe acreditar que se ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la Ley Fundamental, se le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, desvirtuando datos de prueba aportados por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar que se ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión. Por esos motivos, la iniciación, desarrollo e integración de la carpeta de investigación no es susceptible de control constitucional, ya que la impugnabilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado son susceptibles de ser combatidos mediante el juicio constitucional. Bajo esa óptica, el hecho de que se integre la indagatoria de origen no ocasiona a la parte quejosa un perjuicio de imposible reparación en su esfera de derechos, sino que aquello se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial conozca de la causa penal y determine si resulta procedente o no alguna medida restrictiva de libertad en contra del quejoso. Sustenta esta determinación la jurisprudencia tesis 1a. CXXXV/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que estipula: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Igualmente la acción constitucional se torna improcedente por cuanto hace a la emisión de los citatorios de nueve de julio y veinte de agosto de dos mil veinte en la carpeta de investigación NUC: ECA/FVG/JME/034/152288/20/06, ya que se han consumado de un modo irreparable, configurándose así la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Por acto consumado de modo irreparable debe entenderse como aquél que, aun cuando se concediera la protección federal, no sería posible reparar el derecho fundamental violado, debido a la imposibilidad natural de retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la transgresión perpetrada. Sin embargo, debe aclararse que tal consumación no es irreparable si con la concesión del amparo, en la hipótesis de que así sucediera, la misma tuviera como consecuencia la restitución de las cosas al estado anterior a la violación. Así, para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, en atención a su naturaleza y efectos, se clasifican en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros se entienden como aquéllos que, no obstante haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; esto es, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77, de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo contra actos consumados de modo reparable. En cambio, la característica principal de los actos consumados de modo irreparable radica en que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. Sobre esa línea de pensamiento, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Dicho en otras palabras, los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque equivaldría a suponer que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Lo anterior es así, si se considera que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de las prerrogativas que fueron afectadas a través de los actos reprochados. Ello significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos; es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho tutelado que le fue transgredido, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados o consumados. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito3 , en la tesis I. 3o. A. 150 K, que dispone: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En el caso concreto, como se dijo, el quejoso esencialmente se duele de los citatorios girados el nueve de julio y veinte de agosto de dos mil veinte, a través de los cuales el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Trámite del Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec de Morelos, Estado de México, requirió su presencia para el desahogo de una diligencia de carácter ministerial (entrevista) en la carpeta de investigación NUC: ECA/FVG/JME/034/152288/20/06. Sin embargo, de las constancias remitidas por el fiscal responsable se aprecia que el garante acudió ante su potestad en compañía de su abogado el veintinueve de agosto de esa anualidad, comparecencia en la que se le hicieron saber sus derechos y el hecho delictuoso que se le imputaba; asimismo, en esa diligencia ratificó su escrito por el que formuló declaración y ofertó datos de prueba. De lo anterior se aprecia que los actos reclamados se han consumado irreparablemente, porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de la prerrogativa fundamental violada al impetrante, puesto que al comparecer ante la representación social es evidente que los actos reprochados se consumaron y no es factible materialmente para el suscrito retrotraer las cosas al estado en que se encontraban. Dicho de otro modo, no es legal ni materialmente posible el otorgamiento de la concesión de la justicia federal al inconforme para que desaparezcan los efectos de los citatorios impugnados, pues dicho acto ya se materializó con la comparecencia ante la responsable el veintinueve de agosto de dos mil veinte. Es aplicable al caso el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito4 , que reza: "ACTO RECLAMADO, CONSUMACIÓN IRREPARABLE DEL. Si el quejoso reclama un acuerdo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fija fecha para el desahogo de pruebas, aduciendo que la fecha señalada es demasiado remota, atendiendo a que la Ley Federal del Trabajo no establece términos superiores a los diez días para la práctica de cualquier diligencia. Y si durante la tramitación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del Juez de Distrito, transcurre la fecha señalada para la recepción de las aludidas probanzas, debe estimarse consumado irreparablemente el acto reclamado, por ser físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que el tiempo no puede retrotraerse; y por ello sobreviene la causal de improcedencia del juicio constitucional establecida en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de esa legislación. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuidos al e) Encargado del Grupo de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres y f) Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por no haberlo combatido por vicios propios5 . Finalmente, es importante destacar que, derivado del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados ni las tesis plasmadas por la parte quejosa, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito6 , que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, primero de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense los informes justificados de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Trámite del Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec de Morelos, Estado de México; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el precepto 119 de la legislación invocada, se tiene como prueba la documental que anexa, la que será relacionada en la etapa procesal respectiva. Por otra parte, intégrese a los autos únicamente para que obre como corresponda los restantes oficios de cuenta signados por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno del Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante los cuales manifiesta su imposibilidad para remitir las constancias que integran la carpeta de investigación ********************; lo anterior es así, toda vez que en esta fecha se tuvieron por recibidas y se proveyó lo conducente. Por último, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas del veintidós de marzo de dos mil veintiuno para su verificativo.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal de autos se aprecia que las autoridades responsables 1) Agente del Ministerio Público Titular del Primer Turno del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México y 2) Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Uno del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México, han sido omisas en rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificadas para tal efecto; por tanto, con fundamento en los artículos 62, 75 y 117 de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se les requiere para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, remitan copia certificada, legible, completa y en orden cronológico de las constancias de las que derivan los actos que se les atribuyen. Con el apercibimiento que de ser omisas o no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización a que alude la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la legislación de la materia. Sustenta lo anterior la tesis número P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Así como también la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tengan firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos a través de correo electrónico oficial. De igual modo, se hace del conocimiento de las responsables el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1235, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. Por último, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con veinte minutos del uno de marzo de dos mil veintiuno para su verificativo.

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