Fredy Eduardo Ortiz Cadena
Expediente 1140/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- S. A. A.
- Fredy Eduardo Ortiz Cadena
- S. A. A. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a las partes a efecto de formular manifestación en relación a la forma en que la autoridad responsable refirió haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, conforme al apercibimiento realizado en auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, se procede a calificarlo. Por sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil veintidós, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos y autoridad responsable precisados en los considerandos SEGUNDO y TERCERO, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en el último apartado considerativo de esta sentencia." Mediante proveído dictado de diecinueve de enero dos mil veintitrés, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, acataran en sus términos la ejecutoria de amparo, cuyos efectos fueron los siguientes: "1) Deje insubsistente la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que resuelve el recurso de revocación promovido por la parte quejosa contra el auto de cuatro de agosto de ese año. 2) Dicte otra en la que, tomando en consideración lo resuelto en este juicio de amparo, resuelva el recurso planteado supliendo la deficiencia de la queja y valorando las circunstancias particulares del caso, así como las constancias reales con que cuenta en el expediente; una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva en función del interés superior del menor, en el entendido que la ponderación que lleve a cabo deberá ser con perspectiva de infancia, fundando y motivando debidamente su decisión. En la inteligencia que de advertir que no cuenta con elementos suficientes para determinar la procedencia o no de la orden de modificación del acta de nacimiento, deberá continuar el juicio natural respecto a la prestación principal relativa al desconocimiento de la paternidad por parte del codemandado, así como respecto a la modificación del acta de nacimiento y reconocimiento de paternidad del aquí quejoso y allegarse de oficio de las pruebas que estime le hagan falta para dictar una determinación debidamente sustentada. Sin que ello genere vulnerar el principio de cosa juzgada -por existir un convenio previo- en el expediente de origen, pues de aceptar una postura contraria, se obligaría a las partes a aperturar un nuevo juicio, lo que en opinión del suscrito implicaría someter al menor a un procedimiento innecesario, cuando en realidad, el juicio de origen tenía esa función principal, de acuerdo a la conducta asumida por las partes en el litigio, a través de la cual, optaron por una conducta procesal que beneficiara al interés superior del infante." Luego, por acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, se recibió oficio signado por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al que adjuntó copias certificadas de las constancias siguientes: Acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, a través del cual (1) dejó insubsistente la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que resuelve el recurso de revocación promovido por la parte quejosa contra el auto de cuatro de agosto de ese año; y, (2) ordenó poner a la vista los autos para resolver lo que en derecho correspondiera. Determinación interlocutoria de esa misma fecha (veintisiete de enero de dos mil veintitrés), por medio de la cual resolvió el recurso de revocación promovido por la parte quejosa, en el que determinó revocar el auto recurrido y continuar con la secuela procesal en el expediente de origen, señalando hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que atendió en sus términos los efectos esenciales del fallo protector; pues dejo insubsistente la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, y dictó otra en la que revocó el auto combatido y, por así considerarlo necesario, ordenó la continuación del procedimiento de origen, todo lo anterior en suplencia de la deficiencia de la queja a favor del infante, por lo que se concluye que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos; por tanto, una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México; uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese, por medio de lista a la parte quejosa y tercero interesada y personalmente al representante especial del menor, así como al Representante Social Federal adscrito..."
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, para que dentro del término de tres días contado a partir de que se le haya notificado la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo es decir: ".1) Deje insubsistente la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que resuelve el recurso de revocación promovido por la parte quejosa contra el auto de cuatro de agosto de ese año. 2) Dicte otra en la que, tomando en consideración lo resuelto en este juicio de amparo, resuelva el recurso planteado supliendo la deficiencia de la queja y valorando las circunstancias particulares del caso, así como las constancias reales con que cuenta en el expediente; una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva en función del interés superior del menor, en el entendido que la ponderación que lleve a cabo deberá ser con perspectiva de infancia, fundando y motivando debidamente su decisión. En la inteligencia que de advertir que no cuenta con elementos suficientes para determinar la procedencia o no de la orden de modificación del acta de nacimiento, deberá continuar el juicio natural respecto a la prestación principal relativa al desconocimiento de la paternidad por parte del codemandado, así como respecto a la modificación del acta de nacimiento y reconocimiento de paternidad del aquí quejoso y allegarse de oficio de las pruebas que estime le hagan falta para dictar una determinación debidamente sustentada. ." Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En el entendido que si necesita alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerdo lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. Para todo lo anterior, se le hace saber que la información puede ser enviada a través del correo electrónico institucional (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1231. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". En la inteligencia de que no basta con que haga manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que debe acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales deberá remitir en copia certificada, legible y completa. Se hace del conocimiento de la autoridad que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentra compelida a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Sin que haya lugar a ordenar la notificación y requerimiento al superior jerárquico de la autoridad responsable, en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, en virtud que por la autonomía e independencia de que goza, en el caso concreto no existe, determinación que se sustenta, por identidad de razón en la Jurisprudencia número PC.I.C.J/3K (10a.), aprobada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1378 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9 (agosto dos mil catorce), tomo II, décima época, de rubro: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO." Finalmente, glósese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita que la sentencia dictada cause ejecutoria, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en atención lo acordado previamente. Notifíquese..."
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 1140/2022-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Mediante escrito depositado el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el treinta de septiembre siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. El tres de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, requirió la designación de un asesor jurídico para el menor de iniciales S.A.A., dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por aceptado y protestado el cargo de la representante especial Sonia López Sánchez; de igual manera, el cinco y diez de ese mes y año, se llevó a cabo el emplazamiento de los terceros interesados Roberto Luis Ávila Santiago y Johana Patricia Alva Suárez, respectivamente. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta uno de diciembre de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos que carecen de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta jurisdicción. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama del Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México: La resolución interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil veintidós, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de cuatro de agosto del año en curso, en el que se negó su solicitud de girar oficio al Registro Civil 01 de Cuautitlán, México, a efecto de modificar el acta de nacimiento del menor de iniciales S.A.A.; lo anterior, en el expediente 1553/2021. TERCERO. Existencia. El Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, al momento de rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. La certeza de que se habla se corrobora además con las constancias remitidas por el Juez referido en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. Sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, se procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Íter procesal. Para un análisis debido de la resolución impugnada, éste juzgador estima relevante destacar lo siguiente: 1. A través de escrito de demanda presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno; ********************, demandó en la vía de Controversia del Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, de Johana Patricia Alva Suárez y Roberto Luis Ávila Santiago, las siguientes prestaciones (f. 79 a 86): "(.) Se declare el desconocimiento de la paternidad del señor Roberto Luis Ávila Santiago, respecto del menor S.A.A. Se declare la nulidad del acta de nacimiento número 00908, del libro 0005, con fecha de registro 09/06/2010, de la localidad de Cuautitlán, Estado de México. Se declare y reconozca al actor como el padre biológico del menor S.A.A., para quedar como S.O.A. Se modifique el acta de nacimiento de S.A.A., número 00908, del libro 0005, con fecha de registro 09/06/2010, de la localidad de Cuautitlán, Estado de México, respecto a los siguientes datos: En el rubro de REGISTRADO. Nombre: S.O.A. En el rubro de PADRES. Nombre del padre: FREDY EDUARDO ORTÍZ CADENA. Edad: 23 años. Nacionalidad: Mexicana. Domicilio: calle Guerrero, número veintiuno, barrio Santa María, Municipio de Apaxco, Estado de México. En el rubro de ABUELOS (PATERNO). Abuelo paterno: Eduardo Ortiz Mendoza. Nacionalidad: Mexicana. Abuela paterna: Emilia Cadena Rodríguez. Nacionalidad: Mexicana. Domicilio (s): calle Guerrero, número veintiuno, barrio Santa María, Municipio de Apaxco, Estado de México. Una vez que cause ejecutoria la sentencia, se ordene mediante atento oficio al Oficial del Registro Civil de Cuautitlán, Estado de México lo siguiente: Anote la nulidad del acta de nacimiento número 00908, del libro 0005, con fecha de registro 09/06/2010, de la localidad de Cuautitlán, Estado de México. Se ordene realizar el acta de reconocimiento de hijo por el actor ante la Oficialía del Registro Civil, reconociendo a S.O.A. y se asiente los datos de los padres del reconocedor -previamente citados- Anote y realice la modificación del acta de nacimiento de S.A.A., número 00908, del libro 0005, con fecha de registro 09/06/2010, de la localidad de Cuautitlán, Estado de México, con los datos precisados en la prestación anterior con la letra D. Expida acta de nacimiento de S.O.A., número 00908, del libro 0005, con fecha de registro 09/06/2010, de la localidad de Cuautitlán, Estado de México, con los datos modificados." 2. Por acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, admitió a trámite la controversia planteada, ordenando emplazar a los demandados, lo que fue llevado a cabo en diligencias de veintiséis de agosto y diez de septiembre de dos mil veintiuno. (f. 88 a 93). 3. Mediante promoción ingresada en la Oficialía de Partes de Término Cuautitlán, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el codemandado Roberto Luis Ávila Santiago, dio contestación a la demanda, allanándose en todas y cada una de sus partes; contestación que el juez responsable acordó el veintiocho de septiembre siguiente, ordenando su ratificación -a petición de la parte actora- por acuerdo de seis de octubre de ese año; la que tuvo lugar el doce de octubre siguiente (f. 94 a 102). 4. A través de acuerdo dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por ratificado el escrito de contestación y allanamiento citado, así como por precluído el derecho de la codemandada Johana Patricia Alva Suárez, de contestar la demanda, por lo que se le tuvieron por presuntamente confesos los hechos en que se basó la demanda y se señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia inicial (f. 104). 5. El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se verificó la audiencia inicial a la que asistió la parte actora, así como la codemandada Johana Patricia Alva Suárez, no así el diverso Roberto Luis Ávila Santiago; audiencia en la que se dio cuenta con el allanamiento ya citado y se admitieron las pruebas ofertadas, por lo que, verificada en sus etapas, se fijó data y hora para la audiencia principal (f. 111 a 113). 6. Con el escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintidós, la parte actora, así como los codemandados, presentaron ante la autoridad responsable un Informe de Prueba de ADN para fines informativos privados, practicado respecto de ******************** y S.A.A de cuya interpretación se advierte lo siguiente: "Probabilidad de Paternidad: 99.999% (.) El supuesto padre, NO PUEDE SER EXCLUÍDO COMO EL PADRE BIOLÓGICO DEL MENOR EXAMINADO." Documental que se agregó por auto de trece de mayo de dos mil veintidós, ordenando tomarla en consideración en la audiencia principal (f. 114 a 117). 7. El doce de mayo de dos mil veintidós, se difirió la audiencia principal (f. 118). 8. Con escrito presentado el uno de junio de dos mil veintidós, Johana Patricia Alva Suárez exhibió el convenio celebrado entré ésta y ********************, en el que se acordó, entre otras cosas, lo relativo a la guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias, y alimentos del menor S.A.A. Asimismo, se estableció una cláusula especial al tenor siguiente: "CLÁUSULA ESPECIAL.- FREDY EDUARDO ORTIZ CADENA se compromete a registrar a S.A.A. en un plazo máximo de veinte días, una vez aprobado y ratificado este convenio." (f. 121 a 124). 9. A través del proveído de dos de junio de dos mil veintidós, el juez responsable previno a Johana Patricia Alva Suárez y a ********************, a efecto de que comparecieran a ratificar el convenio exhibido, lo que realizaron en comparecencia de nueve de junio de dos mil veintidós (f. 125 y 128). 10. El diez de junio de dos mil veintidós, se dictó un auto en el que se estableció "por no contener cláusulas contrarias a la moral, al derecho y a las buenas costumbres se APRUEBA en todas y cada una de sus cláusulas y se homologa a sentencia, teniendo la misma eficacia y autoridad de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar", motivo por el cual, declaró la extinción del procedimiento (f. 129). 11. Con el escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, el aquí quejoso solicitó que se girara oficio al Oficial del Registro Civil para estar en posibilidad de llevar a cabo el registro del menor con sus apellidos e información paterna, sin embargo, la responsable acordó que ambas partes se encontraban en aptitud de acudir al Registro Civil, a efecto de llevar a cabo el reconocimiento del menor (f. 131 y 132). 12. Mediante ocurso presentado el tres de agosto de dos mil veintidós, ******************** hizo del conocimiento de la responsable que la Registradora de Cuautitlán, le informó que resultaba necesario que el órgano jurisdiccional girara oficio a efecto de modificar el acta de nacimiento del menor, por lo que solicitó la expedición del oficio relativo (f. 137y 140). 13. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo en el que no se acordó de conformidad la solicitud del quejoso, con el argumento de que el desconocimiento de paternidad por parte de Roberto Luis Ávila Santiago, no había sido objeto del convenio celebrado entre las partes (f. 139). 14. El nueve de agosto de dos mil veintidós, el quejoso interpuso recurso de revocación en contra del auto citado en el numeral precedente, el que se admitió por auto de diez de agosto siguiente y se ordenó dar vista a las partes (f. 140 a 145). 15. A través de sendos escritos, los codemandados desahogaron la vista otorgada, no obstante, por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se acordó tener por hechas las manifestaciones y proveer al respecto una vez resuelto el recurso de revocación promovido, además, por auto de treinta de ese mes y año, certificó que los codemandados no habían desahogado la vista, por lo que turnó los autos para dictar la resolución correspondiente (f. 146 a 152). 16. El cinco de septiembre de dos mil veintidós, se resolvió el recurso de revocación planteado. (Dicha determinación constituye el acto reclamado sobre el que versará el estudio siguiente.) SEXTO. Estudio. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. No obstante, debe establecerse que, sustancialmente, la parte disconforme aduce que la determinación de cinco de septiembre de dos mil veintidós, por medio de la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de cuatro de agosto de este año, vulneró en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, en la medida que no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues se resolvió el recurso de revocación contra constancias de autos, aunado a que llevó a cabo pronunciamientos que contradicen el convenio elevado a categoría de cosa juzgada, obligando con ello a las partes a promover un diverso juicio para desconocer la paternidad del menor, lo que trasgrede directamente su derecho de identidad y pertenencia, así como el interés superior del menor involucrado. Los conceptos de violación esgrimidos son fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, aunque para ello sea necesario subsanar la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, bajo la premisa de que si bien el quejoso no es un menor de edad, lo cierto es que del estudio del asunto se advierte que se encuentran involucrados directamente derechos de uno, cuya filiación es materia de la controversia original. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, registro de IUS 175053, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, cuyo rubro es "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." Cuestiones elementales para resolver. En primer orden, a fin de estar en mejor posición de resolver la cuestión planteada, conviene traer a colación diversos elementos que integraron la litis. El acto reclamado derivó de una Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, en donde se demandó de Johana Patricia Alva Suárez y Roberto Luis Ávila Santiago, el desconocimiento de la paternidad del citado demandado, respecto del menor de iniciales S.A.A., así como el reconocimiento de ésta en favor del actor -aquí quejoso-, con la consecuente modificación del acta de nacimiento respectiva. Durante la tramitación de la controversia, el demandado Roberto Luis Ávila Santiago se allanó a las prestaciones reclamadas, reconociendo que el actor era el padre biológico del menor, exhibiendo para tal efecto, las partes en conjunto, un informe de prueba de ADN, así como un convenio en donde se acordó, entres otras cosas, lo relativo a la guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias y alimentos del menor S.A.A., en el que además se estableció una cláusula especial en la que el actor se comprometía a registrar a dicho infante en un plazo máximo de veinte días a partir de la aprobación y ratificación del convenio. Luego, el juez responsable previno a Johana Patricia Alva Suárez y ********************, a efecto de que comparecieran a ratificar el convenio exhibido, lo que realizaron el nueve de junio de dos mil veintidós, por lo que el juez aprobó en todas y cada una de sus partes dicho acuerdo de voluntades y decretó la extinción del procedimiento. En esas circunstancias, el quejoso compareció ante la Oficina del Registro Civil para llevar a cabo el registro del menor con sus apellidos e información paterna, sin embargo, se encontró imposibilitado en razón que precisaba de la expedición de un oficio por parte de la responsable que ordenara tal circunstancia, lo que hizo saber al juez. Así, por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, no se acordó de conformidad la expedición de dicho oficio con la finalidad de llevar a cabo la modificación relativa, bajo el argumento de que el desconocimiento de paternidad por parte de Roberto Luis Ávila Santiago, no había sido objeto del convenio celebrado entre las partes. Dicho proveído fue impugnado a través del recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante la determinación de cinco de septiembre de dos mil veintidós, que ahora se analiza. Tal determinación se sustentó en los argumentos centrales que enseguida se enlistan: Que no asiste razón al quejoso en el sentido de que el demandado Roberto Luis Ávila Santiago, se allanó a la demanda, pues por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se le tuvo por contestada la demanda. Que en la acción de desconocimiento de paternidad, el allanamiento es insuficiente para tener por probada la pretensión del actor, dado que es contrario al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, pues en dicho caso resulta necesario aperturar el periodo probatorio a fin de que el juzgador tenga los elementos suficientes para resolver la controversia planteada, dada la trascendencia de los derechos de familia que pueden verse afectados con esa decisión. Sobre ello, citó el criterio de rubro "DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. CORRESPONDE AL ACTOR LA CARGA DE PROBAR SUS PRETENSIONES, POR LO QUE EL JUZGADOR NO DEBE ACTUAR OFICIOSAMENTE PARA MANDAR DESAHOGAR, AMPLIAR O PERFECCIONAR LA PRUEBA EN MATERIA DE GENÉTICA EN ARAS DE RESPETAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES, PUESTO QUE, DE HACERLO, NO OBRARÍA A FAVOR DE ESTOS, SINO DE QUIEN PRETENDE DESCONOCERLOS." Así como el diverso "PATERNIDAD. SU DESCONOCIMIENTO NO SE PRUEBA CON INDICIOS POR SER CONTRARIA A LA ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO" Que el actor parte de la premisa equivocada de que el convenio surte sus efectos respecto de la prestación principal relativa al desconocimiento de la paternidad que le demanda a Roberto Luis Ávila Santiago, pues en dicho convenio no se alude a tal prestación. Que el menor de edad sí cuenta con acta de nacimiento, por lo cual no se le causa un perjuicio de difícil reparación. Que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un principio obligatorio de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un infante en un caso concreto, cuando puedan afectarse sus intereses, por lo que debía analizar cada caso atendiendo al mayor beneficio del infante y valorando todos los elementos que tenga a su alcance. Que los puntos de inconformidad resultaban injustificados e inoperantes porque el quejoso omitía explicar por qué o cómo se aparta del derecho la determinación reclamada, a través de la confrontación de las situaciones concretas frente a la norma aplicable, de modo tal que evidencie la violación y la conclusión a la que llega. Motivos por los cuales confirmó al auto recurrido. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes y perspectiva de infancia y adolescencia. En principio, conviene establecer que el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, actualmente, existe un consenso en el sentido de que la resolución de casos que los involucren exige el reconocimiento respeto y conciencia de que son titulares de derechos, con autonomía propia y con capacidad para tomar sus propias decisiones. Esta perspectiva es relativamente reciente y es resultado de una amplia deliberación. Gracias a este proceso se ha logrado comprender que ser niño, niña o adolescente no es simplemente una fase de transición a la vida adulta, sino que la infancia y la adolescencia son, en sí mismas, formas de ser persona. En consecuencia, no pueden ser definidas a partir de la dependencia o subordinación a la gente adulta. A lo largo de la historia occidental, las relaciones entre la vida adulta y la infancia y adolescencia se han interpretado en tres grandes sentidos: un enfoque indiferenciado, uno tutelar y uno de derechos. El primero de ellos, excluía a la infancia y adolescencia de la vida adulta, éstos eran percibidos como seres ignorantes, incompetentes y perfectibles con el paso del tiempo, por lo que se les concebía como objeto y no se les daba un trato especializado. En el segundo de dichos enfoques, comenzó a asumirse la visión del papel de padres y madres como personas obligadas a procurarles cuidado, crianza y cubrir sus necesidades elementales, por lo que se consideró que sí necesitaban trato especializado, por lo que las personas adultas definían cómo, cuándo y ante qué circunstancias las infancias requerían protección y ayuda, sin que se les considerara como personas titulares de derechos por sí mismos. Finalmente, en el enfoque de derechos comenzó a discutirse la necesidad de reconocer que la niñez posee autonomía y que ésta debe estar reconocida en las constituciones nacionales, por lo que dejaron de ser concebidos como objetos y pasaron a ser considerados titulares de derechos que pueden ser oponibles a terceros. Así, el reconocimiento de los derechos del niño se normativizó a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño, en mil novecientos ochenta y nueve, misma que fue ratificada por el Estado Mexicano en mil novecientos noventa, y fue en el año dos mil que se reformó la Constitución Federal para reconocer que éstos eran objeto de derechos, lo que dio lugar a la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en ese mismo año, así como al reconocimiento del interés superior de los niños en el artículo 4° constitucional, en dos mil once y, finalmente, a la publicación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en dos mil catorce. En ese sentido, el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes actualmente encuentra fundamento en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 3°, apartado 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de donde se advierte que en cualquier decisión, actuación o medida que involucre a la niñez, el Estado tiene la ineludible obligación de atender a su interés superior, lo que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Sobre el tema, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 25/2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, Página: 334, registro digital 159897 de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". De esta manera, todas las autoridades deben asegurar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, garanticen y aseguren que todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que resolver controversias, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para servir como herramienta útil para garantizar en todo momento el bienestar integral del menor al que afecten. Cobra aplicación el criterio jurisprudencial P./J. 7/2016 (10a.), con registro: 2012592, de la Décima Época del Pleno, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I Página: 10, que a la letra establece: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos - todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." En esa virtud, tanto el legislador, al momento de elaborar las normas que inciden en los derechos de la infancia, como el juzgador, al momento de interpretar o aplicar esas normas, están obligados a tomar en cuenta este principio a fin de que en todo momento se potencialice la protección integral de los niños evitándoles cualquier afectación, lo que se traduce en la obligación de que al ponderar sus intereses frente a los intereses de terceros cuiden de no restringir aquéllos derechos cuya naturaleza implica el goce esencial de los derechos de la infancia. Así, el interés superior de la infancia implica garantizar que ninguno de sus derechos se vea perjudicado por una norma o por su interpretación negativa, de modo que, la plena aplicación del principio exige adoptar un enfoque basado en los derechos de la infancia, en el que colaboren todos los intervinientes a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual del infante, y promover su dignidad humana. En este orden, si el interés superior de la infancia radica en que cualquier decisión que se tome en torno a ella debe ser acorde con lo que más convenga a sus intereses, ello implica que para poder cumplir con esa obligación, en primer lugar es necesario tener presente cuáles son los derechos que la Constitución y los tratados reconocen a su favor, y después, es preciso que esos derechos se interpreten y apliquen en forma adecuada. Es decir, de la manera que más favorezca las prioridades de los infantes, teniendo siempre en cuenta su condición a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles, como son el físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social, pues es evidente que por su falta de madurez física y mental, requieren de cuidados especiales y una protección legal reforzada. Lo anterior implica que en un juicio en el que se encuentran en juego derechos de infancia, como ocurre en el caso, a efecto de salvaguardar su interés superior, el juzgador está constreñido a atender todas las circunstancias o hechos que en el caso concreto se relacionen con la niñez, ya sea que formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento, para lo que también puede recabar, repetir o perfeccionar las pruebas que estime conducentes. Ahora bien, para dicho efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el "Protocolo para juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia", en donde se hace referencia a una "justicia adaptada", que proteja y garantice el ejercicio de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, en sede judicial. De acuerdo con dicho protocolo, el aludido modelo de justicia tiene que ver con la configuración de una justicia accesible y apropiada para la infancia y la adolescencia. Para lograrlo, se requiere considerar el interés superior de la niñez o infancia y el derecho de participación, con base en sus capacidades en constante evolución -conforme a su edad, grado de madurez y nivel de comprensión-, sin discriminación alguna. Así, la justicia adaptada parte de la idea de que el debido proceso y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas. Sin embargo, cuando se involucre a niñas, niños y adolescentes, se deben tomar medidas específicas con el objeto de asegurar que el acceso a la justicia se dé en condiciones de igualdad. Esto implica una adecuación tanto en los aspectos materiales, como en los aspectos procesales e interpretativos dentro de los procesos en que participen. Por cuanto hace a los aspectos procesales, una justicia adaptada implica, entre otras cuestiones, ponderar aspectos formales de los procedimientos para evitar la revictimización, como lograr una testimonial u opinión única; flexibilizar requisitos procesales; desahogar pruebas anticipadas, y establecer ciertos límites al principio de contradicción, etcétera. Sin que lo anterior signifique que en todos los casos en los que haya presencia de niñas, niños y adolescentes deban suprimirse los requisitos procesales correspondientes sin ninguna explicación, sin embargo, este tipo de disposiciones (plazos, términos, tipos de juicios o vías, u otros presupuestos que deben satisfacerse para obtener una resolución de fondo) no deben ser utilizadas como meros obstáculos o trabas. Además, recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que esta capacidad de flexibilizar los principios y las normas procesales se configura como una herramienta que opera únicamente cuando se estime que tales disposiciones puedan repercutir en los derechos de las niñas, niños y adolescentes de manera desproporcional. Todo lo anterior -señala- parte de la base de una adecuación interpretativa de los marcos jurídicos aplicables fundamentados en los cuatro principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño: el interés superior de la infancia, su derecho a la igualdad y no discriminación, su derecho a la participación y el principio de vida, supervivencia y desarrollo. Respecto al último de dichos principios (desarrollo), el Máximo Tribunal del país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño, han establecido que debe interpretarse en el sentido más amplio, como un concepto integral, holístico, que abarca lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Como un aspecto elemental del desarrollo, se contempló a la identidad, derecho respecto del cual el Comité referido, en su Observación General número siete, consideró que el reconocimiento de la identidad de niñas y niños en la primera infancia a partir de su registro de nacimiento es la primera medida para garantizar el derecho a la supervivencia, desarrollo y acceso a servicios de calidad, pues la carencia de este reconocimiento a su identidad podría tener repercusiones en la negación de derechos de atención de salud, educación y bienestar social básicos. Juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, incluye también suplir la deficiencia de los argumentos planteados por las partes, aun cuando, por su naturaleza, el asunto no lo permita, pues como resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción tesis 106/2004, con relación a los alcances de la suplencia de la queja, ésta: Opera cuando estén en riesgo de afectarse derechos de menores de edad o de incapaces. Procede a pesar de la inoperancia de los conceptos de violación o de los agravios que adviertan los Jueces Federales, ya sea en primera o en segunda instancia. La suplencia de la queja deficiente no está limitada a los derechos de familia, sino debe aplicarse en todos los asuntos en que sean parte menores de edad o incapaces, con independencia de los derechos que se cuestionen, así como en aquellos casos en que no siendo partes se ventilen asuntos como los relativos a la patria potestad y a la guarda y custodia, en los que la decisión que se tome necesariamente afectará a los menores. El Poder Judicial Federal está investido de amplias facultades para hacer valer los conceptos o razones que en su opinión conduzcan a la verdad y por ende al bienestar de los menores de edad o incapaces. La obligación de suplir la queja deficiente está dirigida a todas las autoridades jurisdiccionales que conozcan del problema en juicio ordinario y en los recursos procedentes. Opera la suplencia de la queja por ser de importancia y trascendencia sociales dichas controversias, es decir, por ser de interés de la sociedad y del Estado proteger los derechos de los menores de edad y de los incapaces. En ese contexto, la suplencia de la queja es una figura jurídica útil para proteger a las niñas, niños y adolescentes, al permitir el equilibrio procesal, lo cual asegura un acceso a la justicia y el debido proceso, aun cuando actúen por conducto de representante legal o tutor, pues la suplencia opera en toda su amplitud. Es así, porque obliga a los juzgadores a considerar argumentos no propuestos por las partes, o bien, a subsanar las irregularidades de sus planteamientos, a fin de minimizar los rigorismos de los procedimientos jurisdiccionales con la pretensión esencial de aminorar las desventajas procesales, haciendo especial énfasis en los grupos en condición de vulnerabilidad. III- Derecho a la identidad y filiación de los menores de edad. Como ya se anunció, entre los derechos reconocidos en favor de la infancia, se encuentran el derecho a la identidad, el cual constituye un elemento inherente al ser humano, tanto en sus relaciones con el Estado como con la sociedad, y necesariamente comprende otros derechos correlacionados, como lo son el derecho a un nombre propio, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad, entre otros. El derecho a la identidad, como cualquier otro derecho humano, tiene como sustento la dignidad humana, razón por la que le pertenece a todas las personas sin discriminación y el Estado está obligado a garantizarlo mediante la ejecución de todos los medios de los que disponga para hacerlo efectivo. En ese contexto, la identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Es por ello que la identidad, si bien no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, entraña una importancia especial durante la niñez. De esta forma la identidad comprende diversos aspectos que distinguen a una persona de otra y entre estos elementos distintivos se encuentran el derecho a un nombre, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el derecho de la identidad de los menores al resolver el amparo directo en revisión 908/2006, en donde señaló que derivado del artículo 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño, se puede establecer que el menor tiene derecho, desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. También señaló que el derecho a la identidad de un menor se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad, a conocer su filiación y origen y a tener certeza de quién es su progenitor, lo que constituye un principio de orden público. De igual forma, especificó que el núcleo esencial del derecho no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, sino que a partir de esos elementos pueda derivarse el derecho a tener una nacionalidad y a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Dicho criterio fue plasmado en la tesis aislada 1a. CXLII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, Materia Civil, página 260, registro digital 172050, de rubro y texto: "DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO. El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la República), son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral." IV. Caso sometido a control. Ahora bien, debe recordarse que en el presente caso se encuentran involucrados derechos de un niño, a saber, su derecho a la identidad y filiación, pues el aquí quejoso a través del juicio de origen pretende el desconocimiento de la paternidad del codemandado Roberto Luis Ávila Santiago, así como el reconocimiento de ésta a su favor y la consecuente modificación del acta de nacimiento del niño de iniciales S.A.A. Ahora, durante la tramitación de dicha controversia, el citado demandado se allanó a las prestaciones reclamadas por el actor, reconociendo que éste era el padre biológico del menor, exhibiendo para tal efecto, las partes en conjunto, un informe de prueba de ADN, así como un convenio entre la madre y el presunto padre biológico, en donde se acordó, entre otras cosas, lo relativo a la guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias y alimentos del menor. Asimismo, se estableció una cláusula especial en la que el quejoso se comprometió a registrar al infante con sus datos paternos en un plazo máximo de veinte días a partir de la aprobación y ratificación del convenio, lo que aconteció el nueve de junio de dos mil veintidós, por lo que el juez aprobó en todas y cada una de sus partes dicho acuerdo de voluntades y decretó la extinción del procedimiento. Sin embargo, el juez del conocimiento no acordó de conformidad expedir los oficios a la mencionada Oficina del Registro Civil de Cuautitlán con la finalidad de llevar a cabo la modificación relativa, dado que el desconocimiento de paternidad por parte de Roberto Luis Ávila Santiago, no había sido objeto del convenio celebrado entre las partes. Dicho proveído fue impugnado a través del recurso de revocación, en cuya resolución se sostuvo (1) que el demandado Roberto Luis Ávila Santiago no se allanó a la demanda; (2) que en la acción de desconocimiento de paternidad, el allanamiento es insuficiente para tener por probada la pretensión del actor; (3) que éste parte de la premisa equivocada de que el convenio surte sus efectos respecto de la prestación principal relativa al desconocimiento de la paternidad que le demanda a Roberto Luis Ávila Santiago, pues en dicho convenio no se alude a tal prestación; (4) que no se le causan daños de difícil reparación al menor al no ordenarse la modificación del acta en razón que éste sí cuenta con acta de nacimiento, por lo cual sí puede ser inscrito; (5) que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un principio obligatorio de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un infante en un caso concreto, cuando puedan afectarse sus intereses, por lo que debía analizar cada caso atendiendo al mayor beneficio del infante y valorando todos los elementos que tenga a su alcance; y (6) que los puntos de inconformidad resultaban injustificados e inoperantes porque el quejoso omitía explicar por qué o cómo se aparta del derecho la determinación reclamada, a través de la confrontación de las situaciones concretas frente a la norma aplicable, de modo tal que evidencie la violación y la conclusión a la que llega. En ese contexto, el suscrito considera que esa determinación es contraria a los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se encuentra debidamente fundada y motivada, lo que provoca la vulneración del interés superior de la infancia, así como del derecho del niño a la filiación e identidad, contenido en los numerales 18 (derecho al nombre) y 17 (derecho a la protección a la familia) en relación al artículo 1° del Pacto de San José y 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño. Respecto al argumento número (1), debe decirse que la responsable, en efecto, resolvió contra constancias y eludió pronunciarse respecto a las manifestaciones de las partes en torno al registro del menor (certificando que no habían desahogado la vista del recurso de revocación cuando claramente sí lo hicieron). Así, contrario a lo establecido por la responsable en el acto reclamado, sí existe constancia de que el demandado Roberto Luis Ávila Santiago se allanó a las prestaciones demandadas por el aquí quejoso, allanamiento que incluso compareció a ratificar ante la presencia judicial el doce de octubre de dos mil veintiuno. Aunado a ello, si bien en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el juez responsable dictó un auto en el que tuvo por contestada la demanda, lo cierto es que dicho auto fue incorrectamente dictado, pues incluso indica "se tiene por contestada la demanda reconvencional", circunstancia que resulta fuera de contexto. No obstante, a petición del quejoso, por acuerdo de seis de octubre siguiente, se requirió al codemandado a efecto de que compareciera a ratificar el escrito de contestación de demanda "mediante el cual se allana a la incoada en su contra", lo que dio lugar a la comparecencia de doce de octubre de dos mil veintiuno. Por otra parte, respecto al argumento identificado con el ordinal (2), la autoridad responsable estableció que en la acción de desconocimiento de paternidad, el allanamiento es insuficiente para tener por probada la pretensión del actor, dado que es contrario al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, pues en dicho caso resulta necesario aperturar el periodo probatorio a fin de que el juzgador tenga los elementos suficientes para resolver la controversia planteada, dada la trascendencia de los derechos de familia que pueden verse afectados con esa decisión. Postura que fundó en los criterios de rubro "DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. CORRESPONDE AL ACTOR LA CARGA DE PROBAR SUS PRETENSIONES, POR LO QUE EL JUZGADOR NO DEBE ACTUAR OFICIOSAMENTE PARA MANDAR DESAHOGAR, AMPLIAR O PERFECCIONAR LA PRUEBA EN MATERIA DE GENÉTICA EN ARAS DE RESPETAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES, PUESTO QUE, DE HACERLO, NO OBRARÍA A FAVOR DE ESTOS, SINO DE QUIEN PRETENDE DESCONOCERLOS." y "PATERNIDAD. SU DESCONOCIMIENTO NO SE PRUEBA CON INDICIOS POR SER CONTRARIA A LA ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO". En principio, el juzgador se contradice pues inicialmente niega que exista el allanamiento, sin embargo, con posterioridad refiere que éste no es suficiente cuando la controversia versa sobre acción de desconocimiento de paternidad. En segundo lugar, debe decirse que la responsable funda indebidamente su resolución en criterios que no resultan aplicables al caso concreto, pues si bien en el presente asunto sí se pretende el desconocimiento de la paternidad del demandado, los criterios señalados versan sobre controversias promovidas por la persona que pretende el desconocimiento de ésta, es decir, por la persona que pretende desincorporar de su esfera de obligaciones al menor de edad, por lo cual, en dichos casos, en efecto, el juez natural no puede actuar de oficio y perfeccionar las pruebas en beneficio de quien pretende dicho desconocimiento y en claro perjuicio del menor. No obstante, en el caso a estudio, el actor pretende el reconocimiento de la paternidad en su favor, es decir, no pretende desincorporar al menor de su esfera de obligaciones, sino precisamente, reconocerlo como hijo, por lo que se considera que el tratamiento debe ser distinto. Por tanto, es evidente que el juez se encontraba obligado a estudiar las circunstancias particulares alrededor del caso, así como la totalidad de las constancias, a efecto de determinar lo que en derecho correspondiera, sin embargo, contrario a ello, se advierte un tratamiento contradictorio de las constancias de autos en donde el juzgador de instancia omite el estudio reforzado del asunto y pretende subsanar las inconsistencias en que incurrió a lo largo del procedimiento con la determinación que ahora se reclama, en detrimento de derechos fundamentales del menor. Ahora, en lo que respecta al argumento (3), la responsable indica que el quejoso parte de la premisa equivocada de que el convenio surte sus efectos respecto de la prestación principal relativa al desconocimiento de la paternidad que le demanda a Roberto Luis Ávila Santiago, pues en dicho convenio no se alude a tal prestación. Sin embargo de autos se desprende que, en efecto, en el convenio celebrado entre el aquí quejoso y la demandada Johana Patricia Alva Suárez, existe una cláusula especial, en la que se estableció lo siguiente: "CLÁUSULA ESPECIAL.- FREDY EDUARDO ORTIZ CADENA se compromete a registrar a S.A.A. en un plazo máximo de veinte días, una vez aprobado y ratificado este convenio." (f. 121 a 124). Convenio que una vez ratificado conforme a lo ordenado por el juez, el diez de junio de dos mil veintidós, fue elevado a categoría de cosa juzgada en los términos siguientes: "por no contener cláusulas contrarias a la moral, al derecho y a las buenas costumbres se APRUEBA en todas y cada una de sus cláusulas y se homologa a sentencia, teniendo la misma eficacia y autoridad de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar". Motivo por el cual, declaró la extinción del procedimiento. De ahí que nuevamente la resolución reclamada resulte incongruente, pues de las constancias de autos se advierte que elevó a categoría de sentencia, entre otras, la cláusula consistente en que el quejoso se comprometía a registrar al menor con sus datos paternos, sin embargo, desconoce dicha circunstancia y establece que no hay pronunciamiento respecto a la pretensión principal del juicio. Motivo por el cual, surge la interrogante del porqué, si consideraba el juzgador de origen que subsistía la controversia respecto de la pretensión principal (desconocimiento de paternidad respecto del condemandado Roberto Luis Ávila Santiago), decretó la extinción total del procedimiento como si se encontrasen ya resueltas todas las pretensiones demandadas, en detrimento de los derechos del menor. Ahora bien, respecto al argumento (4), en el sentido de que no se causan daños de difícil reparación al menor al no ordenarse la modificación del acta en razón que éste sí cuenta con acta de nacimiento, por lo cual sí puede ser inscrito; debe decirse que la responsable deja de lado que se encuentra resolviendo una controversia que versa sobre el derecho fundamental del menor a la identidad y a la filiación, mismo que como ya se ha hecho mención, se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad, a conocer su filiación y origen y a tener certeza de quién es su progenitor, lo que constituye un principio de orden público. Dicho sentido de identidad, no puede limitarse al reconocimiento formal de la filiación, sino que debe verse reflejado en la vida del menor, esto, a través de los documentos con los que se identifica y presenta ante la sociedad, de tal manera que su realidad social corresponda con su identificación jurídica, pues no obstante que el juez considere que dicha circunstancia resulta secundaria y que no causa afectación alguna, resulta un derecho esencial de todo ser humano. Además de ello, la filiación y el reconocimiento de la identidad de las personas es un medio para facilitar, entre otros, el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos internacionalmente, por lo que la falta de su reconocimiento impone dificultades en el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y no únicamente se circunscribe a la posibilidad o no de inscribirlo en el curso escolar. Bajo esta configuración, este derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana, oponible erga omnes y que no admite derogación ni suspensión. En ese sentido, el Tribunal Interamericano en su Opinión Consultiva OC-24/17, destacó que el nombre como atributo de la personalidad, constituye una expresión de la individualidad que tiene por finalidad afirmar la identidad de una persona ante la sociedad y en las actuaciones frente al Estado, es decir, funge como un signo distintivo y singular frente a los demás, con el que pueda identificarse y reconocerse como tal. Como elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado. Continuó indicando que los Estados tienen la obligación no sólo de proteger el derecho al nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona. Este derecho implica, por ende, que los Estados deben garantizar que la persona sea inscrita con el nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo de restricción ni interferencia en la decisión de escoger el nombre y, una vez registrada la persona, que sea posible preservar y restablecer su nombre y su apellido. Se precisa que de conformidad con el Comité Jurídico Interamericano, el ejercicio del derecho a la identidad es indisociable de un registro y de un sistema nacional efectivo, accesible y universal que permita proporcionar materialmente a las personas los documentos que contengan los datos relativos a su identidad, tomando en cuenta de forma particular que el derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como un derecho que es esencial para el ejercicio de otros derechos de naturaleza política, civil, económica, social, cultural. Como consecuencia de lo anterior, hay un derecho a la inscripción después del nacimiento y un deber del Estado de tomar las provisiones necesarias para este fin. El registro se convierte así en un instrumento primario y punto de partida para ejercer la personalidad jurídica ante el Estado y los particulares, y actuar en condiciones de igualdad ante la ley. Finalmente, en torno al argumento (5), relativo a que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un principio obligatorio de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un infante en un caso concreto, cuando puedan afectarse sus intereses, por lo que debía analizar cada caso atendiendo al mayor beneficio del infante y valorando todos los elementos que tenga a su alcance, éste resulta contradictorio con el diverso identificado con el numeral (6) en el que se estableció que los puntos de inconformidad resultaban injustificados e inoperantes porque el quejoso omitía explicar por qué o cómo se aparta del derecho la determinación reclamada, a través de la confrontación de las situaciones concretas frente a la norma aplicable, de modo tal que evidencie la violación y la conclusión a la que llega. Y no por resultar equivocada la premisa sostenida en el primero de ellos, pues, en efecto, tal como se ha señalado en la presente sentencia, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituye un principio jurídico interpretativo fundamental que se relaciona con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a la infancia y adolescencia en casos que puedan afectar sus intereses. Asimismo, que la aplicación de dicho principio conlleva indudablemente la suplencia de la queja, pues la Suprema Corte ha establecido que cuando la controversia verse sobre derechos de menores ésta rige en toda su amplitud, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, sino que debe ser total en el ámbito jurisdiccional. Sino porque la responsable calificó de inoperantes los agravios hechos valer en contra de la resolución reclamada, aduciendo que el quejoso no había explicado por qué o cómo se apartaba del derecho la determinación reclamada, a través de la confrontación de las situaciones concretas frente a la norma aplicable, de modo tal que evidenciara la violación, al mismo tiempo que invocó el criterio de rubro "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE". Circunstancia que es incongruente, pues por una parte reconoce la necesidad de suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud, y por otra, califica de inoperantes los agravios del quejoso argumentando que éste no evidenció la manera en que el auto combatido se apartó del derecho. En ese contexto, del estudio íntegro del acto reclamado se desprende que el juez responsable no consideró las circunstancias particulares del caso, es decir, que se encontraban dilucidándose derechos fundamentales de un menor de edad, y por lo tanto, al momento de resolver, lo hizo como si se tratara de un asunto ordinario sometido a su potestad, por lo cual, no ponderó los daños que podría sufrir el infante con el sentido de su resolución, al pretender someterlo a un nuevo procedimiento jurisdiccional a efecto de que se defina su filiación y, por ende, se realice el registro respectivo. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa para el efecto de que el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la que resuelve el recurso de revocación promovido por la parte quejosa contra el auto de cuatro de agosto de ese año. 2) Dicte otra en la que, tomando en consideración lo resuelto en este juicio de amparo, resuelva el recurso planteado supliendo la deficiencia de la queja y valorando las circunstancias particulares del caso, así como las constancias reales con que cuenta en el expediente; una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva en función del interés superior del menor, en el entendido que la ponderación que lleve a cabo deberá ser con perspectiva de infancia, fundando y motivando debidamente su decisión. En la inteligencia que de advertir que no cuenta con elementos suficientes para determinar la procedencia o no de la orden de modificación del acta de nacimiento, deberá continuar el juicio natural respecto a la prestación principal relativa al desconocimiento de la paternidad por parte del codemandado, así como respecto a la modificación del acta de nacimiento y reconocimiento de paternidad del aquí quejoso y allegarse de oficio de las pruebas que estime le hagan falta para dictar una determinación debidamente sustentada. Sin que ello genere vulnerar el principio de cosa juzgada -por existir un convenio previo- en el expediente de origen, pues de aceptar una postura contraria, se obligaría a las partes a aperturar un nuevo juicio, lo que en opinión del suscrito implicaría someter al menor a un procedimiento innecesario, cuando en realidad, el juicio de origen tenía esa función principal, de acuerdo a la conducta asumida por las partes en el litigio, a través de la cual, optaron por una conducta procesal que beneficiara al interés superior del infante. Al efecto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 28/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 441, Registro digital: 2003727, de rubro y texto: "RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DEBE PREVALECER EN EL JUICIO RELATIVO FRENTE A LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. Cuando en un segundo juicio de reconocimiento de paternidad, el presunto progenitor opone la excepción de cosa juzgada bajo el argumento de que en un primer juicio ya fue absuelto, pero ello obedece a que en éste se omitió desahogar la prueba pericial en genética, la cual resulta ser la idónea para el esclarecimiento de la verdad, esa excepción no debe prosperar pues la cosa juzgada presupone que el juicio del cual deriva, "cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento", lo que no puede considerarse satisfecho cuando en el primer juicio, pasando por alto el interés superior del menor, se omite ordenar el desahogo, ampliación o perfeccionamiento de esa prueba, ya que esa omisión no sólo infringe la formalidad relacionada con la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, sino que además transgrede el derecho de acceso efectivo a la justicia del menor, pues aunque no le niega acceder a los órganos jurisdiccionales para que se resuelva la controversia, este derecho se vuelve ineficaz si dentro del procedimiento no se reconoce que por su propia condición requiere de una protección legal reforzada, la cual obliga a ordenar, incluso de oficio, su desahogo. Así, aun cuando se podría considerar que opera la excepción de la cosa juzgada formal, en tanto que cualquier violación cometida en perjuicio del menor pudo impugnarse oportunamente a través de los medios ordinarios o extraordinarios de defensa derivados del primer juicio, no opera la cosa juzgada material, pues el interés superior del menor en un juicio de reconocimiento de paternidad debe prevalecer al enfrentarse con dicha institución procesal, por ser el que resulta de mayor entidad, pues si bien es cierto que la cosa juzgada implica la imposibilidad de volver a discutir lo decidido en un juicio, porque la rigidez e inmutabilidad de la sentencia descansa en los principios de seguridad y certeza jurídica, consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, también lo es que esos principios no pueden prevalecer frente al derecho del menor de indagar y conocer la verdad sobre su origen, ya que derivado de esa investigación podrá establecerse si existe o no una filiación entre él y el presunto progenitor; y de ser así, no sólo podrá acceder a llevar su apellido como parte del derecho a la identidad que le permite tener un nombre y una filiación, sino que, en conexión con tal derecho, se beneficiará el relativo a la salud; además, preferir el derecho derivado de la cosa juzgada, implicaría pasar por alto la obligación que el artículo 4o. de la Carta Magna impuso al Estado de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos, lo cual podría anular la obligación que el propio precepto impone a los progenitores, en el sentido de satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, sobre todo cuando la cosa juzgada que se pretende oponer frente al derecho del menor, deriva de un procedimiento en el que resulta evidente que se pasaron por alto sus derechos." Cabe precisar, que la sentencia se tendrá por cumplida una vez que la responsable dicte una nueva determinación, ya sea que resuelva el recurso de revocación y ordene la modificación del acta, o bien, que ordene la continuación del juicio a efecto de resolver con mayores elementos. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos y autoridad responsable precisados en los considerandos SEGUNDO y TERCERO, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en el último apartado considerativo de esta sentencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa y terceros interesados, personalmente a la representación social de la adscripción y a la representante especial del menor y mediante oficio a la autoridad responsable.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Francisco Vázquez Domínguez674/2019
- Francisco Velázquez Delgado879/2022
- Francisco Xavier Pérez Tinajero1275/2021
- Franco Adrián Hernández Domínguez1357/2021
- Franco Ramón Mayoral Manríquez1063/2022
- FRANSCO ALVAREZ CRUZ y Otros.859/2018
- Fredy Iván Alba Trejo1346/2021
- Fredy Pérez Paredes703/2022
- Fridis Ramírez García949/2022
- Froylan Soberanes Fragoso741/2020
- Fulgencio Peña Molinar144/2021
- Gabina Pérez García1167/2022