Froylan Efren Zenteno Tovilla
Expediente 505/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2021
Partes del expediente
- Froylan Efren Zenteno Tovilla
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el pedimento signado criptográficamente por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico en el presente juicio y proporciona nombre de usuario edith.salgado; de igual forma, señala el mismo para oír y recibir notificaciones electrónicamente. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el pedimento de cuenta. Ahora, atento a su contenido dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que en acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, por una parte se desechó la demanda y por otra se escindió al colegiado el presente controvertido; de ahí que, no se le haya dado intervención alguna a la aludida representante social adscrita a este juzgado; aunado a que el diecinueve de julio de esta anualidad, se ordenó el archivo de este expediente, como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto; el oficio suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del similar 12678/2021, del índice de este juzgado, y anexos correspondientes; asimismo, informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado para conocer de la demanda interpuesta por Froylán Efrén Zenteno Tovilla, misma que quedó registrada con el número de amparo directo 251/2021. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta y téngase a la autoridad oficiante acusando de recibo. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos d) y j), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó y por otra se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el citado artículo del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista; I. La certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto que antecede de veintidós de junio del año en curso, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo promovida por Froylán Efrén Zenteno Tovilla. De igual forma, del estado de autos se advierte que: II. En proveído veintidós de junio del año en curso, se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado que se hizo consistir en a) requerimiento de quince de junio de dos mil veintiuno, realizado a Carlos Mario Velasco Zenteno, en su carácter de demandado en el juicio ejecutivo mercantil 173/2019, para que haga la entrega del vehículo marca Nissan NP300, tipo Chasis Cab T/M D.H., modelo 2009, color blanco, número de serie 3N6DD25T29K045948, y número de motor KA24432877A -el cual adujo es de su propiedad- a favor de Karen Guadalupe Hernández Zenteno; asimismo este órgano de control se declaró legalmente incompetente para conocer por lo que hace al diverso acto relativo al b) auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 173/2019, en el que se desechó la tercería excluyente de dominio, que promovió respecto del bien motor antes mencionado, y se ordenó remitir la demanda de amparo y anexos relativos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, hasta en tanto causará estado dicha determinación. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En ese orden de ideas, tal y como se encuentra ordenado en proveído de veintidós de junio del año en curso, remítase de inmediato las constancias correspondientes al juicio de amparo en que se actúa y anexos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que determine lo que en derecho corresponda en relación con la incompetencia planteada por este juzgado respecto del acto puntualizado en el inciso b) supralineas. Asimismo, se solicita, que de no haber inconveniente alguno, se sirva acusar de recibo. Fórmese el cuadernillo de antecedentes relativo, y resérvese a proveer en cuanto al destino de este asunto, hasta en tanto la superioridad emita el pronunciamiento condigno. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por ****, contra el acto que reclama del 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas. I. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 505/2021-I y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. DESECHAMIENTO PARCIAL Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, en lo que interesa, lo siguiente: a) El requerimiento de quince de junio de dos mil veintiuno, realizado a Carlos Mario Velasco Zenteno, en su carácter de demandado en el juicio ejecutivo mercantil 173/2019, para que haga la entrega del vehículo marca Nissan NP300, tipo Chasis Cab T/M D.H., modelo 2009, color blanco, número de serie 3N6DD25T29K045948, y número de motor KA24432877A -el cual aduce es de su propiedad- a favor de Karen Guadalupe Hernández Zenteno; y b) El auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 173/2019, en el que se desechó la tercería excluyente de dominio, que promovió respecto del bien motor antes mencionado. Atento a lo anterior, se considera que en el caso concreto, en cuanto al acto reclamado indicado en el inciso a), se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII,2 en relación con el numeral 6,3 ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la misma ley. Por su parte, el artículo 5, de la Ley de Amparo, en su fracción I, primer párrafo,4 establece que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1,5 de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, conviene precisar que el artículo 107, fracción I,6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Del contenido de los artículos reseñados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, conforme al artículo 107, fracción I, constitucional, así como del diverso 6º, de la ley de Amparo, sólo la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, es quien se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo. Por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. En el caso particular, como se anunció con antelación, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Froylán Efrén Zenteno Tovilla acudió a este medio de control constitucional reclamando del 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, a) el requerimiento de quince de junio de dos mil veintiuno, realizado a Carlos Mario Velasco Zenteno, en su carácter de demandado en el juicio ejecutivo mercantil 173/2019, para que hiciera la entrega del vehículo marca Nissan NP300, tipo Chasis Cab T/M D.H., modelo 2009, color blanco, número de serie 3N6DD25T29K045948, y número de motor KA24432877A a favor de Karen Guadalupe Hernández Zenteno. En ese tenor, se estima que el acto de autoridad reclamado por la parte quejosa, no causa un agravio personal y directo que lesione sus derechos fundamentales; toda vez que bajo protesta de decir verdad, manifestó que no tiene calidad alguna reconocida dentro del juicio ejecutivo mercantil 173/2019, del cual emana el acto que por esta vía combate; ello es así, pues de los antecedentes descritos en la demanda que nos ocupa se advierte que le reviste el carácter de actora a Karen Guadalupe Hernández Zenteno y de demandado a Carlos Mario Velasco Zenteno, por ende, es inconcuso que no tiene legitimación para instar en el presente juicio. Sin que al respecto sea acertado que el acto reclamado afecte el derecho de propiedad que aduce tener el impetrante del amparo, pues no fue a éste a quien se le realizó el requerimiento para que efectuara la entrega material del bien motor en cuestión, sino que, por el contrario fue al ahí demandado Carlos Mario Velasco Zenteno, mismo, que en su caso, se encuentra en posibilidad jurídica para hacer valer sus derechos en la vía y forma que más le convenga, a fin de combatir la actuación de mérito. Por tanto, si al interponer el amparo, el quejoso por propio derecho, pidió que se le otorgara la protección de la Justicia Federal al considerar que el requerimiento de que se trata afecta su esfera jurídica, es inconcuso que esta vía es improcedente, en virtud de que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y que solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor; en el caso, se insiste, por Carlos Mario Velasco Zenteno, a través de sus representantes legales o por propio derecho, quienes están legitimados para promover el amparo en contra del acto que perjudique su patrimonio, pues es a éste a quien se le realizó el mandamiento de entrega del vehículo automotor por ser parte demandada dentro de ese sumario. Sin que sea un obstáculo a lo anterior, la manifestación hecha por el aquí quejoso, en el sentido de que Carlos Mario Velasco Zenteno, le comentó que en caso de que no entregara el multicitado bien motor, se daría vista al Director de la Policía Estatal de Tránsito, a fin de que proceda a su detención, pues ello constituiría un acto diverso al que reclama en la demanda de amparo que se analiza, y que el caso lo es el requerimiento al demandado para que haga entrega del bien mueble embargado en el juicio de origen. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, pues los conceptos hechos valer, reflejan que la afectación que aduce el impetrante, no se materializa en su perjuicio como particular. En las relatadas condiciones, al ser manifiesto que la parte quejosa reclama un acto que constituye una violación procesal que no produce de manera inmediata afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte peticionaria de amparo, sino únicamente efectos formales dentro del proceso y además que no tiene legitimación para ocurrir al amparo; entonces se sigue, que se actualiza las diversas causales de improcedencia prevista en el artículo 61, en sus fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo, respecto del acto puntualizado en el inciso a) descrito supralíneas. III. ANÁLISIS DE INCOMPETENCIA Por otra parte, respecto del diverso acto reclamdo por el quejoso consistente en b) el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, en el que se desechó la tercería excluyente de dominio, que promovió en el expediente ejecutivo mercantil 173/2019, se advierte, que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 170, 34 párrafo primero , 47 párrafo primero, todos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.." De los artículos antes transcritos se advierte lo siguiente: a) Que el juicio de amparo directo procede, entre otros actos, contra las resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose como tales, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, y b) Que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del amparo directo, en contra de ese tipo de resoluciones, siempre y cuando se agoten previamente, los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la resolución reclamada, consistente en el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, dictado por el 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, en el que se desechó la tercería excluyente de dominio, promovida en el juicio ejecutivo mercantil 173/2019, queda comprendida dentro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en la fracción I, del artículo 170, de la ley de la materia. Lo anterior es así, puesto que la tercería excluyente de dominio tiene los atributos propios de un juicio y no de un recurso o medio de defensa que pueda interponerse dentro del mismo procedimiento. En efecto, en la tercería excluyente de dominio se ejerce una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, por lo que la controversia que se discute y decide está relacionada con un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado), que es diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva. Además, el actor tercerista es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; esa acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios. Por las razones que informa, es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 126/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 952, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, con registro 176797, que dice: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." Así como la tesis XXVII.3o.97 K (10a.),7 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del procedimiento y en relación con las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del mismo procedimiento, que pueda tener por resultado modificarlas, revocarlas o nulificarlas (principio de definitividad de las resoluciones jurisdiccionales). Si esto es así, la tercería excluyente de dominio no reviste en absoluto el carácter de recurso o medio de defensa previsto en la ley ordinaria como parte de la instancia impugnativa del mismo procedimiento, porque los recursos o medios de defensa fungen como remedios jurisdiccionales de las resoluciones emitidas por el juzgador del conocimiento, para regularizar el juicio o anular los vicios del procedimiento, ya sean de forma o de fondo; mientras que la tercería excluyente de dominio tiene los atributos propios de un juicio y no de un recurso o medio de defensa que pueda interponerse dentro del mismo procedimiento. En efecto, en la tercería excluyente de dominio se ejerce una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, por lo que la controversia que se discute y decide está relacionada con un problema sustantivo que es diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva. Además, el actor tercerista es ajeno al debate que se presenta en el juicio del que surge y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquél. Tampoco suspende el curso del negocio en que se interpone; se tramita en la vía ordinaria, a través de un procedimiento propio en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. En consecuencia, la tercería excluyente de dominio no es un recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en los términos previstos por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." De ahí que se estime que el acto reclamado que se analiza, en realidad constituye una resolución que sin decidir el juicio de tercería excluyente en lo principal, lo dio por concluido, contra el cual procede el amparo directo, de conformidad con la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo, lo que impide a este juzgado avocarse al conocimiento del asunto, puesto que en términos del artículo 34, de la citada ley, son los Tribunales Colegiados de Circuito, los competentes para conocer del juicio de amparo directo. Sin que sea óbice a lo anterior, que de los antecedentes descritos por el ocursante no se observe que haya agotado el recurso de apelación previsto en la codificación mercantil aplicable en contra de la resolución en comento, empero, dicha cuestión corresponde dilucidarla al Tribunal Colegiado de Circuito al que le toque conocer del presente asunto. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.),8 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013. Así como la diversa P./J. 6/2015 (10a.),9 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, se declara LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo promovida por Froylán Efrén Zenteno Tovilla, contra el acto indicado en el inciso b) atribuido 1. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas; por lo que, UNA VEZ QUE CAUSE ESTADO LA PRESENTE DETERMINACIÓN, se ordena la remisión de la demanda que nos ocupa y anexos relativos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que tenga a bien acordar lo que en derecho corresponda, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. IV. DOMICILIO y AUTORIZADOS Toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, sin que dicha figura este contemplada en la Ley de Amparo, para no dejarla en estado de indefensión, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), se ordena realizar las notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista. Asimismo, con fundamento en el numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafos segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes.VI. UTILIZACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS Con sustento en la Circular número 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos que mencionan para los fines solicitados, previa razón que obre en autos, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta, tiene aplicación la tesis del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."10 VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes
- Frida Gonzalez Morales255/2019
- Frida González Morales y Otros.318/2019
- Frida González Morales y Otros.559/2019
- Frida González Morales770/2019
- Froilan López Ramírez111/2018
- Froylan Alfonzo Martínez Castro1491/2023
- Gabina Bello León2091/2016
- Gabina Chávez Cano736/2017
- Gabino de los Santos Cruz1649/2022
- Gabriel Alberto Chambert Cabrera448/2019
- Gabriel Alejandro Zavaleta Gutiérrez1651/2022
- Gabriel Concepción Hidalgo Cobos900/2017