Frida González Morales

Expediente 770/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
770/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Frida González Morales y Otros.
  • María Aurora Vidal Lara
  • Frida González Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista, la certificación que antecede y que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *** y ***. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciar en relación al cuaderno incidental, toda vez que del presente juicio de amparo, se advierte que no se formaron los cuadernos incidentales. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, Segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Vista, la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las quejosas ***, no dieron cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de agosto del año en curso. Al efecto, se acuerda: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene por no desahogado el requerimiento que se le hizo a la parte quejosa; en consecuencia, y atendiendo a lo dispuesto por la Superioridad, se procede a examinar la demanda de amparo, en los términos en que fue señalado el acto reclamado. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Antes de proveer sobre su admisión, debemos tomar en consideración que el numeral 113, de la ley de la materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cobra aplicación la tesis del texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: El auto de catorce de mayo de la presente anualidad, en donde tuvo por no interpuesto el escrito de acusación formulado por la Agente del Ministerio Público, dentro de la causa penal 02/2019, por el delito de motín, pero la autoridad responsable aplicó el contenido del artículo 325, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no observó el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. La norma legal a estudio regula el principio de definitividad respecto de actos materialmente administrativos previstos en el artículo 107, fracción IV, constitucional; en tanto, prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso; no siendo necesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la regula. De esta manera, el principio de definitividad del juicio de amparo, impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; pues el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Por lo tanto, si existiera la posibilidad jurídica de entablar simultánea o potestativamente un recurso o medio de defensa legal y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad; es inconcuso que se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa; esto es así, ya que si el juicio de amparo es el instrumento jurídico supremo de que dispone el particular para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa esté obligada a agotar los recursos, juicios y medios de defensa legales que al efecto establezca la ley que rija el acto. De lo anterior, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por otra parte, no debe soslayarse que una de las finalidades del principio de definitividad, es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto; dado que, la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado -se reitera- como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. En ese sentido, debe puntualizarse que para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que con la tramitación del recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Ahora, el establecimiento de los medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Al respecto, se considera ilustrativa la jurisprudencia cuyo epígrafe y texto señala lo siguiente: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Luego, si la parte quejosa acude al juicio de garantías sin haber agotado los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley, es evidente que, atendiendo al principio de definitividad que rige la materia, el juicio se tornaría improcedente. En la especie, los artículos 456, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las partes dentro de un procedimiento -víctima u ofendido-, pueden impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. Luego, si las quejosas señalaron como acto reclamado -como ya se dijo- el auto de catorce de mayo de la presente anualidad, en donde tuvo por no interpuesto el escrito de acusación formulado por la Agente del Ministerio Público, dentro de la causa penal 02/2019, por el delito de motín, pero la autoridad responsable aplicó el contenido del artículo 325, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que fue solicitado en virtud de que el escrito de acusación al momento de presentarse carecía de firma y el juez a juicio de las quejosas, le otorgó una segunda oportunidad al Ministerio Público para presentar el escrito de acusación; sin embargo, dicha determinación puede considerarse de mero trámite, toda vez que la autoridad responsable no ha determinado declarar el sobreseimiento o no de la causa en comento. De lo que se colige, que contra el acto reclamado; previamente a la promoción del juicio de amparo, las quejosas debieron agotar el recurso de revocación, previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de acatar el principio de definitividad. Lo anterior encuentra sustento por analogía, en la tesis que a continuación se transcribe: "PRÓRROGA DEL PLAZO DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ A SEÑALAR FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA RESOLVER SOBRE AQUÉLLA, PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al párrafo primero del precepto mencionado, el recurso de revocación procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; de ahí que contra la determinación del Juez de Control en la que se niega a señalar fecha y hora de audiencia para resolver sobre la prórroga del plazo de cierre de la investigación complementaria, proceda este medio de impugnación, al considerarse una resolución de mero trámite; por lo que, si no se agota el recurso citado, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, éste resulta improcedente, al actualizarse la causa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no observarse el principio de definitividad. Finalmente, es preciso puntualizar que en el presente asunto no se actualiza el caso de excepción previsto en el segundo párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que procedan, si el acto reclamado carece de fundamentación; esto es, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto; lo anterior es así, dado que como lo informaron las quejosas, el acto reclamado dictado por la autoridad responsable, se advierte que expresó la norma legal aplicable, que sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten concluir que el mismo no carece de fundamentación; y por ende, no se actualiza la excepción de que se trata. Tampoco se advierte que en la demanda de amparo, se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución, ni que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, se itera, una ley de carácter formal y material, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de defensa en virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos combatidos. Por identidad de razón, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. También, a juicio de este juzgador, resultaría perjudicial para las impetrantes del amparo, no realizar el estudio condigno en este momento procesal, pues se estima que aun sustanciado el juicio no variaría el sentido de esta resolución, y en perjuicio del gobernado, podría prescribir la acción condigna. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Vista, la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las quejosas ***, no dieron cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de agosto del año en curso. Al efecto, se acuerda: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene por no desahogado el requerimiento que se le hizo a la parte quejosa; en consecuencia, y atendiendo a lo dispuesto por la Superioridad, se procede a examinar la demanda de amparo, en los términos en que fue señalado el acto reclamado. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Antes de proveer sobre su admisión, debemos tomar en consideración que el numeral 113, de la ley de la materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cobra aplicación la tesis del texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: El auto de catorce de mayo de la presente anualidad, en donde tuvo por no interpuesto el escrito de acusación formulado por la Agente del Ministerio Público, dentro de la causa penal 02/2019, por el delito de motín, pero la autoridad responsable aplicó el contenido del artículo 325, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no observó el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. La norma legal a estudio regula el principio de definitividad respecto de actos materialmente administrativos previstos en el artículo 107, fracción IV, constitucional; en tanto, prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso; no siendo necesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la regula. De esta manera, el principio de definitividad del juicio de amparo, impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; pues el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Por lo tanto, si existiera la posibilidad jurídica de entablar simultánea o potestativamente un recurso o medio de defensa legal y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad; es inconcuso que se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa; esto es así, ya que si el juicio de amparo es el instrumento jurídico supremo de que dispone el particular para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa esté obligada a agotar los recursos, juicios y medios de defensa legales que al efecto establezca la ley que rija el acto. De lo anterior, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por otra parte, no debe soslayarse que una de las finalidades del principio de definitividad, es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto; dado que, la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado -se reitera- como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. En ese sentido, debe puntualizarse que para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que con la tramitación del recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Ahora, el establecimiento de los medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Al respecto, se considera ilustrativa la jurisprudencia cuyo epígrafe y texto señala lo siguiente: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Luego, si la parte quejosa acude al juicio de garantías sin haber agotado los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley, es evidente que, atendiendo al principio de definitividad que rige la materia, el juicio se tornaría improcedente. En la especie, los artículos 456, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las partes dentro de un procedimiento -víctima u ofendido-, pueden impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. Luego, si las quejosas señalaron como acto reclamado -como ya se dijo- el auto de catorce de mayo de la presente anualidad, en donde tuvo por no interpuesto el escrito de acusación formulado por la Agente del Ministerio Público, dentro de la causa penal 02/2019, por el delito de motín, pero la autoridad responsable aplicó el contenido del artículo 325, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que fue solicitado en virtud de que el escrito de acusación al momento de presentarse carecía de firma y el juez a juicio de las quejosas, le otorgó una segunda oportunidad al Ministerio Público para presentar el escrito de acusación; sin embargo, dicha determinación puede considerarse de mero trámite, toda vez que la autoridad responsable no ha determinado declarar el sobreseimiento o no de la causa en comento. De lo que se colige, que contra el acto reclamado; previamente a la promoción del juicio de amparo, las quejosas debieron agotar el recurso de revocación, previsto en el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de acatar el principio de definitividad. Lo anterior encuentra sustento por analogía, en la tesis que a continuación se transcribe: "PRÓRROGA DEL PLAZO DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ A SEÑALAR FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA RESOLVER SOBRE AQUÉLLA, PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al párrafo primero del precepto mencionado, el recurso de revocación procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; de ahí que contra la determinación del Juez de Control en la que se niega a señalar fecha y hora de audiencia para resolver sobre la prórroga del plazo de cierre de la investigación complementaria, proceda este medio de impugnación, al considerarse una resolución de mero trámite; por lo que, si no se agota el recurso citado, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, éste resulta improcedente, al actualizarse la causa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no observarse el principio de definitividad. Finalmente, es preciso puntualizar que en el presente asunto no se actualiza el caso de excepción previsto en el segundo párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que procedan, si el acto reclamado carece de fundamentación; esto es, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto; lo anterior es así, dado que como lo informaron las quejosas, el acto reclamado dictado por la autoridad responsable, se advierte que expresó la norma legal aplicable, que sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten concluir que el mismo no carece de fundamentación; y por ende, no se actualiza la excepción de que se trata. Tampoco se advierte que en la demanda de amparo, se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución, ni que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, se itera, una ley de carácter formal y material, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de defensa en virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos combatidos. Por identidad de razón, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. También, a juicio de este juzgador, resultaría perjudicial para las impetrantes del amparo, no realizar el estudio condigno en este momento procesal, pues se estima que aun sustanciado el juicio no variaría el sentido de esta resolución, y en perjuicio del gobernado, podría prescribir la acción condigna. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS QUEJOSAS: Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por el que devuelve el original del juicio de amparo 770/2019. Asimismo, remite testimonio de la resolución pronunciada por esa Superioridad, relativo al recuerso de queja 138/2019, que hicieran valer ***, en su carácter de quejosas, en la que determinó: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por Frida González Morales y María Aurora Vidal Lara. SEGUNDO. Se revoca el auto impugnado emitido el seis de junio de dos mil diecinueve., que desechó de plano la demanda de amparo indirecto que dio origen al expediente 770/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. TERCERO. Se ordena reponer el procedimiento en el citado juicio de amparo indirecto, para que con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito les requiera a las quejosas que aclaren su demanda en el sentido de si es su intención señalar o no como acto reclamado destacado la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del precepto 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales y si designa como responsables a las autoridades administrativas y legislativas que intervinieron en el proceso de creación de dicha norma; apercibiéndoles que de no cumplir con tal prevención, se proveerá lo que en derecho corresponda en relación sobre la admisión o no de la demanda en los términos que fue señalado el acto reclamado inicialmente."(Sic). Al efecto se acuerda: Glósese el cuaderno de antecedentes y como lo solicita la superioridad, acúsese de recibo. PREVENCIÓN Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad y a efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: ÚNICO. Deberán precisar si es su intención señalar o no como acto reclamado destacado la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del precepto 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales y si designa como responsables a las autoridades administrativas y legislativas que intervinieron en el proceso de creación de dicha norma. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114, de la ley de la materia, apercibiéndoles que de no cumplir con tal prevención, se proveerá lo que en derecho corresponda en relación sobre la admisión o no de la demanda en los términos que fue señalado el acto reclamado inicialmente; lo anterior, tal como lo ordenó la Superioridad, en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo, y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Dejándose de proveer respecto al mismo, toda vez que mediante auto de seis de junio de la presente anualidad, se acordó al respecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Sin que sea necesario proveer al respecto, toda vez que en auto de seis de junio antes referido, se acordó lo relativo.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano