Fritz César Giesemann Picos

Expediente 1117/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 35 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1117/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Fritz César Giesemann Picos
  • Martín Giesemann Racedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Ciudad de México, a once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la copia del auto de esta misma fecha, dictado en el cuaderno incidental derivado de este juicio, por el cual se tuvo al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito devolviendo los autos originales del cuaderno incidental. Derivado de lo anterior, se levanta la reserva decretada en el auto de catorce de enero de dos mil veintidós, en el que CAUSÓ ESTADO el auto mediante la cual se DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, y reservó acordar lo conducente respecto del destino archivístico de este juicio de amparo, en consecuencia: Toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I., inciso a), del Acuerdo General en cita, toda vez que la medida cautelar fue concedida, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  2. Incidental

    Ciudad de México, a once de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; por medio del cual remite el incidente de suspensión original 1117/2021-VII, un testimonio de la resolución dictada en el toca R.A.9/2022 (incidente de suspensión), el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Ha quedado sin materia el recurso de revisión a que este toca se refiere." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos para que surta los efectos legales correspondientes. Acúsese el recibo correspondiente. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Derivado de lo anterior, con copia autentificada con la firma electrónica de la presente determinación, dese cuenta en los autos del cuaderno principal relativo a este incidente, para que se acuerde lo correspondiente al archivo del expediente. Notifíquese

  3. Incidental

    Ciudad de México, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vistas las copias simples de la demanda de amparo promovida por, por propio derecho, contra actos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades; como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, se forma por duplicado el incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo 1117/2022-VIII. Con apoyo en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado y dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que queden legalmente notificadas del presente proveído, remitiéndoles para el efecto copia simple de la demanda de garantías y sus anexos. Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129 y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de garantías deben reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicio de difícil reparación para el quejoso. Asimismo, cuando la naturaleza lo permita, se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Cabe precisar que la parte quejosa solicita la suspensión provisional para impedir los efectos y consecuencias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior de la de México. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. No. Registro: 2019200, Décima Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14. En atención a lo anterior, es menester establecer que la medida suspensional debe decretarse conforme a los actos que son susceptibles de ser detenidos al momento en que se encontraban las cosas hasta antes de la violación alegada o de la trasgresión de las garantías individuales que se estiman afectadas, de manera desde luego precautoria, preservando la materia del juicio evitando así ???? su ejecución irreparable en perjuicio del quejoso. Principio que va aparejado con la naturaleza de los actos, entonces, si en el caso concreto el efecto para el cual solicita la suspensión se traduce en obligar a las autoridades responsables a inaplicar los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama, implicaría otorgar efectos restitutorios a la medida cautelar, lo cual es materia de la sentencia que se dicte en el cuaderno principal al resolver el fondo del asunto, por tanto, es impropio de la presente vía incidental, pues de concederse la suspensión, se estarían otorgando a la parte quejosa derechos cuyo estudio constituye precisamente la materia de fondo del asunto; más aún, forma parte de los efectos del juicio en caso de concederse el amparo en lo principal. En este punto, es importante señalar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, el cual establece, en la parte que interesa, lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De la trascripción que antecede, podemos advertir que la sentencia que se dicte en el juicio en lo principal es la única resolución que puede restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, lo cual es impropio de la medida cautelar en estudio, pues sus efectos son los de paralizar los actos que sean susceptibles de ser suspendidos en razón de su naturaleza, respecto de derechos que las personas acrediten tener pero de ningún modo, para restituirles un derecho pues en caso contrario, se estaría obligando a las autoridades responsables a realizar, permitir, o abstenerse de realizar una conducta, cuyo estudio constituye precisamente la materia de fondo del asunto. Por tanto, a la luz de las consideraciones que anteceden, y dado que la suspensión tiene como finalidad mantener vigentes e inalterables los derechos preexistentes del gobernado pero de ninguna manera puede ser generadora o restituidora de derechos que sólo otorga la ley una vez satisfechos los requisitos ante las autoridades competentes SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, de rubro y texto siguiente. SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional. (No. Registro: 236958, Séptima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 11 Segunda Parte, Página: 45, Materia: Común). De igual manera, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, que es del rubro y texto siguiente. SUSPENSIÓN. La suspensión en materia de amparo, tiene por objeto, en principio, impedir la ejecución del acto reclamado, en aquellos casos en que, de efectuarse dicha ejecución, o bien se ocasionen al quejoso perjuicios de difícil reparación o bien el acto se consume de manera irreparable, haciendo nugatoria la protección constitucional, en el caso de que el quejoso obtuviera sentencia favorable, en cuanto al fondo, en el expediente principal; en consecuencia, cuando el acto ya se ejecutó, la suspensión debe negarse, porque carece de objeto, pues no puede impedirse que se ejecute lo que ya está ejecutado, ya que la suspensión, en principio, no tiene efectos restitutorios. Ahora bien, cuando se dicta un acto de suspensión, que legalmente ya no es ejecutable, por haber sido consumado con anterioridad el acto, lo procedente es revocar dicho acto de suspensión; pues si se ejecuta tratando de suspender ya no el acto en sí, por estar consumado, sino algunos de sus efectos o consecuencias, debe considerarse que existe exceso de ejecución del auto de suspensión. (No. Registro: 314297, Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XXXI, Página: 1228). Sin que pase inadvertido lo que establecido en el artículo 148 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación." Aun cuando el primer párrafo del precepto citado establece que procede conceder la suspensión cuando se reclamen normas generales sin señalar un acto concreto de aplicación, lo cierto es que esa hipótesis no puede aplicarse en forma indiscriminada, pues en el artículo transcrito no se establece una hipótesis de procedencia "excepcional" de la suspensión, de tal modo que al impugnarse una norma general deba, indefectiblemente, concederse la medida cautelar, sino que lo que se advierte de dicho precepto, es el alcance que deberá darse a la suspensión cuando el amparo se pida en contra de una norma general; ello siempre y cuando sea procedente conforme a las exigencias y limitaciones previstas en la propia legislación. Apoya lo anterior, por su contenido, la tesis número XXVII.3o.4 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1956, libro 4, marzo de 2014, tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.- El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello, deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." Considerar lo contrario, conduciría necesariamente a estimar que basta la impugnación de una norma general para que el Juez de Distrito quede constreñido en todos los casos a decretar la suspensión de sus efectos y consecuencias, como si se tratara de aquellos actos contra los que debe otorgarla de plano; lo cual es inadmisible, porque precisamente en estos casos, la medida cautelar sólo habrá de ser otorgada a petición de parte, y, por ende, la suspensión se decretará siempre y cuando, en principio, queden satisfechos los requisitos de procedibilidad. Lo anterior, no implica desconocer que una norma general pudiera contener medidas que tengan consecuencias de tal gravedad que resultara posible otorgar la suspensión de plano en caso de llegar a impugnarse, pero su procedencia en esa hipótesis derivaría de los derechos comprometidos (en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo) y no del simple hecho de que el acto reclamado lo constituya una norma general. Por tanto, en el caso concreto y dada la naturaleza de los preceptos reclamados, se desprende que la finalidad de la suspensión que solicitó la parte quejosa es para que no se le apliquen los artículos cuya inconstitucionalidad reclama, lo que evidentemente incumple con lo previsto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues, como ya se dijo, únicamente la sentencia que se dicte en el juicio en lo principal es puede restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, lo cual, es impropio de la medida cautelar en estudio, pues sus efectos son los de paralizar los actos que sean susceptibles de ser suspendidos en razón de su naturaleza; de manera que, se reitera, lo que prevé el primer párrafo del artículo 148 de la citada ley es la forma en que deben ser los efectos de la suspensión contra normas generales, pero una vez que se haya analizado si resulta procedente concederla, lo que no sucede en la especie, por las razones antes apuntadas. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Por otra parte, se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Maldonado Hernández, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona y a Guillermo González Tovar y Johana López Escalera Oliva, limitación que se les establece hasta en tanto la profesionista registre su cédula profesional que la acredite como licenciada en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a la totalidad de las partes, su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY ??? SUPLETORIA. (Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Asimismo, con fundamento en el artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, en términos del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 citado; se exhorta al promovente, a las autoridades responsables, y al Fiscal Ejecutivo adscrito para que: 1) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Consejo Salubridad General en suplencia por ausencia de su Presidente, a través del cual, pretende rendir su informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito sin mayor proveído, toda vez que mediante auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa y en el diverso auto de catorce de enero del año en curso se ordenó el archivo del expediente. Sin perjuicio de lo anterior, con apoyo en los artículos 9 y 28 fracción I de la ley de la materia, se tienen como delegados y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que indica. Con fundamento en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se tomará en cuenta el correo electrónico y número telefónico que indica, únicamente en caso de que este juzgado considere conveniente entablar alguna comunicación no procesal a través de ese medio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

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