Frisa Elena Cruz Dorantes

Expediente 1803/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1803/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Frisa Elena Cruz Dorantes

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Subdirectora de lo Contencioso, Titular del Área de Asuntos Contenciosos en representación del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diez de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por el Subdirector de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en suplencia por ausencia de la Directora de Estrategias y Procesos Jurídicos, ésta en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y este último en representación de las autoridades señaladas como responsables del citado Consejo, remitido en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada de la resolución recaída al recurso de reconsideración presentado por la quejosa en relación con la convocatoria dos mil veinte, para el ingreso o permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores, e informa que dichas documentales fueron remitidas a este órgano jurisdiccional el veintisiete de octubre pasado. Con fundamento en el artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga respecto de las constancias que se agregan, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional. Por su contenido medular es de citarse la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES (No. Registro: 204616, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594.) En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado proveído. Ahora bien, toda vez que la autoridad oficiante remite copia certificada del oficio de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores comunicó a la aquí quejosa el dictamen de la comisión revisora del área IV, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Subdirector de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de éste proveído, aclare expresamente si dicha documental es la resolución recaída al recurso de reconsideración presentado por la quejosa en relación con la convocatoria dos mil veinte, para el ingreso o permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la unidad de cuenta vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades Director General de Programación, Organización y Presupuesto y Coordinadora General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisos en dar cumplimiento al requerimiento de dieciséis de los corrientes, no obstante de haber sido debidamente notificados, tal y como se advierte de la constancia de notificación respectiva. En atención a lo anterior, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE NUEVAMENTE al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que atendiendo a la naturaleza de los actos en el término de TRES DÍAS, acredite haber otorgado la suficiencia presupuestal a favor de los quejosos siguientes: QUEJOSOS CANTIDAD NETA **** En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 297, fracción II del citado código, 21, fracción VII, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y tercero transitorio, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Coordinador General de Administración (antes Oficial Mayor) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como superior jerárquico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada Fiscalía, lo conmine a cumplir con el fallo protector y dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, remita a este órgano jurisdiccional, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos respectivos, una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Lo anterior, sin perjuicio de los requerimientos que en su momento pudiera realizarles el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que conoce del incidente de inejecución de sentencia 15/2021. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Enrique Dorantes Prudencio, en nombre y representación de Frisa Elena Cruz Dorantes, contra actos del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1803/2021. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. En atención a que el promovente del amparo reclama la privación de la libertad de la supuesta representada Frisa Elena Cruz Dorantes derivada de la orden de arresto administrativo que se decretó en su contra y manifiesta que se encuentra detenida en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, por lo que de llegar a consumarse, sería físicamente imposible restituir a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales reclamadas; por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado para el efecto de que cese la detención derivada de la orden de arresto reclamada, y la parte quejosa sea puesta en inmediata libertad por la autoridad que materialmente esté ejecutando la orden de arresto que en esta vía se reclama. Se hace la aclaración de que la medida suspensional únicamente surtirá sus efectos si el arresto a que se refiere es inconmutable; porque de no serlo, esta medida no surtirá efecto alguno. Se hace extensiva la medida cautelar a cualquier autoridad que haya ejecutado o pretenda ejecutar total o parcialmente el acto privativo de libertad. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 295, cuyo rubro y texto son los siguientes: SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. El artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los 103 y 107 constitucionales, dispone que en los juicios de amparo de la competencia de la Suprema Corte de Justicia en asuntos penales o civiles, la autoridad responsable mandará suspender la ejecución de la sentencia reclamada, con arreglo al artículo 107, fracciones V y VI de la Constitución general, sujetándose a las disposiciones del capítulo que menciona y el 173 de esa ley determina los términos en que debe otorgarse la suspensión, a instancias del agraviado. Conforme al primero de esos preceptos, la responsable suspende la ejecución de la sentencia reclamada que consiste en que no se ejecute, y para que no se lleve a efecto, se requiere que lo ponga en conocimiento del Juez a quien le corresponda esa ejecución, puesto que como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia, cuando se concede la suspensión contra la autoridad que ordena, el auto debe entenderse también que comprende a la autoridad ejecutora. Por lo mismo, aun cuando la autoridad ejecutora no haya sido designada autoridad responsable en la demanda de amparo promovida por la quejosa, la responsable procede legalmente al disponer que se comunique a su inferior el otorgamiento de la fianza para que no ejecute la sentencia reclamada. (No. Registro: 270,866, Tesis aislada, Sexta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, LVI, Tesis:, Página: 138, Genealogía: Apéndice 1917- 1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 295, página 844.) En el entendido de que la puesta en libertad de la parte quejosa será siempre y cuando haya sido privada de ella con motivo de la orden de arresto reclamada y no sea consecuencia de un procedimiento de carácter penal o civil, ni con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por la comisión de un delito o haya sido aprehendida en flagrancia o urgencia; en cuyo caso deberá ser puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente en términos del artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, la medida concedida no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables y si el acto resulta ser uno distinto al que aquí se combate. Se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en mención y notifique al Director de esta institución o, en su defecto, a la autoridad que en ese momento represente o se substituya en sus funciones, la suspensión que se ha concedido, con el objeto de que se ponga en libertad inmediata a Frisa Elena Cruz Dorantes, debiéndose notificar en forma personal a la parte quejosa el presente auto. Asimismo, el actuario adscrito a este Juzgado, queda constreñido a cerciorarse del cumplimiento inmediato de dicha medida, cuya razón deberá asentar en el acta correspondiente. En atención a que el acto reclamado consiste en la privación de la libertad con motivo del arresto decretado en contra de la ahora quejosa Frisa Elena Cruz Dorantes y en virtud que la demanda de garantías la presentó Enrique Dorantes Prudencia en nombre y representación de aquella; por tanto, en virtud de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se le requiere a la quejosa a efecto de que acuda al local de este Juzgado a ratificar su escrito de demanda, ello con el propósito de no generar alguna situación que implique un peligro de contagio; en consecuencia, requiérase a Frisa Elena Cruz Dorantes, para que en el mismo acto en el que el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado le notifique el contenido del presente acuerdo, manifieste si es su deseo ratificar la demanda de amparo, a efecto de seguir la secuela procesal del presente asunto, sin necesidad de que estampe la firma por prevención de contagio, pues basta que así lo asiente el actuario el cual cuenta con fe pública, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias aquí dictadas. Se apercibe a la parte promovente, que de no cumplir la prevención señalada en el presente acuerdo en el plazo concedido, quedará sin efectos la providencia de suspensión decretada y se procederá conforme lo establece el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En el entendido de que si en el momento de la notificación del presente proveído, la directa quejosa expresara su deseo de no aceptar la promoción que del amparo se hace en su nombre, el actuario judicial de la adscripción deberá abstenerse de entregar los oficios que al presente se acompañan, asentando la razón correspondiente. Ahora bien, toda vez que en la demanda se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, las cuales no constituyen propiamente un domicilio; háganse las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista. Téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. Con fundamento en el artículo 278 del código adjetivo en cita, expídase a su costa copia certificada del presente proveído, debiendo dejar en autos constancia de su entrega a satisfacción de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

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