Frinee Rodríguez Padilla
Expediente 82/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Frinee Rodríguez Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Frinee Rodríguez Padilla, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las autoridades responsables, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el cuaderno original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, es susceptible de depuración. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en las carátulas relativas a este expediente y a la del incidente de suspensión. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Digitalización del expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : Primero. Se SOBRESEE el juicio de amparo solicitado por Frinee Rodríguez Padilla, por las autoridades y actos precisados en el considerando tercero y por las consideraciones expuestas en los considerandos cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
Visto el oficio que remite el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal de los miembros de la Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, Directora Administrativa de la Secretaría de Salud, Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, Subdirector de Planeación e Infraestructura en Salud de la Secretaría de Salud, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, Jefe del Departamento de Relaciones Laborales y Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, todos de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Consecuentemente, a fin de que las partes se impongan de su contenido y no se violen las reglas del procedimiento, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las diecisiete horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Incidental
Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: Copia de demanda de amparo; Proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual, se negó la suspensión provisional a la parte quejosa. Asimismo, obra el informe previo rendido por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y representante legal de las autoridades que se mencionan a continuación: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO 1 Miembros de la Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Niega 2 Directora Administrativa de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad. Niega 3 Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad. Niega 4 Subdirector de Planeación e Infraestructura en Salud de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad. Niega 5 Subdirector de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad. Niega 6 Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Niega 7 Jefe del Departamento de Relaciones Laborales de la Secretaria de Salud y Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Niega A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede, por rendidos los informes previos de las autoridades responsables. Enseguida, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 144 de la Ley de Amparo, se declara abierto el periodo de pruebas, en el que la secretaria hace constar: Que únicamente la parte quejosa ofreció diversas documentales como medios de convicción, las cuales fueron anexadas al escrito inicial de demanda; a lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga por su especial naturaleza las documentales ofrecidas por la parte quejosa, y se tiene por perdido el derecho de las demás partes a ofrecer medios de convicción; asimismo, se cierra esta etapa. Se abre el período de alegatos: La secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez acuerda: En consideración que ninguna de las partes los formuló, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por perdido el derecho de las partes a efectuarlos y, se cierra esta etapa. Al no existir escrito pendiente por acordar ni diligencia que practicar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la resolución siguiente. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número I-82/2021; y RESULTANDO: PRIMERO. ******************** por propio derecho, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades siguientes: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. 2 Directora Administrativa del Organismo Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaría de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia. 3 Subdirectora de Recursos Humanos del Organismo Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaría de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia 4 Subdirector de Planeación de Infraestructura en Salud del Organismo Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaría de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia. 5 Subdirector de Recursos Materiales y Servicios del Organismo Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaría de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia. 6 Organismo Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaría de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia. 7 Jefe del Departamento de Relaciones Laborales y Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Seguridad del Organismo Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán y/o Secretaría de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia. Por el acto que hizo consistir en: La orden a la quejosa de reincorporarse a sus labores a partir del dieciséis de enero de dos mil veintiuno, mediante circular número ********************, de doce de enero de dos mil veintiuno, no obstante que arguye encontrarse en una situación vulnerable (en el caso, aduce padecer de hipertensión arterial, migraña y taquicardia ocasional). Lo que estimó violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El dos de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda a trámite, se ordenó formar incidente de suspensión por duplicado y se solicitó informe previo a las autoridades responsables; se fijó fecha para el desahogo de la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, con base en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 37, 107 y demás aplicables de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo, máxime que el acto que se reclama emana de autoridades con residencia en este distrito judicial. Segundo. Consideraciones previas. En forma inicial, debe precisarse que la figura de la suspensión del acto reclamado constituye una medida cautelar que puede ser dictada dentro del juicio de amparo y tiene por objeto mantener las cosas en el estado en el que se encuentran mientras se dicta la sentencia y, por consiguiente, implica la paralización provisional de los efectos producidos con el acto de autoridad; por lo que a fin de proveer su dictado, resulta necesario que el juzgador federal realice el estudio de distintos tópicos en forma escalonada que se encuentran delineados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la propia Ley de Amparo. En esos términos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los temas que deben estudiarse en forma escalonada para determinar la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, sus efectos y requisitos de subsistencia, se hacen consistir en los siguientes: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida debe o no concederse. Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento de la medida cautelar. Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión. Las previsiones que se tomen para evitar el abuso de la suspensión. Por lo que se refiere al primer aspecto, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. Así, conforme a la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse de forma estratificada son los siguientes: Petición de parte. Conforme el artículo 128 de la Ley de Amparo, por regla general, la suspensión debe concederse siempre a petición de parte, con excepción de aquellos actos reclamados en los que expresamente procede la suspensión de oficio. La existencia del acto reclamado. Como presupuesto lógico para el otorgamiento de la suspensión debe existir siempre un acto reclamado que pueda paralizarse, ya que dicha medida cautelar no puede proyectarse sobre situaciones jurídicas o de hecho que resulten inexistentes. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. Dado que la suspensión constituye una medida cautelar que implica la paralización de determinados actos, es necesario analizar en forma inicial si el acto es susceptible de ser suspendido, para lo cual puede tomarse en consideración la clasificación que de los actos reclamados ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verbigracia, actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera. Que la parte quejosa resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Afectación que puede acreditarse de manera indiciaria para efectos de la suspensión provisional y con un grado probatorio mayor para los efectos de la definitiva. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. Cuyo análisis debe realizarse de forma ponderada entre la estimación que obtenga del análisis superficial del acto reclamado en relación al derecho discutido en el proceso, contra el interés social que se pudiera ver afectado de obtener la medida cautelar. Resta enfatizar que los anteriores requisitos deben estudiarse en el orden expuesto, pues atienden a una prelación lógica y a un sentido práctico, de forma tal que, al avanzar en el análisis, si se advierte la falta de algún requisito, debe terminarse el examen del caso y declararse la improcedencia de la suspensión. TERCERO. Precisión del acto reclamado. La parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: La orden a la quejosa de reincorporarse a sus labores a partir del dieciséis de enero de dos mil veintiuno, mediante circular número ********************, de doce de enero de dos mil veintiuno, no obstante que arguye encontrarse en una situación vulnerable (en el caso, aduce padecer de hipertensión arterial, migraña y taquicardia ocasional). CUARTO. Análisis de los requisitos de procedencia de la suspensión. Como se dijo, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. IV.1. Petición de parte La parte agraviada solicitó la suspensión del acto reclamado; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. IV.2. Existencia de los actos reclamados. El apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y representante legal de las autoridades que se mencionan a continuación, rindió informe previo en los términos siguientes: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO 1 Miembros de la Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Niega 2 Directora Administrativa de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad. Niega 3 Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad. Niega 4 Subdirector de Planeación e Infraestructura en Salud de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad. Niega 5 Subdirector de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad. Niega 6 Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Niega 7 Jefe del Departamento de Relaciones Laborales de la Secretaria de Salud y Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Niega Como se advierte de la anterior tabla, las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado; negativa que se encuentra desvirtuada, en principio, con el oficio circular número ******************** de doce de enero de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, en la que se estableció lo siguiente: "PRIMERO: A partir del día 16 de Enero del año en curso, el personal Médico, paramédico y Grupos Afines que se encontraban bajo resguardo, con motivo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, para la contención y disminución del impacto en el sistema sanitario Con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, deberá reincorporarse a sus actividades laborales en sus respectivos centros de responsabilidad, en el horario que de acuerdo a su código laboral corresponda; excepto el personal a partir de 65 años de edad, quienes 2 deberán continuar en resguardo domiciliario". Adicionalmente, tal negativa se desvirtúa con el informe rendido por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y representante legal de las autoridades responsables, en el que manifestó: ".el oficio circular número ********************, de fecha 12 de enero de 2020, suscrito por mis representadas, se encuentra debidamente fundamentado y es considerado como una actividad esencial que no es susceptible de suspender; la constitucionalidad del citado oficio se acreditara en el informe justificado". Documentales que al encontrarse relacionadas se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 207 y 209 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo. Por tanto, y atendiendo que uno de los objetos de la medida cautelar es preservar la materia mientras se resuelve el fondo del asunto, se tiene que las negativas formuladas por las responsables están desvirtuadas y, por ende, es cierto el acto reclamado, para los efectos de resolver la suspensión definitiva. En ese contexto, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión, se tiene acreditada plenamente la existencia del acto reclamado, por lo que se continúa el estudio respectivo de dichas autoridades. IV.3 Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. A fin de determinar si los actos reclamados son susceptibles de ser suspendidos, es necesario señalar que la parte quejosa manifiesta en vía de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la calidad de Promotora en Salud en el Centro de Salud "Dr. Juan Manuel González Ureña, en Morelia, Michoacán. Agrega que mediante circular número ********************, de doce de enero de dos mil veintiuno, recibió la orden de reincorporarse a sus labores a partir del dieciséis de enero de dos mil veintiuno, no obstante que arguye encontrarse en una situación vulnerable (en el caso, aduce padecer de hipertensión arterial, migraña y taquicardia ocasional). Así, la orden dada a la quejosa para que se reincorpore a sus labores a partir del dieciséis de enero de la presente anualidad, se trata de un acto de naturaleza positiva, el cual genera consecuencias que podrían traducirse en una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, pues la concreción del acto reclamado implica que aquélla se reincorpore a trabajar en el centro de salud al que se encuentra adscrita, por ende, sí es susceptible de ser suspendido. Por lo cual, en este caso concreto, resulta procedente realizar el análisis relativo al otorgamiento de la medida cautelar peticionada en los apartados subsecuentes, con el objeto de evitar un perjuicio mayor, como sería el deterioro de la salud. IV.4. Interés suspensional. Ha quedado precisado que la parte promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la calidad de Promotora en Salud en el Centro de Salud "Dr. Juan Manuel González Ureña", en Morelia, Michoacán. Asimismo, aduce padecer de hipertensión arterial, migraña y taquicardia ocasional, por lo que forma parte del grupo de población vulnerable al virus SARS-CoV2 (COVID 19), de ahí que los actos reclamados, invariablemente repercutirían en su esfera jurídica, pues al obligarle a presentarse a laborar en un centro de salud implicaría poner en riesgo su salud y su vida, de ahí que se acredite el requisito relativo al interés suspensional. Máxime que para acreditar su dicho exhibió la digitalización de las documentales siguientes: Recibo de pago del L.T.S. ********************, expedido por la Secretaría de Salud de Michoacán FORMATO 2.- AUTORIZACIÓN PERSONAS BAJO CRITERIOS DE VULNERABILIDAD", suscrito y firmado por la C. ********************, en su calidad de Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud de Michoacán y/o Servicios de Salud de Michoacán. CERTIFICADO MEDICO de fecha 31 treinta y uno de marzo de dos mil veinte, expedido por el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, suscrito y firmado por el ********************; así como el RECETARIO de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, expedido por la Secretaría de Salud de Michoacán y/o Servicios de Salud de Michoacán; así como CERTIFICADO MEDICO PARA CRITERIOS DE VULNERABILIDAD, de seis de Octubre de dos mil veinte, expedido por la Secretaría de Salud de Michoacán y/o Servicios de Salud de Michoacán, suscrito y firmado por el DR. ********************, Oficio circular de doce de enero de dos mil veintiuno emitido por la COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con numero de oficio ********************, Mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Documentales que tienen valor indiciario y que resultan suficientes para proveer sobre la suspensión definitiva, pues con ello se demuestra indiciariamente la afectación que dice resentir con los actos reclamados y, por consiguiente, el interés para adquirir la medida cautelar solicitada, al tratarse de una persona que es trabajadora activa del el Centro de Salud "Dr. Juan Manuel González Ureña", en Morelia, Michoacán, y que fue diagnosticada con hipertensión arterial, según lo revela la documental consistentes en el certificado médico de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrito y firmado por el doctor********************; por ende, se coloca como una persona que forma parte del grupo vulnerable ante el virus COVID-19, a la que se le está obligando a incorporarse a una fuente laboral, no obstante encontrarse en situación de vulnerabilidad. IV.5. Orden público e interés social. Inicialmente, debe tomarse en cuenta que por orden público se entiende como la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen; es una noción en sí que, bajo su imperio restringe la libertad individual, en razón de la fórmula del bienestar general, y su función es asegurar el orden jurídico, pues se encuentra constituido por un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos y morales a los cuales la sociedad se considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación de la organización social establecida. Por su parte, el interés social se traduce en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. En torno a dichos tópicos resulta orientadora la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". En el caso, no se vulneran disposiciones de orden público ni se contraviene el interés social, ya que se trata de actos que sólo trascienden en la esfera jurídica de la agraviada. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que, además de las disposiciones de orden público, el interés social y el juicio de ponderación, debe analizarse si existe peligro en la demora, consistente en la posible frustración de los derechos de los peticionarios de la medida cautelar, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Se justifica que existe peligro en la demora, ya que, de no concederse la suspensión, implicaría que la quejosa continuara con sus labores en el centro de salud al que pertenece y, al encontrarse dentro de la población vulnerable al virus SARS-CoV2 (COVID 19), ello implicaría un riesgo a su salud y a la postre a su vida, al estar expuesta al citado virus. Concesión de la medida cautelar El artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el Juez de Distrito puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Esto es, la medida suspensional no sólo tiene efectos de conservación, sino que también puede restablecer al quejoso en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso. Debe referirse que el artículo 147 aludido constituye una figura novedosa que el legislador incorporó en la Ley de Amparo, a fin de optimizar los derechos del solicitante de la medida cautelar a través del otorgamiento anticipado de los posibles efectos concesorios de la sentencia de amparo. Empero, el efecto anticipado a que se hace alusión en el artículo 147 de la ley de la materia, no debe otorgarse en todo caso, pues es el propio juzgador de amparo quien debe ponderar los elementos objetivos aportados por la parte quejosa para que, previo juicio de probabilidad y verosimilitud entre el derecho discutido y la violación alegada, pueda determinar si, en el caso concreto, resulta factible otorgar el efecto de restablecer los derechos el quejoso de forma provisional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015 e interpretar el artículo 147 de la Ley de Amparo, establece que, a efecto de restablecer provisionalmente en el derecho que se aduce violado, el juzgador debe realizar un estudio minucioso y preliminar del asunto, con base en los elementos objetivos aportados por el quejoso en su demanda de amparo, así como los elementos probatorios que se le pongan a la vista al momento de resolver sobre la suspensión provisional. No debe perderse de vista que el órgano jurisdiccional de amparo también se encuentra obligado a ponderar todos los elementos que rodean el caso concreto, a fin de evitar abusos con el dictado de la suspensión. De ahí que resulte indispensable que la parte quejosa aporte elementos objetivos de los cuales pueda partir el juzgador de amparo a fin de determinar -en un juicio de probabilidad y verosimilitud- si en el caso concreto es factible conceder efectos restitutorios a la medida cautelar, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. En el caso, se toma en consideración la naturaleza del derecho humano que se encuentra en juego -salud- y que, bajo protesta de decir verdad, la promovente señaló que es Promotora en Salud en el Centro de Salud "Dr. Juan Manuel González Ureña", en Morelia, Michoacán. De igual forma, refiere que desde hace varios años se encuentra diagnosticada con hipertensión arterial, por lo que estima encontrarse en el grupo de población vulnerable al virus SARS-CoV2 (COVID 19). En ese sentido, se estima que la información objetiva aportada en el presente asunto es suficiente para realizar el juicio de probabilidad y verosimilitud entre el derecho discutido y la violación alegada, para, eventualmente, estar en condiciones de restituir provisionalmente a la parte quejosa en el goce de sus derechos y fijar con precisión los alcances de la medida cautelar. Por tanto, una vez que fue analizada íntegramente la demanda de amparo, se advierte la aparente existencia de un derecho de la parte quejosa, pues, bajo protesta de decir verdad, manifiesta encontrarse laborando en el citado centro de salud y que dicha circunstancia pone en riesgo su salud y su vida. Además, existe peligro en la demora, ya que la subsistencia de la situación actual implicaría que la quejosa continúe con el deber de presentarse a laborar en una institución de salud pública en la que, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y en atención al contexto epidemiológico imperante, puede tener contacto con personas contagiadas y/o sospechosas de contagio de la cepa del virus SARS-CoV2 (COVID 19). Deber que, de prevalecer en la esfera jurídica de la quejosa, se correría el riesgo de provocarle un daño irreparable en su derecho humano a la salud al formar parte de un sector social que a nivel nacional fue excluido de la obligación de presentarse a laborar en el período de contingencia al presentar un padecimiento médico que particularmente la hace vulnerable, a saber la hipertensión arterial. Exclusión que quedó plasmada en el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo primero, párrafo cuarto y artículo segundo, inciso a), se estableció lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). (.) Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. (.) ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.) Los preceptos transcritos disponen que uno de los objetos de las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), es proteger con especial énfasis a las personas vulnerables, y que constituye una medida preventiva en los sectores público, privado y social el evitar la asistencia a centros de trabajo a todas aquellas personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, entre las que se encuentran las que padezcan enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial. Disposición de observancia general que dejó de tener el carácter de "medida preventiva" y pasó a convertirse en acción extraordinaria estricta mediante el diverso Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en cuyo artículo primero, fracción V, se estableció lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: (.) V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; (.) El precepto citado establece como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria de referencia que los sectores público, privado y social implementen como medida el resguardo domiciliario corresponsable estricto a las personas vulnerables, entre ellas, las que padecen hipertensión. Acuerdos generales que fueron emitidos por el titular de la Secretaría de Salud con base en sus facultades constitucionales establecidas en el artículo 73, fracción XVI, Bases 2ª y 3ª de la Carta Magna, que establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables. Medidas que, con base en lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Salud, deben ser dictadas de inmediato, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República. Así, los acuerdos generales citados, que ya han sido sancionados por el Presidente de la República, como se advierte del contenido de las publicaciones respectivas en el Diario Oficial de la Federación, en las mismas fechas de su emisión, tienen una jerarquía normativa superior por encima de cualquier otra disposición administrativa en contrario, aun cuando ésta hubiese sido emitida por alguna otra Secretaría de Estado. De ahí que, de un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho que se desprende del análisis integral del escrito de demanda y el peligro en la demora, es factible advertir que es procedente otorgar la suspensión solicitada por la parte quejosa. A mayor abundamiento, cabe precisar que los actos reclamados, en el caso, impactan en el derecho a la salud de la quejosa y, a la postre, en el derecho a la vida; por ello es que se encuentran satisfechos los requisitos en torno a la apariencia del buen derecho, a la luz de la jurisprudencia de rubro: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL.". De igual modo, se considera existe peligro en la demora, ante los daños de difícil, e incluso, imposible reparación que acarrearía la prórroga de las omisiones reclamadas, pues se afectaría el derecho a la salud y, en un determinado supuesto, la vida de la quejosa; al ser un hecho notorio que el virus COVID-19 ha provocado un gran número de contagios y muertes a nivel internacional, lo que también ha sucedido en territorio nacional. Por tal motivo, a fin de evitar daños que pudieran resultar de difícil o imposible reparación para la salud de la peticionaria de amparo, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada para el único efecto de que se permita a la quejosa se resguarde en su domicilio, por lo que la autoridad podrá encomendarle actividades que ésta pueda realizar de manera remota, pues la presente medida no implica una licencia en sus labores. Lo anterior dado que, la solicitante de amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad haber sido diagnosticada con la enfermedad denominada hipertensión arterial, lo que además se corrobora -hasta el momento- indiciariamente con las constancias que en exhibió con la demanda de amparo, como se precisó en el capítulo correspondiente al interés suspensional. Condiciones. La presente medida cautelar tendrá efectos desde el momento en que se dicta esta determinación y hasta en tanto las autoridades responsables sean notificadas del auto en el que se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente. A fin de que este tribunal pueda dar seguimiento a las obligaciones impuestas a esta medida cautelar, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que reciba el comunicado respectivo, informen las acciones que hayan realizado al respecto, debiendo anexar a dicho informe copia certificada de las constancias con las que lo acrediten. Garantía. La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pues no se infiere que su concesión pueda causar daños o perjuicios, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo. Reserva de oficios. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado de Michoacán y de la Federación, no se encuentran laborando con regularidad debido a la la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19; por ende, se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Anotaciones Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE la SUSPENSIÓN DEFINITIVA a contra el acto que reclamó de las autoridades y para los efectos indicados en el considerando cuarto de esta resolución.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Francisco Zaldivar Ramos1087/2017
- Franco Tabares Martínez521/2018
- Frank Lenin Jacinto Valdez127/2016
- Fredd Adan Castillo Nava8/2019
- Fredi Aguilar Valderrabano18/2018
- Fredy Campos Corona1154/2021
- Froylan Herrera Radia175/2019
- Gabino Cipriano Ixta1172/2021
- Gabino Cornejo Salinas913/2022
- Gabino Olmos Carrazco587/2019
- Gabino Pérez Macías980/2017
- Gabriel Bedolla García119/2020