Franco Tabares Martínez

Expediente 521/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
521/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • Franco Tabares Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: FRANCO TABAREZ MARTÍNEZ. Acúsese recibo del oficio número 4199, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa la ejecutoria pronunciada por ese tribunal, el doce de julio de dos mil dieciocho, relativa conflicto competencial 7/2018, que en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO. Si existe conflicto competencial. SEGUNDO. Corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en turno, con residencia en Chilpancingo, conocer de la demanda de amparo promovida por Franco Tabarez Martínez. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para sus efectos legales correspondientes y las anotaciones del caso en el libro de gobierno de este juzgado. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que los tribunales colegiados residentes en esta ciudad se encuentran gozando de su primer periodo vacacional correspondiente al año en curso; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de algún comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 13462 e informando que la presidencia de dicho tribunal admitió a trámite el conflicto competencial propuesto por este juzgado, de los que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Recepción de oficio y anexos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que el juzgado al que se encuentra adscrito no aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional; acúsese recibo correspondiente. Análisis del oficio de cuenta. Del análisis del comunicado de cuenta, se advierte que la referida similar determinó no aceptar la competencia de la demanda de amparo promovida por Franco Tabarez Martínez, pues estimó, grosso modo, que si bien, para el caso que nos ocupa resultaba aplicable la jurisprudencia P./J. 44/2001, al ser este juzgado señalado como responsable, lo cierto es que existían elementos objetivos para considerar, "de manera excepcional", que para fincar la competencia debía atenderse a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que de la demanda se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables las siguientes: "TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICÁ EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE DE EJECUTAR. C.C. TITULARES DE LAS SUBPROCURADURIAS; FISCALÍAS ESPECIALIZADAS Y ESPECIALES; UNIDADES ESPECIALES Y ESPECIALIZADAS; DELEGACIONES ESTATALES U 1)RGÁNOS EQUIVALENTES, Y DEMÁS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION, EN SU CARÁCTER DE AUTOBIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS, EL C. TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de autoridad responsable ejecutar. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE DE EJECUTAR EL C. TITULAR Y/0 ENCARGADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DE LA FISCALIZA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de autoridad responsable de ejecutar." (SIC) Asimismo, en el capítulo de antecedentes el solicitante de amparo indicó lo siguiente: "1.- (..) Esto porque el día 06 seis de Junio del año en curso personas fuertemente armadas, que se dicen ser Agentes de la Policía Federal Ministerial, Policía Federal, Agencia Federal de Investigación y Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, así como elementos de la policía ministerial del estado de Guerrero, se han presentado en mi domicilio particular con el propósito de privarme de mi libertad sin expresar el motivo que tengan para ello, y quienes refieren contar con una orden consigo, por lo que he tenido la necesidad de mantenerme oculto en mi domicilio y por ello me veo precisado a promover la presente demanda de amparo y protección de la Justicia Federal a mi favor (.)". Cuestiones que, bajo la óptica de la referida similar, debieron examinarse por este juzgado a la luz del aludido numeral 37 de la ley de la materia, pues al haberse hecho consistir los actos reclamados en la orden de aprehensión y/o localización y/o presentación giradas en su contra, así como su ejecución, se debió atender que se señalaron autoridades responsables ejecutoras del Estado de Guerrero y la Ciudad de México, lo que implicaría que la ejecución podría materializarse en dichas entidades, máxime que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que se constituyeron en el domicilio del quejoso, entre otros, elementos de la policía ministerial del Estado de Guerrero. Consideraciones por la cuales se difiere del criterio sostenido por la juzgadora con residencia en Irapuato, Guanajuato. Ahora, este juzgador no comparte el criterio adoptado por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en atención a los razonamientos que se expondrán a continuación. En principio, al tratarse de una cuestión de competencia, conviene destacar que debe entenderse por ésta como la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados tipos de litigios. De manera que el Juez, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, lo que no implica que pueda ejercerla para resolver cualquier tipo de controversia, sino sólo en aquellas para las que está facultado por la ley. En ese orden, la competencia objetiva de los juzgados de distrito se encuentra regulada, entre otros, en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, en los cuales se disponen las reglas que deben atenderse cuando se trate de fijar la competencia, mismos que rezan: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Esto es, el primero de los preceptos citados [37], regula las reglas de competencia para los juzgados de distrito por cuestión territorial, el cual dispone tres de ellas, atendiendo a la ejecución material o no del acto reclamado. En tanto que el segundo precepto trascrito [38], hace alusión a la hipótesis que se actualiza cuando el juzgado de distrito al que le fue turnada la demanda de amparo es señalado como responsable, pues en esos casos dicho precepto dispone que es competente otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, lo que implica una regla de competencia específica y autónoma. Luego, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece el modo en que debe proceder el juez de distrito cuando estime carecer de competencia legal para conocer de la demanda que le fue turnada, pues dicho precepto dispone que cuando un juzgado de distrito estime carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, deberá remitirla de plano con sus anexos al juez correspondiente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de los casos en que proceda la suspensión de plano, en los que deberá proveer respecto de la medida cautelar de oficio y remitir los autos al juzgado competente para que provea respecto a la demanda. En ese tenor, como ya se indicó, el artículo 38 de la Ley de Amparo establece reglas específicas cuando el juez de distrito que conoce de la demanda de amparo es señalado como responsable, pues en esos casos no puede tener competencia respecto a dicha demanda. En tal supuesto de incompetencia, el propio artículo 38 establece las reglas a las que debe ajustarse el juez de distrito, que obedecen a tres criterios distintos, a saber; el de igualdad jerárquica, especialización y proximidad, dichos lineamientos son: Es competente otro juzgado de distrito (igualdad jerárquica). Es competente otro juzgado de distrito de su mismo distrito con la misma especialización o, bien, sin especialización -mixto- (especialización). En caso de no existir diverso juzgado en su mismo distrito, será competente el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca (proximidad). Sin que lo anterior implique que el juzgador que se estime legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo por haber sido señalado como autoridad responsable tenga que ponderar la ejecución material de los actos reclamados para determinar cuál es el juez competente para efectos de su remisión, pues esta cuestión no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia a que se refiere el numeral 38 de la Ley de Amparo. Sigue esa misma lógica, el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 363/2015, en cuya ejecutoria, el Alto Tribunal interpretó el contenido del diverso artículo 36 de la Ley de Amparo, cuyo contenido normativo guarda similitud con el diverso 38, donde determinó que a fin de establecer la competencia para conocer el juicio de amparo indirecto promovido contra actos o resoluciones emitidos por tribunales unitarios de circuitos, debe atenderse únicamente a los criterios de igualdad jerárquica y proximidad, sin que para declinar competencia sea necesario que se atienda a la ejecución material o no de los actos reclamados, pues ello no va acorde con la intención del legislador al contemplar las reglas de competencia contenidas en el precepto 36 de la Ley de Amparo. Los anteriores argumentos resultan aplicables al caso que nos ocupa, pues si bien, en el presente asunto no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, lo cierto es que dicho precepto guarda estrecha similitud, en esencia, con el diverso 38 del mismo ordenamiento legal, pues ambos preceptos parten de la lógica de que los juzgadores -magistrados o jueces- que son señalados como responsables, no pueden ser competentes para resolver la controversia puesta a su jurisdicción, pues no podrían ser juez y parte a la vez, por lo que ante sólo dicha circunstancia los juzgadores deben actuar conforme a los dispuesto en los citados preceptos en relación con el artículo 48 de la Ley de Amparo, sin que sea necesario atender a las reglas de ejecución del acto reclamado establecidas en el artículo 37. Lo precedente no significa que las reglas establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo [que establece como criterio para fijar la competencia la ejecución del acto] se encuentren en contraposición con las diversas establecidas en el artículo 38, que establecen los criterios de igualdad jerárquica, especialización y proximidad. En efecto, tal como lo sostuvo la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, si se atiende al criterio de ejecución del acto reclamado establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo [para fijar la competencia territorial], puede resultar factible que el juez competente para conocer del presente asunto sea alguno de los ubicados en el Estado de Guerrero o en la Ciudad de México. Sin embargo, atendiendo a la finalidad perseguida por el legislador federal que se consagró en el artículo 38 de la Ley de Amparo, el juzgador que sea señalado como autoridad responsable no podría estar en aptitud de hacer operante la regla establecida en el artículo 37, ya que ello implicaría analizar el contenido del escrito de demanda para hacer operante el criterio de ejecución del acto; dicho de otro modo, implicaría que el juez señalado como autoridad responsable analice un escrito de demanda en el que figura como parte procesal. En ese orden de ideas, tal como lo refirió el Pleno del Décimo Primer Circuito en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 2/2016, el juicio de amparo tiene una naturaleza especial, en el que la parte demandada siempre lo será la autoridad señalada como responsable; por ello, la Ley de Amparo, en el artículo 38, contiene una regla específica para el establecimiento de la competencia de los Jueces de Distrito basada en la calidad de la autoridad señalada como responsable, disposición de la que deriva que si la acción constitucional se emprende contra actos de un Juez de Distrito, la competencia se surte en favor de otro Juez de Distrito. De tal manera que la sola condición procesal en que se coloca el juez de distrito cuando se le señala como autoridad responsable le impide hacer operante el criterio de ejecución del acto reclamado establecido en el artículo 37 de la Ley, ya que, se insiste, para emitir su determinación respecto del juez de distrito que considera debe conocer del juicio de amparo, debe analizar los elementos que conforman la demanda de amparo, al menos, en los aspectos relativos a las autoridades responsables, actos y antecedentes. Análisis del caso concreto. En el caso que nos ocupa, se tiene que Franco Tabarez Martínez promovió juicio de amparo contra actos atribuidos, entre otras autoridades, a todos los jueces de distrito del Décimo Primer Distrito (Michoacán), esto es, todos los residentes tanto en esta ciudad como en Uruapan, incluyendo a este juzgado, por tal razón, mediante proveído de diecinueve de junio del año en curso, este juzgado remitió los autos al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en turno, siguiendo la regla dispuesta en el artículo 38 de la ley de la materia [identificada en este acuerdo con el número 3, proximidad], pues al haberse señalado como responsables a todos los jueces de este circuito judicial, debía remitirse la demanda al juzgado de distrito más cercano a este circuito. Por tal motivo no podrían aplicarse los criterios de igualdad jerárquica y especialización, ya que al estar señalados como responsables todos los jueces de distrito de este circuito y no contar con juzgados especializados, es lógico que debía atenderse al criterio de proximidad. Siendo el caso, que la Juez oficiante, como quedó precisado en párrafos precedentes, determinó no aceptar la competencia planteada, pues estimó que existían datos objetivos en torno a la ejecución del acto reclamado para que este juzgado declinara la competencia siguiendo las reglas del artículo 37 de la Ley de Amparo. No obstante, como se indicó, este juzgador no comparte tal criterio, pues de hacerlo así, no se estaría actuando conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, cuyo contenido prevé que el juez que estime carecer de competencia para conocer del asunto remitirá de plano los autos al que estime que lo es, siendo el caso que la hipótesis que se actualizaba era la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y no así la contemplada en el diverso numeral 37, de ahí que este juzgador no estaba en posibilidad de atender a la ejecución material del acto reclamado. Lo anterior, máxime que de una revisión integral de la demanda de amparo, no existen datos precisos que permitan apreciar con claridad el lugar en que tendrían ejecución los actos reclamados, ni la residencia de las autoridades ejecutoras, pues éstas fueron señaladas en forma genérica y, si bien, de las denominaciones se advertía que pertenecían al Estado de Guerrero, lo cierto es que no se precisó su residencia exacta, por lo que para delimitar la circunscripción del juzgado de distrito en ese Estado que sería competente, resultaría necesario prevenir al quejoso para que aclarara tales cuestiones, en atención a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 1ª./J. 52/2013. Cuestión que, incluso, este juzgado tampoco se encuentra en posibilidad jurídica, en atención a que el artículo 48 de la Ley de Amparo ordena remitir de plano la demanda, esto es, sin hacer pronunciamiento alguno más que el relativo a la declaración de incompetencia. Además, proceder de ese modo vulneraría el principio relativo a que los juzgadores señalados como responsables no puedan ser juez y parte en el asunto donde se les atribuye el carácter de parte procesal. En tanto que, para estimar procedente turnar los autos ya sea a cualquiera de los jueces de distrito en Guerrero [con residencia en Iguala Chilpancingo o Guerrero] o, bien, a los que residen en la Ciudad de México, la Juez de Distrito en Irapuato, Guanajuato, derivado de la recepción del asunto en términos de los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, está en aptitud de requerir al quejoso para que hiciera el señalamiento correspondiente de la sede específica de las autoridades ejecutoras, incluso el relativo al señalamiento o no de autoridades en el Estado de Guanajuato para constar o excluir la hipótesis de prevención a que alude la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 antes citada. Conflicto competencial. En las relatadas consideraciones y, en vista de que no se comparte el criterio adoptado por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, este juzgado plantea conflicto competencial, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que a bien tenga resolver sobre el conflicto competencial planteado; asimismo, comuníquese esta determinación a la referida similar, para los efectos legales procedentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA FRANCO TABAREZ MARTÍNEZ EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO: Recepción de oficio y anexos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que el juzgado al que se encuentra adscrito no aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional; acúsese recibo correspondiente. Análisis del oficio de cuenta. Del análisis del comunicado de cuenta, se advierte que la referida similar determinó no aceptar la competencia de la demanda de amparo promovida por Franco Tabarez Martínez, pues estimó, grosso modo, que si bien, para el caso que nos ocupa resultaba aplicable la jurisprudencia P./J. 44/2001, al ser este juzgado señalado como responsable, lo cierto es que existían elementos objetivos para considerar, "de manera excepcional", que para fincar la competencia debía atenderse a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que de la demanda se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables las siguientes: "TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICÁ EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE DE EJECUTAR. C.C. TITULARES DE LAS SUBPROCURADURIAS; FISCALÍAS ESPECIALIZADAS Y ESPECIALES; UNIDADES ESPECIALES Y ESPECIALIZADAS; DELEGACIONES ESTATALES U 1)RGÁNOS EQUIVALENTES, Y DEMÁS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION, EN SU CARÁCTER DE AUTOBIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS, EL C. TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de autoridad responsable ejecutar. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE DE EJECUTAR EL C. TITULAR Y/0 ENCARGADO DE LA COORDINACION GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DE LA FISCALIZA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, en su carácter de autoridad responsable de ejecutar." (SIC) Asimismo, en el capítulo de antecedentes el solicitante de amparo indicó lo siguiente: "1.- (..) Esto porque el día 06 seis de Junio del año en curso personas fuertemente armadas, que se dicen ser Agentes de la Policía Federal Ministerial, Policía Federal, Agencia Federal de Investigación y Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, así como elementos de la policía ministerial del estado de Guerrero, se han presentado en mi domicilio particular con el propósito de privarme de mi libertad sin expresar el motivo que tengan para ello, y quienes refieren contar con una orden consigo, por lo que he tenido la necesidad de mantenerme oculto en mi domicilio y por ello me veo precisado a promover la presente demanda de amparo y protección de la Justicia Federal a mi favor (.)". Cuestiones que, bajo la óptica de la referida similar, debieron examinarse por este juzgado a la luz del aludido numeral 37 de la ley de la materia, pues al haberse hecho consistir los actos reclamados en la orden de aprehensión y/o localización y/o presentación giradas en su contra, así como su ejecución, se debió atender que se señalaron autoridades responsables ejecutoras del Estado de Guerrero y la Ciudad de México, lo que implicaría que la ejecución podría materializarse en dichas entidades, máxime que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que se constituyeron en el domicilio del quejoso, entre otros, elementos de la policía ministerial del Estado de Guerrero. Consideraciones por la cuales se difiere del criterio sostenido por la juzgadora con residencia en Irapuato, Guanajuato. Ahora, este juzgador no comparte el criterio adoptado por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en atención a los razonamientos que se expondrán a continuación. En principio, al tratarse de una cuestión de competencia, conviene destacar que debe entenderse por ésta como la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados tipos de litigios. De manera que el Juez, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, lo que no implica que pueda ejercerla para resolver cualquier tipo de controversia, sino sólo en aquellas para las que está facultado por la ley. En ese orden, la competencia objetiva de los juzgados de distrito se encuentra regulada, entre otros, en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, en los cuales se disponen las reglas que deben atenderse cuando se trate de fijar la competencia, mismos que rezan: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Esto es, el primero de los preceptos citados [37], regula las reglas de competencia para los juzgados de distrito por cuestión territorial, el cual dispone tres de ellas, atendiendo a la ejecución material o no del acto reclamado. En tanto que el segundo precepto trascrito [38], hace alusión a la hipótesis que se actualiza cuando el juzgado de distrito al que le fue turnada la demanda de amparo es señalado como responsable, pues en esos casos dicho precepto dispone que es competente otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, lo que implica una regla de competencia específica y autónoma. Luego, el artículo 48 de la Ley de Amparo, establece el modo en que debe proceder el juez de distrito cuando estime carecer de competencia legal para conocer de la demanda que le fue turnada, pues dicho precepto dispone que cuando un juzgado de distrito estime carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, deberá remitirla de plano con sus anexos al juez correspondiente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de los casos en que proceda la suspensión de plano, en los que deberá proveer respecto de la medida cautelar de oficio y remitir los autos al juzgado competente para que provea respecto a la demanda. En ese tenor, como ya se indicó, el artículo 38 de la Ley de Amparo establece reglas específicas cuando el juez de distrito que conoce de la demanda de amparo es señalado como responsable, pues en esos casos no puede tener competencia respecto a dicha demanda. En tal supuesto de incompetencia, el propio artículo 38 establece las reglas a las que debe ajustarse el juez de distrito, que obedecen a tres criterios distintos, a saber; el de igualdad jerárquica, especialización y proximidad, dichos lineamientos son: Es competente otro juzgado de distrito (igualdad jerárquica). Es competente otro juzgado de distrito de su mismo distrito con la misma especialización o, bien, sin especialización -mixto- (especialización). En caso de no existir diverso juzgado en su mismo distrito, será competente el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca (proximidad). Sin que lo anterior implique que el juzgador que se estime legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo por haber sido señalado como autoridad responsable tenga que ponderar la ejecución material de los actos reclamados para determinar cuál es el juez competente para efectos de su remisión, pues esta cuestión no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia a que se refiere el numeral 38 de la Ley de Amparo. Sigue esa misma lógica, el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 363/2015, en cuya ejecutoria, el Alto Tribunal interpretó el contenido del diverso artículo 36 de la Ley de Amparo, cuyo contenido normativo guarda similitud con el diverso 38, donde determinó que a fin de establecer la competencia para conocer el juicio de amparo indirecto promovido contra actos o resoluciones emitidos por tribunales unitarios de circuitos, debe atenderse únicamente a los criterios de igualdad jerárquica y proximidad, sin que para declinar competencia sea necesario que se atienda a la ejecución material o no de los actos reclamados, pues ello no va acorde con la intención del legislador al contemplar las reglas de competencia contenidas en el precepto 36 de la Ley de Amparo. Los anteriores argumentos resultan aplicables al caso que nos ocupa, pues si bien, en el presente asunto no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, lo cierto es que dicho precepto guarda estrecha similitud, en esencia, con el diverso 38 del mismo ordenamiento legal, pues ambos preceptos parten de la lógica de que los juzgadores -magistrados o jueces- que son señalados como responsables, no pueden ser competentes para resolver la controversia puesta a su jurisdicción, pues no podrían ser juez y parte a la vez, por lo que ante sólo dicha circunstancia los juzgadores deben actuar conforme a los dispuesto en los citados preceptos en relación con el artículo 48 de la Ley de Amparo, sin que sea necesario atender a las reglas de ejecución del acto reclamado establecidas en el artículo 37. Lo precedente no significa que las reglas establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo [que establece como criterio para fijar la competencia la ejecución del acto] se encuentren en contraposición con las diversas establecidas en el artículo 38, que establecen los criterios de igualdad jerárquica, especialización y proximidad. En efecto, tal como lo sostuvo la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, si se atiende al criterio de ejecución del acto reclamado establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo [para fijar la competencia territorial], puede resultar factible que el juez competente para conocer del presente asunto sea alguno de los ubicados en el Estado de Guerrero o en la Ciudad de México. Sin embargo, atendiendo a la finalidad perseguida por el legislador federal que se consagró en el artículo 38 de la Ley de Amparo, el juzgador que sea señalado como autoridad responsable no podría estar en aptitud de hacer operante la regla establecida en el artículo 37, ya que ello implicaría analizar el contenido del escrito de demanda para hacer operante el criterio de ejecución del acto; dicho de otro modo, implicaría que el juez señalado como autoridad responsable analice un escrito de demanda en el que figura como parte procesal. En ese orden de ideas, tal como lo refirió el Pleno del Décimo Primer Circuito en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 2/2016, el juicio de amparo tiene una naturaleza especial, en el que la parte demandada siempre lo será la autoridad señalada como responsable; por ello, la Ley de Amparo, en el artículo 38, contiene una regla específica para el establecimiento de la competencia de los Jueces de Distrito basada en la calidad de la autoridad señalada como responsable, disposición de la que deriva que si la acción constitucional se emprende contra actos de un Juez de Distrito, la competencia se surte en favor de otro Juez de Distrito. De tal manera que la sola condición procesal en que se coloca el juez de distrito cuando se le señala como autoridad responsable le impide hacer operante el criterio de ejecución del acto reclamado establecido en el artículo 37 de la Ley, ya que, se insiste, para emitir su determinación respecto del juez de distrito que considera debe conocer del juicio de amparo, debe analizar los elementos que conforman la demanda de amparo, al menos, en los aspectos relativos a las autoridades responsables, actos y antecedentes. Análisis del caso concreto. En el caso que nos ocupa, se tiene que Franco Tabarez Martínez promovió juicio de amparo contra actos atribuidos, entre otras autoridades, a todos los jueces de distrito del Décimo Primer Distrito (Michoacán), esto es, todos los residentes tanto en esta ciudad como en Uruapan, incluyendo a este juzgado, por tal razón, mediante proveído de diecinueve de junio del año en curso, este juzgado remitió los autos al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en turno, siguiendo la regla dispuesta en el artículo 38 de la ley de la materia [identificada en este acuerdo con el número 3, proximidad], pues al haberse señalado como responsables a todos los jueces de este circuito judicial, debía remitirse la demanda al juzgado de distrito más cercano a este circuito. Por tal motivo no podrían aplicarse los criterios de igualdad jerárquica y especialización, ya que al estar señalados como responsables todos los jueces de distrito de este circuito y no contar con juzgados especializados, es lógico que debía atenderse al criterio de proximidad. Siendo el caso, que la Juez oficiante, como quedó precisado en párrafos precedentes, determinó no aceptar la competencia planteada, pues estimó que existían datos objetivos en torno a la ejecución del acto reclamado para que este juzgado declinara la competencia siguiendo las reglas del artículo 37 de la Ley de Amparo. No obstante, como se indicó, este juzgador no comparte tal criterio, pues de hacerlo así, no se estaría actuando conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, cuyo contenido prevé que el juez que estime carecer de competencia para conocer del asunto remitirá de plano los autos al que estime que lo es, siendo el caso que la hipótesis que se actualizaba era la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y no así la contemplada en el diverso numeral 37, de ahí que este juzgador no estaba en posibilidad de atender a la ejecución material del acto reclamado. Lo anterior, máxime que de una revisión integral de la demanda de amparo, no existen datos precisos que permitan apreciar con claridad el lugar en que tendrían ejecución los actos reclamados, ni la residencia de las autoridades ejecutoras, pues éstas fueron señaladas en forma genérica y, si bien, de las denominaciones se advertía que pertenecían al Estado de Guerrero, lo cierto es que no se precisó su residencia exacta, por lo que para delimitar la circunscripción del juzgado de distrito en ese Estado que sería competente, resultaría necesario prevenir al quejoso para que aclarara tales cuestiones, en atención a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 1ª./J. 52/2013. Cuestión que, incluso, este juzgado tampoco se encuentra en posibilidad jurídica, en atención a que el artículo 48 de la Ley de Amparo ordena remitir de plano la demanda, esto es, sin hacer pronunciamiento alguno más que el relativo a la declaración de incompetencia. Además, proceder de ese modo vulneraría el principio relativo a que los juzgadores señalados como responsables no puedan ser juez y parte en el asunto donde se les atribuye el carácter de parte procesal. En tanto que, para estimar procedente turnar los autos ya sea a cualquiera de los jueces de distrito en Guerrero [con residencia en Iguala Chilpancingo o Guerrero] o, bien, a los que residen en la Ciudad de México, la Juez de Distrito en Irapuato, Guanajuato, derivado de la recepción del asunto en términos de los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, está en aptitud de requerir al quejoso para que hiciera el señalamiento correspondiente de la sede específica de las autoridades ejecutoras, incluso el relativo al señalamiento o no de autoridades en el Estado de Guanajuato para constar o excluir la hipótesis de prevención a que alude la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 antes citada. Conflicto competencial. En las relatadas consideraciones y, en vista de que no se comparte el criterio adoptado por la Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, este juzgado plantea conflicto competencial, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que a bien tenga resolver sobre el conflicto competencial planteado; asimismo, comuníquese esta determinación a la referida similar, para los efectos legales procedentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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