FRIDA XIMENA JIMÉNEZ GIRÓN y Otros.

Expediente 443/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
443/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
06/06/2017

Partes del expediente

  • FRIDA XIMENA JIMÉNEZ GIRÓN y Otros.
  • Frida Ximena Jiménez Girón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA III "... Visto el estado de autos, como la parte quejosa no hizo manifestación en atención a la vista dada en proveído de veintitrés de mayo del año en curso (foja 156), respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de trece de mayo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a HUGO ROBLES SIRIACO y NOÉ RAMÍREZ ROJAS, para que la autoridad responsable, Director General de la Policía Vial Estatal del Gobierno del Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, realizara lo siguiente: ".Dejar insubsistente las resoluciones de veintiséis de marzo de dos mil dieciséis, dictadas contra los quejosos HUGO ROBLES SIRIACO y NOÉ RAMÍREZ ROJAS, en los expedientes administrativos PE/DSR/CPVE/CDSP/380/2016 y PE/DSR/CPVE/CDSP/382/2016, en la que se le impuso un arresto administrativo de veinticuatro horas, así como la suspensión de su licencia para conducir por el término de tres meses. Sin que dicho efecto llegue al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada. En relación con dicho efecto, se invoca por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada". Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución dado que, siendo ilegal la orden de arresto, deviene ilegal el acto de autoridad tendente a su ejecución, máxime que no se reclama por vicios propios; ello de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (Jurisprudencia 102, Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 66, Quinta Época)". El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la sentencia dictada en este juicio de amparo, fue recurrida por la autoridad responsable Director General de la Policía Vial del Estado de Oaxaca, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, además por auto de doce de mayo del año en curso, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, confirmó la sentencia dictada en este juicio de amparo, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante oficio PE/ DGPVE/DJ/---/2017 recibido el veintidós de mayo del año en curso, el Director General de la Policía Vial Estatal del Gobierno del Estado de Oaxaca, remitió copias certificadas de constancias de las que se advierte que se dejó insubsistentes las resoluciones de veintiséis de marzo de dos mil dieciséis, dictadas dentro de los expedientes administrativos PE/DSR/CPVE/CDSP/380/2016 y PE/DSR/CPVE/CDSP/382/2016; y referente a la suspensión de las licencias para conducir por el termino de tres meses a los quejosos, ya las recibieron en el área de infracciones de esa Dirección General, el veintidós de junio y once de octubre de dos mil dieciséis, respectivamente. Circunstancia que se corrobora con el oficio original del acuerdo de dieciocho de mayo del año en curso, librado dentro de los expedientes administrativos PE/DSR/CPVE/CDSP/380/2016 y PE/DSR/CPVE/CDSP/382/2016, de su índice, así como las hojas de recepción de las licencias originales para conducir de los quejosos HUGO ROBLES SIRIACO y NOÉ RAMÍREZ ROJAS. En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizaron las responsables, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal para su destrucción correspondiente; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..." (SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. CONSTE.)

  2. Principal

    MESA III "... Agréguese el oficio Encargado de la Comisaría Calificadora del Tercer Turno de la Policía Estatal, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que dejó insubsistente la ejecución del arresto administrativo ordenado por la Dirección General de la Policía Vial Estatal, en contra de los quejosos ******************** y ********************..."

  3. Principal

    MESA III "... Agréguese el oficio y anexos del Director General de la Policía Vial Estatal, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, mediante el cual remite constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las constancias que se agregan, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que deberá correrse traslado con copia de dichas constancias y así asentarse expresamente en la notificación respectiva; apercibidas que de no formular manifestación, este Juzgado resolverá sobre el particular con base en los datos y elementos que existen en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. .." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO CITATORIO. CONSTE.)

  4. Principal

    MESA III "... Agréguese el oficio procedente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en esta localidad, y anexos consistentes en: a) juicio de amparo 443/2016 del índice de este Juzgado y b) copia de la ejecutoria de veintiocho de abril del año en curso. Acúsese recibo. Ahora, dado que el Tribunal Colegiado en alusión, confirmó la sentencia de trece de mayo de dos mil dieciséis, que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso HUGO ROBLES SIRIACO y NOÉ RAMÍREZ ROJAS; por lo anterior hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, para los efectos legales consiguientes. Toda vez que el Tribunal de alzada remitió los autos originales de este expediente, a efecto de que esté debidamente integrado con las constancias necesarias para su comprensión, agréguense las actuaciones existentes en el cuaderno de antecedentes, posteriores al envío del recurso de revisión, en virtud de ello, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de este expediente al Tribunal Colegiado aludido. Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y lo determinado por la Superioridad, se requiere a las responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 párrafo segundo y tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días computados legalmente, cumplan la ejecutoria de amparo de la que se le envió oportunamente y, desde luego, informen y acrediten dicho cumplimiento; esto es, efectúen lo siguiente: ".Dejar insubsistente la resolución de veintiséis de marzo de dos mil dieciséis, dictadas contra los quejosos HUGO ROBLES SIRIACO y NOÉ RAMÍREZ ROJAS, en los expedientes administrativos PE/DSR/CPVE/CDSP/380/2016 y PE/DSR/CPVE/CDSP/382/2016, en la que se les impuso un arresto administrativo de veinticuatro horas, así como la suspensión de su licencia para conducir por el término de tres meses. Sin que dicho efecto llegue al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada. En relación con dicho efecto, se invoca por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada". Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución dado que, siendo ilegal la orden de arresto, deviene ilegal el acto de autoridad tendente a su ejecución, máxime que no se reclama por vicios propios; ello de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (Jurisprudencia 102, Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 66, Quinta Época)." De Igual manera, requiérase al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable citada, en el mismo plazo de tres días, ordene a éstas, cumplan la ejecutoria en sus términos y remitan las constancias respectivas. Apercibidos que de no cumplir o informar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL)..."

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