Frida Jiménez Valencia

Expediente 521/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
521/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Frida Jiménez Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    "...Agréguese el oficio firmado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito; al cual acompaña copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 211/2021, interpuesto por *****, por conducto de su autorizado legal en términos amplios ****; acúsese recibo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que el Tribunal Colegiado aludido declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano su demanda de amparo. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    "... Agréguense el oficio firmado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad; en su atención, se le tiene acusando recibo e informando que se admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por la quejosa ********, contra el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente expediente, mediante el cual se desechó su demanda de amparo, mismo que quedó registrado bajo el número 211/2021, de su índice..."

  3. Principal

    "... Agréguese el escrito de Carlos Morales Sánchez autorizado legal en términos amplios de la quejosa *******, en su carácter de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, adscrita a la ..... se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, donde se desechó su demanda de garantías. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente, como apoyo del mismo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución, lo siguiente: 1) el original y copia del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios; 2) el expediente electrónico de este juicio de amparo 521/2021, de este índice, debidamente habilitado o vinculado. Para lo cual, se le instruye a la analista Jurídico (SISE), para que por el plazo de cinco días, habilite la disponibilidad del expediente electrónico en el expediente que se actúa, a efecto de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de vincularlo con el recurso de queja que corresponda; lo que se le hace de su conocimiento para los efectos atinentes. Por otra parte, se encomienda a la secretaria encargada del expediente verifique que se haya realizado la validación de que el expediente electrónico e impreso coinciden en su totalidad, ajustándose a la validación prevista en la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; esto es, certifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se incorporó cada promoción, documento, auto, resolución y notificación, a fin de que coincida en su totalidad...."

  4. Principal

    "... Visto oficio suscrito por la secretaria de la adscripción, por el que se remite la demanda de amparo promovida por Frida Jiménez Valencia, en su carácter de Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, adscrita a la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia de dicho órgano, contra actos del presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca y otras autoridades. Registro Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 521/2021. Desechamiento. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El proceso de designación, nombramiento y ratificación de la licenciada Tania Ramos Martínez, como magistrada de la Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. El oficio de cinco de abril, por el que se le notifica el nombramiento de la licenciada Tania Ramos Martínez, como magistrada de la Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en sustitución de la quejosa. El oficio GEO/011/2021 de diez de marzo de esta anualidad, mediante el cual, el gobernador informa al Congreso del Estado la designación de la licenciada Tania Ramos Martínez, como magistrada de la Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, por un periodo de cinco años, en lugar de la quejosa. El Decreto 2451 de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el que, se ratifica la designación de la licenciada Tania Ramos Martínez, como magistrada de la Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; así como, las consecuencias jurídicas derivadas de dichos actos. En ese sentido, contra dichos actos reclamados, de manera notoria, manifiesta e indudable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;" De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana, en el caso concreto sobre la designación de un funcionario, pues la impugnabilidad de dichos actos deviene de las facultades y atribuciones que les confiere la Constitución Federal o Local, para resolver en ese sentido; lo que hace improcedente el juicio de amparo en contra de estos. Para demostrar dicha aseveración, es conveniente transcribir lo el contenido de los artículos 59, fracción XXVIII, 102, y 114 Quáter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. "Artículo 59.- Son facultades del Congreso del Estado: (.). XXVIII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los Tribunales Especializados de conformidad con lo establecido por el artículo 102 de esta Constitución; (.)" Artículo 102.- Para nombrar a las personas que ocuparán las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia la persona titular de la Gubernatura del Estado emitirá una convocatoria pública para la selección de aspirantes, de conformidad con los requisitos señalados en el artículo anterior. El Consejo de la Judicatura certificará el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicará los exámenes de oposición. Una vez concluidos éstos, remitirá al Gobernador del Estado una lista que contenga ocho candidatos, de los cuales el Gobernador enviará una terna al Congreso del Estado para que elija a quien debe ser Magistrado La elección se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado que se hallen presentes, dentro del improrrogable plazo de veinte días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador del Estado. En caso de que el Congreso del Estado rechace la terna propuesta, ocupará el cargo la persona que habiendo aparecido en la lista elaborada por el Consejo de la Judicatura designe el Gobernador del Estado. Todos los Magistrados, con excepción del Magistrado Presidente y del Magistrado Consejero de la Judicatura, deberán integrar sala, durarán en el ejercicio de su cargo ocho años, podrán ser reelectos por un periodo igual, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del artículo 117 de esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca; podrán jubilarse en los términos que señale la Ley respectiva. "ARTICULO 114 QUÁTER. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia de fiscalización, rendición de cuentas, responsabilidad de los servidores públicos, combate a la corrupción e impartición de Justicia Administrativa, estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y su presupuesto. Estará integrado por una Sala Superior y Salas Unitarias de Primera Instancia; las resoluciones de la Sala Superior serán definitivas e inatacables en el orden local. La Sala Superior del Tribunal se compondrá de cinco Magistrados y actuará en Pleno. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Gobernador del Estado y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura. Durarán en su encargo siete años improrrogables y serán sustituidos de manera escalonada, en los términos que establezca la legislación aplicable. Los Magistrados de este Tribunal elegirán a su presidente, para un período de dos años, con posibilidad de ser reelecto para otro período igual. Los Magistrados de las Salas Unitarias de Primera Instancia, serán designados por el Gobernador del Estado y ratificados por mayoría de los miembros presentes de la Legislatura. Durarán en su encargo cinco años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos. Expedirán su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. La Ley de la materia establecerá las normas para su organización y funcionamiento; el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; y los criterios para instalar los juzgados y salas especializadas en la materia. A) Para ser Magistrado de Sala Superior y de las Salas Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se necesita: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su nombramiento; Poseer el día del nombramiento, con antigüedad mínima de diez años, título y cédula profesionales de Licenciado en Derecho, expedidas por la autoridad o institución legalmente facultada para ello; III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; IV. Haber residido en la República Mexicana durante los dos años anteriores al día del nombramiento; y V. No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del Estado de Oaxaca o Diputado Local, en el año anterior a su nombramiento. Los nombramientos de los Magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. No podrán reunirse en el Tribunal dos o más Magistrados que sean parientes entre sí por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo. Durante el ejercicio de su encargo no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público; excepto la docencia o la investigación académica. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes en la materia. Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado, de Sala Superior o de las Salas Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, no podrán, dentro del año siguiente a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes, en cualquier proceso ante los órganos de dicho Tribunal. Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que gocen de licencia. La infracción a lo previsto en el presente párrafo será sancionada con la pérdida del respectivo cargo, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el Gobernador Constitucional del Estado, acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Congreso del Estado. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. Las Comisiones Legislativas encargadas del dictamen correspondiente, deberán solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesaria para acreditar la idoneidad de las designaciones. B) La organización, administración, vigilancia y disciplina en este Tribunal se establecerá en los términos que disponga su Ley Orgánica y tendrá las siguientes atribuciones: I. Conocer y resolver mediante juicio las controversias suscitadas por resoluciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; II. Conocer, substanciar, resolver e imponer las sanciones en los procedimientos de los servidores públicos relacionados con responsabilidades administrativas graves y resarcitorias; III. Conocer, substanciar, resolver e imponer las sanciones en los procedimientos relacionados con cualquier persona que haya cometido hechos de corrupción que no constituyan delitos, así como de aquellas personas que resulten beneficiadas por los mismos; de igual forma, cuando su participación se dé en actos vinculados con responsabilidades administrativas graves; IV. Determinar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales; V. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios a que refiere la fracción anterior. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá decretarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública, siempre que se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva; VI. Resolver las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares. Así como las que se susciten entre los Municipios entre sí o entre éstos y el Gobierno del Estado, como consecuencia de los convenios que celebren para el ejercicio de funciones, de ejecución de obras o prestación de servicios públicos municipales; la ley establecerá las normas para su organización y funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, y VII. Conocer de las controversias que se susciten entre los particulares y la Administración Pública Municipal, cuando no haya organismos o disposiciones de carácter municipal que diriman dichas controversias. Las disposiciones que versen sobre tales cuestiones deberán ser aprobadas por el Congreso del Estado. Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. En los casos que involucren personas, comunidades, municipios y pueblos indígenas y afromexicano, este tribunal al resolver observará los sistemas normativos y las determinaciones de las instituciones de dichos pueblos. Salvo por conclusión del período y en el ejercicio del mismo, los Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Unitarias, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca y conforme a lo prescrito en el artículo 117 de esta Constitución. De las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipales, particulares vinculados con faltas administrativas o hechos de corrupción y patrimonial del Estado" De los artículos transcritos, se advierte que para la designación de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Gobernador del Estado emitirá una convocatoria pública; luego el Consejo de la Judicatura certificará el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicará los exámenes de oposición. Una vez concluidos éstos, remitirá al Gobernador del Estado una lista que contenga ocho candidatos, de los cuales el Gobernador enviará una terna al Congreso del Estado para que elija a quien debe ser Magistrado; la elección se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado que se hallen presentes. Es así, pues su estudio implicaría analizar actos procedimentales que están encaminados a una decisión que corresponde exclusivamente a la facultad del Congreso del Estado de Oaxaca, por lo que el impedimento legal proviene del propio artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Se invoca como apoyo, la Jurisprudencia 102/2018 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 887, con registro digital 2017916, de rubro y texto siguientes: MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar. Así como la diversa Jurisprudencia 11/2013, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 167, con registro digital 159838, de rubro y texto siguientes: MAGISTRADOS NUMERARIOS Y/O SUPERNUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DE LA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 11 DE JULIO DE 2009, QUE PREVÉ QUE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO LOCAL EMITIRÁ CONVOCATORIA PÚBLICA A LA SOCIEDAD, A EFECTO DE RECIBIR PROPUESTAS PARA SU DESIGNACIÓN, SE INSERTA EN UN SISTEMA DE NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL ESTATAL QUE ES ACORDE A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al artículo 116, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a las Constituciones y Leyes Orgánicas de los Estados establecer las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales Estatales, lo que implica que las Legislaturas Locales pueden regular lo relativo al nombramiento de los Magistrados, en el entendido de que deberán hacerlo sin violentar los principios y valores contenidos en la Constitución General de la República. Por otra parte, el artículo 118, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, al señalar los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a ocupar el puesto de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Local, remite al artículo 90 de la Constitución Política del Estado, el cual establece los mismos requisitos impuestos por el artículo 116, fracción III, en relación con el 95, ambos de la Constitución Federal. En ese tenor, el artículo 113 de la Ley Orgánica citada, adicionado mediante Decreto Número Mil Quinientos Tres, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el 11 de julio de 2009, que prevé que la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos emitirá una convocatoria pública a la sociedad, a efecto de recibir propuestas para la designación de Magistrados Numerarios y/o Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia, se inserta en un sistema de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial Estatal que es acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, en el particular, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general); que ese lapso debe computarse a partir del día siguiente: Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de las constancias que integran el cuaderno incidental del juicio de amparo 250/2020, del índice de este juzgado, las cuales se traen a la vista, sin que se necesario deducir copia certificada a los autos, se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la resolución interlocutoria de diecinueve de marzo del año en curso, en cuyo estudio se determinó lo siguiente: "(.) Adicionalmente, el gobernador del Estado de Oaxaca, al rendir su informe previo señaló que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Oaxaca, a partir del 16 de marzo de 2021, ratificó la designación de la licenciada Tania Ramos Martínez, como nueva magistrada de la Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; informando que tal designación se realizó en sustitución de la aquí solicitante de amparo. Lo anterior, se corrobora al consultar la página oficial electrónica https//www.congresooaxaca.gob.mx de la Legislatura del Estado de Oaxaca, que se invoca como un hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en la que se aprecia la existencia del "DICTAMEN CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA RATIFICACIÓN DE LA C. TANIA RAMOS MARTÍNEZ COMO MAGISTRADA DE LA SALA UNITARIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA", en el que se emite el decreto en que se ratifica la designación de la licenciada Tania Ramos Martínez, como magistrada de la Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, quien ejercerá el cargo por un periodo de cinco años. Por tanto, es improcedente otorgar la suspensión definitiva contra el acto reclamado, ya que la paralización de sus efectos no conlleva que la quejosa continúe en el cargo de magistrada; precisamente porque lo dejó de desempeñar el 7 de marzo de 2020. Luego, como se demostró que después del 7 de marzo de 2020, la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, estuvo a cargo de un secretario de acuerdos; y que posteriormente se designó al magistrado Enrique Pacheco Martínez, como magistrado titular de esa sala; y que incluso, actualmente la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Oaxaca, a partir del 16 de marzo de 2021, nombró como nueva magistrada a la licenciada Tania Ramos Martínez, según lo afirmó el gobernador del Estado de Oaxaca, en sustitución de la aquí peticionaria de amparo.(.) Determinación que fue notificada a la peticionaria del amparo, el veintidós de marzo siguiente, y que incluso motivó la interposición del recurso de revisión, en cuya parte relativa, la quejosa expuso: "Por otra parte, es importante advertir que el juez federal tomó en consideración para no conceder la suspensión definitiva que el gobernador informó que la Sexagésima Cuarta Legislatura ratificó la designación de la licenciada Tania Ramos Ramírez como nueva magistrada de la Sala Unitaria (.)" Lo que pone de manifiesto que la parte quejosa, tuvo conocimiento cierto y directo de la designación que ahora combate desde el veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Luego, si la justiciable fue conocedora de los actos reclamados en este juicio de amparo, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr del veinticuatro de marzo al veinte de abril de dos mil veintiuno, descontándose los días inhábiles conforme el numeral 19 de la ley de la materia; por tanto, ello refleja que la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio resulta además notoriamente inoportuna, dado que fue presentada en este juzgado de Distrito, fuera del plazo de quince días que establece el numeral 17 de la Ley de Amparo, computados a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de dichos actos. Entonces, si la demanda de amparo origen de este juicio de garantías se presentó el treinta de abril de dos mil veintiuno, su promoción resulta notoriamente extemporánea; por lo que trae como consecuencia que los actos de que se trata, sean considerados consentidos tácitamente. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Morales Sánchez, Mariana Yañez Unda y Noel Valdivieso Tapia, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes que menciona, por así solicitarlo expresamente. Ahora, tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; se le tiene señalando el número telefónico 951 117 36 00 y el correo electrónico carlosdobleclick@hotmail.com, para oír y recibir notificaciones. Oposición a publicación de datos personales. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa se opone a la publicación de sus datos personales, este Juzgado toma en consideración la oposición de referencia, de conformidad con el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella...

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