Fredy Iván Escalera Pérez
Expediente 402/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fredy Iván Escalera Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Manifestaciones autorizado de la parte quejosa y no se hace mayor pronunciamiento. Visto el escrito de cuenta que vía electrónica presenta Santiago Orozco Valencia, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual comparece a realizar diversas manifestaciones y solicita que se dicten las medidas para que se garantice la continuidad de las sesiones de hemodiálisis, así como la entrega de todos los medicamentos que el quejoso requiere, y se requiera la remisión de constancias donde se acredite el pago de las sesiones de ese tratamiento. Al respecto, dígase al autorizado de la parte quejosa que deberá de estarse a lo acordado en proveído de veinticinco de julio de este año, donde se tuvo a las autoridades responsables acreditando el cumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas en el fallo protector y por tanto, por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, ordenando el archivo del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el uno de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a ********************contra actos del Director del Hospital Civil "Dr Miguel Silva" y otra autoridad. En auto de tres de julio de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Así por oficio presentado el doce de julio de dos mil veintitrés, el apoderado de las responsables, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "La autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que al quejoso ********************, le sea proporcionado el tratamiento médico que requiere para sus padecimientos. En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de sustitución renal que necesita, para lo cual debe proporcionarle la atención médica, medicamentos y las hemodiálisis que, previa valoración médica, y con la regularidad y condiciones necesarias que requiera. Además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal a través de la atención médica, seguimiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis, que se le prescriban medicamente, debiendo, para ello, de ser posible y con base en sus facultades tomar en cuenta que : a) Ordene que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, tantas veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis aplicados semanalmente es el correcto o si debe disminuir o aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. b) Para el efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa, para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva", en las fechas y horas que se le señalen, para continuar con el control y vigilancia de su padecimiento. Así como seguir las indicaciones médicas que se le señalen. Respecto la autoridad responsable Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva": Aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis, requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita. Ello en la inteligencia de que el tipo de tratamiento y medicamento, su cantidad, calidad y duración deben ser precisados por el médico especialista. Además, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, será suficiente con la acreditación del acuerdo administrativo referido en primer lugar. Lo anterior en la inteligencia de que dichas responsables no puede aducir falta de personal, vacaciones o carencia de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo..." La autoridad responsable Secretaría de Salud de Michoacán y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", informó lo siguiente: 1) Que dictó el Acuerdo Administrativo de once de julio de dos mil veintitrés, donde se ordenó proporcionar de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivado de la insuficiencia renal crónica, que padece el quejoso ********************; asimismo, instruyó al personal médico y administrativo del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", para que se otorgue atención médica de manera integral a fin de garantizar su derecho a la salud. 2) Que signó contrato abierto de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica con la empresa ******************** misma que es la encargada de asignarle clínica al quejoso a fin de que se le proporcione el tratamiento dialítico. 3) Que seguirá subrogando el servicio hemodiálisis en favor de la quejosa, determinando que el mismo le será brindado en la clínica particular denominada ********************ubicada en******************** en la que se aplicará como parte del tratamiento dialítico, incluyendo los medicamentos de forma gratuita para ella, en la forma y términos en que ya los viene recibiendo y las veces por semana en que las requiere. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de conservación. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. No existen cuadernos de suspensión No se hace pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado, pues dada la naturaleza de los actos reclamados, en el acuerdo de radicación de tres de abril de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión de plano de los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. Autoridad informa trámites Visto el oficio de cuenta que vía correo electrónico presenta el apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán y/o del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr Miguel Silva", y atento a su contenido, se le tiene informando esencialmente, lo siguiente: - Que se dictó el Acuerdo Administrativo de once de julio de dos mil veintitrés, donde se ordenó proporcionar de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivado de la insuficiencia renal crónica que padece el quejoso Fredy Iván Escalera Pérez; asimismo, instruyó al personal médico y administrativo del Hospital General "Dr Miguel Silva", para que se otorgue atención médica de manera integral a fin de garantizar su derecho a la salud. - Que la Secretaría de Salud de Michoacán y/o del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, signó contrato de compraventa de servicios por licitación por medios de identificación electrónica, con la empresa denominada ARQUINA S.A. de C.V., misma que es la encargada de asignarle clínica al quejoso a fin de que se le proporcione el tratamiento dialítico. - Que se seguirá subrogando el servicio de hemodiálisis en favor de la quejosa, determinando que el mismo le será brindado en la clínica particular denominada Hospital Victoria en la Unidad de Hemodiálisis, ubicada en Avenida Acueducto, número 2800, Lomas de Hidalgo, en la que se aplicará como parte del tratamiento dialítico, incluyendo los medicamentos de forma gratuita para el, en la forma y términos en que ya los viene recibiendo y las veces por semana en que las requiere. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IX-402/2023, promovido por ********************, contra actos del Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva", con residencia en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O S PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnado el mismo día a este Juzgado Federal, ******************** contra los actos y las autoridades responsables siguientes: "(.) AUTORIDADES RESPONSABLES: (.) 7.- SECRETARIO DE SALUD EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON DOMICILIO EN SU RESIDENCIA OFICIAL EN MORELIA, MICHOACAN. ES OMISO EN SUPERVISAR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA QUE LAS AUTORIDADES MÉDICAS DEL HOSPITAL CIVIL ME BRINDEN ATENCION MÉDICA PARA MIS PADECIMIENTOS PARA QUE ME HEMODIALICEN, ME APLIQUEN LOS MEDICAMENTOS QUE REQUIERO Y QUE ME PROGRAMEN MIS CITAS DE SESIONES DE HEMODIALISIS. (.) 9.- DIRECTOR DEL HOSPITAL CIVIL DOCTOR MIGUEL SILVA DE CHARO, con domicilio en su residencia oficial en Charo, Michoacán. ES OMISO EN SUPERVISAR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA QUE LAS AUTORIDADES MÉDICAS DEL HOSPITAL CIVIL ME BRINDEN ATENCION MÉDICA PARA MIS PADECIMIENTOS PARA QUE ME HEMODIALICEN, ME APLIQUEN LOS MEDICAMENTOS QUE REQUIERO Y QUE ME PROGRAMEN MIS CITAS DE SESIONES DE HEMODIALISIS. (.)" Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4°, 8, 17, 22, 103 Fracción I, 107 Fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 8, 25, 29, 31 y 32 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 4, 8, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad; Carta de la Organización de los Estados Americanos; numerales 2, Inciso A) y 28 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convenio Número 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación; Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas (número 159) de la Organización Internacional del Trabajo; 1, 3 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 10 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 10, 12 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 2 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo De San Salvador; Declaración y Programa de Acción En Viena de 1993; Convenio 102 o Norma Mínima de Seguridad Social; Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Poblete Vilchis y Otros Contra Chile; 1, 2, 3 y 31 de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 17, 18, 19, 22, 26, 108 de la nueva Ley de Amparo y Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; y, Norma Oficial Mexicana 003-SSA3-2010. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En tres de abril del año en curso, se ordenó formar el expediente IX-402/2023; concedió la suspensión de plano respecto a los actos reclamados por la parte promovente del amparo por ser de carácter urgente y de análisis oficioso; no se llamó al juicio a las autoridades Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud Federal, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Secretario de la Función Pública, Director General, Director de Servicios de Salud, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social y Director del INSABI, dichas autoridades con residencia en la Ciudad de México, así como el Gobernador del Estado de Michoacán, por no advertirse la vinculación entre las atribuciones y funciones de las autoridades señaladas como responsables residentes de la Ciudad de México, con la falta de atención médica y suministro de medicamentos que requiere la parte quejosa para su padecimiento. Por otra parte, requirió a las autoridades responsables Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva" y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, el informe respecto de la suspensión concedida. Posteriormente, previa ratificación en proveído de diez de abril del año en curso, se admitió la demanda de garantías que motivó la formación del juicio en que se actúa; requirió a las responsables Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva" y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, su informe justificado; dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se reclaman diversas omisiones a instituciones de salud, cuyos efectos se materializan en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Aunado a que debe considerarse que, cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso; sino que, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral. Para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no solo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: Su naturaleza; Sus consecuencias jurídicas y fácticas; Los informes justificados de las autoridades; y, Las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. A lo anterior resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR CORRECTAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR SU VIOLACIÓN, CUANDO EN LA DEMANDA O EN SU AMPLIACIÓN SE ENUNCIARON GENÉRICAMENTE. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de manera genérica, diversas omisiones de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarle medicamentos e insumos para cada enfermedad que padece, así como la abstención de brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para corregirlos. El Juez de Distrito concedió el amparo e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Justificación: Lo anterior es así, porque cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso. Por tanto, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral; esto es, que sea oportuna, eficaz y suficiente para proteger su vida y su salud, incluida la de aquellos padecimientos que pudiera desarrollar durante la secuela procesal, con la finalidad de brindarle el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estimar lo contrario implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, esto es, que identifique los medicamentos, tratamientos o procedimientos quirúrgicos que estima son necesarios para el restablecimiento de su salud; sin embargo, con ello la posibilidad de restaurar eficientemente su salud sería prácticamente nugatoria ante una posible omisión o error en la solicitud del accionante; consecuentemente, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva." De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que el quejoso ******************** reclama de las autoridades responsables: La omisión de proporcionar tratamiento, medicamentos y atención médica que requiere para la deficiencia que padece en su salud relacionada con la insuficiencia renal crónica etapa 5, en concreto, las hemodiálisis; hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva" y Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, pese a que en el informe relativo a la suspensión de plano, y el informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado. Ello porque también refirieron que no han emitido acto u omisión que implique en forma alguna, la negativa a brindar atención médica al quejoso o a negar diversos medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis, toda vez que el nosocomio señalado como responsable no se encontró expediente médico del peticionario de amparo, por ello no puede existir una omisión sin solicitud de éste. Ahora bien, de las documentales que anexó el peticionario de amparo al libelo constitucional específicamente resumen clínico suscrito por la Dra. Laura Lizeth Tello Claderón adscrita a la Clínica Nefrología Morelia S.A.S DE C.V., con sede en esta ciudad, emitida en el año en curso, del cual se desprende como antecedentes del peticionario de amparo la enfermedad renal crónica KDIGO 5, diabetes mellitus, e hipertensión arterial sistémica, así como una receta médica de data veintinueve de enero del año en curso. Que a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano las autoridades responsables manifestaron mediante su apoderado en el oficio presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, que para brindarle una atención médica integral y de manera inmediata al ahora quejoso determinaron brindarle el tratamiento de manera subrogada en la clínica particular CALIDAD EN HEMODIALISIS (TORRE VICTORIA), con sede en esta ciudad p, los días lunes y jueves a las ocho horas en las que se aplica como parte del tratamiento dialítico Hierro y Eritroproyectina. Por otra parte, mediante auto de dieciséis de mayo del año en curso, este juzgado requirió a las autoridades responsables y a la clínica particular CALIDAD EN HEMODIÁLISIS (TORRE VICTORIA), con sede en esta ciudad, a efecto de que remitieran el expediente clínico del amparista. Atento al anterior, mediante auto de veinticinco de mayo del año actual, se tuvo a la Unidad de Hemodiálisis Nefrología Morelia S.A.S DE C.V. cumpliendo con dicho requerimiento, ya que remitió el expediente clínico del hoy quejoso, del cual se dejó copia certificada el mismo; y, se advierten diversas hojas de registro clínico de hemodiálisis del Hospital Victoria Center Nefrología Morelia, de datas veintiocho de abril y dos, cinco, nueve, once, dieciséis y diecinueve, todos de mayo del año en curso, en las que se advierte la aplicación de sesiones de hemodiálisis; estudios de laboratorio de panel viral y reporte de resultados de transaminasa glutámico oaxalacetica; así como el consentimiento informado de hemodiálisis firmado por que peticionario de amparo. De lo expuesto se desprende de manera inconcusa, que aún y cuando las responsables Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva" y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, por conducto de su apoderado negaron la existencia del acto reclamado. Ello porque también refirieron que no han emitido acto u omisión que implique en forma alguna, la negativa a brindar atención médica al quejoso o a negar diversos medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis, toda vez que el nosocomio señalado como responsable no se encontró expediente médico del peticionario de amparo, por ello no puede existir una omisión sin solicitud de éste. No obstante a lo anterior, a efecto de dar cabal cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en autos, las autoridades responsables refirieron que dicho tratamiento se otorgará de manera subrogada. Máxime que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo copia simple de la credencial de elector expedida por resumen clínico suscrito por la Dra. Laura Lizeth Tello Calderón adscrita a la Unidad de Hemodiálisis "Nefrología Morelia" S.A.S DE C.V., con sede en esta ciudad, emitida en el año en curso, del cual se desprende como antecedentes del peticionario de amparo la enfermedad renal crónica KDIGO 5, diabetes mellitus, e hipertensión arterial sistémica, así como una receta médica de data veintinueve de enero del año en curso. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." De ahí que se tenga por cierta la omisión reclamada a dichas autoridades. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese sentido, al no haberse hecho valer alguna causal de improcedencia que deba ser analizada por el que suscribe; y, considerando que este juzgador no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna otra hipótesis que torne improcedente el presente juicio, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación formulados. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad exigidos por la Ley de Amparo, basta cumplir con tales requisitos al realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el promovente de la protección constitucional refiere que se transgrede principalmente en su perjuicio los artículos 1° y 4° constitucionales entre otras porciones normativas de diversos ordenamientos, pues las autoridades responsables no le han dado la atención médica y el tratamiento de hemodiálisis que requiere para vivir. Que tiene el padecimiento de insuficiencia renal crónica grado 5, hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus; que requiere hemodiálisis para vivir; y, que no puede conseguir el dinero necesario para poder pagar el tratamiento que necesita para sus padecimientos. Por lo anterior, ha solicitado al Hospital Civil de Charo, Michoacán, la atención para su padecimiento, pero se ha negado hacerlo, ya que no tienen lugar para atenderlo y que tiene que pagar por la hemodiálisis y medicamentos. El concepto de violación es esencialmente fundado. Ahora bien, para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los derechos humanos previstos en tratados que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la P. XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.- Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Ahora, atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación de alguna especie, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales que suscribió nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3 y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna. 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. 3. El artículo 2, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas la personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente su dignidad humana; asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho, del cual gozarán todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada P. XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN." Del mismo modo resulta aplicable la tesis 1a. LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y, entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el Estado sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus artículos 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. En el caso concreto, el padecimiento se encuentra acreditado con las documentales que la Unidad de Hemodiálisis "Nefrología Morelia" S.A.S DE C.V. adjuntó a su escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, de las cuales se dejó copia certificada en el sumario en que se actúa consistentes en: Expediente clínico que contiene las documentales consistentes en: Diversas hojas de registro clínico de hemodiálisis del Hospital Victoria Center Nefrología Morelia, de datas veintiocho de abril y dos, cinco, nueve, once, dieciséis y diecinueve, todos de mayo del año en curso, en las que se advierte la aplicación de sesiones de hemodiálisis. Estudio de laboratorio de panel viral. Estudio de laboratorio consistente en el reporte de resultados de transaminasa glutámico oaxalacetica El consentimiento informado de hemodiálisis firmado por que peticionario de amparo. Por otra parte, el peticionario de amparo adjuntó al libelo constitucional lo siguiente: Resumen clínico suscrito por la Dra. Laura Lizeth Tello Claderón adscrita a la Clínica Nefrología Morelia S.A.S DE C.V., con sede en esta ciudad, emitida en el año en curso, del cual se desprende como antecedentes del peticionario de amparo la enfermedad renal crónica KDIGO 5, diabetes mellitus, e hipertensión arterial sistémica. Una receta médica de data veintinueve de enero del año en curso. Ahora bien, las documentales precisadas en los incisos a), b) y c), este juzgador otorga valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 197, 202 y 203, párrafo segundo, de la codificación civil invocada, en razón de que fueron emitidas por un tercero a la presente contienda constitucional, y hacen prueba en favor del quejoso y contra las autoridades responsables, en razón de que éstas últimas no fueron objetadas ni se desvirtuaron con algún otro medio de prueba. Medios de convicción cuyo valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional y del que se aprecia el padecimiento del quejoso; las cuales generan valor probatorio de indicio. Ahora, la falta de atención médica que se reclama a las autoridades responsables consiste en la negativa de proporcionarle atención médica, medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis que requiere acorde a los padecimientos que presenta, prevalece. No pasa inadvertido que del informe presentado el diez de mayo del año en curso, las autoridades responsables expusieron por conducto de su apoderado, que determinaron brindarle el tratamiento médico y dialítico de manera subrogada en una clínica particular. Circunstancia, que se confirmó, con las constancias remitidas por la Unidad de Hemodiálisis "Nefrología Morelia" S.A.S DE C.V., pues se advierte del expediente clínico del quejoso diversas hojas de registro clínico de hemodiálisis del Hospital Victoria Center Nefrología Morelia, de datas veintiocho de abril y dos, cinco, nueve, once, dieciséis y diecinueve, todos de mayo del año en curso, en las que se advierte la aplicación de sesiones de hemodiálisis; estudios de laboratorio de panel viral y reporte de resultados de transaminasa glutámico oaxalacetica, así como el consentimiento informado de hemodiálisis firmado por que peticionario de amparo. Sin embargo, aún y cuando con las constancias relatadas se advierte la disponibilidad de las autoridades responsables para cumplir con su obligación de brindar la atención médica requerida por el quejoso, dicha prerrogativa no se satisface, ni garantiza, porque no se propone en algún programa de salud de manera definitiva, que garantice brindarle, tratamiento médico y medicamento de manera gratuita, para sus padecimientos y atender las terapias de hemodiálisis que requiere. Aunado a que tal afirmación surge en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, por lo que es insuficiente para colmar el derecho a la protección de la salud del peticionario de amparo. Lo anterior porque la restitución de ese derecho acontecerá cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a ésta a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente, el tratamiento y servicios que requiere para tratar las causas de la afección renal que padece, cuya omisión de tratamiento inicialmente reclamó al promover esta acción de amparo; pues lo que pretende es evitar el riesgo de inseguridad en su derecho a la salud, riesgo que se evita si las responsables le reconocen como integrante a sus programas de salud pública, en calidad de permanente y mientras lo requiera. En esas condiciones, no es dable considerar resarcido el derecho a la salud de la solicitante de amparo; toda vez que la restitución a ese derecho acontecerá, cuando se constituya en su favor un derecho que formalmente consolide el tratamiento y servicios que requiere para los padecimientos que a la fecha presenta o los que resulten derivados de la evolución respecto de sus patologías. Sirve de orientación, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que dice: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad." Sin que para las autoridades responsables, represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud del quejoso respecto al padecimiento renal que padece, el hecho de que no esté afiliado en alguna institución de seguridad social. Ello en razón a que, en términos de la Ley General de Salud, ese derecho a la protección a la salud es una obligación para el Estado Mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en forma gratuita y en términos de esa ley y sus disposiciones reglamentarias. Luego, está claro que la omisión de las autoridades responsables, al no brindar la atención médica gratuita al quejoso, vulnera su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender su padecimiento, con los recursos que la Ley General de Salud impone de manera solidaria entre la Federación y la entidad federativa correspondiente, en el caso, el Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, la opción definitiva de atención a la protección del derecho a la salud que también debe ser sensible, en lo posible, a la cercanía a su domicilio, donde las autoridades responsables, están en condiciones de brindar la mejor opción para el quejoso. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a ********************, el amparo solicitado a efecto que: La autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que al quejoso ********************, le sea proporcionado el tratamiento médico que requiere para sus padecimientos. En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de sustitución renal que necesita, para lo cual debe proporcionarle la atención médica, medicamentos y las hemodiálisis que, previa valoración médica, y con la regularidad y condiciones necesarias que requiera. Además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal a través de la atención médica, seguimiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis, que se le prescriban médicamente, debiendo, para ello, de ser posible y con base en sus facultades tomar en cuenta que: Ordene que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, tantas veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis aplicados semanalmente es el correcto o si debe disminuir o aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis, que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa, para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva", en las fechas y horas que se le señalen, para continuar con el control y vigilancia de su padecimiento. Así como seguir las indicaciones médicas que se le señalen. Respecto la autoridad Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva": Aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis, requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita. Cobra aplicación la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes." Ello en la inteligencia de que el tipo de tratamiento y medicamento, su cantidad, calidad y duración deben ser precisados por el médico especialista. Además, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, será suficiente con la acreditación del acuerdo administrativo referido en primer lugar. Lo anterior en la inteligencia de que dichas responsables no pueden aducir falta de personal, vacaciones o carencia de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. No se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos así como el autorizado del quejoso; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de los actos reclamados a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán; y, del Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva", con residencia en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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