Freddy Cárdenas Santana
Expediente 846/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Freddy Cárdenas Santana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
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Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 23257, con el que a su vez fueron remitidos los autos del toca I-17/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
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Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable -Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad- adjuntó a su informe, solicitando el acuse de recibo, apercibido que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que lo recibió. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. CUADERNO ORIGINAL DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negaron las medidas cautelares solicitadas. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo X-846/2022, promovido por Freddy Cárdenas Santana, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y... Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Freddy Cárdenas Santana, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
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. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo X-846/2022, promovido por Freddy Cárdenas Santana, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Freddy Cárdenas Santana solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. El promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Federal. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de garantías registrada con el número X-846/2022; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo en materia penal con efectos de ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: La resolución confirmatoria de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca número I-17/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el inculpado, aquí quejoso, y su defensa, en contra del auto que calificó de legal su traslado dentro del proceso penal 94/2020-III, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, instruido en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro; y su ejecución. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, Subdirectora Jurídica del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto y el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, todos con residencia en esta ciudad, se advierte que aceptaron la existencia del acto reclamado. A cuyo efecto la primera de las autoridades jurisdiccionales remitió las constancias relativas al toca de apelación I-17/2022, así como el duplicado del proceso penal 94/2020-III, documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Por su parte, el Director del Centro Penitenciario de Tacámbaro, Michoacán, no aceptó ni negó el acto reclamado; sin embargo, dada la aceptación de la autoridad ordenadora lo procedente es presumir cierto el acto de ejecución que se le atribuye, máxime que el quejoso actualmente está recluido en dicho centro penitenciario según sus propias manifestaciones. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo, es necesario analizar las causas de improcedencia así sea de oficio, o invocadas por las partes, pues la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procedimental de estudio preferente según dispone el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, visible a fojas 553, Tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Registro: 222780, del rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese tenor, quien suscribe advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De la interpretación de dicho precepto se advierte que los actos consentidos tácitamente, son aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos que precisa el artículo 17, de la Ley de Amparo, que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo de forma extemporánea. Ahora bien, para poder establecer si el juicio de amparo es extemporáneo, debe acudirse a lo que disponen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de los Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de entrada en vigor". De los preceptos arriba transcritos se desprende que el plazo legal con el que cuenta el reclamante del amparo para promover el juicio de garantías es de quince días hábiles, contado a partir de que surta sus efectos, conforme a la Ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Esto es, el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la determinación que reclama; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto en cuestión. En seguimiento a lo anterior, se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, además que no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días hábiles siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días hábiles como término preprocesal que se exige a los gobernados admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes transcrito. De su intelección se pone de manifiesto que el ahora legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso, en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso-. Esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador los hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción constitucional tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días hábiles que consagra el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita. Lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado. Aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. A más de que sujetar el ejercicio de la acción constitucional a un plazo indefinido, implicaría afectar el derecho que tienen las víctimas a la reparación del daño y a que de ser procedente se condene a quien resulte culpable. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." La jurisprudencia que precede pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: Un acto de autoridad o de particular en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo. Una persona afectada por tal acto. La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia. Ello es así en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, ya no tendría utilidad analizar los restantes problemas procesales. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte alguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En el particular, por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, se previno al quejoso para que manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución reclamada; en mérito de ello, mediante escrito aclaratorio presentado el diecisiete de agosto pasado, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la resolución reclamada hasta el uno de agosto de dos mil veintidós. Sin embargo, de las constancias relativas al toca de apelación I-17/2022, que fueron previamente valoradas, se advierte con claridad que, contra lo indicado, el quejoso y su defensa fueron notificados del acto reclamado en el domicilio que para tal efecto señaló la defensa (fojas 51 y 52 del tomo de pruebas VI relativo al toca de apelación), mediante cédula que se dejó en poder de María Guadalupe Cruz Villanueva, el cinco de julio de dos mil veintidós, tal como se desprende del acta de notificación respectiva. Asimismo, cabe destacar que mediante auto de siete de julio de dos mil veintidós, el juez responsable tuvo por recibido el testimonio autorizado de la resolución reclamada y dictada por el magistrado responsable, por lo que en dicho acuerdo se ordenó notificar a las partes el fallo recibido. De tal modo que dicha determinación también le fue notificada al quejoso y su defensa a través de cédula de siete de julio de dos mil veintidós (foja 4300 del tomo I del cuaderno de pruebas relativo a la causa penal). En ese contexto, aun tomando en cuenta la segunda fecha como notificación del acto reclamado, la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea. Ello es así y que el plazo de quince días hábiles transcurrió del once al veintinueve, ambos de julio de dos mil veintidós. De dicho periodo deben descontarse únicamente los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de julio pasado, por corresponder a sábado y domingo. Sin que proceda descontar del término señalado el periodo vacacional del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ello en atención a que el juez primigenio responsable también notificó al quejoso a través de su defensa el fallo recibido y al obrar copia certificada de dicha determinación en el proceso penal, el quejoso tenía acceso total tanto a la resolución reclamada como a la causa penal. Máxime que el juzgado responsable siguió laborando mediante el sistema de guardias de manera ininterrumpida durante el mes de julio, según oficio SE/3750/2022 de veintinueve de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado y enviado a este Juzgado de Distrito, el cual obra agregado en el cuaderno de varios correspondiente a este año, en el que se informó que los órganos jurisdiccionales a los que corresponde conocer de la materia penal continuarían laborando mediante guardias. Lo que se aprecia de la digitalización del oficio correspondiente. D De ahí que quien suscribe considera que el quejoso y su defensa tenían total acceso al acto reclamado y a las constancias respectivas, a fin de integrar su defensa y, en su caso, redactar y presentar su demanda de amparo oportunamente, pues contaba con los elementos necesarios para preparar y formular el libelo constitucional. Es así que el que suscribe no inadvierte el contenido de la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DIAS INHABILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.", en tanto los motivos que dieron origen a esa tesis, en el sentido de no tomar en cuenta los días de vacaciones (o inhábiles) de las responsables para efecto del plazo de la interposición del amparo indirecto, emergen precisamente de la imposibilidad de acceder a las constancias (y obtener la entrega de copias) para sustentar su defensa. Empero, en el particular, como ya se precisó, se cumple con la finalidad de tal criterio, esto es, que el quejoso tuvo acceso cabal y completo a los elementos necesarios para formular eficazmente su demanda de amparo indirecto, al menos desde la notificación realizada por el juez natural. Más aún porque en la notificación en cita se comunicó al quejoso la recepción y contenido del fallo aquí reclamado. Por tanto, al haberse presentado la demanda de amparo hasta el cinco de agosto de dos mil veintidós, según se advierte del sello plasmado por la Oficina de Correspondencia Común, con sede en esta ciudad, se evidencia que ello sucedió en exceso del plazo precitado, ya que tanto el quejoso como su defensor particular fueron notificados del acto reclamado, al menos, desde el siete de julio de dos mil veintidós. Por ende, operó el consentimiento tácito del aquí quejoso con el contenido de la resolución reclamada, de manera que se actualiza la improcedencia estipulada por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el consentimiento de que se ha venido hablando no es expreso, ni por manifestaciones de voluntad que así lo impliquen, pues, se insiste, la sola circunstancia de no presentar la demanda de amparo oportunamente se traduce en un consentimiento tácito del acto reclamado, esto es, una omisión del interesado, y no su conducta positiva, cuya sanción procesal consiste en la improcedencia del juicio de amparo. Al respecto tienen aplicación las tesis siguientes: Jurisprudencia 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fojas 38, Décima Época, Registro: 2009174, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA"; y Tesis con registro digital 2023063, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)].". En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. En ese contexto, al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados, quien suscribe se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación expuestos, respecto del acto reclamado precisado con antelación ya que el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia VI. 2o. J/3, registro: 230809 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 688, Época: Octava Época, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que obste a lo anterior el hecho de que en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se haya admitido la demanda de amparo, toda vez que se tiene oportunidad hasta este momento para advertir la extemporaneidad antes analizada, ello en razón de que fue hasta que las autoridades rindieron sus respectivos informes y remitieron las constancias relativas que se pudo verificar la fecha de notificación del acto reclamado, resultando con ello inexacta la proporcionada por el quejoso en su escrito aclaratorio. Aunado a ello que las partes también pueden hasta la audiencia constitucional aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, a efecto de desvirtuar la fecha en que se advierta que hayan conocido los actos reclamados; lo cual por cierto no se realizó. De ahí que es válido que al emitir la presente resolución se declare actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la ley de la materia, al haberse presentado la demanda de amparo fuera del plazo legal de quince días hábiles que para tal efecto prevé la ley de la materia. Al efecto resulta conveniente citar la tesis de la Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Abril de 1996, página 477, registro 202792, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO". Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados tanto al juez primigenio como a las restantes autoridades por no reclamarse por vicios propios. Dado el sentido del presente fallo resulta innecesario atender a los alegatos formulados por el Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, máxime que no forman parte de la Litis. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Freddy Cárdenas Santana, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
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