Fredy Berrum Calderon
Expediente 691/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/07/2019
Partes del expediente
- Fredy Berrum Calderon
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto dictado el doce de junio de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicación que el presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de junio de dos mil diecinueve. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, donde el Presidente Estatal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde informe justificado y remite copia certificada de diversas actuaciones del expediente laboral 122/2017. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que el acto reclamado por el quejoso lo hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada a finales de marzo de este año en el expediente 122/2017. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS. Ahora, la autoridad responsable al rendir su informe justificado negó parcialmente la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las constancias que envió como complemento a su informe justificado, pues como ya se estableció, el quejoso se duele de la omisión o falta de contestación del escrito presentado a finales de marzo de este año en el expediente 122/2017; sin embargo, de dichas constancias se advierte que el veinte de mayo del año en curso, la responsable acordó la promoción presentada el veintiséis de marzo pasado, por el apoderado legal del aquí quejoso, donde se señalaron las diez horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, para la diligencia de reinstalación, determinación que fuera notificada de manera personal a Amando Martinez Lara (apoderado legal del quejoso) el diez de junio del año en curso; es decir con posterioridad a la presentación de la demanda (tres de junio de dos mil diecinueve). Atento a lo anterior y del contenido del informe justificado de la autoridad responsable, así como de las constancias remitidas, a las cuales al ser documentales públicas tienen valor probatorio pleno, procede sobreseer el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia, se analizaran de oficio, el suscrito advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos de la falta de contestación reclamada. En efecto, el quejoso reclama la falta de contestación a al escrito de veintiséis de marzo pasado, en el que solicitó al tribunal responsable, señalara día y hora para la diligencia de reinstalación en el expediente laboral 122/2017, no obstante de las constancias remitida por la autoridad responsable se advierte que en proveído de veinte de mayo de dos mil diecinueve, se emitió un acuerdo en respuesta a la solicitud del quejoso, determinación que fuera notificada el diez de junio del año en curso; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, al haberse emitido la contestación a la promoción que fue elevada a la responsable el veintiséis de marzo del año en curso, notificada el diez de junio del año en curso, razón por la cual el acto combatido dejó de afectar la esfera jurídica del peticionario del amparo, por lo que resulta ocioso examinar su constitucionalidad, ya que no está surtiendo efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser eliminada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Sin que en el caso haya lugar a analizar el contenido de dicha determinación pues no fue materia del presente juicio de amparo. Asimismo, en el caso no ha lugar a dar vista al quejoso para que manifesté si es su deseo o no señalar como acto reclamado la contestación que emitió la responsable. Esto es así, ya que el impetrante en su calidad de actor es parte en el proceso del que deriva la omisión reclamada, que le permite intervenir directamente para conocer las determinaciones que ahí se dictan. Asimismo, porque la solicitud que realizó el quejoso, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8 constitucional, cuando el justiciable eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un procedimiento, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Ahora, no se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, esa jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque ésta abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, que no constituye la litis en este juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en el juicio. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
- Principal
(se lista aviso parte quejosa) Toluca, Estado de México; doce de junio de dos mil diecinueve. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, donde el Presidente Estatal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde informe justificado y remite copia certificada de diversas actuaciones del expediente laboral 122/2017. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que el acto reclamado por el quejoso lo hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada a finales de marzo de este año en el expediente 122/2017. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS. Ahora, la autoridad responsable al rendir su informe justificado negó parcialmente la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las constancias que envió como complemento a su informe justificado, pues como ya se estableció, el quejoso se duele de la omisión o falta de contestación del escrito presentado a finales de marzo de este año en el expediente 122/2017; sin embargo, de dichas constancias se advierte que el veinte de mayo del año en curso, la responsable acordó la promoción presentada el veintiséis de marzo pasado, por el apoderado legal del aquí quejoso, donde se señalaron las diez horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, para la diligencia de reinstalación, determinación que fuera notificada de manera personal a Amando Martinez Lara (apoderado legal del quejoso) el diez de junio del año en curso; es decir con posterioridad a la presentación de la demanda (tres de junio de dos mil diecinueve). Atento a lo anterior y del contenido del informe justificado de la autoridad responsable, así como de las constancias remitidas, a las cuales al ser documentales públicas tienen valor probatorio pleno, procede sobreseer el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia, se analizaran de oficio, el suscrito advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos de la falta de contestación reclamada. En efecto, el quejoso reclama la falta de contestación a al escrito de veintiséis de marzo pasado, en el que solicitó al tribunal responsable, señalara día y hora para la diligencia de reinstalación en el expediente laboral 122/2017, no obstante de las constancias remitida por la autoridad responsable se advierte que en proveído de veinte de mayo de dos mil diecinueve, se emitió un acuerdo en respuesta a la solicitud del quejoso, determinación que fuera notificada el diez de junio del año en curso; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, al haberse emitido la contestación a la promoción que fue elevada a la responsable el veintiséis de marzo del año en curso, notificada el diez de junio del año en curso, razón por la cual el acto combatido dejó de afectar la esfera jurídica del peticionario del amparo, por lo que resulta ocioso examinar su constitucionalidad, ya que no está surtiendo efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser eliminada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Sin que en el caso haya lugar a analizar el contenido de dicha determinación pues no fue materia del presente juicio de amparo. Asimismo, en el caso no ha lugar a dar vista al quejoso para que manifesté si es su deseo o no señalar como acto reclamado la contestación que emitió la responsable. Esto es así, ya que el impetrante en su calidad de actor es parte en el proceso del que deriva la omisión reclamada, que le permite intervenir directamente para conocer las determinaciones que ahí se dictan. Asimismo, porque la solicitud que realizó el quejoso, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8 constitucional, cuando el justiciable eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un procedimiento, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Ahora, no se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, esa jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque ésta abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, que no constituye la litis en este juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la misma legislación, se sobresee en el juicio. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; cinco de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 691/2019-I. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la nueva Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve. ADMISIÓN SIN SUSPENSIÓN No se ordena formar incidente de suspensión, pues la parte quejosa no solicitó dicha medida cautelar, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérasele a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se hará acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. En términos del artículo 5, fracción III, inciso b), se tiene como tercero interesado en este asunto a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo, notifíquese la radicación del presente juicio a la parte tercera interesada en mención; asimismo, hágase de su conocimiento el derecho que tiene para apersonarse al juicio y la fecha señalada para la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve). NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables y tercero interesada, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona mencionada en la demanda de amparo dada la naturaleza jurídica del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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