Franco Refugio Vargas Estrada
Expediente 1898/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1898/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/01/2019
Partes del expediente
- Franco Refugio Vargas Estrada
Actuaciones
- Principal
I. Toluca, Estado de México; siete de enero de dos mil diecinueve. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es destruible, punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la razón de cuenta a través de la cual la Actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa Anselma Estrada González, por propio derecho, en representación de Franco Refugio Vargas Estrada, el proveído de diecinueve de diciembre pasado, por los motivos expuestos en la misma. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior y a las consideraciones expuestas por la fedatario judicial, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícense la notificación del proveído en mención, y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este órgano jurisdiccional, toda vez que el quejoso señalo ese domicilio para tales efectos. Notifíquese por medio lista a la parte quejosa Anselma Estrada González, por propio derecho, en representación de Franco Refugio Vargas Estrada el auto de diecinueve de diciembre del año en curso. )Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Anselma Estrada González, por propio derecho, en representación de Franco Refugio Vargas Estrada contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio de Temascaltepec, México y otras; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1898/2018-I. En principio, es menester transcribir los artículos primero y segundo transitorios de la vigente Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, los cuales disponen: "PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente Ley." Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 62 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, así como diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de referencia. Tal consideración se expone, pues de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, al respecto, se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen, por las razones siguientes. Auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho emitido por la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Temascaltepec. Traslado del centro preventivo de Temascaltepec, Estado de México al Centro Federal Número Catorce de Durango. Oficio 23221A000/15964/2018 signado por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." De acuerdo con los preceptos legales referidos, por regla general el juicio de garantías debe ser promovido por el titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y por excepción lo podrá promover cualquier otra persona en su nombre cuando: 1) Éste se encuentre imposibilitado para promoverlo; y, 2) Sólo respecto de actos expresamente señalados por la ley, a saber: los precisados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, resulta claro que la promovente Anselma Estrada González no se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo, pues los actos reclamados, identificados con antelación, sólo afectan la esfera jurídica de Franco Refugio Vargas. Por tanto, es necesario precisar que la legitimación está íntimamente ligada al concepto de parte, pues implica la capacidad de promover el amparo con ese carácter, en virtud de que dicha legitimación no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia del amparo y consiste en la identidad del agraviado con la persona quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; por tanto, el impetrante estará legitimado para promoverlo, cuando ejercite un derecho que realmente le corresponde o que afecte su esfera jurídica, circunstancia que en el caso no acontece, pues los actos reclamados ya referidos sólo afectan la esfera jurídica de Franco Refugio Vargas En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado al titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, quienes estarán facultados para acudir ante el órgano de control constitucional para solicitar el cese de esa afectación, de lo cual se reitera que ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye la legitimación que debe recaer en el promovente que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. El presupuesto jurídico contenido representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si los actos reclamados no violan los derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, sino otros de diversa índole que no tengan ese carácter, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio resulta improcedente por falta de legitimación para promover. En el presente asunto, Anselma Estrada González promueve la demanda de amparo en representación de Franco Refugio Vargas Estrada, lo cual no es suficiente para tener por acreditada la representación pretendida, pues los actos impugnados por esta vía constitucional no constituye alguno de los exigidos por la ley, para poder ser promovido por persona diversa al agraviado; ya sea un pariente o persona extraña. Pues no se advierte que los actos reclamados consistentes en la orden de traslado a diverso centro de reclusión; encuadren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 22 constitucional, para estimar que el agraviado no puede promover por derecho propio, tal como lo dispone el numeral 15 de la Ley de Amparo, extremos que deben acreditarse a fin de determinar la imposibilidad de Franco Refugio Vargas Estrada para promover el juicio de amparo por propio derecho. En efecto, el artículo 15 de la Ley de Amparo establece: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En este caso, el Juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. Por tanto, resulta inconcuso que la demanda en estudio debió tramitarla directamente Franco Refugio Vargas Estrada y, al no ocurrir tal situación, se justifica proceder conforme con lo apuntado en párrafos precedentes, pues en todo caso, el inconforme debió instar la protección constitucional a través de apoderado legal, tal como lo dispone el artículo 10 de la Ley de Amparo, o bien, a través de su defensor, en términos de lo dispuesto en el diverso 14. Pues el promovente hizo valer el juicio constitucional en representación de otro; sin embargo, no se está en presencia de alguno de los supuestos exigidos por la ley para considerar que el solicitante tiene legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional. Tal aseveración se sostiene al estimar que tales supuestos son: a) Si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo según el artículo 15 de la Ley de Amparo. b) El acto reclamado emane de un procedimiento judicial y pueda acreditarse la personalidad con la cual se ostenta el promovente, con la certificación emitida por el juez responsable, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo. En este asunto no se acredita alguno de los supuestos citados pues: 1) Los actos reclamados consistes en auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho emitido por la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio del Distrito Judicial de Temascaltepec, así como el traslado del Centro Preventivo de Temascaltepec, Estado de México al Centro Federal Número Catorce de Durango y el oficio 23221A000/15964/2018 signado por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México; los cuales no son considerados como algunos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para constatar que el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el juicio de amparo, según el numeral 15 de la Ley de Amparo, pues dichos actos por sí solos no ponen en peligro la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (esto es, no se trata de penas de mutilación, ni de infamia, marcas, azotes, palos, ni tormento de alguna especie, ni cualquier otra pena inusitada y trascendental); así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales 2) Los actos reclamados no emanan de un procedimiento judicial, del cual pudiera acreditarse la representación con la cual se ostenta el promovente, con la certificación emitida por el juez respectivo. A la presente determinación se estima aplicable, por haber interpretado disposición de contenido similar, la tesis publicada en la página 272 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." Así como, en lo conducente, la tesis publicada en la página 45 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Primera Parte, Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Y, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el treinta de enero de dos mil dos, al resolver el recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo 600/2001, formado con motivo de la demanda promovida por Anselma Estrada González, por propio derecho, en representación de Franco Refugio Vargas Estrada contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio de Temascaltepec, México y de otras autoridades, la cual en la parte conducente dice: "...Así pues, este órgano Colegiado, contrario a lo estimado por el recurrente en su escrito de agravios, considera que el proveído recurrido se encuentra ajustado a derecho, puesto que como correctamente lo señaló el A quo, el peticionario de garantías en la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se encontraba en ninguno de los supuestos que establece el artículo 17 de la ley de Amparo, es decir, el acto que reclamó en su nombre Idelia Beltrán Lugo, no representaba en su contra un peligro de privación de la vida, algún ataque a su libertad personal fuera de procedimiento judicial, o que se tratare de deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, relativos a mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, casos en los cuales puede actualizarse la representación provisional, esto es, que la demanda de amparo sea presentada por cualquier otra persona que no sea el quejoso directo, criterio que obedece a la preeminencia del interés en juego, al existir una razón de protección preferente a bienes superiores, desde el punto de vista axiológico y jurídico, por lo que, al no ubicarse el peticionario de garantías en ninguna de esas hipótesis se estima que no se encontraba imposibilitado para firmar la promoción del juicio de amparo, pues el hecho de que se haya dispuesto su cambio de módulo y dormitorio en el interior del Centro de reclusión referido, no se traduce, como lo afirma el inconforme, en un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento judicial, en razón de que precisamente el peticionario de garantías ya se encontraba privado de su libertad, situación ajena al motivo de su petición de amparo y, únicamente se dispuso su cambio de lugar habitual de permanencia en ese centro, razón por la cual, se estima que no se encontraba materialmente impedido para promover el amparo..--- Consecuentemente, lo procedente es confirmar el auto recurrido y desechar la demanda de amparo de que se trata.--- Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO.- SE CONFIRMA el auto recurrido.--- SEGUNDO.- SE DESECHA, la demanda de garantías promovida por Miguel Angel Beltrán Lugo, respecto del acto y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria..." Ante lo expuesto, debe considerarse que el solicitante del amparo carece de legitimación para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, así como los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista José Arturo Belmonte Cruz y Pablo Rogelio Duran Arcuri, y a las personas restantes solo para ori y recibir notificaciones, por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
vii)Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por ********************, perito oficial, a través del cual emite su dictamen en materia de topografía solicitado en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, requiérase ********************, perito oficial, por conducto del Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la Republica, Delegación Estado de México, para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, se presente ante este órgano jurisdiccional, a fin de ratificar su dictamen. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso, se le hará efectivo el apercibimiento contenido en auto de dos de octubre del presente año. Notifíquese.
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