Fredi Huerta Escobar
Expediente 945/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fredi Huerta Escobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del diecisiete al treinta de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve del propio mes y año, dentro del juicio de amparo número 945/2017-5; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se negó y se concedió la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver. Si existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, uno de febrero de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha nueve de enero del año en curso, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; y por otra, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, y por lo tanto este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente; y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Juez Segundo del Ramo Penal de Cieneguillas, Zacatecas, el duplicado del proceso penal 11/2016-II, que remitió en alcance a su informe justificado y que obra por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 945/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, Fredi Huerta Escobar, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Juez Primero del Ramo Penal. 2. Juez Segundo del Ramo Penal. Ambos del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas. 3. Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado primero citado. 4. Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado segundo referido. ACTO RECLAMADO: - La orden de aprehensión y/o presentación. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. En auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 11 y 12), el titular de dicho órgano jurisdiccional ordenó registrar la demanda con el expediente 948/2016 y la admitió a trámite. El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, inició la audiencia constitucional (foja 191). En resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se declinó la competencia legal para conocer del asunto, por razón de territorio, en favor del Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno, por lo que se ordenó remitir los autos a la oficialía de correspondencia común respectiva (fojas 2 a 4). Los autos fueron turnados a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. En auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 196 a 199), se registró la demanda con el expediente 945/2017 y se aceptó la competencia planteada, por lo que, al ya haber iniciado la audiencia constitucional del juicio, se ordenó poner los autos estado de pronunciar sentencia (fojas 196 a 199); y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado constituye una orden de aprehensión atribuida a autoridades ordenadoras y ejecutoras con residencia en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La orden de aprehensión girada contra el amparista y su ejecución. TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridades que no revisten el carácter de responsables. El juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas negó la existencia del acto reclamado (foja 17). No obstante, como se verá, la orden de aprehensión reclamada resulta cierta en relación con la Juez Segundo del Ramo Penal del distrito judicial referido. De ahí que respecto del juez primero en comento, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento. Sin que a los agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados señalados como responsables les corresponda el carácter de autoridad en relación con la orden de aprehensión reclamada, pues, en términos del numeral 189 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, se desprende que la labor de dichos representantes sociales se limita únicamente a la transcripción del mandamiento de captura a las autoridades aprehensoras, de lo que se sigue que no le corresponde la ejecución material de tales actos y, en esa medida, no cuenta con facultades de decisión respecto de dicho cumplimiento. Por tanto, se sobresee en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas aceptó la existencia de la orden de aprehensión reclamada, pues adujo que dictó tal mandamiento en la causa penal 11/2016 de su índice, seguida contra el quejoso por el delito de homicidio simple en perjuicio de Christian Selene Frayre Castorena (foja 26, folio azul). Asimismo, remitió el duplicado del proceso referido; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de la orden de aprehensión reclamada, lo que hace inminente su ejecución. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante pliego de consignación recibido el cinco de julio de dos mil dieciséis (foja 1 del cuaderno de pruebas) por el Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas, la agente del Ministerio Público Especial para la Investigación de Homicidios Dolosos, Secuestros y Asociación Delictuosa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, ejerció acción penal contra Fredi Huerta Escobar por su probable responsabilidad en el delito de homicidio simple en agravio de Christian Selene Frayre Castorena, por lo que solicitó se girara orden de aprehensión contra el inculpado (fojas 387 a 402 del tomo de pruebas). 2. En auto de cinco de julio de dos mil dieciséis, la titular del juzgado citado ordenó radicar la causa penal con el expediente 11/2016 y reservó la resolución sobre la emisión de la orden de aprehensión solicitada (foja 403). 3. En resolución de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó la aprehensión del inculpado por su probable responsabilidad en el delito imputado (fojas 406 a 420). La determinación anterior integra la materia de la litis constitucional. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados, aun suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a, como se argumentará a continuación. Como cuestión previa cabe precisar que el presente juicio se resolverá de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas abrogado el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, en razón que de conformidad con el artículo único del decreto publicado el uno de noviembre de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, declaró que el Estado de Zacatecas incorporaba a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entraría en vigor de manera progresiva y por distritos judiciales, conforme a lo siguiente: I. A las cero horas del día cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacatecas, Calera, Ojocaliente, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Tlaltenango, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Miguel Auza, Concepción del Oro y Río Grande. II. A las cero horas del día cuatro de enero de dos mil dieciséis, para los Distritos Judiciales de Pinos, Loreto, Sombrerete y Fresnillo. En el caso, la averiguación previa penal de la que derivó la causa penal de origen, inició el diez de noviembre de dos mil cinco (foja 2 del cuaderno de pruebas) y, como se reseñó, se judicializó el cinco de julio de dos mil dieciséis, es decir, aún no entraba en vigor el nuevo sistema de justicia penal para el distrito judicial de la ciudad de Zacatecas, por lo que el análisis del acto reclamado se realizará a luz de la legislación procesal aplicable en esa época, esto es, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, publicado el diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y siete, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. El quejoso refiere que el acto reclamado trasgrede el artículo 14 constitucional, pues se pretende privarlo de su libertad sin que se cumplan las formalidades del procedimiento, lo que viola sus derechos fundamentales. Así, en esencia, en lo alegado subyace la violación a la garantía de audiencia del quejoso, en virtud de la emisión de la orden de aprehensión reclamada. El argumento anterior es infundado, conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, el artículo 16 de la Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. De lo anterior se advierte la distinción constitucional entre: (i) actos de molestia y (ii) actos privativos. Los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. En cambio, los actos de molestia son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho. Así, los primeros tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento; de manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. La orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye y se pueda resolver su situación jurídica. Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso. Así, la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se formule la imputación. En consecuencia, una orden de aprehensión constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al inculpado. Lo anterior tiene sustento en el contenido del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece: Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Del precepto anterior destaca que la audiencia del inculpado no constituye un requisito previo a la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo implícitamente alegado, no es requisito para el dictado de la orden de aprehensión que se otorgue al inculpado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Novena Época, del siguiente contenido literal: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Luego, el concepto de violación en análisis resulta infundado, pues en el juicio natural no era necesario que con anterioridad a la emisión de la orden reclamada se siguiera un procedimiento con las formalidades esenciales que permitieran la defensa, pues precisamente para tal efecto se gira el mandamiento de captura. Por otra parte, el amparista arguye, en esencia, que el acto reclamado trastoca el artículo 16 constitucional, en tanto únicamente puede ser molestado, en relación con su libertad personal, por mandamiento escrito de la autoridad judicial que funde y motive la causa legal del procedimiento. El concepto de violación anterior es infundado: En principio, se reitera, el artículo 16 constitucional establece: Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. El precepto anterior establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad. b) Debe estar acreditado el cuerpo del delito. c) Debe estar demostrada la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 188 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas establece lo siguiente: ARTICULO 188. Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 Constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público. La resolución respectiva contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y la clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos, y se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público para que éste ordene a la policía su ejecución. El artículo transcrito establece que satisfechos los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión, contra el imputado, a pedimento del Ministerio Público. Que dicha orden contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven y los fundamentos en que se base, así como la clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos. De manera que los requisitos para la emisión de una orden de aprehensión se integran por los presupuestos que marca el precepto constitucional citado, relativos a la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. La demostración de los elementos del tipo penal sólo debe realizarse en la sentencia definitiva, en tanto comprende la corroboración de que en los hechos existió una conducta típica, antijurídica y culpable. Mientras que el cuerpo del delito supone un estándar probatorio menos estricto, dado que únicamente tiene carácter presuntivo, al ser materia del proceso el análisis definitivo; es decir, el estudio que se realice de los hechos ilícitos es preliminar. Por tanto, la acreditación del cuerpo del delito en una orden de aprehensión implica que existen condiciones suficientes para iniciar un proceso, pero no para determinar la actualización de un delito. Sirve de sustento para lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página 912, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba. Entonces, para que el juez válidamente pueda dictar una orden de aprehensión debe determinar que se encuentra acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Los artículos 293 y 297 del Código Penal para el Estado de Zacatecas establecen: Artículo 293 .Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Artículo 297. Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga señalada una sanción especial en este Código, se le impondrán de ocho a veinte años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas. De los numerales transcritos se desprenden los elementos del delito de homicidio simple y su sanción con pena privativa de la libertad. Además, en términos del artículo 108 del código adjetivo penal en cita, se trata de un delito perseguible de oficio, pues no se establece expresamente que sea necesaria querella. Por tanto, el delito de homicidio es de persecución oficiosa y se encuentra sancionado con pena de prisión, lo que colma los presupuestos formales que establece el artículo 16 constitucional para que pueda emitirse una orden de aprehensión por dicho ilícito, en relación con la naturaleza de la pena y la existencia de una denuncia. El ilícito en comento se integra con los siguientes elementos: a) La privación de la vida de una persona; b) Que esa privación sea consecuencia de una causa externa, atribuible a una conducta intencional humana. En el acto reclamado, de manera toral, se estimó acreditada la existencia del cuerpo del delito anterior y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Lo anterior, en esencia, porque existían medios de prueba suficientes para considerar demostrado que la víctima falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico generado intencionalmente por el sujeto activo y que probablemente éste correspondía al quejoso. Determinación que se considera correcta, pues de las constancias que integran la causa penal de origen se desprende que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de homicidio simple y la probable responsabilidad de Fredi Huerta Escobar en su comisión. Cuerpo del delito El primero de los elementos del cuerpo del delito consistente en la privación de la vida de la víctima, tal como se consideró en el acto reclamado, se encuentra acreditada con: 1. La inspección ministerial de diez de noviembre de dos mil cinco, realizada en el domicilio ubicado en la calle Francisco Pizarro, ciento veintiuno, en el fraccionamiento Lomas Bizantinas, en Zacatecas, Zacatecas, en la que el agente investigador dio fe de que las cerraduras del inmueble ubicado en dicho lugar no presentaban signos de violencia; en el lugar se encontraba Fernando Salinas de Ávila, quien dijo ser representante del propietario (Manuel Sandoval Acero) y facilitó el acceso al lugar, donde encontró un cadáver del sexo femenino en posición decúbito dorsal, con las extremidades inferiores entreabiertas, de aproximadamente veintiún años, cubierta con una colcha color rosa de los pies hasta debajo de los hombros, con el pantalón y ropa interior bajados hasta las rodillas (fojas 4 a 6 del cuaderno de pruebas). Actuación que cobra valor probatorio de conformidad a los artículos 3, 14, 107, 124 y 276, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas al haberse realizado por el agente investigador en cumplimiento de su función de indagar los hechos delictivos. De lo anterior se desprende que la víctima fue encontrada sin vida en el domicilio asentado. 2. Dictamen médico de autopsia emitido por los médicos Patricia del Hoyo Bramasco y Tomás Figueroa Cruz, quienes determinaron como causa de la muerte un traumatismo craneoencefálico con un tiempo del fallecimiento de cuarenta y ocho a noventa y seis horas de iniciada la necropsia (diecinueve horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil cinco) -fojas 19 a 21 del cuaderno de pruebas-. Pericial que cuenta con valor probatorio de conformidad con el artículo 280 del código procesal penal, pues fue emitido por expertos en medicina que describieron el cadáver en comento y los hallazgos que encontraron, en particular, un hematoma de cuero cabelludo que medía cinco por cuatro centímetros en la región occipital a nivel de la línea sagital; por lo que se estima que fue emitido con la debida fundamentación y motivación para sostener la conclusión a la que llegaron dichos peritos. Por tanto, se encuentra acreditada la causa de la muerte del cadáver encontrado y el tiempo en que dicho fallecimiento probablemente aconteció. De los medios de convicción anteriores es patente el fallecimiento de la víctima, pues fue encontrado su cuerpo sin vida en las circunstancias destacadas, a causa de un traumatismo craneoencefálico. El segundo de los elementos del cuerpo del delito, relativo a que la causa de la muerte tenga como origen una causa externa intencional, se encuentra acreditado en virtud de las circunstancias en que fue encontrada la víctima. En efecto, como se valoró por el juez responsable, del dictamen pericial de campo practicado por Edmundo Haro Ortiz (fojas 89 a 107 del tomo de pruebas), se desprende que, al analizar la escena del crimen, dicho experto concluyó que: a) en virtud de la presencia de livideces posteriores y la forma del escurrimiento hemático proveniente de la nariz, probablemente la posición apreciada en el cuerpo de la víctima correspondía a su posición original y posterior a su deceso; b) Las prendas que portaba la finada mostraban alteración en su acomodo, ya que el pantalón y pantaleta se encontraban corridos hacia abajo. Dictamen pericial que cuenta con valor probatorio de conformidad con el artículo 280 del código procesal penal, pues fue emitido por un experto en criminalística que describió el lugar de los hechos y expuso las razones de sus conclusiones, en particular, resulta plausible considerar que el escurrimiento de sangre advertido constituya un indicio que haga probable que la víctima no fue movida de posición tras fallecer, porque de otra manera es razonable inferir que existirían patrones de escurrimiento divergentes. En esa línea, el hecho de que se encontrara a la víctima con el pantalón y la ropa interior debajo de la rodilla genera la posibilidad de que se hubiera realizado tal alteración post mortem, lo que revelaría la existencia de un sujeto que se encontró en el lugar de los hechos con posterioridad a la muerte. Asimismo, en la indagatoria natural, obra el dictamen en mecánica de lesiones realizado por la médico Patricia del Hoyo Bramasco (fojas 133 a 151 del tomo de pruebas), en la que, en lo conducente, determinó la que el cadáver de la víctima presentaba tres contusiones, a saber, en la región esternal, en la región parietal y en la región occipital (foja 139). Sobre esa base, y en virtud de que había determinado que la posición del cuerpo correspondía a la inmediata posterior al deceso (por la lividez presentada y la forma del escurrimiento hemático encontrado en la nariz), concluyó tres hipótesis: 1. La víctima recibió un golpe en el esternón, perdió el equilibrio, cayó hacia atrás, golpeándose la región occipital con la esquina de la pared o esquina del mueble situado al norte de su cabeza y la región occipital con el piso (foja 140). 2. La víctima recibió una contusión a nivel esternal y otra en la región parietal y cayó de su propia altura golpeándose con el piso en la región occipital (foja 141). 3. La víctima recibió tres golpes en las regiones descritas. Dictamen pericial que cuenta con valor probatorio de conformidad con el artículo 280 del código procesal penal, pues fue emitido por un experto en medicina legal sobre la base del análisis de las lesiones que se observaron en la necropsia de la víctima y expuso las razones sustento de las conclusiones, las que resultan razonables en virtud de que es verosímil determinar que derivado de la ubicación diversa de las contusiones detectadas no es posible que hubieran sido causadas solamente por la caída accidental de la persona fallecida. Así, de la opinión destacada, se infiere que las lesiones que presentó la víctima tuvieron como origen, al menos parcialmente, la contusión con un objeto indeterminado causada por un sujeto activo. Lo anterior resulta congruente con el hecho descrito en la diligencia de inspección ministerial y levantamiento del cadáver relativo a que el cuerpo se encontró cubierto parcialmente con una colcha color rosa (foja 4, reverso, del cuaderno de pruebas); esto, porque la circunstancia destacada, en relación con las lesiones presentadas por el cadáver, hace probable que el cuerpo fue cubierto ya que se encontraba en el suelo, es decir, después de acontecido el fallecimiento, lo que revela la existencia de un sujeto activo que lo cubrió y, por ende, hace plausible que también fuera quien propinó la o las lesiones que derivaron en la muerte de la víctima. Es así, pues no es verosímil que si se hubiera tratado de una caída accidental, el cuerpo quedara cubierto por una colcha en la forma en que se describió, además que presentara lesiones que, como se destacó, no pudieron explicarse por una sola caída o accidente. En particular, lo relativo al estado en que se encontraba el cuerpo, se encuentra corroborado por lo declarado por Luis Fernando Salinas de Ávila, quien manifestó (foja 11): 1. El dueño del inmueble donde fue encontrado el cadáver (Manuel Sandoval Acero) le solicitó sus servicios para que cobrara la renta del arrendamiento que se había realizado de aquél a la víctima. 1.1. Para tal efecto, le proporcionaron el duplicado de las llaves del lugar. 2. El nueve de noviembre de dos mil cinco, aproximadamente a las veinte horas, se trasladó al domicilio citado, tocó la puerta, pero no obtuvo respuesta, por lo que al advertir las luces apagadas del lugar, supuso que la arrendataria ya había abandonado el inmueble (pues el dueño le comentó que habían buscado en reiteradas ocasiones a la inquilina sin éxito) y entró con el duplicado de llaves que le fue otorgado. Sin entrar completamente, encendió la luz, observó que había una persona acostada en el suelo cubierta con una colcha rosa, por lo que inmediatamente apagó la luz, cerró la puerta y se retiró del lugar con la intención de regresar al día siguiente. 3. El diez siguiente, al regresar al domicilio, tocó insistentemente sin que fuera atendido, por lo que entrevistó a la vecina de la casa de lado, quien refirió que tenía días que no veía a la inquilina. Le solicitó a la entrevistada que lo acompañara para que atestiguara que no iba sacar nada del lugar; abrió el domicilio, observó claramente que había una persona recostada en el suelo, cubierta con una cobija rosa y percibió un olor fétido, por lo que infirió que se trataba de un cadáver. Dicho medio de convicción adquiere valor probatorio de conformidad con los artículos 277 y 282 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, puesto que de lo declarado se advierten coherentemente las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se encontró el cadáver, en particular, cubierto con una cobija color rosa. Asimismo, no se cuenta con elemento alguno que implique que el declarante no tiene la capacidad para juzgar el acto o que hubiera sido obligado a declarar por fuerza o miedo, impulsado por error, engaño o soborno. Y se trata de hechos propios que son susceptibles de ser percibidos; en particular, resulta verosímil la presencia del declarante al referirse que se le encomendó el cobró de la renta del inmueble involucrado y su desocupación, como abogado del dueño de dicho lugar. Declaración que resulta congruente con lo manifestado por José Manuel Sandoval Rincón (foja 58, reverso, del tomo de pruebas), en el sentido de que: 1. El seis de septiembre de dos mil cinco, rentó el inmueble en que se encontró el cadáver de la víctima. 2. El seis de octubre siguiente, habló por teléfono con la arrendataria, quien le comentó que se encontraba en el municipio de Miguel Auza, Zacatecas, pero que ya iba para la ciudad de Zacatecas y que lo esperaba alrededor de las diecinueve horas para entregarle la renta. 3. A la hora señalada, acudió al domicilio arrendado, estuvo tocando la puerta, pero nadie abrió. 4. Al día siguiente, volvió a marcar al celular de la víctima para cobrarle la renta, pero mandaba a buzón de voz. 5. Por lo anterior, la estuvo llamando y buscando personalmente sin poder cobrar la renta. 5.1. El seis de noviembre acudió al domicilio arrendado para volver a cobrar la renta, por lo que comunicó la imposibilidad a su padre, quien solicitó los servicios de un abogado. Declaración que tiene valor probatorio de conformidad con los artículos 277 y 282 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, pues es coincidente en lo substancial en los hechos narrados y no se encuentra acreditada alguna circunstancia que reste credibilidad a lo manifestado. De manera que se encuentra corroborado periféricamente el dicho de la persona que encontró el cadáver, en lo relativo a que fungía como abogado del dueño del inmueble, lo que hace verosímil su presencia en el lugar de los hechos y que haya podido advertir las circunstancias en las que se encontraba el cadáver. Por tanto, como consideró la juez responsable, no puede determinarse que la víctima sufrió accidentalmente tres lesiones en lugares diversos y distantes, para quedar recostada en el suelo cubierta con una cobija y con los pantalones y ropa interior abajo, por lo que, hasta el momento procesal en que fue emitido el acto reclamado, lo razonable resulta considerar que un sujeto activo causó la muerte de la víctima de manera intencional. Lo expuesto, pues, en conformidad con lo considerado, al menos una de las contusiones de la víctima debió tener un origen distinto a la caída que tuvo ésta para quedar como fue encontrada en el suelo, lo que implica la existencia de un sujeto activo que propinó una contusión y, por ende, que tuvo la intención de dañar, lo que resultó en la muerte de la víctima. Aunado al hecho de que alguien necesariamente debió cubrir parcialmente el cuerpo de la fallecida con una cobija, con posterioridad a que quedó en el suelo sin vida. En ese sentido, como se destacó, en la necropsia que se realizó a la víctima el diez de noviembre de dos mil cinco (a las diecinueve horas con treinta minutos) se determinó como fecha probable del fallecimiento un rango de dos a cuatro días anteriores a que se realizó tal estudio médico (cuarenta y ocho a noventa y seis horas). Luego, la fecha probable de la muerte comprende los días seis a ocho de noviembre de dos mil cinco. En suma, tal como se determinó en el acto reclamado, en la causa penal natural, existen elementos de prueba suficientes para considerar acreditado que entre el seis al ocho de noviembre de dos mil cinco, la víctima fue privada de la vida en el domicilio que arrendaba en la ciudad de Zacatecas (calle Francisco Pizarro, ciento veintiuno, fraccionamiento Lomas Bizantinas), por un sujeto activo que propinó, al menos, una contusión intencional; lo que actualiza el tipo penal de homicidio intencional simple. Probable responsabilidad Como se determinó en el acto reclamado, la probable responsabilidad del quejoso se encuentra acreditada en la causa penal natural, conforme con lo siguiente: En principio, de la inspección ministerial del lugar de los hechos valorada, se desprenden dos indicios: 1. Se encontró evidencia de que la víctima vivía con una persona del sexo masculino que trabajaba para la empresa de transporte Omnibus, al encontrarse ropa de caballero y uniformes de esa empresa (foja 5 del cuaderno de pruebas). 1.1. En particular que dicha persona era el amparista, ya que se encontró una carta y una identificación de dicha empresa a su nombre. 2. No se encontraron indicios de que se hubiera forzado la entrada al domicilio. Por tanto, es plausible considerar que el sujeto activo debió entrar con el permiso de la víctima, de lo que se sigue que era conocido de ésta o vivía en dicho lugar. En esa línea, el padre de la víctima, Agustín Cerda Frayre, en lo conducente, declaró (foja 14): 1. Reconocía el cadáver como el de su hija, Christian Selene Frayre Castorena. 2. Ella vivía actualmente en la capital del Estado; estudiaba en esa ciudad. 3. Hace tres meses le dio la cantidad de mil pesos para que rentara una casa en el lugar que iba estudiar Por su parte, el hermano de la víctima, Agustín Frayre Frayre, en esencia, declaro (foja 15): 1. Reconoció el cadáver como el de su hermana Christián Selene Frayre Castorena. 2. Actualmente la víctima vivía en la capital del Estado, ya que estudiaba en dicha ciudad. 3. Se había enterado, meses antes del fallecimiento, que su hermana tenía una relación con un chofer de Omnibus de México; ella había trabajado en esa empresa hace cuatro o cinco meses. Asimismo, Gabriela Meraz Frayre, declaró (foja 25): 1. La víctima era su prima hermana. 2. Hacía cuatro meses, un martes en la tarde, recibió una llamada de la víctima informándole que se encontraba en la ciudad de Zacatecas, en la central camionera; a lo que respondió que la esperara para ir por ella. 3. Cuando la recogió, su prima le dijo que iba a estudiar en la preparatoria dos, por lo que se iba a estar un par de días en su casa en lo que rentaba un inmueble. 3.1. La víctima estuvo cuatro días desde que llegó, es decir, hasta el viernes de esa semana. 4. El jueves de esos días, llevó a la casa a Fredy, quien le había dicho era su novio y que trabajaba como operador en Ómnibus de México. Ese día se quedaron a dormir los dos en la casa y al día siguiente salieron juntos al medio día. De igual manera, Jaime Hernández Ibáñez, en esencia, declaró (foja 26): 1. Tenía cuatro años once meses que contrajo matrimonio con la víctima. 1.1. Procrearon dos hijos producto de esa relación. 2. Desde hace un año, tuvieron problemas, porque su esposa tuvo una relación extramarital con Rutilio Chávez. 3. Su esposa comenzó a trabajar en Ómnibus de México como despachadora de corridas y vendedora de boletos; duró cuatro meses laborando. 3.1. En ese lapso, recibió una llamada anónima en la que le informaron que su esposa tenía una relación con un compañero de trabajo. 3.2. Al confrontarla, le confesó que tenía una relación con una persona de nombre Fredy. 4. Por lo anterior tomaron la decisión de divorciarse. 4.1. En el mes de septiembre de dos mil cinco, se salió de la casa y se regresó con sus papás. La víctima le comentó si se podía quedar con los muebles de la casa ya que tenía la intención de irse a estudiar a la ciudad de Zacatecas y rentar un inmueble, incluso, le entregó la cantidad de tres mil pesos para tal arrendamiento. 5. El ocho de ese mes y año, su esposa le pidió que le llevara los muebles a la capital, a lo cual accedió y fue con una amigo a llevarlos, a una colonia casi enfrente de la central camionera. 6. Después de ese día, vio a la víctima en tres ocasiones, la última a mediados de octubre del año en referencia, para platicar de los detalles del divorcio, en particular, firmar la demanda que presentaron al juzgado de primera instancia y de lo familiar. Por último, obra la declaración de Ma. Abigail Frayre Castorena, quien, substancialmente, manifestó (foja 123): 1. Era tía de la víctima. 2. Su sobrina padecía de los nervios, al tener principios de esquizofrenia, incluso era agresiva, pero no quiso continuar con el tratamiento. 3. A raíz de esa situación, a mediados de agosto, se fue a vivir a la ciudad de Zacatecas a estudiar medicina, pero aún le faltaba la preparatoria. 4. Se enteró, por rumores familiares, que sostenía una relación amorosa con un operador de Ómnibus de México que se llamaba Fredi, sin conocerlo. Declaraciones que adquieren valor probatorio de conformidad con los artículos 277 y 282 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, puesto que de lo declarado se advierten coherentemente las circunstancias de tiempo, lugar y modo de los hechos narrados, lo que coinciden en cuanto a la substancia. Asimismo, no se cuenta con elemento alguno que implique que los declarantes no tienen la capacidad para juzgar el acto o que hubieran sido obligados a declarar por fuerza o miedo, impulsados por error, engaño o soborno. Y se trata de hechos propios que son susceptibles de ser percibidos; en particular, resulta verosímil que se enteraran del cambio de residencia de la víctima y de la relación amorosa que sostenía recientemente a su muerte, en virtud del lazo familiar que tenían con ella. Por tanto, de las declaraciones anteriores, en su conjunto, se desprende, indiciariamente, lo siguiente: I. La víctima se había mudado a la capital del estado a continuar sus estudios, al parecer para poder estudiar medicina. II. Para tal efecto rentó el inmueble en el que fue encontrada muerta. III. Mantenía una relación con un operador de la empresa Ómnibus de México, de nombre Fredi, que conoció en el tiempo en el que trabajó para dichos transportes. Lo anterior concatenado con las circunstancias advertidas en el domicilio, relativas a los uniformes de la empresa referida, la identificación a nombre de Fredy Huerta Escobar expedida por ésta, una carta dirigida a dicha persona y que se encontró ropa masculina en el lugar; permiten concluir que el quejoso mantenía una relación amorosa con la víctima e, incluso, que, por lo menos, pernoctaba con ella en su domicilio. Por tanto, existen elementos suficientes para determinar, en grado de probabilidad, que el quejoso era la pareja actual de la víctima y compartían el domicilio que rentó ésta en la ciudad de Zacatecas. Lo considerado tomando en cuenta que el esposo de la víctima refirió que ya no mantenía una relación con ella, al estar divorciándose de común acuerdo, y que la diversa persona a la que también se le vinculó sentimentalmente con ella (José Rutilio Chairez Hernández) manifestó que la relación extramarital duró seis meses, aproximadamente, a partir de septiembre del año anterior al en que ocurrieron los hechos y que habían terminado en buenos términos para no tener problemas con su esposa (foja 126, reverso). De lo expuesto se sigue que, dadas las circunstancias destacadas, la persona que principalmente tenía acceso al domicilio de la víctima era el quejoso, pues, se reitera, consta que mantenía una relación amorosa con ella y que compartían dicho domicilio, al menos por momentos. Lo precedente constituye un indicio que hace probable la responsabilidad del quejoso respecto del fallecimiento de su pareja, porque, como se reseñó, el lugar de los hechos fue encontrado sin signo alguno de que se forzaron las cerraduras. Así, se reitera, resulta razonable considerar que el sujeto activo tenía acceso al domicilio o era conocido de la víctima, a efecto de que pudiera entrar sin tener que forzar la puerta o alguna otra entrada o generar indicios de haberse utilizado la fuerza para entrar al lugar. En ese contexto, la hipótesis que, hasta el momento procesal en que fue emitido el acto reclamado, cuenta con mayor sustento, es la relativa a la probable responsabilidad del quejoso, tal como se consideró en la orden de aprehensión reclamada. Esto es así, debido a que, en la indagatoria natural, consta que el representante legal de la empresa entonces empleadora del quejoso refirió que éste no laboró los días siete y ocho de noviembre de dos mil cinco (foja 197). El informe anterior tiene valor indiciario en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas. De tal suerte que consta que en días que comprenden el periodo en que aconteció la muerte (como se expuso, se asentó una fecha probable del deceso a partir de las diecinueve horas del seis de noviembre de dos mil quince hasta el ocho siguiente a esa hora), el quejoso no laboró para la empresa en que trabajaba. Por tanto, resulta plausible considerar que esas fechas las pasó con la víctima, dada la relación amorosa que se acreditó tenían y el hecho de que compartían el domicilio en el que fue encontrada muerta. De ahí que, tomando en cuenta que la probabilidad prevaleciente en los hechos es que alguien con acceso al domicilio fue quien perpetró el homicidio, resulta igualmente probable que haya sido el quejoso, al coincidir su periodo de descanso con el momento en que acontecieron los hechos, tener una relación amorosa con la víctima y compartir dicho lugar. Lo considerado teniendo como directriz que, como se destacó en el acto reclamado, en la indagatoria natural no ha sido posible localizar al amparista con posterioridad a los hechos; lo que, preliminarmente, resulta injustificado, pues, como se ha precisado, se encontró ropa y pertenencias a su nombre. De ahí que era posible concluir acertadamente que, en un grado de probabilidad mayor que la hipótesis relativa la inocencia del inculpado, el quejoso fue el responsable de los hechos ilícitos que se estimaron acreditados. En suma, los elementos de prueba analizados son suficientes para atribuir, en grado de probabilidad, la responsabilidad penal del quejoso en el cuerpo del delito acreditado, al estar justificado que, hasta el momento procesal de la causa penal natural, de los elementos probatorios analizados se deriva la hipótesis fáctica referida, con mayor sustento que lo contrario (inocencia). Así pues, en la causa penal natural, se encuentra acreditado el cuerpo del delito de homicidio simple en agravio de Christian Selene Frayre Castorena, así como la probable responsabilidad de Fredi Huerta Escobar, en su comisión. Esto, pues está acreditado que, en un lapso aproximado, de las diecinueve treinta horas del seis de noviembre de dos mil cinco a la misma hora del ocho siguiente, la víctima fue privada de la vida en el domicilio que arrendaba en la ciudad de Zacatecas (calle Francisco Pizarro, ciento veintiuno, fraccionamiento Lomas Bizantinas) por el quejoso, al haberle propinado éste, por lo menos, una contusión que derivó en dicho fallecimiento. Es así, porque, hasta el momento del dictado del acto reclamado, la hipótesis anterior es la única capaz de explicar los datos de prueba disponibles, integrándolos de forma coherente, lo que la torna probable, en un grado mayor que la hipótesis relativa a la inocencia del inculpado. Sin que existan otras hipótesis plausibles que expliquen los mismos datos de pruebas y que hagan improbable la responsabilidad del acusado. En efecto, si bien es cierto cada uno de los indicios analizados no son suficientes por sí solos para acreditar la probable responsabilidad del quejoso, como se consideró, en su conjunto, otorgan mayor sustento, hasta este momento, a tal hipótesis, al explicarla de manera coherente, aunque sea de manera indirecta; por lo que no se puede considerar que se trata de simples sospechas, ya que de los hechos secundarios que se encuentran demostrados (indicios), como se consideró, se infiere el elemento en comento. Lo considerado, tomando en cuenta que el estándar de prueba aplicable para emitir una orden de aprehensión no es el de prueba plena, sino el de cuerpo del delito y probable responsabilidad, lo que implica que únicamente deben existir datos probatorios suficientes que hagan más probable la hipótesis de culpabilidad que la de inocencia; lo que, se insiste, acontece en la especie. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el acto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se siga el proceso a que fue vinculado el inculpado. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 y constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales, sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. Es así, debido a que, en conformidad con los medios de prueba analizados, la autoridad responsable expresó las razones por las cuales consideró que los elementos de prueba existentes en la indagatoria tienen valor conforme a los preceptos legales que citó, destacó los datos e indicios que estimó demostrados y los adminiculó a fin de tenerlos como útiles y eficaces para tener por acreditado el cuerpo del delito del ilícito en comento y la probable responsabilidad del reo. Consecuentemente, desestimados los conceptos de violación, aun suplida la deficiencia en la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, y toda vez que, hasta ese momento, sí se acreditaron los elementos que integran el cuerpo del delito imputado, así como la probable responsabilidad del indiciado, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Fredi Huerta Escobar contra el acto que reclamó del juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas, agente del Ministerio Público adscrito dicho órgano jurisdiccional y agente del Ministerio Público adscrito al juzgado segundo de lo penal del distrito judicial citado, consistente en la orden de aprehensión girada contra el amparista; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fredi Huerta Escobar contra el acto que reclamó de la Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas, consistente en la orden de aprehensión de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis emitida en la causa penal 11/2016 y su ejecución; por las razones y fundamentos expuestos el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, hasta el nueve de enero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 945/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, Fredi Huerta Escobar, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Juez Primero del Ramo Penal. 2. Juez Segundo del Ramo Penal. Ambos del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas. 3. Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado primero citado. 4. Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado segundo referido. ACTO RECLAMADO: - La orden de aprehensión y/o presentación. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. En auto de seis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 11 y 12), el titular de dicho órgano jurisdiccional ordenó registrar la demanda con el expediente 948/2016 y la admitió a trámite. El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, inició la audiencia constitucional (foja 191). En resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se declinó la competencia legal para conocer del asunto, por razón de territorio, en favor del Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno, por lo que se ordenó remitir los autos a la oficialía de correspondencia común respectiva (fojas 2 a 4). Los autos fueron turnados a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. En auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 196 a 199), se registró la demanda con el expediente 945/2017 y se aceptó la competencia planteada, por lo que, al ya haber iniciado la audiencia constitucional del juicio, se ordenó poner los autos estado de pronunciar sentencia (fojas 196 a 199); y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado constituye una orden de aprehensión atribuida a autoridades ordenadoras y ejecutoras con residencia en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La orden de aprehensión girada contra el amparista y su ejecución. TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridades que no revisten el carácter de responsables. El juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas negó la existencia del acto reclamado (foja 17). No obstante, como se verá, la orden de aprehensión reclamada resulta cierta en relación con la Juez Segundo del Ramo Penal del distrito judicial referido. De ahí que respecto del juez primero en comento, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. Por tanto, se sobresee en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas aceptó la existencia de la orden de aprehensión reclamada, pues adujo que dictó tal mandamiento en la causa penal 11/2016 de su índice, seguida contra el quejoso por el delito de homicidio simple en perjuicio de Christian Selene Frayre Castorena (foja 26, folio azul). Asimismo, remitió el duplicado del proceso referido; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de la orden de aprehensión reclamada, lo que hace inminente su ejecución. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante pliego de consignación recibido el cinco de julio de dos mil dieciséis (foja 1 del cuaderno de pruebas) por el Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de la capital del estado de Zacatecas, la agente del Ministerio Público Especial para la Investigación de Homicidios Dolosos, Secuestros y Asociación Delictuosa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, ejerció acción penal contra Fredi Huerta Escobar por su probable responsabilidad en el delito de homicidio simple en agravio de Christian Selene Frayre Castorena, por lo que solicitó se girara orden de aprehensión contra el inculpado (fojas 387 a 402 del tomo de pruebas). 2. En auto de cinco de julio de dos mil dieciséis, la titular del juzgado citado ordenó radicar la causa penal con el expediente 11/2016 y reservó la resolución sobre la emisión de la orden de aprehensión solicitada (foja 403). 3. En resolución de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó la aprehensión del inculpado por su probable responsabilidad en el delito imputado (fojas 406 a 420). La determinación anterior integra la materia de la litis constitucional. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados, aun suplida la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a, como se argumentará a continuación. Como cuestión previa cabe precisar que el presente juicio se resolverá de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas abrogado el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, en razón que de conformidad con el artículo único del decreto publicado el uno de noviembre de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, declaró que el Estado de Zacatecas incorporaba a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entraría en vigor de manera progresiva y por distritos judiciales, conforme a lo siguiente: I. A las cero horas del día cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacatecas, Calera, Ojocaliente, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Tlaltenango, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Miguel Auza, Concepción del Oro y Río Grande. II. A las cero horas del día cuatro de enero de dos mil dieciséis, para los Distritos Judiciales de Pinos, Loreto, Sombrerete y Fresnillo. En el caso, la averiguación previa penal de la que derivó la causa penal de origen, inició el diez de noviembre de dos mil cinco (foja 2 del cuaderno de pruebas) y, como se reseñó, se judicializó el cinco de julio de dos mil dieciséis, es decir, aún no entraba en vigor el nuevo sistema de justicia penal para el distrito judicial de la ciudad de Zacatecas, por lo que el análisis del acto reclamado se realizará a luz de la legislación procesal aplicable en esa época, esto es, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, publicado el diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y siete, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. El quejoso refiere que el acto reclamado trasgrede el artículo 14 constitucional, pues se pretende privarlo de su libertad sin que se cumplan las formalidades del procedimiento, lo que viola sus derechos fundamentales. Así, en esencia, en lo alegado subyace la violación a la garantía de audiencia del quejoso, en virtud de la emisión de la orden de aprehensión reclamada. El argumento anterior es infundado, conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, el artículo 16 de la Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar de manera escrita todos los actos de molestia que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. De lo anterior se advierte la distinción constitucional entre: (i) actos de molestia y (ii) actos privativos. Los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. En cambio, los actos de molestia son los que restringen de manera provisional o preventiva un derecho. Así, los primeros tienen como presupuesto para su emisión la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado (garantía de audiencia y debido proceso). Los actos de molestia resultan legales siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento; de manera que respecto de éstos no rige la garantía de audiencia, dado que no tienen efectos privativos, sino provisionales. Por tanto, todo acto de molestia debe estar contenido en un mandato escrito de la autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal de su objeto. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, página cinco, que dispone: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. La orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye y se pueda resolver su situación jurídica. Por tanto, la orden de aprehensión constituye una forma de integrar al imputado al proceso. Así, la afectación al derecho de libertad involucrado es provisional, hasta en tanto se formule la imputación. En consecuencia, una orden de aprehensión constituye un acto de molestia, dado que no priva de manera definitiva de la libertad al inculpado. Lo anterior tiene sustento en el contenido del tercer párrafo del artículo 16 constitucional, que establece: Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Del precepto anterior destaca que la audiencia del inculpado no constituye un requisito previo a la emisión de una orden de aprehensión. De ahí que, contrario a lo implícitamente alegado, no es requisito para el dictado de la orden de aprehensión que se otorgue al inculpado audiencia previa, pues si bien, por regla general, todo gobernado frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 14 constitucional, goza del derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo; las órdenes de aprehensión constituyen actos de molestia respecto de los que no rige la garantía pretendida. Dicha salvedad, se reitera, deriva del mismo artículo 16 constitucional, al establecer los requisitos para proceder al libramiento de la orden de aprehensión, entre los que no se encuentra que previamente se oiga al presunto indiciado en defensa. Tiene aplicación al respecto la tesis IX.1o.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1824, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Novena Época, del siguiente contenido literal: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Luego, el concepto de violación en análisis resulta infundado, pues en el juicio natural no era necesario que con anterioridad a la emisión de la orden reclamada se siguiera un procedimiento con las formalidades esenciales que permitieran la defensa, pues precisamente para tal efecto se gira el mandamiento de captura. Por otra parte, el amparista arguye, en esencia, que el acto reclamado trastoca el artículo 16 constitucional, en tanto únicamente puede ser molestado, en relación con su libertad personal, por mandamiento escrito de la autoridad judicial que funde y motive la causa legal del procedimiento. El concepto de violación anterior es infundado: En principio, se reitera, el artículo 16 constitucional establece: Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. El precepto anterior establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad. b) Debe estar acreditado el cuerpo del delito. c) Debe estar demostrada la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 188 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas establece lo siguiente: ARTICULO 188. Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 Constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público. La resolución respectiva contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y la clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos, y se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público para que éste ordene a la policía su ejecución. El artículo transcrito establece que satisfechos los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión, contra el imputado, a pedimento del Ministerio Público. Que dicha orden contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven y los fundamentos en que se base, así como la clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos. De manera que los requisitos para la emisión de una orden de aprehensión se integran por los presupuestos que marca el precepto constitucional citado, relativos a la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. La demostración de los elementos del tipo penal sólo debe realizarse en la sentencia definitiva, en tanto comprende la corroboración de que en los hechos existió una conducta típica, antijurídica y culpable. Mientras que el cuerpo del delito supone un estándar probatorio menos estricto, dado que únicamente tiene carácter presuntivo, al ser materia del proceso el análisis definitivo; es decir, el estudio que se realice de los hechos ilícitos es preliminar. Por tanto, la acreditación del cuerpo del delito en una orden de aprehensión implica que existen condiciones suficientes para iniciar un proceso, pero no para determinar la actualización de un delito. Sirve de sustento para lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página 912, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba. Entonces, para que el juez válidamente pueda dictar una orden de aprehensión debe determinar que se encuentra acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Los artículos 293 y 297 del Código Penal para el Estado de Zacatecas establecen: Artículo 293 .Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Artículo 297. Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga señalada una sanción especial en este Código, se le impondrán de ocho a veinte años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas. De los numerales transcritos se desprenden los elementos del delito de homicidio simple y su sanción con pena privativa de la libertad. Además, en términos del artículo 108 del código adjetivo penal en cita, se trata de un delito perseguible de oficio, pues no se establece expresamente que sea necesaria querella. Por tanto, el delito de homicidio es de persecución oficiosa y se encuentra sancionado con pena de prisión, lo que colma los presupuestos formales que establece el artículo 16 constitucional para que pueda emitirse una orden de aprehensión por dicho ilícito, en relación con la naturaleza de la pena y la existencia de una denuncia. El ilícito en comento se integra con los siguientes elementos: a) La privación de la vida de una persona; b) Que esa privación sea consecuencia de una causa externa, atribuible a una conducta intencional humana. En el acto reclamado, de manera toral, se estimó acreditada la existencia del cuerpo del delito anterior y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Lo anterior, en esencia, porque existían medios de prueba suficientes para considerar demostrado que la víctima falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico generado intencionalmente por el sujeto activo y que probablemente éste correspondía al quejoso. Determinación que se considera correcta, pues de las constancias que integran la causa penal de origen se desprende que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de homicidio simple y la probable responsabilidad de Fredi Huerta Escobar en su comisión. Cuerpo del delito El primero de los elementos del cuerpo del delito consistente en la privación de la vida de la víctima, tal como se consideró en el acto reclamado, se encuentra acreditada con: 1. La inspección ministerial de diez de noviembre de dos mil cinco, realizada en el domicilio ubicado en la calle Francisco Pizarro, ciento veintiuno, en el fraccionamiento Lomas Bizantinas, en Zacatecas, Zacatecas, en la que el agente investigador dio fe de que las cerraduras del inmueble ubicado en dicho lugar no presentaban signos de violencia; en el lugar se encontraba Fernando Salinas de Ávila, quien dijo ser representante del propietario (Manuel Sandoval Acero) y facilitó el acceso al lugar, donde encontró un cadáver del sexo femenino en posición decúbito dorsal, con las extremidades inferiores entreabiertas, de aproximadamente veintiún años, cubierta con una colcha color rosa de los pies hasta debajo de los hombros, con el pantalón y ropa interior bajados hasta las rodillas (fojas 4 a 6 del cuaderno de pruebas). Actuación que cobra valor probatorio de conformidad a los artículos 3, 14, 107, 124 y 276, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas al haberse realizado por el agente investigador en cumplimiento de su función de indagar los hechos delictivos. De lo anterior se desprende que la víctima fue encontrada sin vida en el domicilio asentado. 2. Dictamen médico de autopsia emitido por los médicos Patricia del Hoyo Bramasco y Tomás Figueroa Cruz, quienes determinaron como causa de la muerte un traumatismo craneoencefálico con un tiempo del fallecimiento de cuarenta y ocho a noventa y seis horas de iniciada la necropsia (diecinueve horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil cinco) -fojas 19 a 21 del cuaderno de pruebas-. Pericial que cuenta con valor probatorio de conformidad con el artículo 280 del código procesal penal, pues fue emitido por expertos en medicina que describieron el cadáver en comento y los hallazgos que encontraron, en particular, un hematoma de cuero cabelludo que medía cinco por cuatro centímetros en la región occipital a nivel de la línea sagital; por lo que se estima que fue emitido con la debida fundamentación y motivación para sostener la conclusión a la que llegaron dichos peritos. Por tanto, se encuentra acreditada la causa de la muerte del cadáver encontrado y el tiempo en que dicho fallecimiento probablemente aconteció. De los medios de convicción anteriores es patente el fallecimiento de la víctima, pues fue encontrado su cuerpo sin vida en las circunstancias destacadas, a causa de un traumatismo craneoencefálico. El segundo de los elementos del cuerpo del delito, relativo a que la causa de la muerte tenga como origen una causa externa intencional, se encuentra acreditado en virtud de las circunstancias en que fue encontrada la víctima. En efecto, como se valoró por el juez responsable, del dictamen pericial de campo practicado por Edmundo Haro Ortiz (fojas 89 a 107 del tomo de pruebas), se desprende que, al analizar la escena del crimen, dicho experto concluyó que: a) en virtud de la presencia de livideces posteriores y la forma del escurrimiento hemático proveniente de la nariz, probablemente la posición apreciada en el cuerpo de la víctima correspondía a su posición original y posterior a su deceso; b) Las prendas que portaba la finada mostraban alteración en su acomodo, ya que el pantalón y pantaleta se encontraban corridos hacia abajo. Dictamen pericial que cuenta con valor probatorio de conformidad con el artículo 280 del código procesal penal, pues fue emitido por un experto en criminalística que describió el lugar de los hechos y expuso las razones de sus conclusiones, en particular, resulta plausible considerar que el escurrimiento de sangre advertido constituya un indicio que haga probable que la víctima no fue movida de posición tras fallecer, porque de otra manera es razonable inferir que existirían patrones de escurrimiento divergentes. En esa línea, el hecho de que se encontrara a la víctima con el pantalón y la ropa interior debajo de la rodilla genera la posibilidad de que se hubiera realizado tal alteración post mortem, lo que revelaría la existencia de un sujeto que se encontró en el lugar de los hechos con posterioridad a la muerte. Asimismo, en la indagatoria natural, obra el dictamen en mecánica de lesiones realizado por la médico Patricia del Hoyo Bramasco (fojas 133 a 151 del tomo de pruebas), en la que, en lo conducente, determinó la que el cadáver de la víctima presentaba tres contusiones, a saber, en la región esternal, en la región parietal y en la región occipital (foja 139). Sobre esa base, y en virtud de que había determinado que la posición del cuerpo correspondía a la inmediata posterior al deceso (por la lividez presentada y la forma del escurrimiento hemático encontrado en la nariz), concluyó tres hipótesis: 1. La víctima recibió un golpe en el esternón, perdió el equilibrio, cayó hacia atrás, golpeándose la región occipital con la esquina de la pared o esquina del mueble situado al norte de su cabeza y la región occipital con el piso (foja 140). 2. La víctima recibió una contusión a nivel esternal y otra en la región parietal y cayó de su propia altura golpeándose con el piso en la región occipital (foja 141). 3. La víctima recibió tres golpes en las regiones descritas. Dictamen pericial que cuenta con valor probatorio de conformidad con el artículo 280 del código procesal penal, pues fue emitido por un experto en medicina legal sobre la base del análisis de las lesiones que se observaron en la necropsia de la víctima y expuso las razones sustento de las conclusiones, las que resultan razonables en virtud de que es verosímil determinar que derivado de la ubicación diversa de las contusiones detectadas no es posible que hubieran sido causadas solamente por la caída accidental de la persona fallecida. Así, de la opinión destacada, se infiere que las lesiones que presentó la víctima tuvieron como origen, al menos parcialmente, la contusión con un objeto indeterminado causada por un sujeto activo. Lo anterior resulta congruente con el hecho descrito en la diligencia de inspección ministerial y levantamiento del cadáver relativo a que el cuerpo se encontró cubierto parcialmente con una colcha color rosa (foja 4, reverso, del cuaderno de pruebas); esto, porque la circunstancia destacada, en relación con las lesiones presentadas por el cadáver, hace probable que el cuerpo fue cubierto ya que se encontraba en el suelo, es decir, después de acontecido el fallecimiento, lo que revela la existencia de un sujeto activo que lo cubrió y, por ende, hace plausible que también fuera quien propinó la o las lesiones que derivaron en la muerte de la víctima. Es así, pues no es verosímil que si se hubiera tratado de una caída accidental, el cuerpo quedara cubierto por una colcha en la forma en que se describió, además que presentara lesiones que, como se destacó, no pudieron explicarse por una sola caída o accidente. En particular, lo relativo al estado en que se encontraba el cuerpo, se encuentra corroborado por lo declarado por Luis Fernando Salinas de Ávila, quien manifestó (foja 11): 1. El dueño del inmueble donde fue encontrado el cadáver (Manuel Sandoval Acero) le solicitó sus servicios para que cobrara la renta del arrendamiento que se había realizado de aquél a la víctima. 1.1. Para tal efecto, le proporcionaron el duplicado de las llaves del lugar. 2. El nueve de noviembre de dos mil cinco, aproximadamente a las veinte horas, se trasladó al domicilio citado, tocó la puerta, pero no obtuvo respuesta, por lo que al advertir las luces apagadas del lugar, supuso que la arrendataria ya había abandonado el inmueble (pues el dueño le comentó que habían buscado en reiteradas ocasiones a la inquilina sin éxito) y entró con el duplicado de llaves que le fue otorgado. Sin entrar completamente, encendió la luz, observó que había una persona acostada en el suelo cubierta con una colcha rosa, por lo que inmediatamente apagó la luz, cerró la puerta y se retiró del lugar con la intención de regresar al día siguiente. 3. El diez siguiente, al regresar al domicilio, tocó insistentemente sin que fuera atendido, por lo que entrevistó a la vecina de la casa de lado, quien refirió que tenía días que no veía a la inquilina. Le solicitó a la entrevistada que lo acompañara para que atestiguara que no iba sacar nada del lugar; abrió el domicilio, observó claramente que había una persona recostada en el suelo, cubierta con una cobija rosa y percibió un olor fétido, por lo que infirió que se trataba de un cadáver. Dicho medio de convicción adquiere valor probatorio de conformidad con los artículos 277 y 282 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, puesto que de lo declarado se advierten coherentemente las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se encontró el cadáver, en particular, cubierto con una cobija color rosa. Asimismo, no se cuenta con elemento alguno que implique que el declarante no tiene la capacidad para juzgar el acto o que hubiera sido obligado a declarar por fuerza o miedo, impulsado por error, engaño o soborno. Y se trata de hechos propios que son susceptibles de ser percibidos; en particular, resulta verosímil la presencia del declarante al referirse que se le encomendó el cobró de la renta del inmueble involucrado y su desocupación, como abogado del dueño de dicho lugar. Declaración que resulta congruente con lo manifestado por José Manuel Sandoval Rincón (foja 58, reverso, del tomo de pruebas), en el sentido de que: 1. El seis de septiembre de dos mil cinco, rentó el inmueble en que se encontró el cadáver de la víctima. 2. El seis de octubre siguiente, habló por teléfono con la arrendataria, quien le comentó que se encontraba en el municipio de Miguel Auza, Zacatecas, pero que ya iba para la ciudad de Zacatecas y que lo esperaba alrededor de las diecinueve horas para entregarle la renta. 3. A la hora señalada, acudió al domicilio arrendado, estuvo tocando la puerta, pero nadie abrió. 4. Al día siguiente, volvió a marcar al celular de la víctima para cobrarle la renta, pero mandaba a buzón de voz. 5. Por lo anterior, la estuvo llamando y buscando personalmente sin poder cobrar la renta. 5.1. El seis de noviembre acudió al domicilio arrendado para volver a cobrar la renta, por lo que comunicó la imposibilidad a su padre, quien solicitó los servicios de un abogado. Declaración que tiene valor probatorio de conformidad con los artículos 277 y 282 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, pues es coincidente en lo substancial en los hechos narrados y no se encuentra acreditada alguna circunstancia que reste credibilidad a lo manifestado. De manera que se encuentra corroborado periféricamente el dicho de la persona que encontró el cadáver, en lo relativo a que fungía como abogado del dueño del inmueble, lo que hace verosímil su presencia en el lugar de los hechos y que haya podido advertir las circunstancias en las que se encontraba el cadáver. Por tanto, como consideró la juez responsable, no puede determinarse que la víctima sufrió accidentalmente tres lesiones en lugares diversos y distantes, para quedar recostada en el suelo cubierta con una cobija y con los pantalones y ropa interior abajo, por lo que, hasta el momento procesal en que fue emitido el acto reclamado, lo razonable resulta considerar que un sujeto activo causó la muerte de la víctima de manera intencional. Lo expuesto, pues, en conformidad con lo considerado, al menos una de las contusiones de la víctima debió tener un origen distinto a la caída que tuvo ésta para quedar como fue encontrada en el suelo, lo que implica la existencia de un sujeto activo que propinó una contusión y, por ende, que tuvo la intención de dañar, lo que resultó en la muerte de la víctima. Aunado al hecho de que alguien necesariamente debió cubrir parcialmente el cuerpo de la fallecida con una cobija, con posterioridad a que quedó en el suelo sin vida. En ese sentido, como se destacó, en la necropsia que se realizó a la víctima el diez de noviembre de dos mil cinco (a las diecinueve horas con treinta minutos) se determinó como fecha probable del fallecimiento un rango de dos a cuatro días anteriores a que se realizó tal estudio médico (cuarenta y ocho a noventa y seis horas). Luego, la fecha probable de la muerte comprende los días seis a ocho de noviembre de dos mil cinco. En suma, tal como se determinó en el acto reclamado, en la causa penal natural, existen elementos de prueba suficientes para considerar acreditado que entre el seis al ocho de noviembre de dos mil cinco, la víctima fue privada de la vida en el domicilio que arrendaba en la ciudad de Zacatecas (calle Francisco Pizarro, ciento veintiuno, fraccionamiento Lomas Bizantinas), por un sujeto activo que propinó, al menos, una contusión intencional; lo que actualiza el tipo penal de homicidio intencional simple. Probable responsabilidad Como se determinó en el acto reclamado, la probable responsabilidad del quejoso se encuentra acreditada en la causa penal natural, conforme con lo siguiente: En principio, de la inspección ministerial del lugar de los hechos valorada, se desprenden dos indicios: 1. Se encontró evidencia de que la víctima vivía con una persona del sexo masculino que trabajaba para la empresa de transporte Omnibus, al encontrarse ropa de caballero y uniformes de esa empresa (foja 5 del cuaderno de pruebas). 1.1. En particular que dicha persona era el amparista, ya que se encontró una carta y una identificación de dicha empresa a su nombre. 2. No se encontraron indicios de que se hubiera forzado la entrada al domicilio. Por tanto, es plausible considerar que el sujeto activo debió entrar con el permiso de la víctima, de lo que se sigue que era conocido de ésta o vivía en dicho lugar. En esa línea, el padre de la víctima, Agustín Cerda Frayre, en lo conducente, declaró (foja 14): 1. Reconocía el cadáver como el de su hija, Christian Selene Frayre Castorena. 2. Ella vivía actualmente en la capital del Estado; estudiaba en esa ciudad. 3. Hace tres meses le dio la cantidad de mil pesos para que rentara una casa en el lugar que iba estudiar Por su parte, el hermano de la víctima, Agustín Frayre Frayre, en esencia, declaro (foja 15): 1. Reconoció el cadáver como el de su hermana Christián Selene Frayre Castorena. 2. Actualmente la víctima vivía en la capital del Estado, ya que estudiaba en dicha ciudad. 3. Se había enterado, meses antes del fallecimiento, que su hermana tenía una relación con un chofer de Omnibus de México; ella había trabajado en esa empresa hace cuatro o cinco meses. Asimismo, Gabriela Meraz Frayre, declaró (foja 25): 1. La víctima era su prima hermana. 2. Hacía cuatro meses, un martes en la tarde, recibió una llamada de la víctima informándole que se encontraba en la ciudad de Zacatecas, en la central camionera; a lo que respondió que la esperara para ir por ella. 3. Cuando la recogió, su prima le dijo que iba a estudiar en la preparatoria dos, por lo que se iba a estar un par de días en su casa en lo que rentaba un inmueble. 3.1. La víctima estuvo cuatro días desde que llegó, es decir, hasta el viernes de esa semana. 4. El jueves de esos días, llevó a la casa a Fredy, quien le había dicho era su novio y que trabajaba como operador en Ómnibus de México. Ese día se quedaron a dormir los dos en la casa y al día siguiente salieron juntos al medio día. De igual manera, Jaime Hernández Ibáñez, en esencia, declaró (foja 26): 1. Tenía cuatro años once meses que contrajo matrimonio con la víctima. 1.1. Procrearon dos hijos producto de esa relación. 2. Desde hace un año, tuvieron problemas, porque su esposa tuvo una relación extramarital con Rutilio Chávez. 3. Su esposa comenzó a trabajar en Ómnibus de México como despachadora de corridas y vendedora de boletos; duró cuatro meses laborando. 3.1. En ese lapso, recibió una llamada anónima en la que le informaron que su esposa tenía una relación con un compañero de trabajo. 3.2. Al confrontarla, le confesó que tenía una relación con una persona de nombre Fredy. 4. Por lo anterior tomaron la decisión de divorciarse. 4.1. En el mes de septiembre de dos mil cinco, se salió de la casa y se regresó con sus papás. La víctima le comentó si se podía quedar con los muebles de la casa ya que tenía la intención de irse a estudiar a la ciudad de Zacatecas y rentar un inmueble, incluso, le entregó la cantidad de tres mil pesos para tal arrendamiento. 5. El ocho de ese mes y año, su esposa le pidió que le llevara los muebles a la capital, a lo cual accedió y fue con una amigo a llevarlos, a una colonia casi enfrente de la central camionera. 6. Después de ese día, vio a la víctima en tres ocasiones, la última a mediados de octubre del año en referencia, para platicar de los detalles del divorcio, en particular, firmar la demanda que presentaron al juzgado de primera instancia y de lo familiar. Por último, obra la declaración de Ma. Abigail Frayre Castorena, quien, substancialmente, manifestó (foja 123): 1. Era tía de la víctima. 2. Su sobrina padecía de los nervios, al tener principios de esquizofrenia, incluso era agresiva, pero no quiso continuar con el tratamiento. 3. A raíz de esa situación, a mediados de agosto, se fue a vivir a la ciudad de Zacatecas a estudiar medicina, pero aún le faltaba la preparatoria. 4. Se enteró, por rumores familiares, que sostenía una relación amorosa con un operador de Ómnibus de México que se llamaba Fredi, sin conocerlo. Declaraciones que adquieren valor probatorio de conformidad con los artículos 277 y 282 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, puesto que de lo declarado se advierten coherentemente las circunstancias de tiempo, lugar y modo de los hechos narrados, lo que coinciden en cuanto a la substancia. Asimismo, no se cuenta con elemento alguno que implique que los declarantes no tienen la capacidad para juzgar el acto o que hubieran sido obligados a declarar por fuerza o miedo, impulsados por error, engaño o soborno. Y se trata de hechos propios que son susceptibles de ser percibidos; en particular, resulta verosímil que se enteraran del cambio de residencia de la víctima y de la relación amorosa que sostenía recientemente a su muerte, en virtud del lazo familiar que tenían con ella. Por tanto, de las declaraciones anteriores, en su conjunto, se desprende, indiciariamente, lo siguiente: I. La víctima se había mudado a la capital del estado a continuar sus estudios, al parecer para poder estudiar medicina. II. Para tal efecto rentó el inmueble en el que fue encontrada muerta. III. Mantenía una relación con un operador de la empresa Ómnibus de México, de nombre Fredi, que conoció en el tiempo en el que trabajó para dichos transportes. Lo anterior concatenado con las circunstancias advertidas en el domicilio, relativas a los uniformes de la empresa referida, la identificación a nombre de Fredy Huerta Escobar expedida por ésta, una carta dirigida a dicha persona y que se encontró ropa masculina en el lugar; permiten concluir que el quejoso mantenía una relación amorosa con la víctima e, incluso, que, por lo menos, pernoctaba con ella en su domicilio. Por tanto, existen elementos suficientes para determinar, en grado de probabilidad, que el quejoso era la pareja actual de la víctima y compartían el domicilio que rentó ésta en la ciudad de Zacatecas. Lo considerado tomando en cuenta que el esposo de la víctima refirió que ya no mantenía una relación con ella, al estar divorciándose de común acuerdo, y que la diversa persona a la que también se le vinculó sentimentalmente con ella (José Rutilio Chairez Hernández) manifestó que la relación extramarital duró seis meses, aproximadamente, a partir de septiembre del año anterior al en que ocurrieron los hechos y que habían terminado en buenos términos para no tener problemas con su esposa (foja 126, reverso). De lo expuesto se sigue que, dadas las circunstancias destacadas, la persona que principalmente tenía acceso al domicilio de la víctima era el quejoso, pues, se reitera, consta que mantenía una relación amorosa con ella y que compartían dicho domicilio, al menos por momentos. Lo precedente constituye un indicio que hace probable la responsabilidad del quejoso respecto del fallecimiento de su pareja, porque, como se reseñó, el lugar de los hechos fue encontrado sin signo alguno de que se forzaron las cerraduras. Así, se reitera, resulta razonable considerar que el sujeto activo tenía acceso al domicilio o era conocido de la víctima, a efecto de que pudiera entrar sin tener que forzar la puerta o alguna otra entrada o generar indicios de haberse utilizado la fuerza para entrar al lugar. En ese contexto, la hipótesis que, hasta el momento procesal en que fue emitido el acto reclamado, cuenta con mayor sustento, es la relativa a la probable responsabilidad del quejoso, tal como se consideró en la orden de aprehensión reclamada. Esto es así, debido a que, en la indagatoria natural, consta que el representante legal de la empresa entonces empleadora del quejoso refirió que éste no laboró los días siete y ocho de noviembre de dos mil cinco (foja 197). El informe anterior tiene valor indiciario en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas. De tal suerte que consta que en días que comprenden el periodo en que aconteció la muerte (como se expuso, se asentó una fecha probable del deceso a partir de las diecinueve horas del seis de noviembre de dos mil quince hasta el ocho siguiente a esa hora), el quejoso no laboró para la empresa en que trabajaba. Por tanto, resulta plausible considerar que esas fechas las pasó con la víctima, dada la relación amorosa que se acreditó tenían y el hecho de que compartían el domicilio en el que fue encontrada muerta. De ahí que, tomando en cuenta que la probabilidad prevaleciente en los hechos es que alguien con acceso al domicilio fue quien perpetró el homicidio, resulta igualmente probable que haya sido el quejoso, al coincidir su periodo de descanso con el momento en que acontecieron los hechos, tener una relación amorosa con la víctima y compartir dicho lugar. Lo considerado teniendo como directriz que, como se destacó en el acto reclamado, en la indagatoria natural no ha sido posible localizar al amparista con posterioridad a los hechos; lo que, preliminarmente, resulta injustificado, pues, como se ha precisado, se encontró ropa y pertenencias a su nombre. De ahí que era posible concluir acertadamente que, en un grado de probabilidad mayor que la hipótesis relativa la inocencia del inculpado, el quejoso fue el responsable de los hechos ilícitos que se estimaron acreditados. En suma, los elementos de prueba analizados son suficientes para atribuir, en grado de probabilidad, la responsabilidad penal del quejoso en el cuerpo del delito acreditado, al estar justificado que, hasta el momento procesal de la causa penal natural, de los elementos probatorios analizados se deriva la hipótesis fáctica referida, con mayor sustento que lo contrario (inocencia). Así pues, en la causa penal natural, se encuentra acreditado el cuerpo del delito de homicidio simple en agravio de Christian Selene Frayre Castorena, así como la probable responsabilidad de Fredi Huerta Escobar, en su comisión. Esto, pues está acreditado que, en un lapso aproximado, de las diecinueve treinta horas del seis de noviembre de dos mil cinco a la misma hora del ocho siguiente, la víctima fue privada de la vida en el domicilio que arrendaba en la ciudad de Zacatecas (calle Francisco Pizarro, ciento veintiuno, fraccionamiento Lomas Bizantinas) por el quejoso, al haberle propinado éste, por lo menos, una contusión que derivó en dicho fallecimiento. Es así, porque, hasta el momento del dictado del acto reclamado, la hipótesis anterior es la única capaz de explicar los datos de prueba disponibles, integrándolos de forma coherente, lo que la torna probable, en un grado mayor que la hipótesis relativa a la inocencia del inculpado. Sin que existan otras hipótesis plausibles que expliquen los mismos datos de pruebas y que hagan improbable la responsabilidad del acusado. En efecto, si bien es cierto cada uno de los indicios analizados no son suficientes por sí solos para acreditar la probable responsabilidad del quejoso, como se consideró, en su conjunto, otorgan mayor sustento, hasta este momento, a tal hipótesis, al explicarla de manera coherente, aunque sea de manera indirecta; por lo que no se puede considerar que se trata de simples sospechas, ya que de los hechos secundarios que se encuentran demostrados (indicios), como se consideró, se infiere el elemento en comento. Lo considerado, tomando en cuenta que el estándar de prueba aplicable para emitir una orden de aprehensión no es el de prueba plena, sino el de cuerpo del delito y probable responsabilidad, lo que implica que únicamente deben existir datos probatorios suficientes que hagan más probable la hipótesis de culpabilidad que la de inocencia; lo que, se insiste, acontece en la especie. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el acto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se siga el proceso a que fue vinculado el inculpado. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 y constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales, sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. Es así, debido a que, en conformidad con los medios de prueba analizados, la autoridad responsable expresó las razones por las cuales consideró que los elementos de prueba existentes en la indagatoria tienen valor conforme a los preceptos legales que citó, destacó los datos e indicios que estimó demostrados y los adminiculó a fin de tenerlos como útiles y eficaces para tener por acreditado el cuerpo del delito del ilícito en comento y la probable responsabilidad del reo. Consecuentemente, desestimados los conceptos de violación, aun suplida la deficiencia en la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, y toda vez que, hasta ese momento, sí se acreditaron los elementos que integran el cuerpo del delito imputado, así como la probable responsabilidad del indiciado, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Fredi Huerta Escobar contra el acto que reclamó del juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la capital del Estado de Zacatecas, agente del Ministerio Público adscrito dicho órgano jurisdiccional y agente del Ministerio Público adscrito al juzgado segundo de lo penal del distrito judicial citado, consistente en la orden de aprehensión girada contra el amparista; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fredi Huerta Escobar contra el acto que reclamó de la Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas, consistente en la orden de aprehensión de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis emitida en la causa penal 11/2016 y su ejecución; por las razones y fundamentos expuestos el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, hasta el nueve de enero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el oficio registrado con el número 16543 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la promoción que remite el juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, mediante la cual envía debidamente diligenciado el exhorto que le fue remitido; por tanto, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Acúsese recibo de estilo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*
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