Franklin Estuardo Borjas Once

Expediente 606/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
606/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Franklin Estuardo Borjas Once

Actuaciones

  1. Principal

    El tres de mayo de dos mil veintiuno, Juan García Trejo, secretario de Juzgado certifica: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del diez al dieciséis de diciembre de dos mil veinte, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos. .Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos por devolver con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se tuvo por no presentada la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a dos de diciembre de dos mil veinte. Vista el acta asentada por el actuario Judicial adscrito el uno de diciembre del año en curso, de la que se advierte se constituyó en la Estación Migratoria en Guadalupe, Zacatecas; a fin de notificar personalmente al quejoso Franklin Estuardo Borjas Once, el auto de uno de diciembre de dos mil veinte, para que manifestara expresamente si era o no su deseo ratificar la demanda de derechos presentada a su favor; y una vez que lo tuvo en su presencia, manifestó que no era su deseo ratificarla; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de que se trata; y en consecuencia, quedan sin efecto las providencias dictadas en el presente asunto. Mediante oficio que derive de este proveído, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables. Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    "...Zacatecas, Zacatecas, a uno de diciembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Marco Valenzuela Maya, a favor de Franklin Estuardo Borjas Once, originario de Ecuador, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Zacatecas y otros; por considerar que se conculcan en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 22 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 606/2020, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, como en la especie se reclama de las autoridades señaladas como responsables: "La incomunicación en la que mantiene la autoridad migratoria al quejoso de nombre Franklin Estuardo Borjas Once, con quien no me he podido comunicar a pesar de múltiples llamadas que le he realizado a los números telefónicos que a parecen publicados en la página oficial del Instituto Nacional de Migración del estado de Zacatecas" Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126 y 160 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, del acto reclamado para que cese todo acto de incomunicación de que se duele el quejoso y cualquier acto de los contenidos en el artículo 22 de la Constitución Federal; como la medida cautelar otorgada conlleva la comunicación del quejoso para con familiares, abogados y amistades de éste y en el caso de ser presencial las responsables deberán observar las medidas de sanitización relativas al virus COVID-19 que tengan implementadas para evitar el contagio. En el entendido de que encontrarse el quejoso sujeto al procedimiento administrativo ante esa autoridad con motivo del internamiento a los Estados Unidos Mexicanos, se precisa a las autoridades responsables que de considerar procedente la aplicación de las medidas previstas en el artículo 102 de la Ley de Migración, deberán hacerlo del conocimiento de éste órgano jurisdiccional, y en su momento del órgano jurisdiccional competente. Asimismo, debe destacarse que toda vez que para el cumplimiento de la suspensión de plano, se encuentra obligada cualquier autoridad que conforme a sus facultades legales se vincule con los hechos, gírese oficio a las autoridades, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y Director de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración ambos en el estado de Zacatecas, para que den cumplimiento a la suspensión de plano. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/2006-PL, Entre las sustentadas por las anteriores Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, de Registro 170578, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, requiérase a las autoridades responsables y a las vinculadas para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento que den a la suspensión de plano que se concede, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, según las circunstancias del caso, con fundamento en los artículos 142, 238 y 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables y vinculadas que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según dispone el artículo 262 de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal, en su contra. Por otra parte, tomando en consideración que Franklin Estuardo Borjas Once, originario de Ecuador, se encuentra interno en la Estación Migratoria de Zacatecas, y que la petición de amparo no la formuló directamente dicho agraviado, ni se encuentra signada por el que promueve a su favor ni la versión criptográfica al haberse presentado de manera electrónica; por tanto, requiérase al directo quejoso, para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifieste sin presión ni coacción alguna si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre por Marco Valenzuela Maya, apercibido que de no ratificar la demanda en el término concedido se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo; y quedarán sin efecto las medidas decretadas. Atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, se conmina al Director de la Estación Migratoria, para que permita al actuario judicial el acceso al registro de ingresos e incluso que pueda entrevistarse con aquellos cuyo nombre sea similar al de los quejosos, a fin de saber si la demanda de amparo se promovió a favor de ellos, so pena de incurrir en responsabilidad oficial. Una vez hecho lo anterior, se acordará lo relativo a la admisión de la demanda de amparo. Para tal virtud el Actuario Judicial adscrito deberá constituirse y realizar lo siguiente: Requiera al director y/o encargado de la Estación Migratoria en Zacatecas, que permita el libre acceso al actuario judicial para que pueda entrevistarse con Franklin Estuardo Borjas Once. Vocear o llamar a dicho quejoso. Notificarle el presente auto. Requerir al referido quejoso, para que en ese acto o dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre. Apercibir al directo impetrante que de no ratificar la demanda en el término concedido se tendrá por no presentada la demanda aludida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedarán sin efecto las medidas decretadas. Notificarle al director y/o encargado de la Estación Migratoria en Zacatecas, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto del acto reclamado, suspensión concedida para el efecto de que cesen cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que afecten o pudieran afectar la integridad personal de los agraviados, debiendo acatar ésta orden la autoridad responsable. En la inteligencia, que deberá prevenirse a la responsable para que de inmediato se abstenga de ejecutar cualquiera de los actos mencionados en contra del directo quejoso. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, en términos de los artículos 77 a 81 del Acuerdo General número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario castelly840403, a consultar el expediente electrónico, así como a notificarse electrónicamente de las resoluciones jurisdiccionales que se emitan en el presente juicio de amparo. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. ..."

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