Fredi Figueroa Artigas
Expediente 286/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fredi Figueroa Artigas
- Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XXI Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 286/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 162 a 168), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos las constancias de notificación del 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, 4. Jefe de Detectives de la Policía Ministerial, 7. Subdelegado de la Policía Estatal Región IX y 8. Comisario General de la Policía Preventiva Municipal, todas con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su carácter de responsables foráneas, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada, no las afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitidas en data de ocho de abril de dos mil veintidós (fojas 87 a 91, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, del presente asunto se aprecia que la parte quejosa********************, exhibió diversas documentales que acompañó en su ocurso con número de registro 6274 recibido el siete de abril pasado (fojas 58 a 86, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) -los cuales se tuvieron por acordadas en la interlocutoria descrita en párrafos anteriores-. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realice a la parte quejosa, la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a********************, que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, y en virtud de que el asunto se encuentra concluido, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto (fojas 162 a 168), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que obste lo anterior el hecho que no obra en los presentes autos las constancias de notificación del 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, 4. Jefe de Detectives de la Policía Ministerial, 7. Subdelegado de la Policía Estatal Región IX y 8. Comisario General de la Policía Preventiva Municipal, todas con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en su carácter de responsables foráneas, pues de acuerdo al sentido de la sentencia dictada, no las afecta directamente, en términos del numeral 87 de la Ley de Amparo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte, se concedió la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitidas en data de ocho de abril de dos mil veintidós (fojas 87 a 91, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Asimismo, del presente asunto se aprecia que la parte quejosa********************, exhibió diversas documentales que acompañó en su ocurso con número de registro 6274 recibido el siete de abril pasado (fojas 58 a 86, del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) -los cuales se tuvieron por acordadas en la interlocutoria descrita en párrafos anteriores-. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realice a la parte quejosa, la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a********************, que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los citados documentos. Apercibida que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, y en virtud de que el asunto se encuentra concluido, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
veintisiete de octubre de dos mil veintidósSENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 286/2022, promovido por Fredi Figueroa Artigas.RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diez de marzo de dos mil veintidós y turnado a este juzgado el mismo día, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-10). SEGUNDO. Trámite. Después de una prevención realizada en proveído de once de marzo de la presente anualidad, por auto de dieciséis de marzo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; y dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional (fojas 21-24). Una vez agregados en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 52, 36, 30, 31, 37, 32, 33 y 38) e integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 148) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, ya que se trata de actos dictados dentro de un proceso penal, susceptibles de afectar directa e irreparablemente derechos humanos fundamentales de los gobernados tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación de amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que la ejecución de los actos reclamados tienen lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los mismos consisten en: a). La medida cautelar de prisión preventiva decretada en el proceso penal 8/2022 de la estadística del juzgado responsable. b). El mandato de captura librado en contra del quejoso a fin de darle ejecución a dicha medida cautelar. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, al 4. Jefe de Detectives de la Policía Ministerial, ambos con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y al 2. Fiscal General en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 52, 31 y 36). Lo que se corrobora, en razón que el Juez de Control responsable remitió copia certificada de las diversas constancias que integran el proceso penal 8/2022 de su índice en las que obran tanto la medida cautelar como la orden de aprehensión reclamadas (mismas que obran en el presente juicio) las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°. Por otra parte, las autoridades responsables 3. Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz, el 5. Jefe de Detectives de Santiago Tuxtla, Veracruz, el 6. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de ciudad Lerdo de Tejada, Veracruz, el 7. Subdelegado de la Policía Estatal Región IX, y el 8. Comisario General de la Policía Preventiva Municipal, ambos con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, al rendir sus informes justificados (fojas 30, 37-38, 32, 33) negaron los actos que se les reclaman; sin embargo, dado su carácter de autoridades ejecutoras y, por la naturaleza jurídica de las funciones que tienen encomendadas, deben tenerse los actos como ciertos y de inminente ejecución, pues en cualquier momento pueden recibir la orden de captura para su ejecución, más aun cuando la autoridad judicial ordenadora reconoció la existencia de la orden de aprehensión. Por tanto, se reitera, deben tenerse por ciertos los actos controvertidos en esta instancia constitucional. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de los actos reclamados consistentes en a) la medida cautelar de prisión preventiva decretada en el proceso penal 8/2022 de la estadística del juzgado responsable, así como b) el mandato de captura librado en contra del quejoso a fin de darle ejecución a dicha medida, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. ANTECEDENTES Previo a explicar el motivo de improcedencia que se considera actualizado, se relatan brevemente los siguientes antecedentes del acto reclamado, que permitirán su mejor comprensión: 1). Por oficio FGE/SAT/F1/1123/2022 de uno de enero de dos mil veintidós, la Fiscal Primera en la Unidad Integral de Procuración de Justicia XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, solicitó al Juez de Control en turno adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de dicha ciudad, fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial a fin de formular imputación en libertad al aquí quejoso Fredi Figueroa Artigas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en agravio del tercero interesado Carlos Enrique Vergara Soto (foja 54). 2). Por auto de tres de febrero de dos mil veintidós, el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, fijó como fecha para llevar la audiencia inicial las nueve horas del cuatro de marzo de la presente anualidad (foja 56). 3). El cuatro de marzo de la presente anualidad, se llevó a cabo la audiencia inicial correspondiente al proceso penal 8/2022 instruido en contra del aquí quejoso, la cual fue suspendida en atención a la solicitud de su defensor, y se fijaron las ocho horas del ocho de marzo de este año para su continuación (foja 67); la cual, fue desahogada y al abrir el debate de medidas cautelares, la fiscalía solicitó fijar como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional, en virtud de que las lesiones inferidas a la víctima fueron realizadas con arma de fuego, por lo que, al momento en que el Juez responsable impuso dicha medida por la temporalidad de un año a partir de esa fecha, el imputado (quejoso en este asunto) procedió a retirarse del desarrollo de la audiencia inicial (foja 52). 4). Mediante oficio FGE/SAT/F1/2892/2022 de ocho de marzo de dos mil veintidós, la Fiscal Primera en la Unidad Integral de Procuración de Justicia XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, solicitó al Juez de Control responsable declarara sustraído de la acción de la justicia al aquí quejoso Fredi Figueroa Artigas y se librara orden de aprehensión en su contra, toda vez que durante el desarrollo de la continuación de la audiencia inicial, al imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se levantó de su lugar abrió la puerta y se salió de la sala de juicios orales, suspendiéndose la referida audiencia (fojas 68 y 69). 5). Atento a dicha solicitud, mediante resolución de ocho de marzo del año que transcurre, el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, giró la correspondiente orden de aprehensión en contra de Fredi Figueroa Artigas (fojas 72-75). 6). El diez de marzo de dos mil veintidós, el quejoso Fredi Figueroa Artigas interpuso la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, ante la medida cautelar de prisión preventiva y el mandato de ejecución, que le fue impuesta en autos del proceso penal 8/2022. 7). El veintisiete de abril de dos mil veintidós, una vez que se ejecutó la orden de aprehensión girada en contra del amparista (foja 88) se dio continuidad a la audiencia inicial dentro de los autos del proceso penal 8/2022, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Fredi Figueroa Artigas por su probable responsabilidad en la comisión el delito de lesiones dolosas en agravio de Carlos Enrique Vergara Soto (foja 134-138). 8). Posteriormente, a las veintiún horas con veintiocho minutos del mismo veintisiete de abril de este año, luego de fijarse el plazo de investigación complementaria, la víctima Carlos Enrique Vergara Soto (aquí tercero interesado) le otorgó el perdón a Fredi Figueroa Artigas y éste lo aceptó, por lo que se declaró el sobreseimiento total del proceso penal 8/2022, levantando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (fojas 139-140). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de los actos reclamados, la cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituida, que es la materia del amparo. Lo que se sostiene, en la medida que de las constancias remitidas por el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en alcance a su informe justificado, se desprende que el veintisiete de abril de dos mil veintidós se cumplió con la orden de aprehensión, se decretó el sobreseimiento en el proceso penal 8/2022, en virtud de que la víctima Carlos Enrique Vergara Soto (aquí tercero interesado) le otorgó el perdón al imputado Fredi Figueroa Artigas (aquí quejoso) y éste último lo aceptó; por lo que, consecuentemente levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Así, de dichas constancias se aprecia con claridad que por una parte, se ejecutó la orden de aprehensión girada en contra del amparista y, por otra, el Juez responsable levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa emitida en contra del aquí quejoso, al haber declarado el sobreseimiento dentro del proceso penal 8/2022, pues la víctima le otorgó el perdón al imputado aquí quejoso. Luego, si el Juez responsable declaró procedente el sobreseimiento del proceso penal 8/2022, levantando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa fijada al quejoso; por ende, es claro que cesaron los efectos de los actos reclamados, al haber desaparecido en su totalidad la orden de aprehensión girada en contra del quejoso, así como la medida cautelar combatidas en esta instancia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del aludido acto reclamado. Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto al acto reclamado a la citada autoridad responsable. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En términos de lo anteriormente considerado, el suscrito considera procedente emitir el presente fallo, aun cuando no se ha emplazado a juicio a quien fuera señalado con el carácter de tercero interesado Carlos Enrique Vergara Soto. Lo anterior, pues el sentido de esta sentencia no le produce perjuicio alguno; de ahí que a nada práctico conllevaría posponer el dictado de la misma, a fin de ordenar que se realice dicho emplazamiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531 de la séptima época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Así también, es aplicable la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes, copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fredi Figuroa Artigas, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el Asesor Jurídico de Carlos Enrique Vergara Soto, tercero interesado en el presente asunto, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en el proveído de veintisiete de julio del año actual, asimismo informa que desconoce el domicilio actual de la citada parte, en virtud de que ha perdido la comunicación total con su entonces representado, ahora, se está en espera de que la autoridad tercero interesado Fiscal Primera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dé cumplimiento al requerimiento efectuado en el citado auto, a fin de acordar lo conducente; esto es se procederá a investigar por los medios al alcance el señalado domicilio, y en su caso, la notificación se realizará mediante edictos, cuya publicación será enteramente a costa de la parte quejosa, esto con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo, de la Ley de Amparo, y el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese en términos de ley.
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