Frederick León Hernández
Expediente 354/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Frederick León Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
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IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintitrés de agostos de dos mil veintiuno, misma que a la letra dice: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en línea en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el catorce de mayo de dos mil veintiuno (según evidencia criptográfica -foja 15 vuelta-) y turnado el diecisiete de mayo siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 3-15). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de dieciocho de mayo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este juzgado y, requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 16-21). Se agregaron a los autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 27-32, 35-37, 40, 47-49, 53-54 y 57-58) e integrado que estuvo el asunto, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 59) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (foja 61). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse la inconstitucionalidad de una norma municipal, que sostiene la parte quejosa, afecta irreparablemente sus derechos humanos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: I). La aprobación, expedición, refrendo y promulgación del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Veracruz, específicamente de sus artículos 13, fracción VII, 187, 191 y 197. Actos atribuidos al 1. Presidente Municipal y a la 2. Secretaria, ambos del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. II). El primer acto de aplicación de los artículos 13, fracción VII, 187, 191 y 197 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consistente la boleta de infracción 207587, así como el desposeimiento y retención de la licencia de conducir expedida a su nombre. Actos atribuidos al 3. Servidor público que firmó como Oficial de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz. III). Como consecuencia de la boleta de infracción, el cobro de la multa a que se refiere dicha boleta expedida a nombre del quejoso. Este acto atribuido a la 4. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. IV). El desposeimiento del recibo o comprobante de pago con folio 20210423/34/00123 realizado el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, el cual fue expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Veracruz. Acto que se atribuye al 5. Director de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. V). La publicación del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz. Esta atribuida a la 6. Directora de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. El 1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado a esa autoridad (fojas 27-32). Explicó que dentro de las atribuciones y facultades que para dicho encargo público se contemplan en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, no se encuentra la de aprobar, expedir y promulgar el reglamento de tránsito que se combate. Ahora bien, para clarificar las atribuciones legales de dicha autoridad, en relación con el acto que se le atribuye, es necesario traer a colación lo que establecen los artículos 17, 18, 28, 29, 30, 34 y 35, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre: "Artículo 17. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa, de representación proporcional e igualdad de género, en los términos que señale el Código Electoral del Estado. El Ayuntamiento residirá en la cabecera del municipio y sólo podrá trasladarse a otro lugar dentro del mismo, por decreto del Congreso del Estado, cuando el interés público justifique la medida. Artículo 18. El Ayuntamiento se integrará por los siguientes Ediles: I. El Presidente Municipal; II. El Síndico, y III. Los Regidores. Artículo 28. El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, según el caso, se efectuarán en el recinto municipal y podrán adoptar la modalidad de públicas o secretas, en los términos que disponga esta ley. Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo en aquellos casos en que la Constitución del Estado y esta ley exijan mayoría calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad. Artículo 29. Los Ayuntamientos celebrarán al menos dos Sesiones Ordinarias cada mes, en los términos que señalen sus reglamentos interiores; asimismo, podrán celebrar las Sesiones Extraordinarias que estimen convenientes, cuando ocurriere algún asunto urgente o lo pidiere alguno de los Ediles. Para que el Ayuntamiento pueda celebrar sus sesiones será necesario que estén presentes la mitad más uno de los Ediles, entre los que deberá estar el Presidente Municipal. Artículo 30. El resultado de las sesiones se hará constar en actas que contendrán una relación sucinta de los puntos tratados. Estas actas se levantarán en un libro foliado y, una vez aprobadas, las firmarán todos los presentes y el Secretario del Ayuntamiento. Con una copia del acta y los documentos relativos se formará un expediente, con estos un volumen cada semestre y los acuerdos respectivos serán publicados en la Tabla de Avisos. Artículo 34. De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Federal y la del Estado, esta ley y demás leyes que expida el Congreso del Estado en materia municipal, los Ayuntamientos aprobarán los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen las funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Los actos y procedimientos administrativos municipales, medios de impugnación y órganos competentes para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares, se regularán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: (.) XIV. Expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la administración pública municipal de naturaleza centralizada, manuales de organización y procedimientos y los de atención y servicios al público, así como ordenar su publicación en los términos de esta ley; (.)" Como se desprende de la transcripción de los aludidos artículos, en el Estado de Veracruz cada Municipio está gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, el cual está integrado por el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores. El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas, los cuales se toman por mayoría de votos de los presentes. Entre las facultades con que cuentan los Ayuntamientos están las de aprobar los reglamentos de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial. Una de las atribuciones que se otorga a los Ayuntamientos es la expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la administración pública municipal de naturaleza centralizada, manuales de organización y procedimientos y los de atención y servicios al público, así como ordenar su publicación. En ese sentido, deben tenerse por inexistentes los actos reclamados a la referida autoridad identificada con el número 1 y 2, pues como lo sostiene en su informe, dentro de sus facultades y atribuciones legales no se encuentra la de aprobar, expedir y promulgar el Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Veracruz, ya que como se desprende de la Ley Orgánica del Municipio Libre, dicha facultad corresponde exclusivamente al Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, reuniéndose de manera colegiada en forma de Cabildo. De allí, que se concluye que al Presidente Municipal del Ayuntamiento responsable no le compete de manera individual o unilateral la emisión del reglamento tildado de inconstitucional. En otro orden, el 5. Director de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto reclamado a esa autoridad, consistente en el desposeimiento del recibo o comprobante de pago con folio 20210423/34/00123 realizado el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, el cual fue expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Veracruz. En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dichas autoridades responsables en la emisión de los actos que les atribuye, ni tampoco que conforme a sus atribuciones legales les competa su emisión o ejecución; debe entonces sobreseerse en este juicio de amparo por cuanto hace a los actos atribuidos a las mismas, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. La 2. Secretaria del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado a esa autoridad (fojas 35-37). Indicó dicha autoridad que si bien el artículo 70, fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece su atribución en el trámite de la publicación de los reglamentos que expide el Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, no le compete la expedición de estos, ni tampoco ejecutarlos o velar su cumplimiento. No obstante, en la especie, se desvirtúa su negativa en la medida que del propio artículo 70, fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre se advierte que sí se encuentra dentro de sus facultades legales la de autorizar con su firma y rúbrica, según corresponda, las actas y los documentos emanados que conforme a los artículos 17, 18, 28, 29, 30, 34 y 35, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, le compete expedir al Ayuntamiento actuando en Cabildo, entre ellos, el Reglamento de Tránsito combatido. De allí, que se estime la certeza del refrendo del aludido reglamento que le atribuye la parte quejosa. Por otro lado, son ciertos los actos reclamados al 3. Oficial de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz (fojas 47-49) y a la 4. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz (fojas 53-54) en razón de que al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos atribuidos consistentes en la emisión de la boleta de infracción 207587, el desposeimiento y retención de la licencia de conducir expedida a nombre del queso, así como el cobro de la multa a que se refiere dicha boleta. Asimismo, es cierto el acto atribuido a la 6. Directora de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, pues al rendir su informe justificado reconoció la publicación del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz. Certeza que se corrobora con las documentales remitidas como apoyo a su respectivo informe justificado por las aludidas autoridades responsables, consistentes en la boleta de infracción aludida (foja 51) y el ejemplar de la Gaceta Oficial Número Extraordinario 500 de catorce de diciembre de dos mil dieciocho que contiene el Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz (fojas 41-43). Constancias que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. QUINTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. PRIMER MOTIVO DE IMPROCEDENCIA De oficio, se estima que el presente juicio constitucional es improcedente respecto de los actos atribuidos a la: 2. Secretaria del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, consistente en el refrendo del reglamento reclamado y, a la 6. Directora de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, respecto la publicación del mismo. Lo anterior porque de la demanda de amparo no se observa que la parte quejosa haya combatido dichos actos por vicios propios. Por ende, se concreta el motivo de improcedencia que establece artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (...)" (Lo resaltado es propio de esta sentencia) El numeral señalado en primer término, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o la publicación de ésta, a los que se equipara la rúbrica de una norma, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Adicionalmente, se indica que si bien la publicación de la norma general es parte del proceso legislativo, esta cuestión no es suficiente para estimar procedente el juicio. Ello es así, porque el señalamiento expreso de aquélla como acto de autoridad y su atribución a la emisora, implica la necesidad de exposición de conceptos de violación que sustentan la pretensión de inconstitucionalidad formal, es decir, se trata de un análisis propio y exclusivo de esos actos; de modo que la determinación tomada en lo individual por cada uno de ellos, en nada afecta tanto la constitucionalidad formal de los restantes actos legislativos, como la material derivada, en su caso, del contenido de las normas jurídicas que también se destaquen como reclamadas. En tal sentido, es que se concreta en la especie el motivo de improcedencia invocado, en razón de que se advierte que los destacados actos reclamados no fueron impugnados por vicios propios. En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, por cuanto hace a los actos reclamados a esas autoridades responsables identificadas con los números 2 y 6. Orienta a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.) que se lee: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." SEGUNDO MOTIVO DE IMPROCEDENCIA Por otra parte, el quejoso también reclama en su demanda de amparo los actos consistentes en: La emisión de la boleta de infracción 207587, así como su consecuencia relativa al desposeimiento y retención de la licencia de conducir expedida a nombre del quejoso, atribuidos al 3. Oficial de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz. Además del cobro de la multa a que se refiere la boleta de infracción, atribuido a la 4. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. Ahora bien, de la demanda de amparo se observa que dichos actos los combate el quejoso como actos de aplicación del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, ordenamiento respecto del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, lo que trae como consecuencia que los aludidos actos de aplicación ya no guarden vinculación alguna con la legislación reglamentaria impugnada, lo que obliga a estudiar la procedencia del juicio constitucional en relación con ellos. Sirve de apoyo, por las consideraciones que la componen, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/8 (10a.) que se lee: "AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, NO IMPIDE ANALIZAR SU ACTO DE APLICACIÓN SI SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. La vinculación en el estudio de una ley o reglamento en relación con su acto de aplicación se actualiza cuando la inconstitucionalidad de éste se hace derivar de la propia norma controvertida. Sin embargo, si en la demanda de amparo se tilda de inconstitucional un ordenamiento de observancia general, pero al mismo tiempo su acto de aplicación se combate por vicios propios, salvo que se conceda la protección de la Justicia de la Unión respecto de la norma jurídica, habrá obligación de examinar y pronunciarse en torno a la legalidad planteada de dicho acto, ya que el análisis respectivo es autónomo por no guardar vinculación alguna con el estudio efectuado en relación con el ordenamiento legal impugnado. Por ende, si se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que se refiere a la ley o reglamento impugnado, esta determinación no impide al órgano de control constitucional abordar los conceptos de violación que fueron propuestos con el objeto de demostrar los vicios propios del acto de aplicación de la norma controvertida, acorde con la obligación que deriva de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar a los diversos 74 y 75 de la vigente." Sentado lo anterior, en el caso, se estima sobreviene el motivo de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque la parte quejosa no agotó el principio de definitividad para combatirlos, al no acudir previamente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz y plantear el juicio contencioso administrativo contra esos actos, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se puede advertir, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a este sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, ya que en esto estriba precisamente el principio de definitividad aludido, el cual debió agotarse previamente por la parte quejosa. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se da pie al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, conviene destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos, para otorgar la suspensión del acto, que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. De lo anterior se desprende que para que se concrete el motivo de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: 1) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2) Sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte; es decir, que proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado. 3) Conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo, proceda la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización. 4) No se esté en el caso de excepción. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, tales requisitos se cumplen. Respecto al PRIMER requisito consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues los referidos actos reclamados fueron emitidos por el 3. Oficial de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz y la 4. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz; autoridades evidentemente distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por cuanto hace al SEGUNDO requisito, relativo a que contra los actos impugnados proceda algún medio de defensa ordinario por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, también se actualiza, ya que los actos que en este juicio se reclaman y que se precisaron en este apartado, pueden ser analizados por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, a través de la promoción del juicio contencioso. Lo anterior se deriva de lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que dispone: ".Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general.". De igual modo, la fracción II, del artículo 280, del ordenamiento legal referido, establece que procede el juicio contencioso contra: ".II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares;.". De lo anterior se desprende que contra la boleta de infracción 207587, su consecuencia de desposeimiento y retención de la licencia de conducir expedida a nombre del quejoso, así como el cobro de la multa que establece dicha boleta de infracción, emitidos por el 3. Oficial de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz y por la 4. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, respectivamente, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; medio ordinario de defensa idóneo para modificar, revocar o nulificar dichos actos. Con base en lo anterior, es posible afirmar que el quejoso, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar ese medio ordinario de defensa, a fin de observar el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. En relación con el TERCER requisito, también se satisface, pues la ley que rige el medio de impugnación relativo, a saber, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz vigente, contempla la suspensión del acto combatido, con los mismos alcances, sin un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional y, sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada." Así, se concluye que la parte quejosa, antes de la promoción del presente juicio constitucional contra los referidos actos reclamados, debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa aludido. En similares condiciones se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al resolver el amparo en revisión 214/2018, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho; sentencia que si bien no obra en autos, es apta para motivar el presente auto, pues se obtuvo de la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público sus resoluciones, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Enseguida, se verificará si se concreta excepción al principio de definitividad, distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio, esto es, lo relativo al CUARTO requisito en mención. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En el caso, la parte quejosa no reclamó ley alguna, pues como ya se dijo, los actos aquí reclamados quedaron desvinculados del Reglamento de Tránsito tildado de inconstitucional. 2. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Este aspecto está relacionado a que el acto reclamado adolezca de vicios de inconstitucionalidad directa y no derivada. En efecto, en el caso a estudio, de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa haya realizado concepto de violación alguno tendente a demostrar algún vicio de inconstitucionalidad directa de los actos reclamados consistentes en la boleta de infracción 207587, su consecuencia de desposeimiento y retención de la licencia de conducir expedida a su nombre, así como el cobro de la multa que establece dicha boleta de infracción, emitidos por el 3. Oficial de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz y por la 4. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. Lo que se sostiene así, en razón que los conceptos de violación que el quejoso formuló en su demanda de amparo se encuentran dirigidos a evidenciar única y exclusivamente la inconstitucionalidad de los artículos 13, fracción VII, 187, 191 y 197, del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Veracruz, respecto de los cuales se sobreseyó en el presente juicio de control constitucional. De lo anterior se aprecia que el quejoso no reclama en específico alguna violación directa a la constitución, pues como se vio, no formuló motivo de disenso alguno contra los actos reclamados antes destacados en ese sentido; ni tampoco formuló reclamo contra esos actos por vicios propios. De allí, que el reclamo del quejoso únicamente implicaría, en el caso de existir, una cuestión de legalidad y no una violación directa a la constitución. 3. Los que carecen de fundamentación. A simple vista, de la documental exhibida por el 3. Oficial de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz, relativa a la boleta de infracción 207587, de veintidós de abril de dos mil veintiuno (foja 51) se aprecia que cuenta con fundamentos legales que la sustentan, pues en ella se citaron, entre otros, los artículos 1, 13, fracción VII, 46, 50, fracción VII, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 215, todos del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz Ignacio de la Llave. Además, si bien respecto del cobro de la multa contenida en la infracción impuesta al quejoso, no se advierte que éste haya acompañado a su demanda de amparo documento alguno de donde se desprenda el fundamento legal que la sustente, ni tampoco se advierte que la 4. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Veracruz responsable haya remitido documento en ese mismo sentido; lo cierto es que dicho cobro encuentra fundamento legal en la propia boleta de infracción de que se trata, en la que se citó el numeral 189 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz Ignacio de la Llave, que establece que las multas serán cubiertas en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento o, en su defecto, en los módulos previamente establecidos para ello por el propio Ayuntamiento. Lo anterior pone de manifiesto que los actos reclamados no carecen de absoluta fundamentación que impida a la parte quejosa hacer valer el recurso idóneo para combatirlos. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo resaltado es propio) 4. En aquellos que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. No se actualiza dicha excepción al principio de definitividad, en razón que el juicio contencioso administrativo de que se trata se encuentra previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz y no en reglamento alguno. En consecuencia, dado que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, antes de acudir a la instancia constitucional. Es por ello que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta incuestionable que no puede acudir ahora ante esta instancia constitucional, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige en el referido juicio constitucional, pues una vez agotado el contencioso administrativo aludido, procedería el juicio de amparo. En ese contexto, es posible considerar que, si el quejoso omitió agotar el medio de impugnación ordinario ya aludido y, por tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, resulta evidente la actualización del motivo de improcedencia aquí analizado. En consecuencia, al concretarse el aludido motivo de improcedencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables. Al decretarse el sobreseimiento del asunto respecto no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Frederick León Hernández, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución.Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio, signado por el 5. Director de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, como sus delegados a las personas que cita. Por otro lado, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, no median ocho días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista de acuerdos el veintiocho del mes y año en cita, y la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada para el día treinta de los corrientes. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, señalada para el treinta de junio del año en curso, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios signados por el 3. Oficial de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Veracruz y 4. Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Veracruz, ambos con sede en Veracruz, Veracruz; atento a sus contenidos, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus INFORMES JUSTIFICADOS, y con los mismos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, ténganseles señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que citan en su respectivo informe y designando como delegados de su parte a las personas que aluden en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Finalmente, no ha lugar a tenerle como medio alternativo su correo electrónico para practicarle las notificaciones correspondientes del presente asunto a la autoridad señalada con el número 4., toda vez que no proporciona un número telefónico para que el servidor público encargado de realizar la notificación, pueda efectuar la certificación respectiva en la que conste el cercioramiento de la recepción por esa vía.
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