Freddy González Muñoz

Expediente 964/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
964/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Freddy González Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dos de octubre de dos mil diecinueve por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.-- Notifíquese.-

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dos de octubre de dos mil diecinueve por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.-- Notifíquese.-

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Freddy González Muñoz y/o Fredy González Muñoz y/o Muños, contra los actos del Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla (Bet Nimra Pérez) fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 964/2019. IMPROCEDENCIA Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo promovida por Freddy González Muñoz y/o Fredy González Muñoz y/o Muños, por propio derecho, se advierte que el promovente en el capítulo correspondiente reclama de la Jueza de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, la privación de la libertad derivada de la omisión de no computar la pena privativa de libertad, ni modificar o revisar los cómputos existentes los cuales son erróneos, siendo omisa en descontar la prisión preventiva dentro del proceso 144/2009 del índice del Juzgado Séptimo Penal de la Ciudad de Puebla, habiendo ya compurgado esa pena. Sin embargo del capítulo de antecedentes en el punto señalado con el número ocho y de las constancias que remite se advierte que el impetrante de amparo promovió juicio de amparo 951/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en contra de actos que atribuyó al Juez de Ejecución de Sentencias de Puebla, y que el juez de Distrito resolvió en el sentido siguiente: "Lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez responsable, de conformidad con el artículo 520 del Código de Procedimental mencionado, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con las constancias que considere necesarias se pronuncie respecto de lo solicitado por el quejoso, esto es realice el cómputo preciso de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia ejecutoriada en la causa penal 144/2009, del índice del juzgado Séptimo de Puebla capital, por el delito de Robo de Vehículo; así mismo le hago de su conocimiento mediante notificación personal, con lo cual quedara cumplida la presente sentencia constitucional". En cumplimiento a dicha determinación, la autoridad señalada como responsable Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla en veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, realizó el cómputo de la pena que el quejoso debe compurgar dentro proceso 144/2009, por lo que es dable decir que dicha determinación es de la que se duele el quejoso. Se sostiene lo anterior, pues del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso hace valer argumentos en el sentido de que la fecha en que debe compurgar su pena, esto es, el dos de marzo de dos mil veinte, es incorrecto, pues la autoridad responsable omitió descontar de dicho término el tiempo que pasó en prisión preventiva, lo que pone de manifiesto que el quejoso, realiza manifestaciones encaminadas a combatir la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, a través de la cual el juez de ejecución en cumplimiento a la sentencia de amparo, ejecuta el cómputo para compurgar la sentencia dentro del proceso 144/2009. En ese sentido, si el quejoso pretende reclamar la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, resulta inconcuso que respecto a la misma se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". Del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo genérico de quince días. Por su parte del artículo 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo para la presentación de la demanda de amparo se cuenta partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación del numeral referido, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, de las constancias que el quejoso adjuntó a su escrito de demanda, se advierte que la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, le fue notificado al quejoso el veintiocho siguiente y a su defensor público el tres de octubre del mismo año en consecuencia, la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Se dice lo anterior, toda vez que, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio constitucional, transcurrió en exceso, en virtud de que, como se dijo, el peticionario de amparo fue notificado del acto reclamado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis y su defensor el tres de octubre del mismo año, por lo que a la fecha de presentación de la demanda incoada excedió el término establecido en dicho dispositivo, puesto que el mismo comenzó a computarse por lo que se refiere al quejoso el veintinueve de septiembre siguiente y concluyó el veinte de octubre de dos mil dieciséis. Asi mismo, por lo que respecta al defensor del mismo comenzó a computarse el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, y concluyó el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Todo ello, en términos del articulo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla descontándose de dicho cómputo los días uno, dos, nueve, ocho, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil dieciséis, por ser días inhábiles. Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, ya que no obstante que se le notificó el veintiocho de septiembre y tres de octubre de dos mil dieciséis, por lo que si pretende promover el juicio biistancial mediante demanda presentada hasta el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, según la data que obra en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, lo que evidencia que entre ambas fechas media un periodo mayor a quince días hábiles. Por tanto, se estima procedente desechar la demanda de amparo respecto al referido acto reclamado, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jacob Ulises Lozano Sánchez y con las restricciones que el mismo numeral prevé respecto del diverso autorizado, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En relación a lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído así como los subsecuentes por conducto de sus autorizados, en el domicilio citado para tal efecto, corriéndole traslado con copia certificada o autorizada de los autos que se lleguen a dictar y de las promociones que integren el expediente, con excepción de aquéllas presentadas por el impetrante de amparo. Asimismo, no ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales, como lo refiere el correo electrónico, en virtud que el Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, autoriza a las partes a tener acceso al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, asimismo, otorga el permiso para que se notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en los asuntos a las partes, no así para notificar por vía electrónica a través de sistemas tecnológicos que no sean del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

  4. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Vista la demanda de amparo promovida por Freddy González Muñoz y/o Fredy González Muñoz y/o Muños, contra los actos del Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla (Bet Nimra Pérez) fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 964/2019. IMPROCEDENCIA Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo promovida por Freddy González Muñoz y/o Fredy González Muñoz y/o Muños, por propio derecho, se advierte que el promovente en el capítulo correspondiente reclama de la Jueza de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla, la privación de la libertad derivada de la omisión de no computar la pena privativa de libertad, ni modificar o revisar los cómputos existentes los cuales son erróneos, siendo omisa en descontar la prisión preventiva dentro del proceso 144/2009 del índice del Juzgado Séptimo Penal de la Ciudad de Puebla, habiendo ya compurgado esa pena. Sin embargo del capítulo de antecedentes en el punto señalado con el número ocho y de las constancias que remite se advierte que el impetrante de amparo promovió juicio de amparo 951/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en contra de actos que atribuyó al Juez de Ejecución de Sentencias de Puebla, y que el juez de Distrito resolvió en el sentido siguiente: "Lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez responsable, de conformidad con el artículo 520 del Código de Procedimental mencionado, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con las constancias que considere necesarias se pronuncie respecto de lo solicitado por el quejoso, esto es realice el cómputo preciso de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia ejecutoriada en la causa penal 144/2009, del índice del juzgado Séptimo de Puebla capital, por el delito de Robo de Vehículo; así mismo le hago de su conocimiento mediante notificación personal, con lo cual quedara cumplida la presente sentencia constitucional". En cumplimiento a dicha determinación, la autoridad señalada como responsable Juez de Ejecución de Sentencias Penales de Puebla en veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, realizó el cómputo de la pena que el quejoso debe compurgar dentro proceso 144/2009, por lo que es dable decir que dicha determinación es de la que se duele el quejoso. Se sostiene lo anterior, pues del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso hace valer argumentos en el sentido de que la fecha en que debe compurgar su pena, esto es, el dos de marzo de dos mil veinte, es incorrecto, pues la autoridad responsable omitió descontar de dicho término el tiempo que pasó en prisión preventiva, lo que pone de manifiesto que el quejoso, realiza manifestaciones encaminadas a combatir la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, a través de la cual el juez de ejecución en cumplimiento a la sentencia de amparo, ejecuta el cómputo para compurgar la sentencia dentro del proceso 144/2009. En ese sentido, si el quejoso pretende reclamar la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, resulta inconcuso que respecto a la misma se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". Del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo genérico de quince días. Por su parte del artículo 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo para la presentación de la demanda de amparo se cuenta partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación del numeral referido, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, de las constancias que el quejoso adjuntó a su escrito de demanda, se advierte que la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, le fue notificado al quejoso el veintiocho siguiente y a su defensor público el tres de octubre del mismo año en consecuencia, la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. Se dice lo anterior, toda vez que, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio constitucional, transcurrió en exceso, en virtud de que, como se dijo, el peticionario de amparo fue notificado del acto reclamado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis y su defensor el tres de octubre del mismo año, por lo que a la fecha de presentación de la demanda incoada excedió el término establecido en dicho dispositivo, puesto que el mismo comenzó a computarse por lo que se refiere al quejoso el veintinueve de septiembre siguiente y concluyó el veinte de octubre de dos mil dieciséis. Asi mismo, por lo que respecta al defensor del mismo comenzó a computarse el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, y concluyó el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Todo ello, en términos del articulo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla descontándose de dicho cómputo los días uno, dos, nueve, ocho, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre de dos mil dieciséis, por ser días inhábiles. Por lo anteriormente expuesto, es claro que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, ya que no obstante que se le notificó el veintiocho de septiembre y tres de octubre de dos mil dieciséis, por lo que si pretende promover el juicio biistancial mediante demanda presentada hasta el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, según la data que obra en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, lo que evidencia que entre ambas fechas media un periodo mayor a quince días hábiles. Por tanto, se estima procedente desechar la demanda de amparo respecto al referido acto reclamado, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jacob Ulises Lozano Sánchez y con las restricciones que el mismo numeral prevé respecto del diverso autorizado, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En relación a lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarle de manera personal el presente proveído así como los subsecuentes por conducto de sus autorizados, en el domicilio citado para tal efecto, corriéndole traslado con copia certificada o autorizada de los autos que se lleguen a dictar y de las promociones que integren el expediente, con excepción de aquéllas presentadas por el impetrante de amparo. Asimismo, no ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales, como lo refiere el correo electrónico, en virtud que el Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, autoriza a las partes a tener acceso al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, asimismo, otorga el permiso para que se notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en los asuntos a las partes, no así para notificar por vía electrónica a través de sistemas tecnológicos que no sean del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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