Franco Paris Jaime Garay

Expediente 1323/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1323/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2016

Partes del expediente

  • Franco Paris Jaime Garay

Actuaciones

  1. Principal

    ..., CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, mediante el cual y en cumplimiento a lo ordenado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito mediante ejecutoria de treinta de septiembre del año en curso, pronunciada en la queja Q.P. 49/2016, remite el juicio de Amparo 721/2016, promovido por ****, a través de su defensor ALEJANDRO LLANES PINEDA, contra actos del Juez de lo Penal de San Pedro, Puebla, fórmese el expediente correspondiente registrándose con el número 1323/2016. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En vista de lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, SE DECLARA LEGALMENTE COMPETENTE para conocer de la demanda de que se trata. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis integral de dicha demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla; los siguientes datos: 1.- La omisión del dictado de la sentencia en la causa 8/2013 y; 2.- El auto mediante el cual el juez responsable ordenó no dictar sentencia por la existencia de una demanda de amparo pendiente de resolución. Así mismo, se ordena tener a la vista los autos que integran el cuaderno de amparo 766/2016, del índice de este Juzgado Federal, promovido por el aquí quejoso ****, en el que reclama del juez de lo Penal de San Pedro, Cholula, Puebla lo siguiente: De dicho juicio se agregan copias certificadas de la demanda, auto admisorio, sentencia para que obren en el presente juicio sumario. Ahora bien de lo expuesto y de tales documentales, se advierte que uno de los actos reclamados que por esta vía de amparo se controvierten, consistente en la omisión del dictado de la sentencia en la causa penal 8/2013 del índice del Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, ya fue materia del diverso juicio de amparo 766/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, circunstancia que es un hecho notorio para el suscrito, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es aplicable la jurisprudencia sustentada, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: De lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado por el quejoso, como ya se dijo, fue materia del diverso juicio de amparo 766/2016 del índice de este Juzgado de Distrito, tal y como se aprecia de las diversas constancias que integran el expediente antes invocado. Ahora bien, del contenido del citado juicio, se advierte que mediante sentencia con engrose de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se determinó que la justicia de la unión no ampara ni protege a Franco Paris Jaime Garay contra la omisión de dictar sentencia dentro de la causa penal 8/2013 reclamada al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la cual fue recurrida por el impetrante de amparo y mediante ejecutoria pronunciada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del recurso de revisión número R-277/2016, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se aprecia que dicho Órgano Colegiado confirmó en la materia de la revisión la sentencia recurrida. De las fracciones del precepto legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Cabe precisar que la citada causal de improcedencia en un juicio de amparo se actualiza sólo respecto de actos que han sido materia de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, pues la circunstancia de que en la fracción que la prevé se haga referencia a la anterior, únicamente tiene el objeto de determinar que en ese supuesto ambos juicios de amparo hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso se surte tal hipótesis de improcedencia en comento, pues el quejoso señaló como autoridad responsable a la misma a quien atribuyó tal carácter en el diverso juicio de amparo número 766/2016 del índice de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; de igual manera, se puede sostener, válidamente, que el acto señalado en esta vía es el mismo que señaló como tal en aquel juicio de amparo, esto es la omisión de dictar sentencia en la causa penal 8/2013 del índice del juez penal responsable. En consecuencia, al haber sido el acto reclamado materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, ello actualiza la causal de improcedencia advertida, de ahí que la legalidad de dicha determinación no puede ser analizada nuevamente en esta vía. En otro aspecto, en relación al diverso acto reclamado consistente en el auto mediante el cual el Juez de lo Penal de San Pedro Cholula, Puebla, ordenó no dictar sentencia por la existencia de una demanda de amparo pendiente de resolución también el amparo es improcedente ya que se actualiza la causal de improcedencia que se actualiza es la prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo. Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo. De los preceptos legales transcritos se obtiene la procedencia del recurso de revocación por exclusión, es decir, respecto de las resoluciones que no son apelables, las cuales se mencionan en las diversas fracciones del segundo de los preceptos legales transcritos. En el caso concreto el quejoso reclama del Juez responsable el auto mediante el cual ordenó no dictar sentencia en la causa penal 8/2013, por la existencia de una demanda de amparo pendiente de resolución, determinación que no se encuentra comprendida en alguna de las diversas fracciones del artículo 273 de la legislación adjetiva penal de la entidad que establece la procedencia del recurso de apelación, pues no se trata de una sentencia de primera instancia, tampoco de un auto en el que se determine la falta de elementos para procesar, o en el que se conceda o niegue la libertad bajo caución o en el que se conceda o niegue la libertad por desvanecimiento de datos; no resuelve algún incidente no especificado ni niega la orden de aprehensión o la citación para preparatoria; tampoco es un auto que ratifique la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional y, finalmente, a través del mismo no se fija ni modifica el monto de la caución para obtener la libertad provisional. Por lo tanto, si dicha determinación no puede ser impugnada a través del recurso de apelación, mientras que el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla establece que cuando dicho Código no conceda el recurso de apelación procederá el de revocación, tal circunstancia lleva a concluir que en contra de tal determinación procede el recurso de revocación. En tales condiciones, si el quejoso no agotó en contra del acto reclamado en esta vía el medio de impugnación a través del cual pudo lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, pues no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues al estar vinculado al juicio natural, en virtud de que es procesado dentro de la causa penal, sí estaba en aptitud de interponer dicho recurso en todo aquello que lo afectara. En consecuencia, al no haber interpuesto el quejoso el recurso ordinario que la ley concede en contra de la determinación del Juez responsable, consistente en el auto por el cual ordenó no dictar sentencia en la causa penal 8/2013 de su índice, por la existencia de una demanda de amparo pendiente de resolución, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número XXI.1o.29 K del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito publicada en la página 599, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si en amparo indirecto se reclama una providencia dictada en un procedimiento judicial no contencioso, como lo es la jurisdicción voluntaria, y contra tal determinación procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, como lo establece el artículo 749 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero; en tal circunstancia, al no agotarse tal medio de impugnación, procedente en el caso, antes de acudir al amparo, provoca la improcedencia del juicio de garantías, de acuerdo al diverso 73, fracción XIII, de la ley de la materia." Finalmente, debe decirse que en el caso concreto no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción que señala dicho precepto, pues la determinación reclamada no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni ésta es persona extraña al procedimiento; de ahí que sí estaba obligada a agotar el recurso referido en contra del acto reclamado en esta vía. En consecuencia, por ser notorias e indudables las improcedencias analizadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XI y XVIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

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