Freddy Alcides López Pérez

Expediente 743/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
743/2019
Año
2019
Actuaciones
27
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Freddy Alcides López Pérez
  • Freddy Alcides López Pérez y Otros.
  • Wendy Patricia Quiñones Galo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa Wendy Patricia Quiñones Galo, y su menor hija Nazareth Camila López Quiñonez, no se inconformó en contra de la determinación de doce de mayo del año en curso, emitida dentro del juicio de amparo en que se actúa, en la que se declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se puso a la vista de la parte quejosa el oficio INM/ORTAM/ORMAT/DAJ/037/2021, signado por el Sub Representante Local Encargado de la Oficina del Instituto Nacional de Migración en Matamoros, Tamaulipas, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a través del cual informó sobre la imposibilidad que tenía para dar cumplimiento a la sentencia amparatoria emitida en autos; lo anterior, con el objeto de que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, sin que se haya pronunciado al respecto; ahora bien, tomando en consideración que el acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio de garantías es de orden público, este órgano de control constitucional, se avoca a analizar si se encuentra cumplimentada en sus términos la sentencia protectora. Así las cosas, de autos se desprende que mediante resolución de once de diciembre de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto y, por otra, se concedió la protección de la Justicia Federal a los quejosos Freddy Alcides López Pérez, Wendy Patricia Quiñonez Galo, y su menor hija Nazareth Camila López Quiñonez, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos siguientes: "Haga saber a los quejosos Freddy Alcides López Pérez, Wendy Patricia Quiñonez Galo, y su menor hija Nazareth Camila López Quiñonez, la posibilidad de ejercer su derecho a continuar el procedimiento migratorio fuera de las Instalaciones de la Estancia Migratoria en la que se les alojó, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración, como son otorgar garantía suficiente en la forma legalmente establecida (póliza de fianza, billete de depósito o cualquier otro medio permitido legalmente) a consideración de la autoridad; establecer el domicilio en el que permanecerán, no ausentarse de dicho lugar sin previa autorización de la autoridad; presentar responsiva firmada por un mexicano u organización de este país; una vez informado ello; con libertad de jurisdicción determine lo que en derecho proceda." Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante ejecutoria dictada en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en el amparo en revisión 113/2020, en los términos ahí expuestos. Asimismo, por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria de trato, y como lo dispone el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades señaladas como responsables, el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Mediante el oficio INM/ORTAM/ORMAT/DAJ/252/2020, recibido el trece de enero de dos mil veintiuno, el Sub Representante Local Encargado de la Oficina del Instituto Nacional de Migración en Matamoros, Tamaulipas, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, informó sobre el impedimento para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, allegando copia certificada de la relación de firmas ante la Estancia Provisional Migratoria, en la que se destaca que la quejosa Wendy Patricia Quiñones Galo, y su menor hija Nazareth Camila López Quiñonez, dejaron de acatar la medida de aseguramiento impuesta y se sustrajeron de estampar su rúbrica ante esa autoridad administrativa desde el veintiuno de octubre de dos mil veinte; con lo cual se dio vista a la parte agraviada, misma que fue desahogada por su autorizado, el licenciado Moisés Núñez Mercado, mediante escrito recibido el cinco de febrero de dos mil veintiuno, comunicando que tenía más de diez meses que no había tenido contacto con la parte quejosa y desconocía donde podía ser localizada. A través del auto de veinticinco de febrero del año actual, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable, para que informara si la quejosa Wendy Patricia Quiñones Galo, había acudido a estampar su firma, con posterioridad al veintiuno de octubre de dos mil veinte, y en caso afirmativo, cumpliera cabalmente con la sentencia amparatoria. Por medio de oficio INM/ORTAM/ORMAT/DAJ/037/2021, recibido el uno de marzo de dos mil veintiuno, el Sub Representante Local Encargado de la Oficina del Instituto Nacional de Migración en Matamoros, Tamaulipas, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, informó que la quejosa Wendy Patricia Quiñones Galo, y su menor hija Nazareth Camila López Quiñonez, no se habían presentado a estampar su firma después del día veintiuno de octubre de dos mil veinte. Luego, es evidente que, con motivo de lo plasmado en el párrafo que antecede, al haberse sustraído las dolientes de sus obligaciones ante la autoridad migratoria, la responsable vinculada con el acatamiento al fallo protector, ya no podrá restituir a las quejosas, en el goce de sus garantías violadas con el acto de autoridad. Ante lo cual, conforme a los numerales 192 y 196 de la Ley de Amparo, se declara la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 90/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Materia Común, junio de 2007, Novena Época, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Igualmente, sirve de apoyo por las consideraciones que en ella se contienen, la tesis CCII/89, de la otrora Tercera Sala del alto Tribunal, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 237, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SIN MATERIA SI EN AUTOS CONSTA QUE LA PROPIA DEL ACTO RECLAMADO POR EL QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO DEJÓ DE EXISTIR. Si el amparo se le concedió a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsable (sic) resuelvan en breve término su petición en relación con un derecho que tiene y durante la tramitación del incidente de inejecución de sentencia se acredita que se le privó de ese derecho por una autoridad distinta, resulta obvio que las autoridades responsables ya no pueden cumplir con la sentencia desde el momento en que dejó de existir la materia del acto reclamado y, por ende, queda sin materia el incidente de inejecución." En congruencia con lo que antecede, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201, fracción II y 202, ambos de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el estudio de cumplimiento que se realiza es única y exclusivamente respecto de Wendy Patricia Quiñonez Galo y su menor hija Nazareth Camila López Quiñonez; no así en relación al quejoso Freddy Alcides López Pérez, pues dicho estudio se llevó a cabo respecto de éste en auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al Fiscal de la Federación adscrito. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se aprecia que en proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio INM/ORTA/ORLMAT/DAJ/037/2021, firmado por el Sub Representante Local Encargado de la Oficina del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, del que se apreció que en acatamiento a lo requerido por este juzgado en proveído de veinticinco de febrero del año en curso, informó que las agraviadas dejaron de acatar la medida de aseguramiento impuesta y se sustrajeron de estampar su rúbrica ante esa autoridad administrativa desde el veintiuno de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; en la inteligencia, que este órgano jurisdiccional en el momento procesal oportuno procederá a analizar de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dos de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 37/2021 signado por el Sub Representante Encargado de la Oficina del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de febrero del año actual, informa que la quejosa Wendy Patricia Quiñones Galo y su menor hija Nazareth Camila López Quiñones, no se han presentado a estampar su firma después del día veintiuno de octubre de dos mil veinte; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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