Fransisco Guillermo Hernandez Chacon
Expediente 725/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/12/2019
Partes del expediente
- Fransisco Guillermo Hernandez Chacon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 725/2019-I, promovido por Francisco Guillermo Hernández Chacón, contra actos de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en este Juzgado Federal, Francisco Guillermo Hernández Chacón, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que enseguida se mencionan: Autoridades responsables: Ciudad de México. 1. Secretaría de Gobernación. 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración (en su denominación correcta). 3. Titular de la Estación Migratoria en la Ciudad de México -Agujas- del Instituto Nacional de Migración (INM). 4. Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración (INM). 5. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración (INM) Terminal 1. 6. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración (INM) Terminal 2. Ciudad Laredo, Tamaulipas. 7. Titular de la Oficina de Representación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM). Matamoros, Tamaulipas. 8. Encargado de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación, Acto reclamado: "LA ORDEN Y EJECUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN DEL PAIS Y LA ILEGAL PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y/O LA ILEGAL RETENCIÓN Y/O LA ILEGAL DETENCIÓN EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO. A) DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. 1. La Orden de Deportación y/o expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra del hoy quejoso. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS 1. El cumplimiento de la orden de Deportación y/o Expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra del hoy quejoso." Segundo. En auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 725/2019-I; concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; admitió a trámite la demanda; dio intervención legal al Fiscal Federal adscrito; solicitó a las responsables sus informes justificados; y, señaló fecha para la audiencia constitucional, misma que una vez integrado el expediente tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías pues la parte quejosa señala como acto reclamado la retención ilegal de su persona en la estación provisional migratoria ubicada en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial; ello en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Fijación del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que los actos que Francisco Guillermo Hernández Chacón, reclama consisten en: La orden de deportación, así como la ilegal retención de su persona, como consecuencia de dicho mandato. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. En relación a la orden de deportación y la ilegal retención del impetrante, las autoridades responsables denominadas: Representante Local del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad; Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Directora General de Procedimientos Constitucionales, en representación de la Secretaría de Gobernación, con asentamiento en la Ciudad de México; Directora de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, y Sub Comisionado Jurídico, en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, establecido en la Ciudad de México, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. El quejoso Francisco Guillermo Hernández Chacón, no desvirtuó esas negativas con pruebas en contrario; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, por lo que hace a las autoridades responsables denominadas: "Subdelegada Federal, Delegado Local de la Terminal 1 Puerta 10 y Delegado Local de la Terminal 2 Sala K, todos del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, con asiento en la Ciudad de México."; con el mismo fundamento legal apuntado en párrafos precedentes, también debe sobreseerse en el juicio por lo que a dichas responsables refiere, pues en proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, fueron declaradas como inexistentes, lo cual tiene como consecuencia que el acto que se les reprocha, igualmente sea inexistente. Cuarto. Certeza del actos reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención de las impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, pues aún cuando la Delegada del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, negó su existencia al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que el quejoso Francisco Guillermo Hernández Chacón, al momento de presentarse la demanda se encontraba privado de su libertad por instrucciones de dicha responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Quinto. Causas de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es oportuno establecer que en el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención del impetrante en la Estación Migratoria en esta localidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causa de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, en el caso, Francisco Guillermo Hernández Chacón, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada fue puesto en libertad, circunstancia que por sí no genera la improcedencia del juicio, en la medida de que su finalidad es precisamente conservar la materia del amparo, pero, atento a lo acordado en diecinueve de noviembre del año actual (foja 93), se tiene que el quejoso en mención dejó de cumplir con las medidas de seguridad, sin que exista constancia de que la autoridad responsable haya tenido contacto nuevamente con ellas, pues se encuentra evadido de su jurisdicción. Entonces, si Francisco Guillermo Hernández Chacón, fue puesto en libertad y posteriormente dejó de cumplir sin causa justificada con las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional, y además, no se tiene noticia de que se encuentre interno en la estación migratoria, es evidente que la privación de la libertad que le aquejaba, cesó en sus efectos; ello sin soslayar que el acto reclamado, aun cuando existiera formalmente, no se podría ejecutar materialmente. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención del impetrante en la Estación Migratoria en esta localidad, reprochado a la Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Francisco Guillermo Hernández Chacón. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 533/2019 signado por el Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento de doce de noviembre del año actual, remite diversas constancias que le fueron requeridas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, pónganse a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se aprecia que el quejoso Francisco Guillermo Hernández Chacón, no dio cumplimiento a lo exigido por este órgano jurisdiccional en proveído de diecinueve de agosto del año actual, en el sentido de que acudiera a este Tribunal Federal a plasmar su firma cada ocho días en el libro correspondiente, para que surtiera efectos la suspensión de plano decretada en el citado acuerdo, siendo la última asistencia del nombrado el día nueve de septiembre del año actual. Por tanto, como el requisito de que el nombrado impetrante acuda a este órgano jurisdiccional a plasmar su firma cada ocho días constituye un requisito esencial para que surta sus efectos la medida suspensional, al haber dejado de hacerlo desde el nueve de septiembre del año actual, sin justificación alguna, lo conducente es decretar que ha dejado de surtir efectos la suspensión de plano concedida el diecinueve de agosto del año en curso, en virtud de no haberse acatado dicha medida de aseguramiento impuesta, lo anterior con fundamento en el dispositivo 166 de la Ley de Amparo. Cabe decir que, tratándose de la medida cautelar respecto de los actos reclamados que se encuentran previstos en la Ley General de Migración, resultan aplicables las reglas a la suspensión en materia penal, por ello, lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada I.7o.P.42 P (10a), pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2013057, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de dos mil dieciséis, Tomo IV, página 2524, Materia Penal, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO INCUMPLE CON LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO IMPUESTAS, DISTINTAS A LA GARANTÍA PECUNIARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL JUEZ DE DISTRITO, ATENTO AL ARTÍCULO 166, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, DEBE REVOCAR AQUÉLLA, SIN QUE SEA FACTIBLE QUE, CON POSTERIORIDAD, SE RECUPEREN SUS EFECTOS. El artículo 139 de la Ley de Amparo abrogada (aplicable al anterior sistema de justicia procesal penal) establecía que el auto en que un Juez de Distrito concediera la suspensión, surtiría sus efectos desde luego, pero dejaría de surtirlos si el agraviado no llenaba, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hubieran exigido para suspender el acto reclamado. Tal disposición encuentra su similar en el diverso 136, párrafo segundo, de la ley en vigor, que establece que los efectos de la suspensión dejarán de surtirse si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Ahora bien, la actual legislación no se refiere a las demás medidas de aseguramiento fijadas por el Juez de Distrito, sino sólo a la garantía pecuniaria; para lo cual indica que no obstante su incumplimiento, mientras no se ejecute el acto reclamado, el quejoso podrá exhibirla, con lo que de inmediato vuelve a surtir efectos la medida cautelar. Caso contrario a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 166 de la misma ley, que se limita a precisar que el efecto de incumplir con las medidas de aseguramiento decretadas al conceder la suspensión -que deben entenderse aquellas distintas a la garantía pecuniaria- dará lugar a su revocación con la sola notificación a la autoridad responsable, sin que se advierta una nueva oportunidad para el quejoso de beneficiarse con los efectos de la suspensión si cumple con posterioridad al plazo impuesto por el Juez de Distrito. De ahí que cuando el quejoso incumpla con las medidas de aseguramiento impuestas, distintas a la garantía pecuniaria, dentro del plazo establecido, el Juez de Distrito, atento al penúltimo párrafo del artículo 166 invocado, debe revocar la suspensión, sin que sea factible que con posterioridad se recuperen sus efectos. Lo que es acorde con el nuevo sistema de justicia procesal penal, donde se pretende agilizar y hacer más eficaz la impartición de justicia." Comuníquese a las autoridades responsables que quedan en aptitud legal de ejecutar el acto reclamado por la parte agraviada. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que a la fecha no se tiene noticia alguna sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la autoridad responsable de esta ciudad al quejoso Francisco Guillermo Hernández Chacón; en consecuencia, requiérase a la Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad, para que, dentro del término de tres días, tenga a bien informar la situación actual que guarda el procedimiento migratorio del mencionado agraviado dentro del expediente 793/2019; además, detalle si el nombrado cumplió o no con la totalidad de las obligaciones que adquirió ante ese Instituto con motivo de la suspensión de plano que les fue otorgada por este Juzgado de Distrito, debiendo especificar el domicilio o lugar en el que se le obligó a permanecer y no ausentarse, si ha comparecido las veces que les hubiere requerido y el nombre del ciudadano u organización social que firmó como responsable. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos, 50/100 moneda nacional). Finalmente, dado lo acordado con antelación, se estima que no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veintitrés minutos del diez de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se desprende que el diecisiete de octubre del año actual, feneció el término de tres días otorgado al quejoso en auto de siete del mes y año actuales, para que desahogara la vista ahí otorgada, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado en el mismo, y se tienen por inexistentes para los efectos del juicio de amparo en que se actúa a las responsables que denominó "Subdelegada Federal y Delegados Locales, todos del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, con asiento en la Ciudad de México", con las cuales se suspende comunicación. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
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