Fred Castro Verastegui

Expediente 712/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
712/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Fred Castro Verastegui

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con su contenido y anexo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como sus delegados a las personas que indica. Ahora bien, visto el contenido del informe de ley y anexo remitido, se estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 155/2016/E-2. Ahora bien, del anexo que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada del laudo dictado el veinte de octubre del año en curso, en el juicio laboral de origen, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente, subsanando la omisión reclamada. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, como ya se indicó, respecto al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia fijada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con su contenido y anexo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como sus delegados a las personas que indica. Ahora bien, visto el contenido del informe de ley y anexo remitido, se estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 155/2016/E-2. Ahora bien, del anexo que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada del laudo dictado el veinte de octubre del año en curso, en el juicio laboral de origen, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente, subsanando la omisión reclamada. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, como ya se indicó, respecto al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia fijada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve Guillermo Medina Hernández, apoderado jurídico de Fred Castro Verastegui, personalidad que se le reconoce al tener del anexo que para tal efecto acompaña, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, con siete copias; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de mérito; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el progresivo 712/2020-I, y fórmese el expediente respectivo. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba(n) el oficio en el que se le(s) solicita(n), enviándole(s) para tal efecto copia simple de la demanda. Requiérase a la(s) responsable(s) para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remita(n) las constancias a que alude el artículo 117 de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya(n) tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo; con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le(s) impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en cita. Indíquese a la(s) autoridad(es) responsable(s) que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba, o en su defecto al correo electrónico oficial de este juzgado, que es: 8jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que haya lugar a tener como terceros interesados en este asunto a los señalados; en virtud de que no se encuentran dentro de los supuestos que establece la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. También hágaseles saber que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Asimismo, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario gmedinah. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, la documental que acompaña a su escrito inicial de demanda; así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser tomadas en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. En cuanto a la documental pública que hace consistir en los autos del juicio de origen, dígase al promovente que una vez que obren dichas constancias en autos se acordará lo conducente. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese.

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