Francisco Uriel Briones Perez

Expediente 345/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 29 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
345/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Francisco Uriel Briones Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el auto por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que dicho auto ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Ahora, toda vez que la parte quejosa exhibió los billetes de depósito N 931826 por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) y N 931851 por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de garantizar las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, prevéngasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recoger los citados billetes de depósito, apercibida que de no hacerlo, una vez que transcurra el término a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, dichos documentos prescribirán a favor del fisco federal. En atención a la devolución de los billetes de depósito, se hace de su conocimiento que dichos documentos le serán entregado por los secretarios encargados de la caja de valores, por lo que para tal efecto se pone a su disposición el número de teléfono 4441708522, con la finalidad de que, previa coordinación con los secretarios Juan Carlos Patiño Rodríguez y/o Diego Galeana Jiménez, pueda agendar su cita y obtener su código QR, para poder acceder a las instalaciones que ocupa este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, en la data que se le indique a efecto de que reciba el documento a que se alude. En la inteligencia de que tal coordinación se refiere a informar a dichos secretarios en forma oportuna la cita, con la finalidad de que se pueda practicar el endoso y gestiones relativas a la devolución de los billetes; pues para el caso de presentarse con cita, pero no haber realizado contacto y coordinación con los encargados, resulta imposible hacer la entrega el día de la cita, en virtud de las gestiones que son necesarias y el tiempo reducido con que cuentan para tal efecto los abogados y sus autorizantes. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIOD E LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, la copia autorizada del oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede, San Luis Potosí, por medio del cual informa que en los autos del expedientillo RI/SLP/EXP-270/2022 que derivó en la causa penal 367/2022, el veinticuatro del presente mes y año, tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del aquí quejoso Francisco Uriel Briones Pérez, en donde se emitió AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra del mismo, por el delito de MALTRATO ANIMAL, asimismo, se autorizó la suspensión condicional del proceso por el lapso de seis meses; documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, la suscrita juzgadora considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". En efecto, la parte quejosa reclamó del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, y del Director General de la Dirección General de Métodos de Investigación, los actos que hizo consistir en: La orden de aprehensión y/o comparecencia. Las autoridades señaladas como responsables al rendir sus informes con justificación, aceptaron la existencia de los actos reclamados. De lo reseñado en párrafos que anteceden se desprende que en el presente caso ha ocurrido un cambio en la situación jurídica del agraviado, en virtud de la cual deben tenerse por consumadas irreparablemente las violaciones cometidas, motivo por lo que, atendiendo a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se encuentra en la imposibilidad de proceder al examen de su constitucionalidad sin que pueda afectarse la nueva situación jurídica de la parte quejosa, en razón de que a la fecha ha sido decretado en su contra auto de vinculación a proceso, quedando por ende, consumadas en forma irreparable las violaciones reclamadas con relación a la orden de aprehensión que fue girada en su contra en el momento procesal oportuno. De lo anterior se advierte que, si bien es cierto, el Juez de la causa libró orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de MALTRATO ANIMAL, también lo es que el veinticuatro de junio del año en curso, dicho Juzgador resolvió la situación jurídica del mismo, pues dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito en comento, y siendo ello así, es indudable que operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones contenidas en la orden de aprehensión reclamada, por no poder decidirse sobre esas posibles violaciones sin afectar la nueva situación jurídica que prevalece con el dictado del auto de vinculación a proceso de que se trata; por lo que en este caso, como ya se apuntó con antelación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, cabe señalar que la libertad personal puede restringirse por la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, cada una de las cuales tiene características peculiares; que el conjunto de normas que rigen y condicionan la restricción de la libertad en cada uno de los distintos casos señalados se llama situación jurídica, de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, resultando improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Luego, como actualmente la situación jurídica del impetrante del amparo se rige por el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, ello determina la improcedencia del presente juicio constitucional, por lo que ve a la orden de aprehensión y/o comparecencia reclamada, por haber operado un cambio de la situación jurídica del mismo. Corrobora lo expuesto, por su esencia, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 270 del Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". Del mismo modo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2482, Tomo III, Libro 57 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2018, Décima Época, registro digital: 2017544, que señala: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo, la causa de improcedencia anteriormente analizada, respecto de la orden de aprehensión reclamada al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto atribuido a la autoridad señalada como ejecutora, ya que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de los actos reclamados a la autoridad judicial responsable, y como ya se vio, en contra de éste procede sobreseer en el juicio. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, la copia autorizada del oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede, San Luis Potosí, por medio del cual informa que en los autos del expedientillo RI/SLP/EXP-270/2022 que derivó en la causa penal 367/2022, el veinticuatro del presente mes y año, tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del aquí quejoso Francisco Uriel Briones Pérez, en donde se emitió AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra del mismo, por el delito de MALTRATO ANIMAL, asimismo, se autorizó la suspensión condicional del proceso por el lapso de seis meses; documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, la suscrita juzgadora considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". En efecto, la parte quejosa reclamó del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, y del Director General de la Dirección General de Métodos de Investigación, los actos que hizo consistir en: La orden de aprehensión y/o comparecencia. Las autoridades señaladas como responsables al rendir sus informes con justificación, aceptaron la existencia de los actos reclamados. De lo reseñado en párrafos que anteceden se desprende que en el presente caso ha ocurrido un cambio en la situación jurídica del agraviado, en virtud de la cual deben tenerse por consumadas irreparablemente las violaciones cometidas, motivo por lo que, atendiendo a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se encuentra en la imposibilidad de proceder al examen de su constitucionalidad sin que pueda afectarse la nueva situación jurídica de la parte quejosa, en razón de que a la fecha ha sido decretado en su contra auto de vinculación a proceso, quedando por ende, consumadas en forma irreparable las violaciones reclamadas con relación a la orden de aprehensión que fue girada en su contra en el momento procesal oportuno. De lo anterior se advierte que, si bien es cierto, el Juez de la causa libró orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de MALTRATO ANIMAL, también lo es que el veinticuatro de junio del año en curso, dicho Juzgador resolvió la situación jurídica del mismo, pues dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito en comento, y siendo ello así, es indudable que operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones contenidas en la orden de aprehensión reclamada, por no poder decidirse sobre esas posibles violaciones sin afectar la nueva situación jurídica que prevalece con el dictado del auto de vinculación a proceso de que se trata; por lo que en este caso, como ya se apuntó con antelación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, cabe señalar que la libertad personal puede restringirse por la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, cada una de las cuales tiene características peculiares; que el conjunto de normas que rigen y condicionan la restricción de la libertad en cada uno de los distintos casos señalados se llama situación jurídica, de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, resultando improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Luego, como actualmente la situación jurídica del impetrante del amparo se rige por el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, ello determina la improcedencia del presente juicio constitucional, por lo que ve a la orden de aprehensión y/o comparecencia reclamada, por haber operado un cambio de la situación jurídica del mismo. Corrobora lo expuesto, por su esencia, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 270 del Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". Del mismo modo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2482, Tomo III, Libro 57 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2018, Décima Época, registro digital: 2017544, que señala: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo, la causa de improcedencia anteriormente analizada, respecto de la orden de aprehensión reclamada al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto atribuido a la autoridad señalada como ejecutora, ya que no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de los actos reclamados a la autoridad judicial responsable, y como ya se vio, en contra de éste procede sobreseer en el juicio. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte por oficio recibido en este Juzgado el veinte de mayo del presente año, la Gestora Regional adscrita al Centro de Justicia Penal Región, Sala Sede San Luis Potosí, el cual fue dirigido al incidente de suspensión derivado de este juicio, que se toma como hecho notorio para la suscrita, informó que se encontraban señaladas las once horas del veinticuatro de junio del presente año, para que tuviera verificativo la audiencia de imputación instruida en contra del aquí quejoso en la causa penal RI/SLP/EXP270/2022, ello sin que se cuente en autos con el resultado de la misma. En consecuencia, a fin de emitir una resolución conforme a derecho e integrar debidamente el expediente en que se actúa, requiérase al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala Sede San Luis Potosí, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio respectivo, informe el resultado de la audiencia de imputación antes señalada; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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