Franklyn Dolman Ramos Gomez (Extranjero)
Expediente 893/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/11/2022
Partes del expediente
- Jhon Fredy Hernandez Arango (Extranjero)
- Franklyn Dolman Ramos Gomez (Extranjero)
- JHON FREDY HERNANDEZ ARANGO (EXTRANJERO) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual rinde su informe en acatamiento a la suspensión de plano decretada dentro del presente asunto de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, por los motivos expuestos en dicho auto. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción I, todos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial suscrita por el actuario de la adscripción de la que se advierte la imposibilidad de localizar a los directos quejosos Jhon Fredy Hernández Arango, Thalía Oshin Gabriel Canchanya, Noemí Ignacio Jacobe, Franklyn Dolman Ramos Gómez, Alexander Ángel Rodríguez (sic), Francened Díaz Tovar, Arnulfo Guzmán Valencia y Diana Katherine Guzmán Díaz, para lo cual adjunta copia de los oficios de salida expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de los antes mencionados. Así también de la aludida razón actuarial el fedatario de la adscripción refirió que el nombre correcto del quejoso Alexander Ángel Rodríguez es el que se encuentra precisado en el oficio de salida a nombre de Alexander Ángel Rodríguez Camargo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la razón actuarial y de los oficios que se examina, así como de la certificación secretarial de cuenta y de las actuaciones que obran en el presente juicio, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. Ahora bien, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en su escrito de demanda los quejosos hicieron consistir el acto reclamado en: "1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, SE RECLAMA TODO ACTO Y OMISIÓN TENDIENTE O CONSISTENTE EN MANTENER A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD PERSONAL e incumpliendo con ello las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia, lo anterior sin haber cometido algún tipo de delito en flagrancia y sin habérseles cumplimentado algún tipo de orden de aprehensión, por lo que al ser una autoridad administrativa la que se señala como responsable, a dicha autoridad deberá ordenársele por su Señoría la libertad inmediata de los hoy quejosos sin que se excedan con más de 36 horas, al no habérsele empezado algún tipo de procedimiento administrativo y si fuera el caso que se les sometiera algún tipo de procedimiento administrativo a los hoy quejosos, TAMBIÉN SE RECLAMA EN CONTRA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EL HECHO DE QUE SE LES FIJE ALGÚN TIPO GARANTÍA ECONÓMICA O FIANZA DE CUALQUIER DENOMINACIÓN, CON LA ÚNICA FINALIDAD DE QUE LOS IMPETRANTES RECOBREN SU LIBERTAD PERSONAL, lo anterior al no ser personas que se les haya imputado algún tipo de delito y que se les esté instruyendo algún tipo de proceso penal en su contra. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en tener privados de su libertad a los hoy quejosos, incumpliendo con ello con las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia." En ese sentido de la razón actuarial suscrita por el actuario de la adscripción se advierte la imposibilidad de localizar a los directos quejosos Jhon Fredy Hernández Arango, Thalía Oshin Gabriel Canchanya, Noemí Ignacio Jacobe, Franklyn Dolman Ramos Gómez, Alexander Ángel Rodríguez (sic), Francened Díaz Tovar, Arnulfo Guzmán Valencia y Diana Katherine Guzmán Díaz, para lo cual adjuntó copia de los oficios de salida expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de los antes mencionados. Y -en lo que aquí interesa-, se obtiene los oficios de salida ORBC/EMTIJ/4994/2022, ORBC/EMTIJ/5000/2022, ORBC/EMTIJ/5001/2022, ORBC/EMTIJ/4998/2022, ORBC/EMTIJ/4995/2022, ORBC/EMTIJ/4997/2022, ORBC/EMTIJ/4999/2022 y ORBC/EMTIJ/4996/2022, de los que se advierte que los aquí quejosos salieron de la Estación Migratoria de esta ciudad el cinco de noviembre del año en curso, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Migración. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -cuatro de noviembre de dos mil veintidós, subsistían los actos reclamados que guardan relación directa con el aseguramiento, alojamiento y detención administrativa, de los quejosos Jhon Fredy Hernández Arango, Thalía Oshin Gabriel Canchanya, Noemí Ignacio Jacobe, Franklyn Dolman Ramos Gómez, Alexander Ángel Rodríguez (sic), Francened Díaz Tovar, Arnulfo Guzmán Valencia y Diana Katherine Guzmán Díaz, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; cierto es también, que con posterioridad; es decir, el cinco de noviembre de dos mil veintidós, se expidieron los oficios de salida de los antes mencionados, lo que quedó corroborado con el oficio que remitió el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, de esta ciudad, al que anexó copia certificada de los diversos oficios ORBC/EMTIJ/4994/2022, ORBC/EMTIJ/5000/2022, ORBC/EMTIJ/5001/2022, ORBC/EMTIJ/4998/2022, ORBC/EMTIJ/4995/2022, ORBC/EMTIJ/4997/2022, ORBC/EMTIJ/4999/2022 y ORBC/EMTIJ/4996/2022 y la razón actuarial suscrita por el fedatario de la adscripción. De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclaman, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la tesis I.3o.C.769 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 165869 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las once horas del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios firmados por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, mediante los cuales rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada dentro del presente asunto; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción I, todos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe. Finalmente, se tiene a la autoridad responsable señalando correo electrónico y número telefónico a fin de establecer contacto con este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente; y por lista a los quejosos Jhon Fredy Hernández Arango, Thalía Oshin Gabriel Canchanya, Noemí Ignacio Jacobe, Franklyn Dolman Ramos Gómez, Alexander Ángel Rodríguez (sic), Francened Díaz Tovar, Arnulfo Guzmán Valencia y Diana Katherine Guzmán Díaz.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; sin embargo, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se tenga resultado de la diligencia ordenada en auto de once de noviembre del año en curso. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción II, todos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el oficio que se atiende. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha feneció el término otorgado a la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por auto de nueve de noviembre del año en curso, a fin de que informara si en su base de datos cuenta con registro de ingreso o egreso de los directamente agraviados Jhon Fredy Hernández Arango, Thalía Oshin Gabriel Canchanya, Noemí Ignacio Jacobe, Franklyn Dolman Ramos Gómez, Alexander Ángel Rodríguez, Francened Díaz Tovar, Arnulfo Guzmán Valencia y Diana Katherine Guzmán Díaz, a fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo promovida en su favor. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y una vez hecho lo anterior, haga entrega del oficio que para tal efecto se dirija a dicha autoridad, a fin de que comisione al personal adscrito para que se le permita el acceso al registro de internos y de salidas de personas detenidas de dicha Estación Migratoria y el Actuario de la adscripción haga la búsqueda correspondiente de la información respecto a los directos quejosos Jhon Fredy Hernández Arango, Thalía Oshin Gabriel Canchanya, Noemí Ignacio Jacobe, Franklyn Dolman Ramos Gómez, Alexander Ángel Rodríguez, Francened Díaz Tovar, Arnulfo Guzmán Valencia y Diana Katherine Guzmán Díaz; y una vez hecho lo anterior, en caso de encontrar información respecto a los directos quejosos, le requiera a la autoridad migratoria el documento o en su caso el archivo que en el sistema de dicha autoridad obre del cual se pueda advertir el motivo del egreso de los impetrantes mencionados, así como en su caso la toma de fotografías y copias de tales archivos o documentos. Para lo cual deberá apercibir a la autoridad migratoria que de no darle el acceso y coadyuvar con la información que el fedatario solicite para llevar a cabo la diligencia encomendada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, de conformidad con lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo; medida que se estima prudente fijar a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Debiendo levantar acta pormenorizada de lo anterior. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para la práctica de la diligencia encomendada. Por último, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que por auto de nueve de noviembre del año en curso, se acordó lo conducente en relación a su contenido. Notifíquese.
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