Franklin Mauricio Clavijo Vargas

Expediente 772/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
772/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Franklin Mauricio Clavijo Vargas
  • Roberto Mendez Torres
  • FRANKLIN MAURICIO CLAVIJO VARGAS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra del auto de trece de octubre de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida determinación ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte, en lo que interesa que, el quejoso Franklin Mauricio Clavijo Vargas, manifestó ante la presencia del fedatario adscrito, desistirse del presente juicio de amparo. Bajo esas premisas, es inconcuso que en la especie se actualiza la hipótesis normativa prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, la cual dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando el quejoso desista de la demanda o no ratifique ésta. A fin de acreditar la causal de sobreseimiento de referencia, es importante destacar que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que en la especie acontece, en virtud de que el quejoso Franklin Mauricio Clavijo Vargas, ante la presencia del fedatario judicial, ha desistido de la prosecución del juicio, por así convenir a sus intereses; no obstante que en atención a los principios de debido proceso y seguridad jurídica, se explicaron al quejoso los alcances y consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia iniciado, y expresamente reitero su decisión de desistirse del juicio. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento de garantías, sin la necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Apoya a lo anterior, en la parte conducente la jurisprudencia 1a./J. 19/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1650, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Undécima Época, Libro 6, octubre de 2021, Tomo II, con registro digital 2023670, que dispone: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (lo subrayado y en negrita no es de origen) Por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas en el presente juicio de amparo, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables. Además, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del nueve de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese el contenido del presente acuerdo a las partes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestara si es su deseo ofrecer la prueba de inspección judicial de la base de datos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, sin que realizara manifestación alguna dentro de dicho lapso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós y se tiene al quejoso por desinteresado en el desahogo de dicho medio de convicción; lo anterior para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveídos de veintiséis y veintinueve de septiembre, así como de tres de octubre, todos del año en curso, se requirió al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, así como a las autoridades responsables, para que en el término de veinticuatro horas informaran lo siguiente: Qué calidad migratoria tiene el quejoso Franklin Mauricio Clavijo Vargas. - Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentra sujeto y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenido el directo agraviado; y, - Si en su caso se ubica o no en alguno de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó al directo quejoso los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria. Sin que a la fecha hayan dado cumplimiento a lo anterior, no obstante haber sido notificadas el veintisiete y veintinueve de septiembre del año en curso, como se corrobora del acuse de recibo correspondiente. Ahora bien y toda vez que a la fecha no se ha tenido respuesta al requerimiento realizado; solicítese nuevamente a las autoridades responsables que en el plazo de cuarenta y ocho horas, legalmente computadas, cumplan con el requerimiento señalado; en la inteligencia, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Por lo anterior, se reitera a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveídos de veintiséis y veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se requirió al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, así como a las autoridades responsables, para que en el término de veinticuatro horas informaran lo siguiente: Qué calidad migratoria tienen los quejosos Franklin Mauricio Clavijo Vargas y Roberto Méndez Torres. - Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directos agraviados; y, - Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria. Sin que a la fecha hayan dado cumplimiento a lo anterior, no obstante de haber sido notificadas el veintisiete y veintinueve de septiembre del año en curso, como se corrobora del acuse de recibo correspondiente. Ahora bien y toda vez que a la fecha no se ha tenido respuesta al requerimiento realizado; requiérase nuevamente a las autoridades responsables que en el plazo de cuarenta y ocho horas, cumplan con el requerimiento señalado; en la inteligencia, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Por lo anterior, se reitera a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Con independencia de lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales y con el propósito de tener certeza de que en su caso no se ha realizado alguna actuación que pudiera desprender desacato a la suspensión de plano otorgada al directo quejoso, se requiere a las autoridades responsables migratorias, realicen las gestiones necesarias a efecto de que brinden apoyo a los Actuarios de la adscripción para que éstos puedan realizar las siguiente encomiendas: Acceder a la Estación Migratoria de esta ciudad y tener a la vista el documento o en su caso el archivo que obre en el sistema del Instituto Nacional de Migración, del cual se pueda advertir: Qué calidad migratoria tienen los quejosos Franklin Mauricio Clavijo Vargas y Roberto Méndez Torres. - Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directos agraviados; y, En caso de que dichas personas hayan estado alojadas en esa estación migratoria pero ya no se encuentren ahí, indague el motivo de su egreso y en su caso recabe impresión fotográfica y copias de tales archivos y documentos. En consecuencia, se comisiona indistintamente a un actuario de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad y con copia del acuse de recibo del oficio mediante el cual se notifica a las autoridades responsables el presente proveído, solicite el apoyo del personal que en su caso se haya comisionado para tal efecto. Asimismo, se encomienda al actuario que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibidas las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese y cúmplase.

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