Frank José Roa
Expediente 1049/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Frank José Roa
- Freddy Alfonso Jaraba Bonilla
- Frank José Roa y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por 1. Frank José Roa, 2. Maite Josefina Salazar Herrada, 3. Anny Aurora Maldonado Mendoza, 4. Carla Nazareth Armas García, 5. Eduardo José Urribarri Hurtado, 6. Jean Carlos Pirela Bravo, 7. Eduardo Javier Urribarri Ramírez, 8. Alexander Javier Soto González, 9. Freddy Alfonso Jaraba Bonilla y 10. Sniler Antonio Jaraba Pirela; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con diez minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistida de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1049/2021-2, promovido por 1. Frank José Roa, 2. Maite Josefina Salazar Herrada, 3. Anny Aurora Maldonado Mendoza, 4. Carla Nazareth Armas García, 5. Eduardo José Urribarri Hurtado, 6. Jean Carlos Pirela Bravo, 7. Eduardo Javier Urribarri Ramírez, 8. Alexander Javier Soto González, 9. Freddy Alfonso Jaraba Bonilla y 10. Sniler Antonio Jaraba Pirela. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en: 1. Copias simples de los pasaportes a nombre de los impetrantes de amparo. 2. La instrumental de actuaciones. 3. La presuncional legal y humana Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que se cierra esta fase. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1049/2021-2, promovido por 1. Frank José Roa, 2. Maite Josefina Salazar Herrada, 3. Anny Aurora Maldonado Mendoza, 4. Carla Nazareth Armas García, 5. Eduardo José Urribarri Hurtado, 6. Jean Carlos Pirela Bravo, 7. Eduardo Javier Urribarri Ramírez, 8. Alexander Javier Soto González, 9. Freddy Alfonso Jaraba Bonilla y 10. Sniler Antonio Jaraba Pirela, contra actos del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (TITULAR DE OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO), CON SEDE EN ESTA CIUDAD, por estimar violatorios de los artículos 1°, 11, 17 párrafo segundo, 33 primer párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, 1. Frank José Roa, 2. Maite Josefina Salazar Herrada, 3. Anny Aurora Maldonado Mendoza, 4. Carla Nazareth Armas García, 5. Eduardo José Urribarri Hurtado, 6. Jean Carlos Pirela Bravo, 7. Eduardo Javier Urribarri Ramírez, 8. Alexander Javier Soto González, 9. Freddy Alfonso Jaraba Bonilla y 10. Sniler Antonio Jaraba Pirela, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 "Que con fecha 01 de SEPTIEMBRE del año 2021, acudimos a la Subdelegación Federal Zona Sur, del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaria de Gobernación, para solicitar se nos expidiera formato número único de trámite de solicitud de estancia, para iniciar procedimiento administrativo, y otorgarnos salvoconducto migratorio, para salir en cualquiera de sus fronteras del Estado Mexicano, y estaban cerradas las oficinas, además que nos enteramos a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales que se encuentran cerradas las oficinas de migración y que ya no están otorgando documento de salvoconducto y que van a deportar a todo ciudadano extranjero, actualmente nos encontramos en estado de vulnerabilidad, de inseguridad, y físicamente de manera precaria. Reclamamos la no deportación, la privación ilegal de la libertad, y se nos conceda la libertad de tránsito sobre el territorio mexicano, para salir por la frontera norte; y contra cualquier detención judicial y/o administrativa, proveniente de las distintas autoridades federales, estatales y municipales. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Instituto Nacional de Migración (titular de oficina de representación del Instituto Nacional en el estado de Tabasco), con sede en esta ciudad. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Y SUSPENSION DE PLANO. En proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el expediente 1049/2021-2; asimismo, se requirió a la parte quejosa para que en el término de cinco días bajo protesta de decir verdad, precisaran el acto que le reclamó a la autoridades responsables con domicilio fuera de la residencia de este juzgado, ya que manifestaron encontrarse en libertad y tránsito en esta ciudad. De igual modo, de oficio se concedió la suspensión de plano del acto, únicamente por cuanto hace a la autoridad responsable INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (TITULAR DE OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO), para el efecto de que la orden de deportación no se ejecutara, y los quejosos quedaran en el lugar donde se encontraban a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y para el debido cumplimiento de la suspensión. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en virtud de que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de tres de septiembre del año actual, en el lapso concedido para ello; se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y no se tuvieron como autoridades responsables a las domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado, mismas que citaron en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se admitió a trámite la demanda de que se trata, bajo el expediente 1049/2021-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: ? La deportación, privación de la libertad y cualquier detención judicial y/o administrativa, proveniente de las distintas autoridades federales, estatales, municipales y toda autoridad mexicana. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados por haberlos negado al rendir informe justificado la autoridad señalada como responsable Representante Local, Encargada de la 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, ya que no se encuentran a disposición de dicha autoridad, de lo que se dio vista oportuna a la parte quejosa en auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que se desvirtuara lo anterior, lo cual era indispensable a efecto de que esta juzgadora estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Máxime, que no existe prueba alguna en autos, de la que se advierta la existencia por lo que respecta a la orden de deportación un procedimiento en contra de los quejosos para resolver su situación migratoria, ni tampoco la existencia de algún acuerdo de presentación emitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, en términos del artículo 107 de la Ley de Migración, o en su caso que se encuentren privados de su libertad, pues como se precisó la responsable manifestó que los quejosos no se encontraban a su disposición. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se considera inexistente el referido acto reclamado por los aludidos quejosos a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables" Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio ante la inexistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)4, si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Frank José Roa, 2. Maite Josefina Salazar Herrada, 3. Anny Aurora Maldonado Mendoza, 4. Carla Nazareth Armas García, 5. Eduardo José Urribarri Hurtado, 6. Jean Carlos Pirela Bravo, 7. Eduardo Javier Urribarri Ramírez, 8. Alexander Javier Soto González, 9. Freddy Alfonso Jaraba Bonilla y 10. Sniler Antonio Jaraba Pirela, contra actos de la autoridad señalada como responsable, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía correo institucional, remitido por la Representante Local, Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, en representación del Titular de dicha Oficina, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Ahora, en relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DO MIL VEINTIUNO. mesa 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa, no dio cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de tres de septiembre del año actual, en el lapso concedido para ello; en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y no se tienen como autoridades responsables a las domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado, mismas que citó en su escrito inicial de demanda. En tal virtud, se da trámite a la demanda instada por los impetrantes de amparo 1. Frank José Roa, 2. Maite Josefina Salazar Herrada, 3. Anny Aurora Maldonado Mendoza, 4. Carla Nazareth Armas García, 5. Eduardo José Urribarri Hurtado, 6. Jean Carlos Pirela Bravo, 7. Eduardo Javier Urribarri Ramírez, 8. Alexander Javier Soto González, 9. Freddy Alfonso Jaraba Bonilla y 10. Sniler Antonio Jaraba Pirela, por los actos que reclaman del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (TITULAR DE OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO), CON SEDE EN ESTA CIUDAD, por estimar violatorios de los artículos 1°, 11, 17 párrafo segundo, 33 primer párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número (99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informes, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte promovente ofreciendo como pruebas en el presente asunto, copias simples de los pasaportes a nombre de los impetrantes de amparo; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana en todo lo que les favorezca, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. En cuanto a las pruebas supervenientes que anuncian, se proveerá lo conducente una vez que manifiesten de cuáles se trata. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. INCIDENTE. No se apertura incidente de suspensión, toda vez que respecto de los actos reclamados esta autoridad ya efectuó el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada el tres de septiembre del año que transcurre. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a las partes.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- Franco Domínguez Muñiz342/2020
- Franco Domínguez Muñiz1213/2021
- Franco Domínguez Muñiz1732/2019
- Franco Domínguez Muñiz652/2021
- Franco Giorgio Sergio Olcese1275/2018
- Francys Daniela Alonso González927/2022
- Frank López Vega274/2023
- Frank Ricardo Piñerua Cardozo520/2013
- Franklin Carino Madrigal639/2022
- Franklin Cerino Cordoba751/2015
- Franklin de los Santos Madrigal416/2019
- Franklin Fabián Yumbilla Vacacela386/2023