Francys Daniela Alonso González

Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
927/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Francys Daniela Alonso González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Francys Daniela Alonso González y/o Francis Daniela Alonso González; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 927/2022-3, promovido por *********, contra los actos que reclama del Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa., con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diez de junio de dos mil veintidós, por el Secretario de encargado de la guardia de este juzgado, y registrado en esa misma data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para control estadístico, Francys Daniela Alonso Gonzalez, por conducto de su representante Luciano Chaparro Araujo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1.- LA ORDEN DE DEPORTACIÓN EN CONTRA DEL QUEJOSO. 2.- LA DETENCIÓN E INCOMUNICACIÓN DEL QUEJOSO, QUE LE IMPIDEN EJERCER SUS DERECHOS EN LA ESTACÓN MIGRATORIA DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 3.- INCOMUNICACIÓN EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO DE MIGRACIÓN DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 5.- LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO, AL HABERSE PRESENTADO APROXIMANDAMENTE DESDE LAS 16 HORAS DEL DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2022. 6.- Así mismo se reclaman las violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra por la orden y/o ejecución de su RECHAZO Y/O DEPORTACIÓN en su contra resuelta ilegalmente y en base a actos discriminatorios por motivo de su raza y nacionalidad. 7.- Así mismo, se reclama de las responsables la detención ilegal y/o privación ilegal de su libertad e incomunicación de los quejosos en el domicilio ubicado en LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN VILLA HERMOSA, TABASCO. 8.- La falta de debido proceso y legalidad de las orden de rechazo y/o deportación del territorio mexicano girada en contra de del QUEJOSO en virtud de los actos reclamados se encuentran viciadas de fondo una que fueron emitidas fuera de todo procedimiento legal. 9.- El cumplimiento y la eminente ejecución de la orden de rechazo y(o deportación que se pretende ejecutar (sic) contra el quejoso quien además se encuentra incomunicados dentro de las instalaciones de LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN VILLA HERMOSA, TABASCO. Impidiéndole sus derechos para solicitar asilo y/o refugio por encontrarse sus vidas en peligro en su país de origen, violentando las garantías (sic) constitucionales de legalidad y contra las libertades personales del quejoso. La inminente aplicación de los preceptos reclamados por parte de las autoridades responsables, vulnera las Garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales de lo que el Estado Mexicano es parte por la flagrante violación a los Derechos Fundamentales de Seguridad Jurídica, contraviniendo así el Principio de Progresividad en la protección de los mismos" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Tabasco. 2 Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata y se registró con el expediente 927/2022-3, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano a favor de la quejosa Francys Daniela Alonso González, a fin de que cesaran inmediatamente los actos consistente en privación de la libertad fuera del procedimiento y cualquier otro que pusiera en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a la quejosa del goce de la garantía individual peticionada y se establecieron las bases para que la autoridad responsable diera el debido cumplimiento. De igual forma, se ordenó al actuario de la adscripción diera fe de la integridad física y requiriera a la directa quejosa Francys Daniela Alonso González, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo de que se trata en el entendido que de no hacerlo se tendrá por no presentada, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejarían sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Ratificada que fue la demanda, por proveído de diez de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, por lo que se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: La orden de deportación b) Detención c) Privación de la libertad d) Falta de debido proceso e incomunicación e) El cumplimiento y la eminente ejecución de la orden de rechazo y/o deportación. TERCERO. INEXISTENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS MARCADOS CON LOS INCISOS d) y e). Son inexistentes los actos reclamados marcados en los incisos d) falta del debido proceso e incomunicación; y, e) el cumplimiento y la eminente ejecución de la orden de rechazo y/o deportación. De los artículos 63, fracción IV y 74, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Por lo anterior, se determina que no es cierto los actos reclamados a la Subdirectora de la Estación de Migración de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, (en su denominación correcta), consistentes en la orden de incomunicación y su ejecución; pues la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado en nombre de la precitada autoridad responsable específicamente negó su existencia. Por lo que al constituir dichos informes documentales públicas, se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Máxime que de las constancias que obran el presente juicio de amparo, se advierte que el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado en proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, se constituyó ante la Estación Migratoria de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, entrevistándose con el quejoso Francis Daniela Alonso González, quien en su humanidad dio fe del estado físico y de las condiciones en que se encuentra la parte quejosa, haciendo constar al respecto lo siguiente: ".Acto seguido, les pregunto a los quejosos si han sido objeto de malos tratos o tortura física o psicológica por parte de la autoridad responsable a lo que manifiestan que no, ante ello a través de mis sentidos, doy fe del estado físico y condiciones en que se encuentren y advierto la quejosa refiere que no ha sufrido malos tratos". De lo anterior, se desprende que el fedatario de la adscripción hizo constar que tuvo comunicación con la quejosa, sin que ésta manifestara que se encontraba incomunicada. Inspección judicial que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 161, 163, 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º, pues fue desahogada con las formalidades de ley y por el funcionario facultado para ello dentro del ámbito de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis con registro 235930, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Segunda Parte, Volumen 63, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "INSPECCION JUDICIAL PRACTICADA POR ACTUARIO DE JUZGADO DE DISTRITO. VALIDEZ.- Las diligencias de inspección judicial practicadas por los actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que los actuarios tienen la capacidad legal para practicarlas y el resultado de éstas tiene el valor de prueba plena, pues el actuario está investido por disposición de la ley de fe pública". Asimismo, de las copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, obran las constancias de siete y diez de junio de dos mil veintidós relativas a las llamadas telefónicas otorgadas a la quejosa por las autoridades responsables, para que se comunicaran con sus familiares para el efecto de contactar a sus representantes legales a efectos de enterarles de los requisitos para otorgarles su salida provisional de la Estación Migratoria donde se encontraban; así como la posterior, comparecencia de once del mismo mes y año realizada ante las responsables por Luis Aldair Ramírez Mayo, de nacionalidad mexicana, en su carácter de persona de confianza de la referida quejosa, quien se hizo cargo de la custodia de ella; y, en consecuencia, se le concediera su salida provisional del lugar de su alojamiento. Documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. En esa medida, por un parte, -contrario a lo alegado por la quejosa de mérito en su libelo de amparo- de la diligencia realizada por la fedataria de la adscripción se desprende que no ha estado incomunicada; por lo que, resulta evidente que el citado acto atribuido a las autoridades responsables no existe. Aunado a lo anterior, el promovente no aportó prueba alguna apta que desvirtuara el contenido de las documentales descritas, por lo que es patente la inexistencia de los actos reclamados en comento y que sustentó con las constancias que remitió la autoridad a su informe justificado. Justifica lo anterior, la tesis aislada con registro 2018533, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publica en la página 256, Tomo I, de Diciembre de 2018, Libro 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores". En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los mismos. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". De igual modo, son inexistentes los actos reclamados que se hicieron consistir en la falta del debido proceso, el cumplimiento y la eminente ejecución de la orden de rechazo y/o deportación, en atención a lo siguiente: Los numerales 15 y 52 de la Ley de Migración, y 8 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, disponen: -Ley de Migración. "Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de los migrantes que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural". "Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente. V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables, se considerará ofendido o víctima a la persona que sea el sujeto pasivo de la conducta delictiva, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. Al ofendido, víctima o testigo de un delito a quien se autorice la condición de estancia de Visitante por Razones Humanitarias, se le autorizará para permanecer en el país hasta que concluya el proceso, al término del cual deberán salir del país o solicitar una nueva condición de estancia, con derecho a entrar y salir del país cuantas veces lo desee y con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país. Posteriormente, podrá solicitar la condición de estancia de residente permanente; b) Ser niña, niño o adolescente migrante, en términos del artículo 74 de esta Ley. La autorización de la condición de estancia por razones humanitarias deberá ser inmediata y no podrá negarse o condicionarse a la presentación de documental alguna ni al pago de derechos. Esta condición de estancia se otorgará como medida de carácter temporal en tanto la Procuraduría de Protección determina el plan de restitución de derechos en los términos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La expedición del documento migratorio con dicha autorización deberá contener la CURP que la autoridad competente hubiera asignado y señalar expresamente la razón humanitaria de que se trata. En el caso de niñas, niños y adolescentes acompañados y separados, la autorización de esta condición de estancia beneficiará de manera solidaria a la persona adulta a cargo de su cuidado. El Instituto podrá negar el otorgamiento de la autorización a aquellas personas adultas de quien la Procuraduría de Protección hubiera determinado ser contrarios al interés superior de la niña, niño o adolescente de quien se trate. c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. Si la solicitud es positiva se les otorgará la condición de estancia de residente permanente, en términos del artículo 54 de esta Ley. También la Secretaría podrá autorizar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a los extranjeros que no se ubiquen en los supuestos anteriores, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración". - Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria. "Artículo 8.- El derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado a que se refiere el artículo 11 de la Ley, es aplicable a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, sin distinción de su situación migratoria, nacionalidad, edad, sexo, género o cualquier otra característica". De los numerales transcritos se advierte medularmente que el Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de los migrantes que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural; asimismo, los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así en el caso, de las constancias que remite la autoridad responsable queda claramente evidenciado que la aquí quejosa el ocho de junio de dos mil veintidós, fue presentada ante la autoridad migratoria en Villahermosa, Tabasco, por personal de la oficina de representación en Nuevo León, bajo el oficio INM/ORNL/SDCVM/EM/4580/2022, para que resolviera en definitiva la situación de la quejosa en la Estación Migratoria de esta ciudad. Posteriormente, fue atendida medicamente y se le explicó el motivo de su presentación en dicha estación migratoria, se le informó de los derechos que le asistían durante la permanencia en la estación y se le explico el procedimiento a seguir. En ese orden de ideas, es inconcuso que por parte de las autoridades responsables no existe transgresión a los numerales previamente transcritos, pues del contenido de éstos se advierte claramente que dichas prerrogativas son únicamente para las personas que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes. Y por ende, al encontrarse la quejosa en proceso de resolver su situación migratoria, es evidente que el acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda -diez de junio de dos mil veintidós-, no existía. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, con registro digital 206346, del tenor: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por ende, en lo tocante a los actos reclamados marcados con los incisos d) y e), procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO a), b) y c). La autoridad responsable denominada Subrepresentante Local, Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, no manifestó sobre la existencia o no del acto reclamado, sin embargo realizó manifestaciones que evidencian su existencia; de ahí que, deban tenerse por ciertos. Lo que además se corrobora, con las documentales allegadas relativas al expediente administrativo de la quejosa, a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace a los actos reclamados, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 193758, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto del acto reclamado ha desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1). El ocho de junio de dos mil veintidós, fue presentada ante la autoridad migratoria en Villahermosa, Tabasco, por personal de la oficina de representación en Nuevo León, bajo el oficio INM/ORNL/SDCVM/EM/4580/2022, para que resolviera en definitiva la situación de la quejosa en la Estación Migratoria de esta ciudad. 2). Mediante escrito de demanda presentado el veinte de febrero de dos mil veintidós, Francys Daniela Alonso González, promoviendo por conducto de Luciano Chaparro Araujo, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal. 3). Posteriormente, el once de junio de dos mil veintidós, se otorgó salida provisional de la estación migratoria a Francys Daniela Alonso González, sujetándola al control de firmas semanalmente ante el Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, los actos reclamados se hicieron consistir en la privación de su libertad y como consecuencia de ello, la deportación y siendo que, como ya se precisó se le otorgó salida de la estación migratoria a la aquí quejosa Francys Daniela Alonso González. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaba siendo objeto por parte de la autoridad responsable, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repuso a la quejosa en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados precisados en el considerando SEGUNDO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la representante local, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en nombre de las autoridades señaladas como responsables: 1) Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, y 2) Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, recibidos vía correo institucional y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias relacionadas con la situación migratoria de la extranjera Francys Daniela Alonso González, recibidas por esa misma vía; en tal razón, con el contenido de éstos, dese vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, se tiene a la autoridad oficiante haciendo la aclaración, que no existe autoridad alguna con esas denominaciones (Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco y Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa), e informa que la autoridad competente es la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa. Al efecto, téngase por hecha dicha aclaración para todos los efectos legales; por tanto, instrúyase al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efecto de que proceda a capturar la denominación correcta de la autoridad responsable. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado electrónicamente por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, por medio del cual, en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, hace del conocimiento que previo al envío del oficio con que se da cuenta, se procedió a la habilitación del expediente electrónico del juicio de amparo 595/2022 y su acumulado 596/2022, de su índice, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual se podrá consultar con el número de Expediente Único Nacional 30239868, con el que permitirá ingresar para su consulta y obtener las constancias e información que se requieran. Precisado lo anterior, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado, para efecto de que proceda a realizar la vinculación de aquel expediente al presente juicio de amparo y estar en posibilidad de realizar la consulta respectiva. Notifíquese.Así lo acordó y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante la Secretaria Jorge Tesla Salazar de la Cruz, quien autoriza y da fe.

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