Francisco Xavier Merino Perez Fernandez

Expediente 120/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
120/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Xavier Merino Perez Fernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de diez de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio obran documentos exhibidos por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo primero de dicho Acuerdo General, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, se constituya en el local que ocupa este juzgado federal a recoger las documentales de que se trata, por lo que deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", a fin de que le sean devueltos, de conformidad los establecido en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibida que en caso de no hacerlo así, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado vía electrónica por Eduardo Venegas Vázquez, autorizado del quejoso ****, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el cual cuenta con evidencia criptográfica, mediante el cual solicita se haga la devolución de los documentos que se anexaron a la demanda de amparo. Atento a lo anterior, indíquese al autorizado de la parte quejosa, que por el momento resulta improcedente acordar de conformidad su petición, hasta en tanto se colmen los extremos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, esto es, una vez que se declare firme el acuerdo de diez de marzo del año en curso, que desechó la demanda de amparo, se acordará lo conducente a su petición. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y de otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado con el número 120/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y fórmese expediente. Ahora bien, es preciso decir que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, dicho numeral establece que para desechar una demanda de amparo no basta que el juzgado haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Así, para demostrar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, es preciso mencionar que la demanda de amparo carece de la firma del promovente, lo que se corrobora con lo asentado por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el propio escrito inicial, por lo que a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza de manera patente y cierta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De la interpretación a lo transcrito se obtiene que las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de amparo no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras XXII fracciones del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, ??????????????? uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6 de la ley de la materia, de acuerdo con el cual, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 del ordenamiento legal en cita, pudiendo promoverlo por sí, a través de su representante o apoderado legal, por su defensor, algún pariente e inclusive, por persona extraña, siempre que la ley de la materia así lo permita. De tal suerte que al carecer el escrito inicial de demanda de la firma del promovente, con la que acredite al órgano jurisdiccional quien promueve la instancia de amparo, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6 de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial de cualquier acto jurídico que debe constar por escrito o vía electrónica, y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa. Resulta aplicable al caso concreto la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315, tomo X, correspondiente a octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA POR EL IMPETRANTE FRANCISCO XAVIER MERINO PÉREZ FERNÁNDEZ; ello en razón de que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone en el diverso numeral 6, de la propia ley de la materia. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para recibir notificaciones el indicado en la demanda; y como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eduardo Venegas Vázquez y Rodrigo Hernández Valencia, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales que los acreditan como Licenciados en Derecho. Ahora bien, toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que el usuario "EvenegasV1206", efectivamente corresponde a Eduardo Venegas Vázquez. En consecuencia, como lo solicita expresamente la parte quejosa se le autoriza la consulta del expediente electrónico, por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, y se ordena notificarle las actuaciones de carácter personal vía electrónica, para los efectos legales conducentes. De igual forma, téngasele proporcionando correo electrónico para establecer contacto. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema ?????????????? Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte (directrices que fueron adoptadas y continúan vigentes en el diverso acuerdo 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con vigencia hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno), y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Pues resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a las audiencias; lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el expediente en que se actúa, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; y se les requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio de dos mil veinte, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las catorce horas en la oficialía de partes común. Notifíquese personalmente.

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