Francisco Saucedo Navarrete
Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Francisco Saucedo Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE LOS CORRIENTES, EN EL QUE SE ACORDÓ: Principal 20/2023-II CUENTA. El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 2365, con un anexo certificado. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado la Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; glósese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Con apoyo en el ordinal 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba, la documental que anexó, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, en la especie la quejosa se duele de la omisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, de no acordar los escritos de veinticuatro de octubre y de once de noviembre, ambos del año dos mil veintidós, dentro del expediente 252-1/2022, relativo al juicio de Cesación de Pensión Alimenticia, de su índice. Ahora bien, de las constancias que la autoridad anexo al oficio de cuenta, se advierte la actualización de una causal de improcedencia del juicio de amparo, como se verá. El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos de acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ahora bien, el reclamo que motivó la instauración del presente juicio constitucional, radica en el hecho de que la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, fue omiso en realizar pronunciamiento en relación a los escritos de veinticuatro de octubre y de once de noviembre, ambos del año dos mil veintidós. Sin embargo de las constancias remitidas por la responsable con su informe justificado, mismas que ameritan valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se advierte que mediante autos de doce de enero y dieciséis de febrero, ambos del presente año, la responsable realizó pronunciamiento respecto a los mismos, incluso en el doce de enero de la anualidad que transcurre, emitió el auto de admisión de pruebas, materia de solicitud de los mencionados escritos. Por tanto, si con posterioridad a que se reclamó la omisión en cuestión, la responsable realizó pronunciamiento en torno a los escritos motivo del acto reclamado, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos, toda vez que la materia de este juicio de amparo era precisamente, la omisión a realizar pronunciamiento, lo que, como se dijo, ya ocurrió. Por tanto, los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido con dicho pronunciamiento, lo que trae como consecuencia jurídica la improcedencia de este juicio constitucional, toda vez que es evidente que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia previamente mencionada. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha 1 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho. señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veinte minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
Principal 20/2023-II CUENTA. El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 2365, con un anexo certificado. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado la Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; glósese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. Con apoyo en el ordinal 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba, la documental que anexó, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, en la especie la quejosa se duele de la omisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, de no acordar los escritos de veinticuatro de octubre y de once de noviembre, ambos del año dos mil veintidós, dentro del expediente 252-1/2022, relativo al juicio de Cesación de Pensión Alimenticia, de su índice. Ahora bien, de las constancias que la autoridad anexo al oficio de cuenta, se advierte la actualización de una causal de improcedencia del juicio de amparo, como se verá. El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos de acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ahora bien, el reclamo que motivó la instauración del presente juicio constitucional, radica en el hecho de que la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, fue omiso en realizar pronunciamiento en relación a los escritos de veinticuatro de octubre y de once de noviembre, ambos del año dos mil veintidós. Sin embargo de las constancias remitidas por la responsable con su informe justificado, mismas que ameritan valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se advierte que mediante autos de doce de enero y dieciséis de febrero, ambos del presente año, la responsable realizó pronunciamiento respecto a los mismos, incluso en el doce de enero de la anualidad que transcurre, emitió el auto de admisión de pruebas, materia de solicitud de los mencionados escritos. Por tanto, si con posterioridad a que se reclamó la omisión en cuestión, la responsable realizó pronunciamiento en torno a los escritos motivo del acto reclamado, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos, toda vez que la materia de este juicio de amparo era precisamente, la omisión a realizar pronunciamiento, lo que, como se dijo, ya ocurrió. Por tanto, los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido con dicho pronunciamiento, lo que trae como consecuencia jurídica la improcedencia de este juicio constitucional, toda vez que es evidente que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia previamente mencionada. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha 1 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho. señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veinte minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
Principal 20/2023-II CUENTA. El catorce de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 1869, con anexo. Conste. El Secretario Carlos Adán Piza Cortez Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por Adán Tejada Maganda, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a su contenido, y toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "ADANTEMA93", corresponde al ocursante. En consecuencia, como lo solicita expresamente se le autoriza a dicha profesionista la consulta del expediente electrónico, por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Finalmente, por lo que respecta a la diversa solicitud, dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad, toda vez que dicha solicitud no forma parte de la Litis constitucional. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio enviado electrónicamente por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, a través del cual comunica que mediante oficio 291/2023 de veinticinco de enero del año en curso, remitió las copias certificadas que tomó en consideración, para la emisión del acto reclamado; asimismo, refiere la imposibilidad que tiene para remitir copia certificada de todo lo actuado en el expediente 87/2002-I, toda vez que consta de cuarenta y cuatro tomos de más de mil fojas cada uno, además de que no cuenta, con el recurso económico para fotocopiar dichos tomos; de lo cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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