Francisco Vinicio Gómez Duran

Expediente 66/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
66/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco Vinicio Gómez Duran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    "... Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que por resolución firmada y autorizada el treinta de abril de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por el otro se negó el amparo en el presente juicio de amparo; la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; .... se declara que dicha resolución ha quedado firme. Ahora, vista la certificación de cuenta, toda vez, que el presente expediente físico coincide con el electrónico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración correspondiente; .... Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el expediente administrativo 068/05/PA-C/2018, que remitió en apoyo a su informe justificado..."

  2. Principal

    A N T E C E D E N T E S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo presentada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, recibida el día hábil siguiente por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Francisco Vinicio Gómez Duran, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de autoridad. SEGUNDO. Derecho fundamental que la parte quejosa estima violado. El contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Despacho del juicio de amparo. El veinticinco de enero del año en curso, se registró la demanda en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 66/2021; se previno a la parte quejosa para que precisara el acto concreto que reclamaba de las autoridades responsables. Desahogada la prevención, por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento y, se citó a las partes a la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de un órgano de amparo en materia mixta, correspondiente a esta jurisdicción, y por ende, administrativa, respecto de actos emitidos por una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado SEGUNDA. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo fue presentada oportunamente, pues la omisión reclamada por la quejosa, al ser de carácter negativo, no está sujeta al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis que lleva por rubro y texto los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". TERCERA. Precisión de actos. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y demás constancias que obran agregadas al expediente se advierte que el solicitante de derechos humanos reclama: ? La omisión de dar cumplimiento a la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C/2018. CUARTA. Inexistencia del acto reclamado. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo, cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. No es cierto el acto que se reclaman de las responsables Titular y Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, ambos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, por así haberlo manifestado expresamente al rendir su informe justificado. En efecto, las responsables referidas manifestaron no ser competentes para dar cumplimiento a la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C/2018. Dicha resolución fue emitida por la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Transparencia Gubernamental y, en consecuencia, vigilar su complimiento comete a dicha dirección. Certeza que se corrobora con el contenido de la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C/2018, remitidas en copia certificada por la propia autoridad responsable, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los articulo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con su artículo 2, de donde se desprende que la autoridad que emitió la resolución cuya inejecución, en esta vía se combate, es la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Transparencia Gubernamental, no así las autoridades responsables referidas. Atento a las negativas formuladas por la responsable en cita, de los actos que se le reclaman, sin que de las constancias que obran en el presente juicio de derechos humanos se advierta evidencia razonable de la existencia de los mismos, ni prueba en contrario que desvirtúe las negativas formuladas por las responsables antes precisadas, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Lo anterior, encuentra igual apoyo en la jurisprudencia que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo2 . Por lo que de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento respecto de los actos que la parte quejosa reclama de la autoridad antes mencionada, al no haber acreditado su existencia. QUINTA. Certeza del acto reclamado. Se debe tener por cierto el acto reclamado que se atribuye a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dar cumplimiento a la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C/2018, pues no obstante haber negado su existencia, de las constancias que obran agregadas en autos se advierta que dicha autoridad fue quien emitió la resolución cuya inejecución se reclama y, en consecuencia, compete a ella su cumplimiento. En efecto, del contenido de la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PAC/2018, remitida en copia certificada por la propia autoridad responsable, a la que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los articulo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con su artículo 2, se desprende que la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 1, 3 fracciones I, II y III, 4, 27, fracción XV, 47, fracciones XVI, XXII, XXIII de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y los artículos 1, 2,3, fracción II, 6, fracción I, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, vigente a partir del veintiséis de diciembre de dos mil quince, emitió resolución con dos efectos esenciales. El primero consiste en inhabilitar a Lourdes Díaz Robles, por el periodo de CINCO AÑOS SEIS MESES, para desempeñar el empleo, cargo o comisión al servicio del estado o municipios de Oaxaca y el segundo en que Lourdes Díaz Robles, pague la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos), por concepto de retribución a Francisco Vinicio Gómez Duran, aquí quejoso, sin que de autos se advierta que este último efecto este cumplido. Motivo por el cual, es dable tener por cierto el acto que se le atribuye. Resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 91-96, Tercera Parte, julio a diciembre de 1976, página 7, que indica: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomárseles en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Asimismo, es ilustrativa la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 392, del Libro 18, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2015, Décima Época, con registro 2009181, de rubro: ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR . SEXTA. Causas de improcedencia. Por ser cuestión de orden público y estudio preferente, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, sea que la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Con relación el acto reclamado, la autoridad responsable, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no demostró que la resolución reclamada, cause afectación en su esfera jurídica. El motivo de improcedencia es ineficaz, ya que el quejoso acude al presente juicio de amparo en defensa de su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues afirma que en la resolución que por esta vía combate, la autoridad responsable, sancionó a Lourdes Días Romero, con la inhabilitación por el periodo de cinco años seis meses para desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del estado o municipios de Oaxaca, además del pago de $ 90,000.00 (noventa mil pesos), que por concepto de retribución deberá hacer a favor del ciudadano Francisco Vinicio Gómez Duran (aquí quejoso). En ese contexto, contrario a lo que refiere la responsable, es evidente que la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C/2018, sí incide en la esfera de derechos, de la parte quejosa en razón de que se ordenó el pago de $ 90,000.00 (noventa mil pesos), que por concepto de retribución se deberá hacer en su favor, lo que es suficiente para considerar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Sin que en el caso resulte aplicable la jurisprudencia 2a./J1/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE." pues en el caso, la resolución combatida no declaro improcedente la queja impuesta por la parte quejosa, sino que, por el contrario, ordena el pago de $ 90,000.00 (noventa mil pesos), que por concepto de retribución se deberá hacer en su favor. Al no existir diversas causas de improcedencia invocadas por las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional que se actualice, lo procedente es entrar al estudio del fondo del asunto. SÉPTIMA. Antecedentes del acto reclamado. Previo analizar los planteamientos de inconstitucionalidad, es pertinente precisar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado y que se desprende de las actuaciones que integran el presente expediente: 1. El once y catorce de agosto de dos mil diecisiete, Francisco Vinicio Gómez Duran, formuló denuncia contra Lourdes Díaz Robles y Carlos Jiménez Hernández, por presuntas faltas administrativas consistentes en haber ofertado y vendido una plaza de base por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos). 2. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecisiete, con motivo de la denuncia, se radicó el expediente de investigación 253/1QD-"A"/2017. 3. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se determinó procedente el inicio del expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C-2018. 4. Por resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C-2018, la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, resolvió, en lo que interesa: TERCERO. Por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, se impone a la Ciudadana Lourdes Díaz Robles, quien se desempeñó como personal de base con el puesto de Oficial Administrativo 4 "A", con área de adscripción al Control de Recursos Materiales y Financieros dependiente de la Secretaria de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, en la época de los hechos que se le imputaron en este procedimiento, la sanción de INHABILITACIÓN por el periodo de CINCO AÑOS SEIS MESES, para desempeñar el empleo, cargo o comisión al servicio del estado o municipios de Oaxaca (.). CUARTO. Por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución se impone a la Ciudadana Lourdes Díaz Robles, quien se desempeñó como personal de base con el puesto de Oficial Administrativo 4 "A", con área de adscripción al Control de Recursos Materiales y Financieros dependiente de la Secretaria de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, una sanción económica por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos) que en concepto de retribución debe hacer a favor del Ciudadano Francisco Vinicio Gómez Duran. 5. Dicha resolución fue combatida por Lourdes Díaz Robles, a través del recurso de revocación que fue registrado con el número 31/RR/2019, mismo que fue resulto el veinte de agosto de dos mil diecinueve, por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, en el sentido de confirmar la resolución. 6. El veinte de marzo de dos mil veinte, la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, emitió acuerdo de ejecutoria de dicha resolución. 7. Por oficio SINFRA/D.J/029/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, el Director Jurídico de la Secretaría de las Infraestructuras y Desarrollo Territorial y Sustentable, comunicó a la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, que la sanción impuesta a Lourdes Díaz Robles, comenzó a computarse de la siguiente manera: INICIO DE LA INHABILITACIÓN TERMINO DE LA INHABILITACIÓN TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA INHABILITACIÓN 27 de noviembre de 2018 27 de mayo de 2024 2 anos 1 mes y 17 días, al día de hoy 13 de enero de 2021 Tiempo de la inhabilitación: 5 años y 6 meses Hasta aquí los antecedentes relevantes del acto reclamado dentro de la presente instancia constitucional. OCTAVA. Análisis del acto reclamado. Los conceptos de violación ameritan el siguiente análisis: La parte quejosa alega sustancialmente que la omisión de la autoridad responsable vulnera su derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se ha dado cabal cumplimiento a la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C-2018. El concepto de violación es infundado. El artículo 17, párrafo segundo, constitucional consagra el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional a favor de cualquier persona. Consiste en el derecho que ésta goza para acceder de forma completa a los tribunales y plantearles una pretensión o defenderse de ésta mediante un procedimiento, dentro de los plazos y los términos que prevean las leyes. "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El objeto del derecho a la tutela jurisdiccional es asegurar la impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial; y cualquier órgano -no solo los tribunales como literalmente expresa el artículo 17 constitucional, sino también aquellos que no pertenecen al poder judicial federal y local están constreñidos a observar este derecho fundamental, siempre dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias. El derecho a la tutela jurisdiccional se desenvuelve en varios sectores, que constituyen sus principios, entre ellos, el derecho a la plena ejecución de las resoluciones que dicten los órganos que impartan justicia, el cual consiste en que la persona a quien se obligue a cumplir una sentencia no puede eximirse de tal situación. Este principio consagra la efectividad externa de la tutela jurisdiccional. Es de gran trascendencia para la impartición de justicia, porque no sería eficaz si la sentencia no se cumple, de ahí que, el procedimiento de ejecución de resoluciones, dota de herramientas para que el órgano que resuelva ordene a las partes que la acaten y de ser necesario, las obligue en ese sentido y, por otro, aquellas personas que se vinculen a su cumplimiento, no puedan evadirlo, para lo que la ley debe prever los mecanismos que permitan ejecutar lo resuelto por el juzgador. Ahora bien, de la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C-2018, se desprende que la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, resolvió, en lo que interesa: TERCERO. Por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, se impone a la Ciudadana Lourdes Díaz Robles, quien se desempeñó como personal de base con el puesto de Oficial Administrativo 4 "A", con área de adscripción al Control de Recursos Materiales y Financieros dependiente de la Secretaria de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, en la época de los hechos que se le imputaron en este procedimiento, la sanción de INHABILITACIÓN por el periodo de CINCO AÑOS SEIS MESES, para desempeñar el empleo, cargo o comisión al servicio del estado o municipios de Oaxaca (.). CUARTO. Por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución se impone a la Ciudadana Lourdes Díaz Robles, quien se desempeñó como personal de base con el puesto de Oficial Administrativo 4 "A", con área de adscripción al Control de Recursos Materiales y Financieros dependiente de la Secretaria de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, una sanción económica por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos) que en concepto de retribución debe hacer a favor del Ciudadano Francisco Vinicio Gómez Duran . Derivado de lo anterior, por oficio SINFRA/D.J/029/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, el Director Jurídico de la Secretaría de las Infraestructuras y Desarrollo Territorial y Sustentable, comunicó a la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, que la sanción impuesta a Lourdes Díaz Robles, se está ejecutando y comenzó a computarse de la siguiente manera: INICIO DE LA INHABILITACIÓN TERMINO DE LA INHABILITACIÓN TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA INHABILITACIÓN 27 de noviembre de 2018 27 de mayo de 2024 2 anos 1 mes y 17 días, al día de hoy 13 de enero de 2021 Tiempo de la inhabilitación: 5 años y 6 meses Adicionalmente, por oficio SCTG/SRAA/DRASP/452/2020, de quince de diciembre de dos mil veinte, se informó al aquí quejoso que la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, no es competente para tramitar, conocer, ni resolver requerimientos de pago a favor de terceros, por lo que, para hacer cumplir la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C-2018, en la parte que le favorece, debía ejercitar la acción ordinaria correspondiente. 13/10/21 23:27:29 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3b.b3 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ De lo anterior se advierte que la resolución que por esta vía se combate cuenta, esencialmente, con dos efectos, el primero consiste en inhabilitar a Lourdes Díaz Robles, por el periodo de CINCO AÑOS SEIS MESES, para desempeñar el empleo, cargo o comisión al servicio del estado o municipios de Oaxaca y el segundo en que Lourdes Díaz Robles, pague la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos), por concepto de retribución a Francisco Vinicio Gómez Duran (aquí quejoso). Como se advierte del oficio SCTG/SRAA/DRASP/452/2020, de quince de diciembre de dos mil veinte, el primero de los efectos se encuentra cumplido, pues se está ejecutando la inhabilitación impuesta; sin embargó, el segundo no, ya que la autoridad responsable aduce no ser competente para tramitar, conocer, ni resolver requerimientos de pago a favor de terceros. Derivado de lo anterior, resulta claro que la litis a dilucidar dentro de la presente instancia constitucional es determinar si la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, tiene competencia para hacer cumplir una determinación en favor de terceros. Expuesto lo anterior, con independencia de lo correcto o incorrecto de la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C-2018, lo cierto es, como lo sostiene la autoridad responsable, que la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, carece de facultades para ejecutar un resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa en favor de terceros. En efecto, el procedimiento de ejecución, entre otros, se rige por el contenido de los artículos Artículo 5º, 57, 73, 75, 84 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, (vigente a la fecha en que se cometieron los hechos). Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca (vigente a la fecha en que se cometieron los hechos), dispone: Artículo 5º.- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley y las responsabilidades penales o de carácter civil que dispongan otros ordenamientos, se desarrollarán autónomamente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a quien deba conocer de ellas; no podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza. Artículo 57.- Las sanciones por responsabilidad administrativa, se fincarán, en primer término, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que la originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos, y consistirán en: [.] V.- Sanción económica o pago en dinero que en concepto de retribución debe hacer el servidor público a favor del erario estatal o municipal y, en su caso a particulares, por la infracción cometida. La sanción económica se fijará en cantidad líquida que en ningún caso será inferior al importe de diez días ni mayor a cien del sueldo base presupuestal que perciba el servidor público, siempre que de la infracción cometida no obtenga beneficios ni cause daños y perjuicios, en caso contrario, se estará a lo dispuesto en el artículo 73 de esta Ley. Las sanciones económicas o pagos en dinero que se determinen conforme a las disposiciones de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose para su cobro, al procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado; VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal y municipal. Cuando no se causen daños o perjuicios al Estado o a particulares, ni exista beneficio o lucro alguno se impondrá inhabilitación de seis meses a un año. La misma sanción se fincará al servidor público que cometa violaciones a los derechos humanos y conductas que pudieran constituir delitos, independientemente del procedimiento penal que pudiera instaurarse. [.] Las sanciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. Artículo 73.- Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 56 de esta Ley, se produzcan beneficios o lucro personal en provecho del procesado, o se causen daños o perjuicios al erario público y/o terceros, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro personal obtenidos por el procesado, o de los daños o perjuicios causados al erario público y/o terceros. Las sanciones económicas constituirán créditos fiscales, y se fincarán por la autoridad competente, en los términos que establece el artículo 83 de esta Ley y demás disposiciones aplicables. Artículo 75.- Para la imposición y ejecución de las sanciones a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, se observará lo siguiente: [.] III.- La inhabilitación administrativa para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la Contraloría, la Auditoría y por los Órganos de Control Interno competentes, según corresponda y ejecutada por el titular de la institución pública, o por quien éste designe, en los términos de la resolución dictada; [.] VII.- Las sanciones económicas serán determinadas e impuestas por la Contraloría, la Auditoría y por los Órganos de Control Interno competentes, según corresponda y ejecutadas por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado o a quien competa según su marco normativo. Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes, la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes, solicitarán a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado o a la autoridad correspondiente, en cualquier fase del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 69 de la Ley, que proceda al embargo precautorio de sus bienes, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos de la fracción V del artículo 57 de esta Ley. [.] Artículo 84.- Las responsabilidades que conforme a este Capítulo se finquen, tienen por objeto reparar, indemnizar o resarcir, el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de cualquier institución pública, o a los concertados o convenidos por el Estado con la Federación, o con sus Municipios. Las reparaciones e indemnizaciones económicas que se impongan conforme a las disposiciones de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales, se fijarán en cantidad líquida, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y las hará efectivas la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, conforme al procedimiento administrativo de ejecución dentro de los plazos establecidos en los ordenamientos fiscales. La Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes podrán solicitar a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, la práctica de embargo precautorio en contra de los responsables, para garantizar en forma individual el importe de los pliegos preventivos de responsabilidad, a reserva de la calificación o constitución definitiva de la responsabilidad resarcitoria. Sin perjuicio de lo dispuesto por este artículo, tratándose de servidores públicos, procederá, en su caso, la aplicación de sanciones disciplinarias en los términos de los Capítulos I y II de este Título. Del análisis sistemático de los artículos transcritos se advierte que el procedimiento de responsabilidad administrativa, como lo sostiene la autoridad responsable, no tiene como propósito salvaguardar intereses de particulares, sino garantizar el óptimo desempeño del servicio público. En efecto, el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, lo cual responde a intereses superiores de carácter público y, por tanto, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 13/10/21 23:27:29 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3b.b3 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ Así, el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos se materializa como un medio de control que tiene como principal finalidad, investigar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Con relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, página 473, estableció: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. Ahora, si bien la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca (vigente a la fecha en que se cometieron los hechos) reconoce un procedimiento de ejecución, el mismo solo es aplicable cuando se debe ejecutar una sanción en favor de la hacienda pública, ya sea estatal o municipal, a través de créditos fiscales. En efecto, del contenido del citado artículo 57, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca (vigente a la fecha en que se cometieron los hechos), se desprende, en lo que interesa, que: a) Las sanciones por responsabilidad administrativa, se fincarán, en primer término, a quienes directamente hayan ejecutado los actos. b) Las sanciones económicas o pagos en dinero que se determinen conforme a las disposiciones de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose para su cobro, al procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado; c) Las sanciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes. Para mayor claridad, resulta imperante citar el contenido del artículo 32 del Código Fiscal para el estado de Oaxaca, mismo que define lo que se debe entender por crédito fiscal: ARTÍCULO 32. Son créditos fiscales las cantidades que el Estado tenga derecho a percibir, provenientes de contribuciones y sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo las que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquéllas a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. (énfasis añadido) De lo anterior resulta inconcuso que el procedimiento de cumplimiento reconocido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca (vigente a la fecha en que se cometieron los hechos), misma que resulta aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo cuarto transitorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, prevé un mecanismo de ejecución a efecto de aplicar las sanciones económicas impuestas en favor de la hacienda pública estatal o municipal, no así de la aplicación y/o ejecución de sanciones impuestas a terceros. Lo anterior, se robustece con el contenido del propio artículo 5 de la Ley en comento, pues señala explícitamente que los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley y las responsabilidades penales o de carácter civil que dispongan otros ordenamientos, se desarrollarán autónomamente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, En ese contexto, si bien existe sentencia emitida por la Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, dicha autoridad no es competente para tramitar, conocer, ni resolver requerimientos de pago a favor de terceros, por lo que, para hacer cumplir la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C-2018, en la parte que se favorece al quejoso, debe ejercitar la acción ordinaria correspondiente. Así, tomando en consideración la naturaleza de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca y que ésta no prevé un mecanismo para hacer cumplir las resoluciones que se emiten en los procedimientos de responsabilidad administrativa en favor de particulares, resulta claro que la autoridad responsable no se encuentra facultada para actuar en la forma que pretende el accionante de amparo, por lo que no hay violación del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución que el quejoso señala como violado. En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional solicitada, respecto del acto reclamado consistente la omisión de proveer el cumplimiento de la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente de responsabilidad administrativa 068/05/PA-C/2018. NOVENA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena al secretario supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Vinicio Gómez Duran, por los motivos y fundamentos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia constitucional. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Vinicio Gómez Duran, contra el acto reclamado a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, por las razones vertidas en la octava consideración de esta sentencia. TERCERO. Se ordena al Secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    "... Agréguense a los autos los dos oficios idénticos y anexos del Titular de la Secretaría de la Contraloría y Trasparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto de la autoridad que lo representa, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de marzo pasado, informa que a su criterio corresponde reclamar el pago de la sanción económica impuesta a ****** por la cantidad de noventa mil pesos cero centavos, moneda nacional, ante los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Asimismo, .... se tiene por anunciada la documental que exhibe la responsable, respecto de la cual se hará relación en el momento procesal oportuno...."

  4. Principal

    "... Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el 1) Titular; 2) Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción; y, 3) Directora de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, todos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, proveído que les fue notificado el diecinueve siguiente; por tanto, el plazo de ocho días concedido en dicho auto transcurre del veintitrés de marzo al seis de abril del presente año. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Ahora, es importante señalar que de los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, se desprende que es opcional para las partes acudir al desahogo de las audiencias constitucionales, pues las mismas pueden llevarse a cabo, incluso, sin contar con la presencia de éstas. Por tal motivo, no se genera la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a que se refiere el numeral 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La cual, sólo será procedente siempre y cuando se actualice el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, en el que la parte quejosa pueda alegar verbalmente; es decir, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada, o bien se encuentre pendiente el desahogo de probanzas o incidentes que ameriten la presencia física o virtual de las partes en la audiencia constitucional. Aunado a que, si quisieran formular alegaciones, éstas podrán ser presentadas por escrito con anterioridad a la hora y fecha de la audiencia constitucional..."

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