Francisco Santiago José

Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
731/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco Santiago José

Actuaciones

  1. Principal

    "... Vistos los autos y la certificación secretarial que antecede, de donde se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera el recurso de queja contra del proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ******; en consecuencia, .... se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, ..... archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente; .... Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintiuno. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Santiago José, contra un acto del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Estado de Oaxaca. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 731/2021. Análisis e improcedencia. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º fracción I y 5, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" Al efecto, existen las jurisprudencias siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Jurisprudencia 2a.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Jurisprudencia 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Los artículos y jurisprudencia transcritos, revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad, verbigracia las relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en los cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En el caso, de la lectura integral de la demanda y de su anexo que ahora se provee se advierte que el quejoso Francisco Santiago José, reclama de la autoridad que tilda como responsable, lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO: la omisión de la responsable de dar contestación a mi escrito recibido el 03 de junio de 2021. Como antecedente del acto reclamado señaló, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 5.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que lo siguientes hechos constituyen los antecedentes del acto reclamado. Tal y como lo establecí en líneas anteriores con fecha 03 de junio de 2021, Bajo protesta de decir verdad presenté ante la responsable escrito donde solicito contabilidad de cómputo de mis nombramiento como trabajador de confianza, en donde fue recibido por personal de la dirección de recursos humanos en donde solo estampó su nombre, rúbrica y fecha de recibido, sin que hasta la fecha de la presentación de juicio de amparo se me haya notificado respuesta a mi derecho de petición ejercicido de manera pacífica y por escrito. En mérito de lo anterior y ante la incertidumbre jurídica respecto de mi petición; promuevo el presente juicio de amparo indirecto" Pues bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, la lectura integral de la demanda y de su anexo revela que el acto reclamado por el quejoso, se ubica en un plano de coordinación, ya que deriva de una relación obrero-patronal existente entre la parte agraviada y el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Estado de Oaxaca, que están relacionados con la obligación que tienen como parte trabajadora. Lo que se corrobora con la narración de hechos que hace la parte solicitante de amparo en su escrito de demanda y del anexo que acompaña, consistente en el escrito presentado ante la responsable, cuya omisión le atribuye. Ello es así, porque en el caso, lo que reclama la parte quejosa, es la falta de acuerdo a su escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, ante el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, donde solicitó se contabilice el cómputo de los nombramientos que como trabajador de confianza dijo adjuntó al escrito relativo y se le expidiera nueva constancia de continuidad de servicios donde se incluya la temporalidad y los cargos correspondientes. Entonces, entre el peticionario de amparo y el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, pues ésta no realizó actos y/o omisiones equiparables a los de autoridad, ya que el acto que se le reprocha se suscita en una relación de coordinación en la que la citada autoridad actuó como particular, y no con el carácter de autoridad. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y éste resulta notoriamente improcedente. Son aplicables al respecto, las tesis de rubro y texto: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 126, abril de 2001, tomo XIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) "AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO OBRAN COMO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO. Debe sobreseerse en el juicio, revocándose la sentencia del inferior que negó el amparo, si lo que en realidad se reclama en el amparo, es el desconocimiento o falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo de un Estado, de un contrato que había celebrado con el quejoso, y las consecuencias y efectos de la anulación o rescisión de los derechos que había adquirido por virtud del referido contrato; pues es claro que el gobierno de dicha entidad, al vender o prometer vender ciertos terrenos, ha obrado como persona de derecho privado, contratando como un simple particular, de donde se desprende que el cumplimiento de sus obligaciones no debe de ventilarse a través del juicio de garantías, pues éste, de acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 1o. de la Ley de Amparo, sólo procede contra actos de autoridad que violen las garantías individuales, y no en casos como el de que se trata, en que dado el carácter con que intervino el Ejecutivo del Estado, hay que admitir que en realidad se trata de una contienda entre particulares." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, tomo LXXXII, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación) En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y por autorizados únicamente para tales efectos e imponerse de los autos a las personas que menciona, por así haberlo solicitado. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Reyna Francisca de la Rosa Fuentes, quien autoriza y da fe.

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