Francisco Vilchis Rubio

Expediente 829/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 32 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
829/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Francisco Vilchis Rubio
  • Raúl Espinoza Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se proveyó lo conducente respecto al archivo material del presente asunto, no obstante, no se hizo pronunciamiento en relación al billete de depósito N 912752, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional); ni a la póliza de fianza número 2603315 expedida por la moral denominada SOFIMEX, Institución de Garantías S.A., por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), mismos que fueron expedidos para garantizar la suspensión provisional y definitiva decretadas en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se deja a disposición del quejoso el billete de depósito N 912752 con las características antes descritas, quien de conformidad con lo establecido por el artículo 50, primer párrafo, de la Ley de Tesorería de la Federación, dentro del término de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional a efecto de recibir el documento mercantil en cita, previa toma de razón que se formule para debida constancia legal. Asimismo, dese vista a la parte quejosa para que una vez transcurrido el plazo de seis meses que prevé el numeral 156 de la Ley de Amparo, computado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda por conducto de su representante legal a este Juzgado de Distrito con identificación oficial vigente a recibir la póliza de fianza. Se apercibe a la promovente del amparo que, transcurrido el plazo de ciento ochenta días posteriores a que fenezca el aludido plazo de seis meses, se procederá a la cancelación de la póliza de mérito, en términos del artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. El dispositivo legal citado prevé: "ARTÍCULO 174.- Cuando la Institución se hubiere obligado por tiempo determinado o indeterminado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esta Ley, no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza; o, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado. Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años".

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintidós, por el cual por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo en el presente juicio de amparo. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de esta anualidad, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección de la justicia federal. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el presente cuaderno y el original del incidente permanecerán en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.. Asimismo, devuélvanse a la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Subdirección de Amparos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, y del Titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México los anexos que remitieron como complemento de sus informes justificados. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se determinó no amparar en el juicio en que se actúa, no ha sido notificada al quejoso Francisco Vilchis Rubio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, notifíquese la resolución en mención al citado quejoso mediante el correo electrónico que obra en autos. SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 829/2021-VIII, promovido por Francisco Vilchis Rubio, en contra de actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Francisco Vilchis Rubio, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- EN SU CALIDAD DE ORDENADORAS: 1. JUEZ DE CONTROL ESPECIALIZADO EN CATEOS Y ORDENES DE PREHENSION EN LÍNEA. 2. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUAREZ. 3. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A LA MESA DE TRAMITE UNO, EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE METEPEC, DE LA F.G.J. DEL ESTADO DE MEXICO. 4. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS (SIC) A LA MESA DE TRAMITE DOS, EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE METEPEC, DE LA F.G.J. DEL ESTADO DE MEXICO. 5. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS (SIC) A LA MESA DE TRAMITE TRES, EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE METEPEC, DE LA F.G.J. DEL ESTADO DE MEXICO. 6. AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A LA MESA DE TRAMITE CUATRO, EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE METEPEC, DE LA F.G.J.DEL ESTADO DE MEXICO. EN SU CALIDAD DE EJECUTORAS: 1.-FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. 2.- COORDINACION GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACION, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. 3.- DIRECCION DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DEL ESTADO DE MEXICO. 4.- JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES, PERTENECIENTE AL CENTRO DE JUSTICIA DE METEPEC. TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES SENALADAS CON ANTELACIÓN CON SU DOMICILIO EN SUS RESPECTIVOS RECINTOS OFICIALES ACTO RECLAMADO: A) DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS RECLAMO LOS SIGUIENTES ACTOS: POR LO QUE RESPECTA A LOS DIVERSOS JUECES DE CONTROL Y JUEZ DE CONTROL ESPECIALIZADO EN CATEOS Y ORDENES DE APREHENSION EN LINEA: LA ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN CONTRA DEL SUSCRITO. POR LO QUE RESPECTA A LOS DIVERSOS AGENTES DEL MINISTERIO POBLICO: LA ORDEN DE PRESENTACIÓN, EL OFICIO DE INVESTIGACIÓN, Y CITATORIO GIRADO EN CONTRA DE LA LIBERTAD DEL SUSCRITO. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RECLAMO: EL CUMPLIMIENT0 Y LA INMINENTE EJECUCION QUE SE PRETENDE DAR A LOS ACTOS EMITIDOS FOR LAS ORDENADORAS Y QUE ME HE PERMITIDO SENALAR EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE. ACTOS QUE DE IGUAL FORMA, VIOLENTAN EN PERJUICIO DEL QUEJOS SUS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y LIBRE TRANSITO, ASÍ COMO DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, MOTIVO POR EL QUE SE RECURRE A LA INTERPOSICIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS." Actos reclamados que el ahora quejoso señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 11, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1. Admisión. En acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 2. Inexistencia de Autoridad. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por inexistente a las autoridades denominadas por el quejoso como Agentes del Ministerio Público Adscritos a la Mesa de Trámite Cuatro, en la Agencia del Ministerio Público de Metepec de la Fiscalía General de Justicia del Estado De México. 3. Emplazamiento a terceros interesados. En diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo con tal carácter a Raúl Espinoza Mendoza y al Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta administrativa 1678/2015 del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. 4. Audiencia Constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, en virtud de que se reclama una determinación judicial que afecta la libertad personal del promovente del amparo, cuya ejecución puede tener lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: "Orden de aprehensión y/o presentación, citatorio y oficio de investigación, así como su ejecución." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea (en su denominación correcta), así como la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera de Tramite De la Unidad "A2" de Investigación de Metepec (en su denominación correcta), la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Segunda de Trámite de Metepec, (en su denominación correcta, Agentes del Ministerio Público Adscritos a la Mesa Tres de Trámite de Metepec (en su denominación correcta) y el Encargado del Grupo de Investigaciones de la Policía de Investigación de Metepec (en su denominación correcta), todos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera medio de convicción idóneo con el que se controvierta dicha negativa; por lo cual, se está en el supuesto que al efecto establece la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que hace a dichas autoridades. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial dela Federación 1917- 2000, Materia Común, cuyo contenido es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan dicha negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (en cuanto a la orden de aprehensión), la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, del Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en su denominación correcta (únicamente respecto a la ejecución que les fue solicitada de la orden de aprehensión), al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado. Consecuentemente, deben tenerse por ciertos los actos que se les reclama a dichas autoridades; siendo aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con la copia certificada de las videograbaciones que contienen los registros de las audiencias de la carpeta administrativa 1678/2015, en una de las cuales se dictó la orden de aprehensión reclamada. Documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales; pues, aunque tales copias certificadas obran en formato DVD, las mismas deben considerarse como prueba documental pública lato sensu. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Así como la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que, además, encuentra sustento en la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada con el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y en ese sentido, del análisis de las constancias que obran en autos, no se advierte que las partes hicieran valer, ni se actualiza de oficio, causa alguna de improcedencia que deba ser examinada por el suscrito; por lo cual, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la promovente de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer el promovente del amparo se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, página 830, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Suplencia de la deficiencia de la queja. Dado que el ahora quejoso tiene la calidad de inculpado en el juicio natural de origen, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se procederá, en su caso, a suplir la deficiencia en los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 5/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 9, registro 175750, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica." OCTAVO. Estudio. Resultan infundados, los conceptos de violación respecto a la orden de aprehensión de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en los autos de la carpeta administrativa 1678/2015, así como su ejecución que hace valer la promovente del amparo, aún suplidos en su deficiencia, por los motivos que a continuación se expondrán. El artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Por su parte, los artículos 184, 185 y 186 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (abrogado-aplicable al hecho que se analiza), que prevén el marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso, establecen que: "Artículo 184. Cuando exista denuncia o querella, obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, tuviesen señalada pena privativa de la libertad y se trate de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o que su asistencia a la audiencia de la formulación de imputación pudiera verse demorada o dificultada, el juez de control, a solicitud del ministerio público, ordenará su aprehensión para ser conducido a su presencia, sin previa citación, a fin de formularle la imputación. El ministerio público expresará, en su caso, los motivos por los que considera se dificultaría o demoraría la comparecencia del imputado a la audiencia de formulación de la imputación en caso de ser citado y que hacen necesaria su aprehensión. La policía que ejecute una orden de aprehensión, conducirá inmediatamente al detenido ante la presencia del juez. Una vez que sea puesto a disposición del juez de control, se citará dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia para que le sea formulada la imputación. El ministerio público, al solicitar por escrito o por comparecencia, el libramiento de orden de aprehensión del imputado, hará una relación precisa de los hechos que le atribuya, sustentada en los registros correspondientes, que presentará ante la autoridad judicial, exponiendo las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el primer párrafo de este artículo. Artículo 185. No podrá librarse orden de aprehensión sin orden judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho delictuoso sancionado con pena privativa de libertad y obren datos de prueba que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El hecho delictuoso es la circunstaciación (sic) fáctica de la descripción típica conforme a sus elementos objetivos, subjetivos o normativos. Se entenderá por dato de prueba la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez que se advierta idóneo, pertinente y, en su conjunto suficiente para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado. Artículo 186. Recibida la petición para audiencia privada de libramiento de orden de aprehensión, el juez la fijará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en donde escuchará la solicitud y resolverá sobre las peticiones del ministerio público. Excepcionalmente podrá emitir la resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes, suspendiendo la audiencia para tal efecto. En la resolución el juez podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que la motivan y a la intervención del imputado. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión no reúna alguno de los requisitos previstos en el artículo que antecede, el juez, de oficio, prevendrá en esta audiencia al ministerio público para que los precise o aclare. No procederá la prevención cuando el juez considere que los hechos que cita el ministerio público en su solicitud resultan atípicos." Los preceptos constitucionales y legales transcritos establecen como requisitos para el libramiento de una orden de captura, los siguientes: a) Debe ser dictada por una autoridad judicial competente. b) Existir denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad. c) Obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. d) Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) Necesidad de cautela por la exista del riesgo de inasistencia a la audiencia de formulación de imputación o de que esta pueda verse demorada o dificultada. El objetivo de dicho mandato de captura se traduce en poner al detenido a disposición del juez de control, a fin de lograr la celebración de la audiencia inicial, en la cual el Ministerio Público pueda formularle imputación y expresar los datos de prueba correspondientes, y a su vez, permitir a dicha autoridad jurisdiccional que dicte el auto de vinculación a proceso, en su caso, y formalice la investigación. Es decir, en el marco del sistema procesal penal acusatorio, la orden de aprehensión constituye un acto mediante el cual, sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado para los fines antes apuntados; más no así, privarlo de su libertad, pues en todo caso, ello será materia de las medidas cautelares que eventualmente dicte el juez de control en la audiencia inicial ya referida, lo que constituye una excepción a la libertad de tránsito establecida en el artículo 11 constitucional, de ahí que contrario a lo señalado por el quejoso, la violación momentánea a la garantía consagrada en dicho numeral, está justificada legal y constitucionalmente. Por tanto, dicho mandato de captura debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público, obligatoriamente, deberá acreditar la dificultad la necesidad con motivo de dificultar o demorar, el quejoso, su comparecencia a la audiencia de formulación de imputación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XXIX/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad: "ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ DE CONTROL PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. La orden de aprehensión para su emisión, conforme al nuevo sistema de justicia penal, requiere de datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, ya que el objetivo es poner al detenido a disposición del juez de control para que el Ministerio Público formule imputación y exprese los datos de prueba correspondientes, a fin de que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación. Así, para que se pueda llevar a cabo la ejecución de la orden de detención, es necesario que el juez de control proporcione a los elementos aprehensores una constancia que contenga los puntos resolutivos de la determinación que emitió de manera oral, así como copia del audio y video de la audiencia relativa, que les permita identificar plenamente al gobernado y que éste pueda imponerse adecuadamente de la decisión que afecta su derecho a la libertad personal, por tanto, los requisitos mínimos que debe contener la aludida constancia son los siguientes: a) el nombre y apellidos de la persona que se pretende detener; b) la causa penal instruida por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, previsto y sancionado en el ordenamiento sustantivo aplicable; c) el juez de control que la pronunció y d) la fecha en que se expidió. Con tales elementos se otorgará certeza y seguridad jurídica al particular, y se asegurará la prerrogativa de defensa contra una detención que no cumpla con la exigencia constitucional." Al respecto, también se cita la tesis XV.3o.22 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de título y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. La orden de aprehensión es una medida efímera, al cobrar vigencia únicamente desde el momento en el que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a ésta a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que aquélla es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, un auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada, en la medida en que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre en el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; de ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso." Sentado lo anterior, los requisitos para el libramiento de la orden de captura reclamada, se encuentran debidamente acreditados en la orden de aprehensión emitida por la responsable el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la carpeta administrativa 1678/2015; el primero de ellos, encuentra vigencia al emitirse dicha orden por una autoridad jurisdiccional competente, esto es, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, quien se encuentra facultada para tal efecto, de acuerdo con la materia, fuero y territorio; máxime que, al emitirse la orden de aprehensión reclamada, la Jueza responsable fundó su competencia en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 184, 185 y 186 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, abrogado, pero aplicable a los hechos, en términos del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, 11, fracción XVI y 187, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. En tanto que, el segundo de dichos requisitos enunciados, también se encuentra acreditado con la denuncia realizada por la propia víctima Raúl Espinoza Mendoza; además de que el delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 305 y 307, fracción V, del Código Penal del Estado de México, por el cual se formuló la denuncia respectiva y se solicitó la orden de aprehensión reclamada, es sancionable con pena privativa de libertad. Mientras que el tercero y cuarto de los requisitos reseñados, en contraposición a lo aseverado por el promovente del amparo, también se encuentran acreditados, puesto que, como bien lo estimó la Jueza responsable, en el caso concurren datos suficientes que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el inculpado aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión. En efecto, el hecho que se atribuye al ahora quejoso, se trata de uno de los tipificados por el Código Penal del Estado de México, estatuido como frade, previsto y sancionado por los artículos 305 y 307, fracción V, del Código Penal del Estado de México, que en lo conducente, establecen: "Artículo 305.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para si o para otro." "Artículo 307.- El delito de fraude se sanciona con las penas siguientes: [.] V." De donde se advierte que los elementos que constituyen la figura delictiva de fraude, en el particular, consistente en que "el que engañando a otro alcance un lucro indebido para sí"; los cuales, en contra de lo alegado por el promovente del amparo, como bien lo concluyó la Jueza responsable, se encuentran legalmente acreditados en la determinación materia del reclamo. Se afirma lo anterior, porque de las constancias que obran en autos, remitidas por la Jueza de Control responsable, consistentes en copias certificadas los discos que contienen las audiencias de la carpeta administrativa 1678/2015 de su índice, a las que, por ser documentos públicos, se les concede valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte que la autoridad responsable ordenadora estimó demostrado el tipo penal del delito de fraude, en agravio de la víctima Raúl Espinoza Mendoza, que se imputa al ahora quejoso, con base al ejercicio de ponderación que realizó de los datos de prueba siguientes: 1. Entrevista del denunciante Raúl Espinoza Mendoza, en la que denuncia los hechos perpetuados en su perjuicio, esto es, que el dieciocho de agosto de dos mil doce, Francisco Vilchis Rubio le vendió una excavadora sobre orugas de la marca Daewwo, tipo solar 330, con número de serie 0438, pagando por ella la cantidad de un millón veintitrés mil noventa pesos, haciéndole entrega de una factura con número 1229, expedida por Constructora Inmobiliaria Ber, sociedad anónima de capital variable. 2. Entrevista de los testigos Pedro Pablo Pons Hinojosa, en la que, entre diversas cuestiones, refiere que en quince de agosto de dos mil doce, el indiciado Francisco Vilchis Rubio le vendió le vendió una excavadora sobre orugas de la marca Daewwo, tipo solar 330, con número de serie 0438, pagando por ella la cantidad de un millón veintitrés mil noventa pesos, haciéndole entrega de una factura con número 1290, expedida por Constructora Inmobiliaria Ber, sociedad anónima de capital variable. 3. Entrevista de Enrique Cruz Colín, testigo. 4. Documental consistente en factura 1229, en la que se describe el bien mueble objeto del ilícito. 5. Documental consistente en factura 1290, en la que se describe el bien mueble objeto del ilícito. 6. Pedimento con sello de aduana, relativa a la excavadora objeto de las transacciones de compraventa. 7. Entrevista de Enrique Pineda Arizmendi, testigo de los hechos de compraventa entre Francisco Vilchis Rubio y Raúl Espinoza Mendoza. 8. Entrevista de Héctor Bernardo Cruz, testigo. 9. Dictamen pericial de criminalística de campo de veinte de mayo de dos mil quince. 10. Dictamen en materia de valuación vehicular automotriz de ocho de julio de dos mil quince. Los cuáles de manera correcta fueron ponderados en lo individual y en su conjunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 344, 354, 355 y 356 del Código de Procedimientos Penales aplicable, para lo cual la responsable realizó un ensayo argumentativo del que razonablemente se advierte el grado de aproximación sobre la realización del hecho analizado, que le permitió encuadrar la conducta ya precisada en las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución con la descripción típica del delito por el que se formuló solicitud de orden de aprehensión; es decir, se advierte que, en contra de lo que al respecto hace valer el ahora quejoso, la Jueza responsable ponderó los datos de prueba expresados por la fiscalía, los cuales, al menos hasta ese momento, resultaron idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes para tener por comprobado el hecho fáctico planteado por el fiscal, consistente en que: el dieciocho de agosto de dos mil doce, la víctima Raúl Espinoza Mendoza se encontraba en la calle Rómulo Sánchez, de la colonia Jesús Jiménez Gallardo, en Metepec, Estado de México, donde el señor Francisco Vilchis Rubio mediante contrato de compraventa le vendió una excavadora sobre orugas de la marca Daewwo, tipo solar 330, con número de serie 0438, pagando por ella la cantidad de un millón veintitrés mil noventa pesos, haciéndole entrega de una factura con número 1229, expedida por Constructora Inmobiliaria Ber, sociedad anónima de capital variable que ampara la propiedad de dicho vehículo, posterior y al no hacerle la entrega de dicho bien, a mediados de noviembre de dos mil catorce Raúl Espinoza Mendoza al conocer a Pedro Pablo Pons Hinojosa, éste le informó que él era el propietario de dicha maquinaria, ya que Francisco Vilchis Rubio se la vendió el quince de agosto de dos mil doce, para lo cual le entregó la factura 1290, expedida por Constructora Inmobiliaria Ber, sociedad anónima de capital variable. Por lo cual, como lo expuso la Jueza responsable, tales datos de prueba se estiman suficientes para acreditar la existencia de los elementos del hecho que la ley considera como delito de frade, previsto y sancionado por los artículos 305 y 307, fracción V, del Código Penal del Estado de México, en agravio de la víctima Raúl Espinoza Mendoza. Lo antepuesto es así, porque, como se dijo en el acto reclamado, los datos de prueba reseñados en el apartado respectivo resultan aptos y suficientes para acreditar que el hoy quejoso probablemente desplegó la conducta dolosa consistente en que el dieciocho de agosto de dos mil doce engañó a Raúl Espinoza Mendoza al realizar con éste un acto jurídico consistente en la celebración de un contrato de compraventa a través del cual Francisco Vilchis Rubio le vendió una excavadora sobre orugas, marca Daewwo, tipo solar 330, serie 0438, haciéndole entrega de la factura 1229, expedida por Constructora Inmobiliaria Ber, sociedad anónima de capital variable, con la que se amparó la propiedad del vehículo, el cual inclusive no le ha sido entregado, alcanzando con ello un lucro para sí de sesenta y siete mil dólares, que a razón de $15.27 (quince pesos 27/100 moneda nacional), equivale a $1´23,090.00 (un millón veintitrés mil noventa pesos 00/100 moneda nacional) como contraprestación, cuyo engaño consistió precisamente en realizar tal acto positivo respecto de un bien mueble que ya había sido vendido por Raúl Espinoza Mendoza a Pedro Pablo Pons Hinojosa en quince de agosto de dos mil doce, a quien le entregó la factura 1290, expedida por la Constructora Inmobiliaria Ber, sociedad anónima de capital variable; hecho delictivo del que Raúl Espinoza Mendoza tuvo conocimiento a mediados de noviembre de dos mil catorce cuando conoció a Pedro Pablo Pons Hinojosa y este le informó que él era el propietario de dicha maquinaria en virtud de la venta mencionada, realizada con anterioridad; lo cual, se insiste, quedó acreditado de manera probable, con los datos de prueba señalados con antelación, como se estableció en forma oral y escrita, en términos del artículo 16 constitucional, contrario a lo manifestado por el quejoso. Además, como bien lo estableció la Jueza de control responsable, la conducta, hasta ese momento, no se encuentra justificada por alguna causa de licitud o actualizada causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito, ni existe dato de prueba que evidencie que el inculpado ahora quejoso haya tenido incapacidad de conocer la antijuricidad de su proceder o padezca alguna condición que le impidiese comprender el carácter ilícito de esa conducta o actuado en contra de su voluntad o bajo error o engaño. Máxime que, para decretar la orden de aprehensión reclamada, no se requiere de datos o pruebas plenas sobre la responsabilidad del inculpado, sino únicamente se exige que haya antecedentes suficientes que acrediten que se ha cometido el hecho delictivo y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; datos de prueba que, como ya se explicó, en el presente caso la Jueza responsable ponderó debidamente para tener por comprobados esos extremos. Sustenta lo anterior, la tesis 1a. LVII/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época, a página 514, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO. De la interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, se desprende que para el libramiento de la orden de aprehensión no se requiere que se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito. Ciertamente, del proceso legislativo que dio origen a la redacción actual del referido artículo, se advierte que la intención del Poder Reformador fue buscar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos y, en consecuencia, flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal, cuestión que se hizo patente, en principio, en la Cámara de Senadores (Cámara de Origen), que puntualizó que debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acreditaran el cuerpo del delito, posición que fue compartida por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora), que aludió a las dificultades del Ministerio Público para integrar la averiguación previa y el Juez para librar la orden de aprehensión, refiriéndose a la redacción anterior de dicho dispositivo constitucional. Ahora bien, conviene destacar que el hecho de que el Ministerio Público y el Juez no deban acreditar plenamente el cuerpo del delito, en los términos precisados, no significa que puedan actuar a su libre arbitrio en cada una de esas etapas procedimentales, puesto que tienen la insoslayable obligación de observar los restantes requisitos exigidos para ello, además de respetar todas las garantías que consagra la Carta Magna, a las cuales deben ceñir su actuación las autoridades en la emisión de dichos actos, por lo que el hecho de que se hayan flexibilizado los requisitos de referencia, no implica su desconocimiento por las autoridades que procuran o administran justicia." Así como la tesis III.2o.P.153, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, página 2133, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL. PARA DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, PÁRRAFO CUARTO, IN FINE, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONTRA EL IMPUTADO DECLARADO SUSTRAÍDO A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, ES INNECESARIO HACER UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y DE LA PROBABLE INTERVENCIÓN DE AQUÉL EN SU COMISIÓN. Cuando el imputado es declarado sustraído de la acción de la justicia por evadir una citación judicial, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 141, fracción III, párrafo cuarto, in fine, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: 'La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia.-El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido.-El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.', que permite girar orden de aprehensión contra la persona que fue declarada sustraída de la acción de la justicia, siendo suficiente para ello, que el agente del Ministerio Público justifique que existe la necesidad de cautela, sin que se requiera realizar un estudio exhaustivo de los elementos del delito y de la probable intervención del imputado en su comisión; nivel de exigencia que es acorde con los efectos que genera dicha resolución, habida cuenta que la orden de aprehensión es una medida cautelar y provisional que tendrá vigencia desde el momento en el que se expide hasta que se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que la persona es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, el auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada; de ahí que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre por el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; es por ello que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, sólo constituye un acto mediante el cual se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de, en su caso, pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso; máxime que cuando se le atribuye un delito que no exige prisión oficiosa, en su caso, podrá dictársele una diversa medida cautelar." Y respecto al quinto requisito para el libramiento de una orden de captura, consistente en que exista la necesidad de cautela por el riesgo de inasistencia a la audiencia de formulación de imputación o de que esta pueda verse demorada o dificultada; también la Jueza responsable lo tuvo por acreditado en términos de la exposición emitida por la fiscal solicitante de la orden de captura, pues, como adecuadamente lo señaló, de los antecedentes narrados por la fiscalía se obtiene que el ahora quejoso y su defensa ya tienen conocimiento de los datos de investigación que integran la carpeta administrativa, formada con motivo del hecho que se le imputa, derivado de la comparecencia del licenciado Edwin Lovera Cruz ante el agente del Ministerio Público, quien refirió que el imputado no tiene interés de llegar a un medio alterno de solución de controversia, aunado a que el diez de abril del año en curso el notificador adscrito al juzgado de control se constituyó en los domicilios señalados como del imputado, donde quien lo atendió refirieron que no vive en ese lugar, lo que no hizo posible el desahogo de la audiencia de formulación de imputación de diez de veintiuno de abril de dos mil veintiuno; posterior a ello, en virtud de que en audiencia de cinco de agosto de dos mil veintiuno la agente del Ministerio Público indicó que por informes de elementos policiacos de investigación le confirmaron que el domicilio del investigado es cierto y correcto, anexando croquis de localización, fotografías y que obra en la carpeta copia de credencial de elector del investigado, al haber comparecido en sede ministerial, por lo que se ordenó nuevamente turnar los autos al notificador del juzgado de control para que notificara al justiciable Francisco Vilchis Rubio en todos y cada uno de los domicilios que obran en el sistema de gestión judicial, así como en el domicilio ubicado en calle Francisco Patiño, edificio 4, departamento 103, Unidad Habitacional Juan Fernández Albarrán, Metepec, México, código postal 52160 la obligación de comparecer puntualmente a la próxima audiencia de formulación de imputación sin detenido señalada para el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, lo que hizo el notificador el trece de agosto del mismo año pero nadie acudió a su llamado, por lo que fijó la cédula, citándolo de esa manera; el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno la apoderada de la empresa constructora y Comercializadora Mayo, sociedad anónima de capital variable hace manifestaciones en cuanto a la notificación y aceptó que sí conocen al imputado, que es el domicilio laboral de éste; el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno no compareció el investigado; el doce de agosto de dos mil veintiuno el elemento de la policía acudió al domicilio del investigado para citarlo y ver la posibilidad de adoptar un mecanismo alterno de solución de controversia, negándose la secretaria del imputado a recibir la citación. Lo cual crea la presunción de un riesgo de sustracción, porque al estar asesorado por un profesionista en la materia, existe la probabilidad de que no acuda a la audiencia de formulación de imputación, en tanto que, mientras es resuelta su situación jurídica, quedaría detenido; sobre todo que, la Jueza responsable estimó acertadamente atender dicha necesidad dado el evidente el riesgo que refiere el numeral 184 del código adjetivo de la materia; con todo lo cual, dicha medida resulta idónea a efecto de llevar a cabo la audiencia de imputación Por otra parte, este juzgador sostiene que en el caso, la orden de aprehensión aquí reclamada, constituye el medio más adecuado, idóneo y proporcional para conducir a proceso al Francisco Vilchis Rubio y, a su vez, garantizar la presencia de éste en el procedimiento penal 1678/2015 del índice de la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 20/20206 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, agosto de 2020, Tomo III, página 2553, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA 'NECESIDAD DE CAUTELA' ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo." Además, debe decirse que no obstante que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, en el particular porque su asistencia a la audiencia de la formulación de imputación pudiera verse demorada o dificultada, lo que en el caso sí aconteció como se señaló en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.254 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2383, registro 162528 de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SE CONCEDE CONTRA EL MANDAMIENTO DE CAPTURA EMITIDO POR EL JUEZ DE CONTROL PARA HACER COMPARECER AL INCULPADO A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y NO EXISTA JUSTIFICACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NECESIDAD DE DICHA MEDIDA EXCEPCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).Si el Juez de Control, previa solicitud de la representación social -mediante comparecencia-, ordenó la búsqueda, localización y aprehensión del inculpado sin que se justificara, fundada y motivadamente en la propia audiencia, la actualización de un caso excepcional para optar por la captura, en vez de la cita a la audiencia de formulación de la imputación, pues el Ministerio Público soslayó expresar los motivos, las razones o circunstancias por las que consideraba que se dificultaría o demoraría la comparecencia del indiciado a dicha audiencia en caso de que se le hubiera citado y que, por ende, resultaba necesaria su aprehensión -en términos del artículo 184 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vigente a partir del uno de octubre de dos mil nueve-; sin que ello hubiere sido advertido por el Juez responsable, se contravienen, en perjuicio del indiciado, los principios de presunción de inocencia e imparcialidad que rigen en el nuevo sistema de justicia penal y, en vía de consecuencia, se transgreden también los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la concesión del amparo que por este motivo se conceda debe ser total y para que el respectivo Juez de Control deje sin efectos la orden de aprehensión emitida hasta en tanto el Ministerio Público, de ser el caso, formule su petición en términos de ley, dado que no está permitido al juzgador subsanar las deficiencias u omisiones en que incurra el representante social ni resolver oficiosamente sin que la parte persecutora o fiscalía cumpla previamente con las cargas legalmente exigidas, a fin de que el órgano judicial ordinario autorice un acto de molestia al gobernado, como lo es, sin duda, una orden de aprehensión, sobre todo cuando dicha medida se prevé únicamente como excepcional previa justificación razonada." Razones por las cuales, en contra de lo que hace valer el amparista en sus conceptos de violación, se llega a la convicción de que la determinación que se analiza, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues en la misma se expusieron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para su emisión, se justipreciaron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que este juzgado advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Y es que, en el presente caso en modo alguno se advierte transgresión a derecho alguno, inclusive el de audiencia, pues con relación a ello, debe señalarse que si bien, por regla general, todo gobernado, frente a cualquier acto de autoridad que importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución, goza del derecho público subjetivo de la oportunidad defensiva y probatoria antes de que se realice en su perjuicio el acto privativo, la propia Constitución consigna excepciones al goce de esa garantía respecto de órdenes de aprehensión. Salvedad que deriva del artículo 16 de la Ley Fundamental, que establece los requisitos necesarios para emitir dicho acto de molestia, donde no se exige que previamente se escuche al presunto imputado en defensa, en tanto únicamente se determina que dichas órdenes sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas de denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de la libertad y que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. De esta manera, se advierte que en el dictado de la orden de aprehensión reclamada no hubo trasgresión al derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 de la Norma Fundamental, habida cuenta que no resultaba obligatorio cumplir, previamente a la emisión de ese mandamiento de captura, con el derecho de audiencia del inculpado. Al respecto, cabe precisar que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 56/97, de la que derivó la jurisprudencia de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", sostuvo el criterio de que si bien el artículo 16 constitucional regula los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no implica que en tales actos de autoridad no deba cumplirse lo preceptuado en otros artículos constitucionales que tutelen derechos fundamentales de seguridad jurídica, como es el artículo 14 constitucional. Siendo que respecto al requisito consistente en que, previamente a la emisión de la orden de aprehensión, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, debe señalarse que dado el sigilo que implica librar una orden de aprehensión, no resulta procedente otorgar al imputado el derecho fundamental de audiencia previa; aunado a que el artículo 104 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, señala que entre otras, las resoluciones de orden de aprehensión de las que se deba guardar sigilo, únicamente le serán notificadas al agente del Ministerio Público para el éxito de la investigación. De ahí que, no es dable dar al aquí quejoso el derecho fundamental de audiencia previa; máxime que la naturaleza intrínseca de los mandamientos de captura exigen el mayor sigilo para que no se evada su efectiva ejecución, pues el derecho fundamental de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, no opera de modo absoluto, en tanto que la propia Constitución Federal consigna algunas excepciones al goce de ese derecho, como lo es en tratándose de órdenes judiciales de aprehensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 302153, publicada en la página 1375, tomo XCVI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, NO SE NECESITA DE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA. El artículo 16 de la Constitución Federal, no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión, sino sólo la acusación o querella, apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros actos que hagan probable la responsabilidad del acusado en el delito que se le impute; y si en el caso existió la querella y acusación del Ministerio Público, apoyadas con documentos, es claro que el Juez de primera instancia tuvo facultades y base suficiente para dictar esa orden; no siendo cierto que no se hubiera practicado una averiguación previa por el Ministerio Público, ya que ante él ocurrió el querellante y dicha institución consignó el caso al Juez, con solicitud de la orden de aprehensión, que fue dictada legalmente." Así como la diversa XVII.12 P, del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1181 del Tomo XXI, Marzo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "ÓRDENES DE APREHENSIÓN, CATEOS, PROVIDENCIAS CAUTELARES, ASEGURAMIENTOS Y DILIGENCIAS ANÁLOGAS. EL SIGILO QUE DEBE GUARDARSE EN AQUÉLLAS NO SÓLO DEBE ENTENDERSE DE LAS CITADAS RESOLUCIONES, SINO DE LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Si bien es cierto que el artículo 97 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua prevé que sólo se notificarán al Ministerio Público los autos en que se ordenen aprehensiones, cateos, providencias precautorias, aseguramientos y otras diligencias análogas, respecto de las cuales debe guardarse sigilo, ello no implica que la responsable únicamente deba reservarse la expedición de las copias relativas a la orden de aprehensión, pues el aludido sigilo debe entenderse, tanto de las citadas resoluciones como de las demás actuaciones que integran los procedimientos respectivos." Y la tesis IX.1o.33 P, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, página 1824, que establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." En las relatadas condiciones, por las razones expuestas anteriormente, es que devienen inaplicables, para los fines que pretende el promovente del amparo, los criterios jurisprudenciales y tesis aisladas que se invocan en la demanda de amparo, y ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por el promovente de amparo, sin que exista queja deficiente que se deba suplir de oficio conforme al artículo 79, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Francisco Vilchis Rubio, en contra del acto y autoridad de que se trata. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Cobra aplicación al caso, la tesis de la entontes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero-junio de 1988, Octava Época, del contenido siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." NOVENO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. DÉCIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Vilchis Rubio, en contra del acto, autoridades y en los términos precisados en el Considerando Tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Vilchis Rubio, en contra de los actos y autoridades señalados en los Considerandos Segundo y Cuarto de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso Octavo de la misma.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, por la Jueza de Control del Distrito judicial de Toluca con sede en Almoloya de Juárez, México, informa que en audiencia de formulación de imputación sin detenido, celebrada el veintiuno de junio actual, dentro de la carpeta administrativa **** de su índice, la cual se instruye en contra del aquí quejoso, la Agente del Ministerio Público Sonia Santin Romero, le solicitó audiencia de formulación de imputación sin detenido; por lo que, la jueza responsable, solicita se le informe la posibilidad de celebrar tal audiencia, asimismo, remite un disco compacto que contiene la copia certificada del registro de audio y video de la aludida audiencia. Atento a lo anterior, dígase a la oficiante, que deberá estarse a lo ordenado mediante la resolución incidental de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se le concedió al quejoso la suspensión definitiva, misma que sigue vigente; en la cual la concesión de la suspensión entre otros supuestos, fue para que en caso de que el delito por el que se giró la orden de captura reclamada no amerite prisión preventiva oficiosa, los efectos de la concesión son para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado de su libertad personal con motivo de ese delito; ahora bien, el delito de fraude que se investiga en contra del quejoso no amerita prisión preventiva oficiosa, y una de las medias de efectividad fue la obligación de comparecer ante la autoridad responsable que acepte haber librado el mandato de captura que reclama dentro del término de tres días, a las diligencias que se decreten en el procedimiento que se le siga, lo cual deberá acreditar dentro de los tres días siguientes, con la prevención que de incumplir con lo ordenado en el término mencionado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida; en la inteligencia que, la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y en su caso, de la autoridad que la emitió, lo cual ocurre cuando las autoridades responsables rinden su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas y manifiesten si es o no cierto el acto que se les atribuye. En el entendido que de continuarse con las diligencias del procedimiento, como incluso así se precisó en la suspensión definitiva, al señalarse que la medida cautelar decretada no tiene el efecto de paralizar la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, tal como lo establece el artículo 150 de la Ley de la Materia, dado que el procedimiento penal es de interés social, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Finalmente, respecto al disco que remite la autoridad oficiante, se ordena glosarlo al expediente en una mica para su

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