Francisco Sabas Bernal Delgado
Expediente 990/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2021
Partes del expediente
- Francisco Sabas Bernal Delgado
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual, por una parte, se desechó la demanda de amparo y, por otra, se determinó la separación de autos, respecto a los actos de naturaleza penal. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo, y que no existen originales exhibidos por las partes. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Sabas Bernal Delgado, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal y Primer Sindico del Ayuntamiento de Toluca y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 990/2021-I. Ahora, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados son: "De la Secretaría del Ayuntamiento de Toluca, México, señalo como acto reclamado: la omisión en cuanto a notificarme la resolución que habría recaído al procedimiento tramitado en el expediente SHA/DJ/DDUYM/PA/030/2018. De igual manera señalo como acto reclamado, todos los actos, acuerdos, procesos y procedimientos, tendientes a la ejecución de dicha resolución. DE LA (SIC) AUTORIDADES EJECUTORAS: Del Presidente Municipal y del Primer Síndico del Ayuntamiento de Toluca, México, señalo como acto reclamado: la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Regional Toluca y; De la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Regional Toluca, señalo como acto reclamado, la carpeta de investigación: NIC: TOL/HTH/02/MPI/184/00662/21/06, NUC: TOL/TOL/HTH/107/158914/21/06". Sentado lo anterior, cabe señalar que la Ley de Amparo no regula expresamente el incidente de separación de autos; sin embargo, deberá interpretarse en sentido contrario el artículo 72, primer párrafo, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone: "Articulo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia." Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. (...)". Como se aprecia, la separación de juicios será posible en todos aquéllos casos cuando se advierta, ya sea durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, la existencia de los supuestos para esa separación, los que se deducen en sentido contrario de lo que establece el precepto legal citado, como en el caso de diversos actos reclamados en la misma demanda de amparo, desvinculados entre sí. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA." En ese orden de ideas, Francisco Sabas Bernal Delgado reclama la omisión de notificarle la resolución que habría recaído al procedimiento tramitado en el procedimiento administrativo SHA/DJ/DDUYM/PA/030/2018 del índice del Ayuntamiento de Toluca, todos los actos, acuerdos, procesos y procedimientos tendientes a la ejecución de dicha resolución; asimismo, la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Regional Toluca y la carpeta de investigación: NIC: TOL/HTH/02/MPI/184/00662/21/06, NUC: TOL/TOL/HTH/107/158914/21/06 de la estadística de la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Regional Toluca. Sin embargo, dado lo expuesto en párrafos precedentes, no es posible dar trámite al juicio respecto de los actos reclamados de manera conjunta en un solo procedimiento y más aún, no resulta conveniente para la debida resolución del mismo que se fallen en una misma sentencia. Ilustra lo anterior, por las razones jurídicas que la integran, la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación de rubro "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL." Bajo ese contexto, es claro que se trata de actos distintos y desvinculados entre sí, pues el indicado en el inciso a), se deduce de un procedimiento administrativo, en tanto que los restantes b) y c), se tratan de actos de naturaleza penal. En tal virtud, al deducirse en sentido contrario lo dispuesto por el ya trascrito artículo 72, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con base en lo previsto por el artículo 217 de la propia ley de la materia, que prevé la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales federales, como en el caso el criterio invocado en párrafos precedentes de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA"; lo que procede es la separación de autos. Por lo que, la substanciación del presente juicio de amparo deberá continuarse únicamente en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de notificarle la resolución que habría recaído al procedimiento tramitado en el procedimiento administrativo SHA/DJ/DDUYM/PA/030/2018 del índice del Ayuntamiento de Toluca, todos los actos, acuerdos, procesos y procedimientos tendientes a la ejecución de dicha resolución. En ese sentido, se ordena la separación de autos por lo que respecta a los diversos actos reclamados consistentes en: "Del Presidente Municipal y del Primer Síndico del Ayuntamiento de Toluca, México, señalo como acto reclamado: la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Regional Toluca y; De la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Regional Toluca, señalo como acto reclamado, la carpeta de investigación: NIC: TOL/HTH/02/MPI/184/00662/21/06, NUC: TOL/TOL/HTH/107/158914/21/06". Consecuentemente, solicítese mediante oficio que se remita vía correo electrónico al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el turno del asunto deducido de la presente separación de autos a este órgano jurisdiccional, hecho lo cual, se realice la compensación correspondiente. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la omisión de notificarle la resolución que habría recaído al procedimiento tramitado en el procedimiento administrativo SHA/DJ/DDUYM/PA/030/2018 del índice del Ayuntamiento de Toluca, todos los actos, acuerdos, procesos y procedimientos tendientes a la ejecución de dicha resolución. Respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, el acto que aquí reclama el quejoso, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, pues de acuerdo con lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa tuvo acceso a la garantía de audiencia en el procedimiento administrativo de origen; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, se abordará a continuación el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, debe agotarse la promoción de nulidad prevista en el artículo 261 del citado ordenamiento, que establece: Artículo 261.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en este Código, serán nulas. En este caso la parte perjudicada podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los tres días siguientes a aquél a que conoció el hecho, ofreciendo pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Si se admite la promoción de nulidad, el magistrado resolverá en un plazo de tres días. En el caso de que se declarara la nulidad, la sala ordenará reponer el procedimiento a partir de la notificación anulada. Así, contra el acto reclamado en la presente vía procede la nulidad, de conformidad con lo establecido por el artículo 261 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado; por lo tanto, es inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario previsto por la Ley que rige la controversia de origen. En consecuencia, por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada por el quejoso, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, por así solicitarlo el quejoso en el proemio de su demanda; además, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mauricio Ávila Pineda, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a la restante persona que menciona en su demanda de amparo, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL". Se toma conocimiento del correo electrónico, del cual se hará uso, en caso de ser necesario, a fin de privilegiar los medios electro´nicos, en el entendido que sera´ mientras subsista la contingencia sanitaria Por otra parte, tocante a la solicitud de uso de medios electrónicos para tomar fotografías de los autos que integran el expediente; comuníquese al promovente que se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, empero se le informa que lo anterior acontecerá una vez que este órgano de control constitucional reanude sus labores jurisdiccionales, además deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
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