Francisco Vicente Labastida Gomez de la Torre

Expediente 372/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
372/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Francisco Vicente Labastida Gomez de la Torre

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés******************** Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo******************** En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes******************** Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido******************** En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, hágase la anotación respectiva de archivo en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo******************** En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo******************** Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse******************** De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio******************** Finalmente, por economía procesal devuélvase a la autoridad responsable Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, los dos anexos relativos a las constancias certificadas del juicio hipotecario 872/2016, de su índice, que remitió a la Superioridad junto con su informe justificado, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos******************** Notifíquese******************** Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe******************** DOY FE********************

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 1764, signado por la Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al cual acompaña el juicio de amparo 125/2023, de su índice, promovido por ********************por su propio derecho y como representante legal de la persona moral quejosa ********************cuya personalidad se encuentra reconocida ante la autoridad responsable, la cual se admite en término del numeral 11 de la Ley de Amparo; asimismo, envía copias autorizadas del juicio extraordinario hipotecario ******************** y una anexo derivado del mismo, de la estadística de la autoridad responsable. Ahora, ya que de dicho oficio se advierte que el mencionado Órgano de Control Constitucional, se declaró incompetente para conocer del asunto, y que por razón de turno, correspondió a este juzgado tramitar y resolverlo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo, 43, 51 y 107 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y acúsese el recibo correspondiente, via interconexión. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ********************por su propio derecho y como representante legal de la persona moral quejosa ********************contra el acto que reclama de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se acuerda: Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 372/2023-I. Antes de resolver lo conducente sobre la admisión de la demanda con que se da cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizarla. En principio, conviene tener presente que los aludidos artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, literalmente dispone. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los preceptos invocados, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora, una vez sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Juez responsable en el juicio extraordinario hipotecario ********************, en la que determinó procedente la planilla de liquidación de crédito presentada por la parte actora del juicio de origen, la cual le notificada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, al publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Sentado lo anterior, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera de término que para tal efecto establece el artículo 17 y 18 de la invocada ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, el numeral 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, establecen: "...Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." "...Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de la propia demanda de amparo y de las constancias de autos, se advierte que la resolución de la cual se duele, se le notificó a la parte quejosa a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el cinco de diciembre de dos mil veintidós; cuenta habida que así lo manifestó expresamente en su escrito de demanda, en el sentido que tuvo conocimiento de dicha demanda en esa data, lo que se encuentra corroborado con las constancias de autos y con la certificación que obra al calce de la demanda realizada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Con base en lo narrado en los párrafos que preceden, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto de la determinación reclamada, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el numeral 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Partiendo de las anteriores premisas, un acto se entiende consentido tácitamente, cuando siendo a ser susceptible de ser recurrido por la vía de amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley; esto es, si de lo expresado por el propio impetrante y de las constancias de autos, se advierte que el cinco de diciembre de dos mil veintidós, fue notificada la resolución dictada el treinta de noviembre de ese propio año, por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, por tanto, el término para promover la demanda empezó a transcurrir desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada a la Juez responsable en el juicio extraordinario hipotecario ********************; luego, el plazo para presentar su demanda de amparo comenzó a correr y contarse al día siguiente de la notificación, transcurriendo del siete de diciembre de dos mil veintidós al once de enero de dos mil veintitrés, por lo que es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda, según aparece de las constancias de autos y de la certificación que obra al calce de la demanda realizada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, fue el diecinueve de enero del año en curso, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, fue notificada del acto reclamado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En ese orden de ideas, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, precisada en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado para tal efecto en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, y con las limitaciones que establece el segundo párrafo del invocado ordenamiento legal, al restante que menciona en su demanda. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que relaciona en su demanda de cuenta, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la superioridad remitió a su oficio de cuenta; fórmese dos anexos con las referidas constancias, los cuales estarán a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, lo anterior, de conformidad con el artículo 22 último párrafo y el diverso 23 ambos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado el siete de noviembre de dos mil veintidós, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.En la propia fecha se giró el oficio 5897, en términos de la minuta que se agrega. Conste."Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 1764, signado por la Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al cual acompaña el juicio de amparo 125/2023, de su índice, promovido por ********************por su propio derecho y como representante legal de la persona moral quejosa ********************cuya personalidad se encuentra reconocida ante la autoridad responsable, la cual se admite en término del numeral 11 de la Ley de Amparo; asimismo, envía copias autorizadas del juicio extraordinario hipotecario ******************** y una anexo derivado del mismo, de la estadística de la autoridad responsable. Ahora, ya que de dicho oficio se advierte que el mencionado Órgano de Control Constitucional, se declaró incompetente para conocer del asunto, y que por razón de turno, correspondió a este juzgado tramitar y resolverlo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo, 43, 51 y 107 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y acúsese el recibo correspondiente, via interconexión. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ********************por su propio derecho y como representante legal de la persona moral quejosa ********************contra el acto que reclama de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se acuerda: Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 372/2023-I. Antes de resolver lo conducente sobre la admisión de la demanda con que se da cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizarla. En principio, conviene tener presente que los aludidos artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, literalmente dispone. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los preceptos invocados, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora, una vez sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Juez responsable en el juicio extraordinario hipotecario ********************, en la que determinó procedente la planilla de liquidación de crédito presentada por la parte actora del juicio de origen, la cual le notificada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, al publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Sentado lo anterior, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera de término que para tal efecto establece el artículo 17 y 18 de la invocada ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, el numeral 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, establecen: "...Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." "...Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de la propia demanda de amparo y de las constancias de autos, se advierte que la resolución de la cual se duele, se le notificó a la parte quejosa a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el cinco de diciembre de dos mil veintidós; cuenta habida que así lo manifestó expresamente en su escrito de demanda, en el sentido que tuvo conocimiento de dicha demanda en esa data, lo que se encuentra corroborado con las constancias de autos y con la certificación que obra al calce de la demanda realizada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Con base en lo narrado en los párrafos que preceden, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto de la determinación reclamada, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el numeral 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Partiendo de las anteriores premisas, un acto se entiende consentido tácitamente, cuando siendo a ser susceptible de ser recurrido por la vía de amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley; esto es, si de lo expresado por el propio impetrante y de las constancias de autos, se advierte que el cinco de diciembre de dos mil veintidós, fue notificada la resolución dictada el treinta de noviembre de ese propio año, por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, por tanto, el término para promover la demanda empezó a transcurrir desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada a la Juez responsable en el juicio extraordinario hipotecario ********************; luego, el plazo para presentar su demanda de amparo comenzó a correr y contarse al día siguiente de la notificación, transcurriendo del siete de diciembre de dos mil veintidós al once de enero de dos mil veintitrés, por lo que es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda, según aparece de las constancias de autos y de la certificación que obra al calce de la demanda realizada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, fue el diecinueve de enero del año en curso, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, fue notificada del acto reclamado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En ese orden de ideas, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, precisada en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado para tal efecto en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, y con las limitaciones que establece el segundo párrafo del invocado ordenamiento legal, al restante que menciona en su demanda. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que relaciona en su demanda de cuenta, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la superioridad remitió a su oficio de cuenta; fórmese dos anexos con las referidas constancias, los cuales estarán a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, lo anterior, de conformidad con el artículo 22 último párrafo y el diverso 23 ambos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado el siete de noviembre de dos mil veintidós, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.."Téngase por recibido el oficio 1764, signado por la Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al cual acompaña el juicio de amparo 125/2023, de su índice, promovido por ********************por su propio derecho y como representante legal de la persona moral quejosa ********************cuya personalidad se encuentra reconocida ante la autoridad responsable, la cual se admite en término del numeral 11 de la Ley de Amparo; asimismo, envía copias autorizadas del juicio extraordinario hipotecario ******************** y una anexo derivado del mismo, de la estadística de la autoridad responsable. Ahora, ya que de dicho oficio se advierte que el mencionado Órgano de Control Constitucional, se declaró incompetente para conocer del asunto, y que por razón de turno, correspondió a este juzgado tramitar y resolverlo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo, 43, 51 y 107 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y acúsese el recibo correspondiente, via interconexión. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ********************por su propio derecho y como representante legal de la persona moral quejosa ********************contra el acto que reclama de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se acuerda: Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 372/2023-I. Antes de resolver lo conducente sobre la admisión de la demanda con que se da cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizarla. En principio, conviene tener presente que los aludidos artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, literalmente dispone. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los preceptos invocados, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora, una vez sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Juez responsable en el juicio extraordinario hipotecario ********************, en la que determinó procedente la planilla de liquidación de crédito presentada por la parte actora del juicio de origen, la cual le notificada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, al publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Sentado lo anterior, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera de término que para tal efecto establece el artículo 17 y 18 de la invocada ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, el numeral 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, establecen: "...Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." "...Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de la propia demanda de amparo y de las constancias de autos, se advierte que la resolución de la cual se duele, se le notificó a la parte quejosa a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el cinco de diciembre de dos mil veintidós; cuenta habida que así lo manifestó expresamente en su escrito de demanda, en el sentido que tuvo conocimiento de dicha demanda en esa data, lo que se encuentra corroborado con las constancias de autos y con la certificación que obra al calce de la demanda realizada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Con base en lo narrado en los párrafos que preceden, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto de la determinación reclamada, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el numeral 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Partiendo de las anteriores premisas, un acto se entiende consentido tácitamente, cuando siendo a ser susceptible de ser recurrido por la vía de amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley; esto es, si de lo expresado por el propio impetrante y de las constancias de autos, se advierte que el cinco de diciembre de dos mil veintidós, fue notificada la resolución dictada el treinta de noviembre de ese propio año, por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado, por tanto, el término para promover la demanda empezó a transcurrir desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada a la Juez responsable en el juicio extraordinario hipotecario ********************; luego, el plazo para presentar su demanda de amparo comenzó a correr y contarse al día siguiente de la notificación, transcurriendo del siete de diciembre de dos mil veintidós al once de enero de dos mil veintitrés, por lo que es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda, según aparece de las constancias de autos y de la certificación que obra al calce de la demanda realizada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, fue el diecinueve de enero del año en curso, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, fue notificada del acto reclamado el cinco de diciembre de dos mil veintidós, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, es notorio que resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En ese orden de ideas, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, precisada en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado para tal efecto en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, y con las limitaciones que establece el segundo párrafo del invocado ordenamiento legal, al restante que menciona en su demanda. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que relaciona en su demanda de cuenta, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la superioridad remitió a su oficio de cuenta; fórmese dos anexos con las referidas constancias, los cuales estarán a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, lo anterior, de conformidad con el artículo 22 último párrafo y el diverso 23 ambos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado el siete de noviembre de dos mil veintidós, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.."

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