Francisco Vázquez Ramírez
Expediente 2265/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2265/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Francisco Vázquez Ramírez
Actuaciones
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1112/2022-I, promovido por Jaime Lorenzo Martín Moguel o Joaquín Martín Moguel a nombre de la quejosa Adda de los Ángeles Moguel Castillo o Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín o Adda Moguel Castillo de Martín, en términos del numeral 8º de la Ley de Amparo; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado, así como, con el disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, celebrada en autos del expediente 494/2019 y con las documentales, presunciones legales y humanas que ofreció la aludida parte quejosa; en mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica. Abierto el abierto el período de alegatos, se da cuenta con los ocursos con folio 16610 y 21928, de los terceros interesados Jaime Lorenzo Martín Moguel y María de los Ángeles Martín Moguel, por conducto de su autorizado y el diverso con folio 18398 de Arturo Jesús Sandoval Torres, representante especial de la quejosa Adda de los Ángeles Moguel Castillo o Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín o Adda Moguel Castillo de Martín, con los que realizan diversas manifestaciones; asimismo, se hace constar que la representación social federal no formuló pedimento; la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de los terceros interesados y del representante especial de la quejosa, con lo que se cierra esta etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1112/2022, promovido por Jaime Lorenzo Martín Moguel o Joaquín Martín Moguel a nombre de la quejosa Adda de los Ángeles Moguel Castillo o Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín o Adda Moguel Castillo de Martín, en términos del numeral 8º de la Ley de Amparo, contra los actos que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, Jaime Lorenzo Martín Moguel o Joaquín Martín Moguel a nombre de la quejosa Adda de los Ángeles Moguel Castillo o Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín o Adda Moguel Castillo de Martín, en términos del numeral 8º de la Ley de Amparo, promovió el presente juicio de amparo indirecto, contra actos de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. El veintiséis de abril de dos mil veintidós, se desechó la demanda la demanda de amparo y se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 1112/2022. En contra de lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el toca número 179/2022, siendo que en sesión de seis de julio de dos mil veintidós, se declaró fundado el recurso de queja, se revocó el auto recurrido y se ordenó proveer sobre la admisión de la demanda. TERCERO.- Admisión de la demanda. El trece de julio de dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la resolución dictada en el toca 179/2022, por el Tribunal de Alzada y se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se solicitó un representante especial a la Defensoría Legal del Estado para que asista a la quejosa, el cual rindió protesta oportunamente y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Integrado el juicio de amparo, se celebró la audiencia constitucional la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto un acto con ejecución en esta ciudad, que es donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: La audiencia de reconocimiento médico y preliminar celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 494/2019, promovidas por María de los Ángeles Martín Moguel y María José Martín Moguel, en la que se declaró el estado de interdicción de Adda de los Ángeles Moguel Castillo o Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín o Adda Moguel Castillo de Martín, y el procedimiento en sí mismo, por falta de información a la persona incapaz respecto de sus derechos. TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, porque así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que debe tenerse por cierto para los efectos legales que procedan. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió la Jueza responsable de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 494/2019, como justificación de su correspondiente informe, así como el disco dvd relativo con el disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, celebrada en autos del expediente 494/2019. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO.- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. Ahora bien, no obstante la existencia de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, pues a consideración de la suscrita se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Como antecedentes del acto reclamado se encuentra lo siguiente: 1.- Previo auto aclaratorio, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitieron a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por María de los Ángeles Martin Moguel y María José Martín Moguel a fin de que de que se declare el estado de interdicción de Adda de los Ángeles Moguel Castillo. 2.- El veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por designado a Julio César Martín Moguel como tutor especial de Adda de los Ángeles Moguel Castillo y a Manuel Habib Abraham Aguiar como curador de la citada Moguel Castillo; en esa propia fecha se citó a los promoventes, al tutor especial y curador a la celebración de la audiencia de reconocimiento y preliminar para el cuatro de diciembre de esa anualidad, haciéndose saber a los promoventes su obligación de presentar a Adda de los Ángeles Moguel Castillo. 3.- El doce de noviembre de dos mil diecinueve, en virtud de que se omitió citar a Nina Julia Martín Moguel y Jaime Lorenzo Martín Moguel hijos de Adda de los Ángeles Moguel Castillo a la celebración de la audiencia reconocimiento y preliminar para el cuatro de diciembre de esa anualidad, se les hizo de su conocimiento lo anterior. 4.- El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de reconocimiento médico y preliminar con la presencia de Adda de los Ángeles Moguel Castillo, María de los Ángeles y María José, ambas de apellidos Martín Moguel, de Julio César Martín Jacobo, como tutor propuesto, Julio César de Jesús Martín Moguel, como curador propuesto; asimismo se hizo constar la inasistencia de Nina Julia y Jaime Lorenzo, ambos de apellidos Martín Moguel. En la propia audiencia, se declaró el estado de interdicción de Adda de los Ángeles Moguel Castillo o Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín o Adda Moguel Castillo de Martín; asimismo, se nombró como tutor definitivo a Julio César Martín Jacobo y como curador Manuel Habid Abraham Aguiar. 5.- El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró que Adda de los Ángeles Moguel Castillo o Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín o Adda Moguel Castillo de Martín, se encuentra en estado de interdicción, por padecer demencia vascular, la cual es incurable, total y permanente. Asimismo, se nombró como tutor definitivo a Julio César Martín Jacobo y como curador definitivo a Manuel Habib Abraham Aguiar. 6. El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el juzgado responsable, tuvo por recibido el oficio 2417/2022, de este órgano jurisdiccional, con el que se le notificó la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, relativa al juicio de amparo número 2404/2021-IV promovido por Jaime Lorenzo Martín Moguel (o) Joaquín Martín Moguel, en la que señaló como acto reclamado de la Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial lo siguiente: ". El emplazamiento realizado dentro del expediente 494/2019, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, promovido por María de los Ángeles y María José, ambas de apellidos Martín Moguel -aquí terceras interesadas-, a fin de que se declare el estado de interdicción de su madre la señora Adda de los Ángeles Moguel Castillo, también conocida como Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín, también conocida como Adda Moguel Castillo de Martín. Todo lo actuado en el citado juicio y sus consecuencias legales". En la aludida sentencia se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: ". 1. La Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán: Deje insubsistente todo lo actuado a partir del llamamiento de Jaime Lorenzo Martín Moguel, alias Joaquín Martín Moguel, respecto del expediente 494/2019, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, promovido por María de los Ángeles y María José, ambas de apellidos Martín Moguel -aquí terceras interesadas-, a fin de que se declare el estado de interdicción de su madre la señora Adda de los Ángeles Moguel Castillo, también conocida como Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín, también conocida como Adda Moguel Castillo de Martín. Ordene su debida notificación y continúe con el procedimiento, conforme a las atribuciones legales de la responsable. En relación con la autoridad ejecutora, para el cumplimiento del presente fallo, deberá acatarlo materialmente". 7. El seis de junio de dos mil veintidós, una vez que se le notificó a la Jueza responsable, que causó ejecutoria el juicio de amparo 2404/2021, en cumplimiento al amparo anterior, proveyó lo siguiente: "1.- Se deja insubsistente todo lo actuado a partir del llamamiento de Jaime Lorenzo Martín Moguel (O) Joaquín Martín Moguel, en el presente asunto, esto es, a partir del auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve: 2.- Se procede a ordenar su debida notificación y continuar con el procedimiento". Ahora bien, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la audiencia de reconocimiento médico y preliminar celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 494/2019, promovidas por María de los Ángeles Martín Moguel y María José Martín Moguel, en la que se declaró el estado de interdicción de Adda de los Ángeles Moguel Castillo o Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín o Adda Moguel Castillo de Martín, en y el procedimiento en sí mismo, por falta de información a la persona incapaz respecto de sus derechos. Por su parte, de las constancias que integran el informe justificado rendido por la responsable se advierte, que con motivo de la efectos de la ejecutoria del juicio de amparo 2404/2021-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, dejó sin efecto todo lo actuado a partir del llamamiento de Jaime Lorenzo Martín Moguel, alias Joaquín Martín Moguel, esto es, a partir del auto doce de noviembre de dos mil diecinueve y ordenó se realice su notificación y una vez efectuada, se continúe con el procedimiento. Siendo que, el citado juicio de amparo 2404/2021-IV, promovido por Jaime Lorenzo Martín Moguel (o) Joaquín Martín Moguel, constituye un hecho notorio, de conformidad con la tesis jurisprudencial número 2ª./J.103/2007, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." En ese sentido, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 2404/2021-IV, la autoridad responsable emitió el auto de seis de junio de dos mil veintidós, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria 494/2019 a partir del proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, incluidas las audiencias de reconocimiento médico, así como la diversa preliminar de cuatro de diciembre de esa anualidad y la sentencia de esa propia fecha. Así las cosas, en el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, dado que durante el juicio sobrevino la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XXI, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. Los referidos preceptos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Sobre esa base, procede examinar la causa de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, que dice: El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la audiencia de reconocimiento médico y preliminar celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 494/2019, promovidas por María de los Ángeles Martín Moguel y María José Martín Moguel, en la que se declaró el estado de interdicción de Adda de los Ángeles Moguel Castillo o Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín o Adda Moguel Castillo de Martín, y el procedimiento en sí mismo, por falta de información a la persona incapaz respecto de sus derechos; sin embargo, se advierte que la autoridad responsable, Jueza Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el aludido juicio de amparo 2404/2021-IV, dejó insubsistente todo lo actuado en las diligencias de interdicción número 494/2019 a partir del llamamiento de Jaime Lorenzo Martín Moguel (o) Joaquín Martín Moguel, esto es, a partir del auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, incluyendo la audiencia de reconocimiento médico y preliminar de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en virtud de que fue emitida con posterioridad al referido auto de doce de noviembre de esa anualidad. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado atribuidos a la Juez responsable, al haberse demostrado que posterior al juicio de amparo, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, a a partir del auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, incluyendo la audiencia de reconocimiento médico y preliminar de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos de los actos que se reclamó (audiencia de reconocimiento médico y preliminar de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve), resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la aquí peticionaria de amparo, por lo que no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Máxime que en el caso, incluso, con el llamamiento del promovente del juicio de amparo al expediente de origen, él podrá hacer valer sus derechos y los que estime en relación con su madre, a quien dice representar en este juicio por su estado de incapacidad. En tales condiciones se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto aquí reclamado. En esa virtud, el sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, se reitera, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto al acto reclamado precisado en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jaime Lorenzo Martín Moguel o Joaquín Martín Moguel a nombre de la quejosa Adda de los Ángeles Moguel Castillo o Adda de los Ángeles Moguel Castillo de Martín o Adda Moguel Castillo de Martín, en términos del numeral 8º de la Ley de Amparo, contra el acto reclamado del la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta ejecutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vistos el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de los mismos se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, no ha acusado recibo de la incompetencia planteada. En tal virtud, solicítese vía interconexión y de la manera más atenta a la citada autoridad federal que de no tener inconveniente legal alguno, sirva remitir a la brevedad posible el acuse de recibo de la incompetencia planteada en los presentes autos, derivada del juicio de amparo al rubro citado, promovido por ******, en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de otras autoridades, informando lo proveído respecto de dicho juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese el oficio 2342 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en el Estado con residencia en esta ciudad; al que adjunta una copia certificada de la resolución pronunciada en el toca de queja 266/2022, del índice del referido Cuerpo Colegiado de este Circuito, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Directora de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en representación del Encargado del Comité Técnico de Valuación, por conducto del Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto resolutivo declaró fundado el recurso interpuesto por la autoridad responsable, contra el acuerdo dictado el diez de febrero de dos mil veintidós, en el que se declaró que la sentencia dictada en autos el dos de diciembre de dos mil veintiuno, causaba ejecutoria; y dejó insubsistente el referido acuerdo. Por lo anterior, se deja insubsistente el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, glósese a los presentes autos el oficio 2340 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad; con el que remitió el expediente original del presente asunto y dos copias certificadas de la resolución pronunciada en el toca 143/2022, del índice del referido Cuerpo Colegiado de este Circuito; formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Directora de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en representación del Encargado del Comité Técnico de Valuación, por conducto del Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, contra la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el dos de diciembre de dos mil veintiuno; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en su primer punto resolutivo revocó la sentencia recurrida, y en el segundo ordenó la reposición del procedimiento en el presente juicio de amparo, para el efecto de que se fije una nueva fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, dando la oportunidad procesal correspondiente para que la autoridad señalada como responsable Encargado del Comité Técnico de Valuación de la Secretaría de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, rinda su informe justificado, y en su oportunidad, provea lo conducente a la continuación de la secuela procesal hasta la celebración de la audiencia constitucional y el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. En consecuencia, acúsese recibo vía interconexión; háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; glósese a estos autos el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente con las constancias que no obren en autos. Asimismo, y como lo solicita la Superioridad entréguese el testimonio de la sentencia de referencia, a la autoridad responsable ordenadora. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, se señalan como fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON VENTISIETE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÒS. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y que obran en el presente asunto. De igual manera, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación vía mensajería acelerada (ESTAFETA) a la autoridad señalada como responsable Encargado del Comité Técnico de Valuación de la Secretaría de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acredite; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión; en el entendido de que, en caso de optar por remitir dicho informe vía correo electrónico, deberá contar con el acuse de recibo correspondiente, ya que, en caso contrario, el mismo no se tendrá por rendido. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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