Francisco Torres Ruiz
Expediente 687/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Torres Ruiz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo planteada, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato; por ende, se remitió la demanda respectiva a la oficialía de partes de esa ciudad, misma que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito. Ahora, de la certificación de cuenta se desprende que el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el citado juzgado federal registró el amparo con el número ********************/******************** de su estadística; aceptó la competencia legal declinada, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******************** y admitió a trámite la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción I, del acuerdo en cita, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, toda vez que este juzgado determinó declinar el conocimiento de la demanda planteada y no se formó incidente de suspensión, resguárdese en el "Archivo de Trámite" de este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó el archivo definitivo.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda presentada por ********************, en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Agencia de Trámite Común número 2 de Salamanca, Guanajuato, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); regístrese con el número 687/2023-1. Ahora, del análisis integral de la demanda se desprende que los actos reclamados y autoridades responsables, preliminarmente, se hacen consistir en************* Incompetencia por razón de territorio. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. uando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal trascrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: 1) La regla que se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juzgado de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) La iguiente previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente al juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juzgado de Distrito ante quien se presentó la demanda. 3) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, se debe tener presente la naturaleza del acto reclamado -si requiere ejecución material o carece de ésta-, así como sus características fundamentales -acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado-, para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que, de manera más objetiva y razonable, puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 - el seis de abril de dos mil once, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito -, sustentó que la expresión "ejecución material" debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En este sentido, debe destacarse la forma en que se dividen los actos, lo que se hace con orientación en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 343/2019. Precedente en el cual se indicó que los actos que se reclaman en el juicio de amparo se dividen en: 1. Positivos. 2. Negativos, y éstos a su vez en: Actos negativos simples. Actos negativos con efectos positivos Actos negativos prohibitivos 3. Omisivos o abstenciones. De los anteriores, importa destacar los negativos con efectos positivos, que son aquellos que en apariencia son negativos, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Expuesto lo anterior, tenemos que la negativa de que se duele la parte quejosa, tiene efectos positivos, pues la responsable emisora denegó la devolución del vehículo que señala la parte promovente es de su propiedad. Por lo que es claro que con la postura de la autoridad ordenadora, no sólo exterioriza una negativa, sino que además impone al accionante a continuar con la carga de no poder disponer del vehículo de motor que refiere es de su propiedad; de ahí que se actualicen los efectos positivos en el plano fáctico del acto negativo tildado de inconstitucional; es decir, que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber legal de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación al derecho de propiedad. Violación que subsistirá, hasta en tanto se lleve a cabo la devolución del automotor. De ahí que se diga que el acto reclamado no constituye una negativa simple, sino que trae aparejados actos positivos que conllevan ejecución. Sobre esa consideración, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, pues es en ese territorio en donde los efectos positivos de la negativa atribuida a la autoridad responsable, tendrá efectos, es decir, en donde se encuentra resguardado el vehículo de motor materia de la denegación, a disposición de la autoridad señalada como responsable, Agente del Ministerio Público titular de la Agencia de Trámite Común número 02 de Salamanca, Guanajuato. Para corroborar el anterior aserto conviene indicar que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en sus partes conducentes, establece: "XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: [.] Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Silao y Valle de Santiago. En ese sentido, conforme al trascrito punto cuarto del acuerdo en comento, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, en virtud de que cuenta con jurisdicción territorial en Salamanca, Guanajuato, donde se está ejecutando el acto reclamado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia I.1º.P.J/6, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible con el registro 2018880, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 2018, página 764. Determinación administrativa Ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir el presente asunto al Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato en turno, con sede en Irapuato, para lo que a bien tenga acordar. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente, informando si se avoca al conocimiento del asunto. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, Realizar las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio procesal Toda vez que la parte quejosa señaló expresamente como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso a través de ese medio. Autorizado Asimismo, se tiene como autorizado en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que no proporciona datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula o su número de registro en el Sistema Computarizado respectivo, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea Con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
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