Francisco Tierrablanca Urbina

Expediente 1080/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1080/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2017

Partes del expediente

  • Francisco Tierrablanca Urbina

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como con el estado procesal que guardan los autos, se tiene que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *********, interpusiera recurso de queja contra el auto de diecisiete de noviembre en curso, que desechó de plano su demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción para notificar de manera personal al promovente de la demanda de amparo F***************, el contenido del proveído de diecisiete del presente mes y año, por las razones expuestas en dicha constancia; consecuentemente, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicar dicha notificación y las subsecuentes que sean de índole personal, por medio de lista que se fija en lugar visible de este juzgado federal. Por este conducto se notifica al quejoso el auto de diecisiete de los actuales al quejoso: Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por ************ contra actos del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal en Comonfort, Guanajuato, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1080/2017. Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o en su caso incompetencia de la demanda de cuenta, es importante destacar la siguiente tesis, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 199, tomo VIII, noviembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, octava época, del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO, EXAMEN DE LA. EL JUZGADOR DEBE ATENDER PREFERENTEMENTE A LO QUE SE QUISO DECIR EN ELLA En ese sentido, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la Ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la parte quejosa, al cual se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Para tal efecto, resulta necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías, tal como dispone la tesis de jurisprudencia con el siguiente rubro: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS En este sentido, conviene precisar que de la lectura integral del escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la audiencia de siete de noviembre de la presente anualidad, celebrada en la causa penal 1P0816-58, del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal en Comonfort, Guanajuato, cuyo objeto fue debatir la solicitud realizada por el hoy quejoso para prorrogar el plazo de la investigación complementaria, a efecto de desahogar datos de prueba (sic), mismo que le fue negado por dicha autoridad; consecuencia de lo anterior, la continuación del procedimiento penal subyacente. En este orden de ideas, el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación. Esto es así, porque los numerales en comento establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" En efecto, de la lectura del numeral 107, fracción V, transcrito, precisa que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos que tengan sobre las personas o las cosas, ejecución que sea de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, o contra actos procesales o formales que tengan una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afecten en grado predominante o superior a las partes. En cambio, los actos en juicio, de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo bi-instancial es improcedente y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que le resulte desfavorable. Para una mejor comprensión de lo anterior, es pertinente aclarar lo que debe entenderse como actos procesales de imposible reparación. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tienen ese carácter los siguientes: a) Aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho subjetivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio; y, b) Los que siendo violaciones formales, adjetivas o procesales afecten a las partes en grado predominante o superior, cuyas consecuencias se tornan de ejecución irreparable, esto es, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente tomando en cuenta la situación procesal que esté en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia. Ilustra sobre el particular, la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del tomo XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) Así, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y en el caso, el acto reclamado en el juicio de amparo, a saber: la audiencia de siete de noviembre en curso, celebrada en la causa penal 1P0816-58, del índice del Juzgado responsable, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; es decir, solo produce efectos intraprocesales, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva, que se traduce en una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener sentencia favorable, en el juicio oral del cual emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal en el supuesto de obtener una sentencia adversa al combatirse la sentencia definitiva, como violación procesal, conforme a lo previsto en el apartado B, fracción VII, del artículo 173 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la audiencia de siete de noviembre de dos mil diecisiete, celebrada en la causa penal natural, que negó al hoy quejoso la prórroga del plazo de la investigación complementaria, para efecto de desahogar datos de prueba (sic), no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio amparo indirecto, ya que solo define cuestiones de carácter procesal, como son la recolección de indicios y medios de prueba que pueda allegarse en ese periodo la defensa del justiciable, es decir, es una violación procesal reclamable en amparo directo, pues no afecta en modo actual y directo derechos sustantivos del quejoso, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato, sin esperar a que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento. Es así, pues los actos reclamados no afectan materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que el Estado Mexicano forme parte; pues solo afecta derechos adjetivos, y menos se trata de determinaciones de las cuales dependa la suerte del juicio oral, habida cuenta que, precisamente en el momento de dictarse la resolución definitiva correspondiente, la autoridad competente habrá de valorar tanto los medios de prueba de cargo como de descargo, a efecto de resolver si en el caso concreto se encuentra o no plenamente acreditado el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, así como la procedencia a la condena o no a la reparación del daño y, en su caso, el monto de este, además, deberá analizar todos y cada uno de los medios de prueba admitidos y desahogados por las partes, a efecto de determinar si tienen o no el alcance demostrativo necesario de demostrar los extremos de la postura defensiva o teoría del caso, así como los planteamientos del Ministerio Público, y de la parte ofendida. Circunstancias las anteriores que conducen a la conclusión de que en el caso concreto, no se actualiza alguna excepción a la regla de procedencia, respecto del juicio de amparo en estudio. Esto es así, porque, como ya se indicó, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, ello aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, dado que podría impugnarla en amparo directo, como ya se dijo en términos del artículo 173, apartado B, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por tanto, queda de manifiesto que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, y es precisamente la irreparabilidad, el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se insiste que el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, y no impide la posibilidad de que las violaciones procesales que produce como efectos, sean reparadas en la sentencia definitiva que se pronuncie en la causa en la que tiene el carácter de imputado, en tanto que la misma resulte favorable a sus intereses pues en tal caso, la afectación que pretende combatir habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos y en el supuesto de que ello no ocurriera, como ya se precisó, estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Por lo anterior, al no encuadrarse los actos reclamados en análisis, en ninguno de los supuestos del artículo 107 de la Ley de Amparo, es manifiesto que el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en su contra al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia IV.2o.C J/2 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo III, mayo 2014 que a la letra dice: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013) Así como la diversa tesis 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, correspondiente a la Octava Época, cuyo epígrafe es el siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS De igual forma, se invoca la jurisprudencia 3a./J. 40 26/89, de la extinta Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 280, que a la letra dice: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE." Así también, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febreo de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de título siguiente: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS No pasa desapercibido, que el quejoso también reclame, como consecuencia de denegarle la prórroga del plazo del cierre de la investigación complementaria, vulneración a su derecho a una tutela judicial efectiva, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 525, del tenor. DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUEL Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Además, la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe siguiente: DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Calle ****de esta ciudad, así también, dado que la parte quejosa no proporciona dato alguno para corroborar que ***********, se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, (verbigracia: el número de cédula o del registro ante el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito), como así lo exige el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene al nombrado como autorizado del impetrante, únicamente en los términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Se faculta al actuario de la adscripción para que de ser necesario proceda a llevar las notificaciones del presente auto y de los subsecuentes en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por ************ contra actos del Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal en Comonfort, Guanajuato, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1080/2017. Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o en su caso incompetencia de la demanda de cuenta, es importante destacar la siguiente tesis, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 199, tomo VIII, noviembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, octava época, del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO, EXAMEN DE LA. EL JUZGADOR DEBE ATENDER PREFERENTEMENTE A LO QUE SE QUISO DECIR EN ELLA En ese sentido, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la Ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la parte quejosa, al cual se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Para tal efecto, resulta necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías, tal como dispone la tesis de jurisprudencia con el siguiente rubro: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS En este sentido, conviene precisar que de la lectura integral del escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la audiencia de siete de noviembre de la presente anualidad, celebrada en la causa penal 1P0816-58, del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal en Comonfort, Guanajuato, cuyo objeto fue debatir la solicitud realizada por el hoy quejoso para prorrogar el plazo de la investigación complementaria, a efecto de desahogar datos de prueba (sic), mismo que le fue negado por dicha autoridad; consecuencia de lo anterior, la continuación del procedimiento penal subyacente. En este orden de ideas, el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación. Esto es así, porque los numerales en comento establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" En efecto, de la lectura del numeral 107, fracción V, transcrito, precisa que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos que tengan sobre las personas o las cosas, ejecución que sea de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, o contra actos procesales o formales que tengan una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afecten en grado predominante o superior a las partes. En cambio, los actos en juicio, de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo bi-instancial es improcedente y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que le resulte desfavorable. Para una mejor comprensión de lo anterior, es pertinente aclarar lo que debe entenderse como actos procesales de imposible reparación. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tienen ese carácter los siguientes: a) Aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho subjetivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio; y, b) Los que siendo violaciones formales, adjetivas o procesales afecten a las partes en grado predominante o superior, cuyas consecuencias se tornan de ejecución irreparable, esto es, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente tomando en cuenta la situación procesal que esté en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia. Ilustra sobre el particular, la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del tomo XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) Así, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y en el caso, el acto reclamado en el juicio de amparo, a saber: la audiencia de siete de noviembre en curso, celebrada en la causa penal 1P0816-58, del índice del Juzgado responsable, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; es decir, solo produce efectos intraprocesales, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva, que se traduce en una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener sentencia favorable, en el juicio oral del cual emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal en el supuesto de obtener una sentencia adversa al combatirse la sentencia definitiva, como violación procesal, conforme a lo previsto en el apartado B, fracción VII, del artículo 173 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la audiencia de siete de noviembre de dos mil diecisiete, celebrada en la causa penal natural, que negó al hoy quejoso la prórroga del plazo de la investigación complementaria, para efecto de desahogar datos de prueba (sic), no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio amparo indirecto, ya que solo define cuestiones de carácter procesal, como son la recolección de indicios y medios de prueba que pueda allegarse en ese periodo la defensa del justiciable, es decir, es una violación procesal reclamable en amparo directo, pues no afecta en modo actual y directo derechos sustantivos del quejoso, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato, sin esperar a que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento. Es así, pues los actos reclamados no afectan materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que el Estado Mexicano forme parte; pues solo afecta derechos adjetivos, y menos se trata de determinaciones de las cuales dependa la suerte del juicio oral, habida cuenta que, precisamente en el momento de dictarse la resolución definitiva correspondiente, la autoridad competente habrá de valorar tanto los medios de prueba de cargo como de descargo, a efecto de resolver si en el caso concreto se encuentra o no plenamente acreditado el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, así como la procedencia a la condena o no a la reparación del daño y, en su caso, el monto de este, además, deberá analizar todos y cada uno de los medios de prueba admitidos y desahogados por las partes, a efecto de determinar si tienen o no el alcance demostrativo necesario de demostrar los extremos de la postura defensiva o teoría del caso, así como los planteamientos del Ministerio Público, y de la parte ofendida. Circunstancias las anteriores que conducen a la conclusión de que en el caso concreto, no se actualiza alguna excepción a la regla de procedencia, respecto del juicio de amparo en estudio. Esto es así, porque, como ya se indicó, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, ello aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, dado que podría impugnarla en amparo directo, como ya se dijo en términos del artículo 173, apartado B, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por tanto, queda de manifiesto que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, y es precisamente la irreparabilidad, el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se insiste que el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, y no impide la posibilidad de que las violaciones procesales que produce como efectos, sean reparadas en la sentencia definitiva que se pronuncie en la causa en la que tiene el carácter de imputado, en tanto que la misma resulte favorable a sus intereses pues en tal caso, la afectación que pretende combatir habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos y en el supuesto de que ello no ocurriera, como ya se precisó, estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Por lo anterior, al no encuadrarse los actos reclamados en análisis, en ninguno de los supuestos del artículo 107 de la Ley de Amparo, es manifiesto que el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en su contra al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia IV.2o.C J/2 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo III, mayo 2014 que a la letra dice: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013) Así como la diversa tesis 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, correspondiente a la Octava Época, cuyo epígrafe es el siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS De igual forma, se invoca la jurisprudencia 3a./J. 40 26/89, de la extinta Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 280, que a la letra dice: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE." Así también, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febreo de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de título siguiente: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS No pasa desapercibido, que el quejoso también reclame, como consecuencia de denegarle la prórroga del plazo del cierre de la investigación complementaria, vulneración a su derecho a una tutela judicial efectiva, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 525, del tenor. DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUEL Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Además, la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe siguiente: DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Calle ****de esta ciudad, así también, dado que la parte quejosa no proporciona dato alguno para corroborar que ***********, se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, (verbigracia: el número de cédula o del registro ante el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito), como así lo exige el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene al nombrado como autorizado del impetrante, únicamente en los términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Se faculta al actuario de la adscripción para que de ser necesario proceda a llevar las notificaciones del presente auto y de los subsecuentes en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo.

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