Francisco Toledo Torres
Expediente 128/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/02/2023
Partes del expediente
- Francisco Toledo Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto que antecede de diez de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por Francisco Toledo Torres. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los libros electrónicos respectivos. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por el quejoso susceptibles de deviolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el escrito signado por Francisco Toledo Torres, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en auto de veinticuatro de enero del año en curso, aclara su demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta, y en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa en el proveído de referencia. IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Antes de realizar el estudio pertinente, Cabe mencionar que para la resolución del presente asunto serán aplicables las normas contenidas en la Ley Federal del Trabajo vigentes al momento de la promoción del juicio laboral de origen (lo que aconteció en dos mil doce), en términos de lo dispuesto en el artículo octavo transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva" (publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, en vigor al día siguiente), que señala lo siguiente: "Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto. Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para citar a los patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada para no comparecer. Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos presupuestales necesarios". Como cuestión preliminar es menester decir que de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la red intranet del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de amparo 1059/2022, del índice de este juzgado, el aquí quejoso Francisco Toledo Torres, promovió juicio de amparo indirecto contra el acto que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ordenada en auto de ejecución de nueve de mayo de dos mil veintidós, en el expediente J/O/914/2012, lo que se invoca como hecho notorio en términos del ordinal 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, así como de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Así pues, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado en dicho juicio de amparo, se evidenció que dicha Junta regularizó el procedimiento en el expediente J/O/914/2012 y señaló las once horas del siete de septiembre del dos mil veintidós, para llevar a cabo la diligencia ordenada en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós (auto de ejecución con efectos de mandamiento), diligencia que no se llevó a cabo, toda vez que, de la razón levantada por el actuario adscrito a la junta responsable, se advierte que la parte actora, hoy quejosa, no se presentó a las instalaciones de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no obstante de estar notificado para ello. Consideraciones que fueron valoradas, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en que se celebró la audiencia y se dictó sentencia constitucional, en donde se determinó negarle el amparo y protección de la justicia Federal al aquí quejoso, medularmente al considerarse que de conformidad con el artículo 950, de la Ley Federal del Trabajo, para el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, es necesaria la solicitud expresa del ejecutante para el inicio y prosecución de esa etapa de ejecución de laudo, por ende, no es de oficio por parte de la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, en el presente juicio, el quejoso aduce que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, nuevamente la omisión de practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ordenada en el auto de ejecución de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente J/O/914/2012, precisando como antecedentes que el último escrito que presentó para promover la ejecución del laudo fue el tres de noviembre de dos mil veintiuno, además de que refiere que la Junta señaló las once horas del siete de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la "diligencia de requerimiento de pago y embargo" y que no acudió a la misma. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral del escrito inicial de la demanda de amparo y aclaratorio del mismo, se desprende que el acto reclamado que en esta vía se combate es que: - La omisión de practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ordenada en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente J/O/914/2012. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que a la letra dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Conforme a lo anterior y dadas las manifestaciones de la parte quejosa en sus escritos de demanda y aclaratorio, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63, del propio ordenamiento, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que las actuaciones relativas a la ejecución forzosa del laudo están sujetas a previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al órgano ejecutor. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa reclama la omisión de practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, lo cual se traduce en una omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, por lo que el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que las actuaciones relativas a la ejecución forzosa del laudo están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al órgano ejecutor, máxime que, expresamente señala que la última vez que solicitó al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la ejecución del laudo, fue mediante escrito de tres de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Partiendo de ello y considerando principalmente el hecho de que para la ejecución forzosa del laudo se requiere la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, que la intervención de éste es necesaria para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial y, aunado lo anterior, la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo que marca la propia Ley Federal del Trabajo, se llega a la conclusión que el acto reclamado es inexistente. Lo anterior sin que se soslaye el hecho de que el quejoso refiera que no es impedimento su inasistencia a la diligencia para la cumplimentación del laudo señalada para las once horas del siete de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente J/O/914/2012, pues si bien es cierto que en esa etapa -ejecución- el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945, de la Ley Federal del Trabajo, (de la legislación aplicable requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Por esas razones, el acto precisado por el quejoso es futuro y de realización incierta, ya que no puede constreñirse a la autoridad responsable para que de manera genérica, en una eventual concesión de amparo, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, la omisión genérica que se atribuye a la autoridad responsable, consistente en no proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, no es susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo, toda vez que se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye al Presidente de la Junta responsable, al requerir el impulso e intervención del ejecutante que pudieran no llegar a materializarse, máxime que se evidencia que la parte quejosa solicitó por última vez la ejecución del laudo en tres de noviembre de dos mil veintiuno. Tienen aplicación a lo anterior, las jurisprudencias que dice: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Además, respecto de los actos por los que se desecha el presente juicio, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de inconformidad 71/2013, 97/2013 y 272/2013, sostuvo que ante una nueva reflexión, abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Corrobora lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por tal motivo, se considera que según los parámetros fijados por el Alto Tribunal de la Nación, en este caso el juicio de amparo es notoriamente improcedente ya que, sólo se reclama de forma genérica las omisiones de la autoridad responsable de proveer lo relativo a la ejecución forzosa del laudo dictado en el procedimiento laboral de origen; puesto que, en esta fase es indispensable la actuación de la parte ejecutante. En efecto, para lograr la ejecución del laudo se requiere la participación individualizada de la parte quejosa para vincular a la autoridad responsable a que ordene lo relativo para lograr dicha ejecución, lo cual resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, presupuesto que es de realización incierta, en razón de que las actuaciones están sujetas al impulso del ejecutante, de ahí que no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye a la autoridad jurisdiccional señala como responsable; sin que en el caso se evidencie que la parte quejosa haya solicitado alguna actuación en particular a la autoridad responsable y esta no la realizó, máxime que del escrito de demanda de amparo, en el capítulo de actos reclamados no señalo un acto en particular, sino generalizo la omisión, ni tampoco en el que aclaró el mismo. Es ilustrativa al caso la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), aprobada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1469, registro: 2019185, del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. Lo anterior, se corrobora con las actuaciones existentes en diverso juicio de amparo 1059/2022, debido a que el quejoso pretende que se ejecute el laudo emitido a su favor, pero de los citados documentos se advierte que no ha impulsado el procedimiento, pretendiendo con ello que el Presidente de la Junta responsable actúe de manera oficiosa para tratar de cumplimentar el laudo, lo que es contrario a lo que establecía la Ley Federal del Trabajo vigente en el inicio del conflicto obrero-patronal, de ahí que se itere que se trata de una omisión genérica, habida cuenta que no reclamó una omisión o dilación especifica en el procedimiento de ejecución. Por lo que, los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En las relatadas consideraciones, en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a la fracción IV, del numeral 63, del propio ordenamiento, el acto reclamado por esta vía resulta improcedente y, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda intentada. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el escrito signado por Francisco Toledo Torres, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en auto de veinticuatro de enero del año en curso, aclara su demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta, y en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa en el proveído de referencia. IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Antes de realizar el estudio pertinente, Cabe mencionar que para la resolución del presente asunto serán aplicables las normas contenidas en la Ley Federal del Trabajo vigentes al momento de la promoción del juicio laboral de origen (lo que aconteció en dos mil doce), en términos de lo dispuesto en el artículo octavo transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva" (publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, en vigor al día siguiente), que señala lo siguiente: "Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto. Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para citar a los patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada para no comparecer. Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos presupuestales necesarios". Como cuestión preliminar es menester decir que de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la red intranet del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de amparo 1059/2022, del índice de este juzgado, el aquí quejoso Francisco Toledo Torres, promovió juicio de amparo indirecto contra el acto que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ordenada en auto de ejecución de nueve de mayo de dos mil veintidós, en el expediente J/O/914/2012, lo que se invoca como hecho notorio en términos del ordinal 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, así como de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Así pues, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado en dicho juicio de amparo, se evidenció que dicha Junta regularizó el procedimiento en el expediente J/O/914/2012 y señaló las once horas del siete de septiembre del dos mil veintidós, para llevar a cabo la diligencia ordenada en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós (auto de ejecución con efectos de mandamiento), diligencia que no se llevó a cabo, toda vez que, de la razón levantada por el actuario adscrito a la junta responsable, se advierte que la parte actora, hoy quejosa, no se presentó a las instalaciones de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no obstante de estar notificado para ello. Consideraciones que fueron valoradas, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en que se celebró la audiencia y se dictó sentencia constitucional, en donde se determinó negarle el amparo y protección de la justicia Federal al aquí quejoso, medularmente al considerarse que de conformidad con el artículo 950, de la Ley Federal del Trabajo, para el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, es necesaria la solicitud expresa del ejecutante para el inicio y prosecución de esa etapa de ejecución de laudo, por ende, no es de oficio por parte de la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, en el presente juicio, el quejoso aduce que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, nuevamente la omisión de practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ordenada en el auto de ejecución de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente J/O/914/2012, precisando como antecedentes que el último escrito que presentó para promover la ejecución del laudo fue el tres de noviembre de dos mil veintiuno, además de que refiere que la Junta señaló las once horas del siete de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la "diligencia de requerimiento de pago y embargo" y que no acudió a la misma. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral del escrito inicial de la demanda de amparo y aclaratorio del mismo, se desprende que el acto reclamado que en esta vía se combate es que: - La omisión de practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, ordenada en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente J/O/914/2012. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que a la letra dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Conforme a lo anterior y dadas las manifestaciones de la parte quejosa en sus escritos de demanda y aclaratorio, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63, del propio ordenamiento, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que las actuaciones relativas a la ejecución forzosa del laudo están sujetas a previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al órgano ejecutor. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa reclama la omisión de practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, lo cual se traduce en una omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, por lo que el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que las actuaciones relativas a la ejecución forzosa del laudo están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al órgano ejecutor, máxime que, expresamente señala que la última vez que solicitó al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la ejecución del laudo, fue mediante escrito de tres de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Partiendo de ello y considerando principalmente el hecho de que para la ejecución forzosa del laudo se requiere la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, que la intervención de éste es necesaria para la traba del embargo, así como para el nombramiento o remoción del depositario judicial y, aunado lo anterior, la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo que marca la propia Ley Federal del Trabajo, se llega a la conclusión que el acto reclamado es inexistente. Lo anterior sin que se soslaye el hecho de que el quejoso refiera que no es impedimento su inasistencia a la diligencia para la cumplimentación del laudo señalada para las once horas del siete de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente J/O/914/2012, pues si bien es cierto que en esa etapa -ejecución- el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945, de la Ley Federal del Trabajo, (de la legislación aplicable requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Por esas razones, el acto precisado por el quejoso es futuro y de realización incierta, ya que no puede constreñirse a la autoridad responsable para que de manera genérica, en una eventual concesión de amparo, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, la omisión genérica que se atribuye a la autoridad responsable, consistente en no proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, no es susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo, toda vez que se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye al Presidente de la Junta responsable, al requerir el impulso e intervención del ejecutante que pudieran no llegar a materializarse, máxime que se evidencia que la parte quejosa solicitó por última vez la ejecución del laudo en tres de noviembre de dos mil veintiuno. Tienen aplicación a lo anterior, las jurisprudencias que dice: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Además, respecto de los actos por los que se desecha el presente juicio, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de inconformidad 71/2013, 97/2013 y 272/2013, sostuvo que ante una nueva reflexión, abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Corrobora lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por tal motivo, se considera que según los parámetros fijados por el Alto Tribunal de la Nación, en este caso el juicio de amparo es notoriamente improcedente ya que, sólo se reclama de forma genérica las omisiones de la autoridad responsable de proveer lo relativo a la ejecución forzosa del laudo dictado en el procedimiento laboral de origen; puesto que, en esta fase es indispensable la actuación de la parte ejecutante. En efecto, para lograr la ejecución del laudo se requiere la participación individualizada de la parte quejosa para vincular a la autoridad responsable a que ordene lo relativo para lograr dicha ejecución, lo cual resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, presupuesto que es de realización incierta, en razón de que las actuaciones están sujetas al impulso del ejecutante, de ahí que no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye a la autoridad jurisdiccional señala como responsable; sin que en el caso se evidencie que la parte quejosa haya solicitado alguna actuación en particular a la autoridad responsable y esta no la realizó, máxime que del escrito de demanda de amparo, en el capítulo de actos reclamados no señalo un acto en particular, sino generalizo la omisión, ni tampoco en el que aclaró el mismo. Es ilustrativa al caso la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), aprobada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1469, registro: 2019185, del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. Lo anterior, se corrobora con las actuaciones existentes en diverso juicio de amparo 1059/2022, debido a que el quejoso pretende que se ejecute el laudo emitido a su favor, pero de los citados documentos se advierte que no ha impulsado el procedimiento, pretendiendo con ello que el Presidente de la Junta responsable actúe de manera oficiosa para tratar de cumplimentar el laudo, lo que es contrario a lo que establecía la Ley Federal del Trabajo vigente en el inicio del conflicto obrero-patronal, de ahí que se itere que se trata de una omisión genérica, habida cuenta que no reclamó una omisión o dilación especifica en el procedimiento de ejecución. Por lo que, los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En las relatadas consideraciones, en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a la fracción IV, del numeral 63, del propio ordenamiento, el acto reclamado por esta vía resulta improcedente y, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda intentada. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Visto; el oficio de cuenta signado por el Presidente, Sindico y Tesorera del Ayuntamiento Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, por medio del cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de once de enero de dos mil veintitrés, informan que si bien con el diverso HCE/LXVIII/CH/1927/2023, de nueve del propio mes y año, el Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, presentado por ese Ayuntamiento se encuentra presupuestada la partida 1521, relativa a "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS", por un total de ****; el cinco de enero de dos mil veintitrés, la mencionada autoridad legislativa les notificó la cédula de observaciones al presupuesto de egresos 2023 del municipio responsable. Aunado a lo anterior, las oficiantes refieren que por los diversos números PMO/TMO/0002/2023 y PMO/TMO/0003/2023, suscritos por el Presidente municipal de Ocozocoautla de Espinosa, subsanaron dichas observaciones; no obstante, el Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, aún no ha comunicado la autorización al presupuesto en mención, adjuntando para constancia las documentales con las que corroboran su dicho. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos la comunicación y anexo de cuenta. En atención a lo manifestado por las autoridades oficiantes, REQUIÉRASE al Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez, para que en el término de TRES DÍAS a partir de la notificación de este auto, informe el trato dado a los oficios PMO/TMO/0002/2023 y PMO/TMO/0003/2023, que refiere el Presidente municipal de Ocozocoautla de Espinosa, corriéndole traslado con el memorial de cuenta; asimismo, deberá señalar si ya se autorizó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, que presentó el aludido Ayuntamiento, o en su defecto, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; lo anterior, para estar en aptitud de proveer respecto al fallo protector en este sumario. Por tanto, subsiste el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Conforme con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se RESERVA acordar lo relativo a lo comunicado por las autoridades oficiantes, una vez que se reciba la respuesta de la autoridad legislativa. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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