Francisco Toledo Torres
Expediente 706/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/06/2023
Partes del expediente
- Francisco Toledo Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que la parte quejosa no se inconformó en contra del auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el mismo HA QUEDADO FIRME. Se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, puesto que para los efectos del recurso de revisión condigno, el sentido del proveído pronunciado (sobreseimiento fuera de audiencia) no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que, no se advierten documentos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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Visto, el oficio signado por el Presidente y Secretaria Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado, y anexan constancias al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio y anexos de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que adjunta, las que se desahogan atenta a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de pronunciarse respecto al escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y presentado el mismo día, dentro de los autos del juicio laboral J/O/914/2012, mediante el cual solicitó se señalara fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo, se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, el impetrante del amparo reclamó de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, la omisión de pronunciarse respecto al escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y presentado el mismo día, dentro de los autos del juicio laboral J/O/914/2012, mediante el cual solicitó se señalara fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo. En esa tesitura, del examen de la documental exhibida por la autoridad responsable de mérito, a la que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tiene pleno valor probatorio; porque se trata de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo, se obtiene que el dieciséis de mayo del año en curso, ésta se pronunció respecto del escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que en atención a su contenido, señaló las diez horas del cinco de junio del presente año para la diligencia de requerimiento de pago y embargo, comisionando al actuario adscrito a la misma para su diligenciación. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de pronunciarse respecto al escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y presentado el mismo día, dentro de los autos del juicio laboral J/O/914/2012, mediante el cual solicitó se señalara fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo, empero, fue subsanado con la actuación de la Junta responsable, es decir, con la emisión del acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso, en el que proveyó lo conducente respecto de la pretensión del justiciable, esto es, el requerimiento de pago y embargo. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose al inconforme en el goce del derecho violado, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Corolario de lo anterior, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto, el oficio signado por el Presidente y Secretaria Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado, y anexan constancias al mismo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio y anexos de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que adjunta, las que se desahogan atenta a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de pronunciarse respecto al escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y presentado el mismo día, dentro de los autos del juicio laboral J/O/914/2012, mediante el cual solicitó se señalara fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo, se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, el impetrante del amparo reclamó de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, la omisión de pronunciarse respecto al escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y presentado el mismo día, dentro de los autos del juicio laboral J/O/914/2012, mediante el cual solicitó se señalara fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo. En esa tesitura, del examen de la documental exhibida por la autoridad responsable de mérito, a la que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tiene pleno valor probatorio; porque se trata de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo, se obtiene que el dieciséis de mayo del año en curso, ésta se pronunció respecto del escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que en atención a su contenido, señaló las diez horas del cinco de junio del presente año para la diligencia de requerimiento de pago y embargo, comisionando al actuario adscrito a la misma para su diligenciación. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de pronunciarse respecto al escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y presentado el mismo día, dentro de los autos del juicio laboral J/O/914/2012, mediante el cual solicitó se señalara fecha y hora para la diligencia de requerimiento de pago y embargo, empero, fue subsanado con la actuación de la Junta responsable, es decir, con la emisión del acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso, en el que proveyó lo conducente respecto de la pretensión del justiciable, esto es, el requerimiento de pago y embargo. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose al inconforme en el goce del derecho violado, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Corolario de lo anterior, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la presente data, la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en dar cumplimiento a la sentencia constitucional dictada, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ***, para el efecto siguiente: "Una vez que sea notificado del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, dentro del término de tres días, deberán cumplir con la sentencia definitiva de diez de septiembre de dos mil veinte, así como la interlocutoria de once de febrero de dos mil veintidós, dictadas en el expediente 882/18-19-01-6- OT, del índice de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad." (Sic) Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, en principio, conviene precisar que el artículo 192, de la Ley de Amparo, establece el procedimiento para que los jueces de amparo vigilen el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, a saber el siguiente: Una vez que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de distrito, la notificará sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, es de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 3 - Amparo indirecto 831/2022 ??A???????????? cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Informa de lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 4 - prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 5 - Amparo indirecto 831/2022 ??A???????????? autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 6 - responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. En ese orden de ideas, a fin de dar mayor claridad a la presente determinación conviene citar algunos antecedentes del juicio de amparo en que se actúa, mismos que, en lo que interesa, son del tenor siguiente: 1. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Sara García Ardavín, para el efecto que a continuación se indica: "Una vez que sea notificado del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, dentro del término de tres días, deberán cumplir con la sentencia definitiva de diez de septiembre de dos mil veinte, así como la interlocutoria de once de febrero de dos mil 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 7 - Amparo indirecto 831/2022 ??A???????????? veintidós, dictadas en el expediente 882/18-19-01-6- OT, del índice de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad." (Sic) 2. En ese tenor, mediante acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a los efectos apuntados supralíneas. 3. Así, por autos de dieciocho de octubre, quince de noviembre, treinta de diciembre de dos mil veintidós, y once de abril de dos mil veintitrés, se ordenaron sendos mandamientos a la autoridad responsable de referencia, a fin de que informara a esta potestad las acciones relativas para cumplir con el fallo protector dictado en este asunto. 4. Asimismo, la Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficios 007.130.600.2/UJ/SF/6814/2022, 007.130.600.2/UJ/SF/7839/2022, 007.130.600.2/UJ/SF/812/2022 y 007.130.600.2/UJ/SF/1499/2023, de nueve de septiembre, veintiséis de octubre, veintidós de noviembre de dos mil veintidós, y diez de marzo de dos mil veintitrés, se ha limitado en informar las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector pronunciado en el presente juicio. 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 8 - Sin embargo, a la data en que se actúa, la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, ha omitido manifestar las gestiones que ha realizado en relación al cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa. Consecuentemente, como se ha visto de la narrativa citada supralíneas la autoridad responsable, ha hecho caso omiso a los mandatos judiciales realizados por este órgano de control constitucional a pesar de haber transcurrido un plazo más que excesivo -seis meses- para que de cumplimiento a la sentencia de que se trata. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, HA SIDO CONTUMAZ EN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS, OCASIONANDO UNA DILACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR DICTADO EN ESTE ASUNTO; en consecuencia, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AL QUE SE LE CONMINÓ EN AUTOS DE CINCO DE SEPTIEMBRE, DIECIOCHO DE OCTUBRE, QUINCE DE NOVIEMBRE Y TREINTA DE 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 9 - Amparo indirecto 831/2022 ??A???????????? DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, por lo que se le impone MULTA DE CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), en razón de que la Unidad de Medida y Actualización en esta data asciende a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), diarios; ello, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, gírese oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación Chiapas "1", residente en esta ciudad, para que haga efectiva la multa impuesta al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, correspondiente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), en razón de que la Unidad de Medida y Actualización en esta data asciende a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Asimismo, infórmesele que el funcionario sancionado cuenta con los datos siguientes: 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 10 - Nombre: Héctor Nelson Salazar Mendiguchía. Cargo: Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. R.F.C.: SAMH5107236K5. Dirección: 4ª Oriente entre 13ª y 14ª Norte número 1428, Barrio La Pimienta, Código Postal 29034, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Municipio: Tuxtla Gutiérrez. Entidad Federativa: Chiapas. Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1951. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 107/2022 (11a.) emitida por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025144, de contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 11 - Amparo indirecto 831/2022 ??A???????????? AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 12 - delito de incumplimiento de sentencias de amparo." NUEVO REQUERIMIENTO. Por otra parte, REQUIÉRASE por última ocasión a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de la presente determinación, dé total cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, en los términos precisados en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; o informen las gestiones que están realizando para dar cumplimiento a la misma. Además, DE PERSISTIR SU ACTITUD CONTUMAZ PARA CUMPLIR CON ESTE MANDATO, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. 05/09/24 08:30:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.6c.1c Juan Carlos de León Betanzos PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Juicio de Amparo Indirecto 831/2022-VIII JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 13 - Amparo indirecto 831/2022 ??A???????????? Además, es dable apuntar que en acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en el presente sumario; sin embargo, a pesar de haber transcurrido un plazo más que prudente para que la autoridad precisada en primer orden supralíneas dé cumplimiento a la misma, no se ha pronunciado al respecto, provocando un detrimento en la impartición de justicia; por tanto, SE LE REITERA, que de no acatar los efectos del fallo protector en lo subsecuente, se hará efectivo el medio coercitivo decretado en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
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