Francisco Talin Ruiz
Expediente 112/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 31/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Talin Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha siete de mayo del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde, se concedió dicha medida cautelar y no se tramitó incidente de violación a la suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que el licenciado Ramón Nonato Hernández López, Defensor Público Federal adscrito, residente en esta ciudad, y como tal del aquí quejoso Francisco Talín Ruíz, y tomando en consideración que la parte quejosa de mérito, hizo manifestación respecto de la vista que se le dio mediante proveído de veintiséis de abril del año en curso, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de garantías sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Al respecto, cabe decir lo siguiente: I. Francisco Talín Ruíz, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables, 1) Juez Sexto de Distrito en el Estado, 2) Fiscal Jefe Titular de la Fiscalía número dos en la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Oaxaca, 3) Subdelegado de Procedimientos Penales "D" de la Procuraduría General de la República, 4) Encargado de la Subsede de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial y 5) Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, todas residentes en esta ciudad, que hace consistir en la orden de reaprehensión y su ejecución. II. Mediante sentencia dictada en este juicio de amparo el seis de junio de dos mil diecisiete (fojas 39 a 56), se negó al quejoso Francisco Talín Ruíz, el amparo y protección de la Justicia Federal. III. Sentencia que fue recurrida por licenciado Ramón Nonato Hernández López, Defensor Público Federal adscrito, autorizado legal del quejoso Francisco Talín Ruíz (foja 86). IV. El cinco de abril del año en curso (fojas 151 a 164), el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el recurso de revisión, revocó, la sentencia recurrida, y concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, en los términos siguientes: Deje insubsistente el acto reclamado al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, consistente en la orden de reaprehensión, dictada en auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en la causa penal 147/2014. V. En proveído de veintitrés de abril del año en curso (foja 165 y 166), se requirió a la autoridad responsable Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VI. Mediante oficio número 1837 el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, manifestó haber cumplido con la ejecutoria de amparo, haciendo del conocimiento que dejó insubsistente la orden de reaprehensión de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 147/2014, en contra de Francisco Talín Ruíz, como probable responsable en la comisión del delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONAL, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el articulo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (foja 169 frente y vuelta). Ahora bien, del informe de que se trata, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se advierte que la autoridad responsable, cumplió en sus términos con la concesión del amparo, en virtud de que dejó insubsistente la orden de reaprehensión de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, librada en contra del aquí quejoso, y ordenó su cancelación. Consecuentemente, es evidente que, con ello, se restituyó a la parte quejosa, en el goce de las garantías constitucionales violadas; por tanto, lo procedente es declarar cumplida en sus términos la sentencia de mérito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el licenciado Ramón Nonato Hernández López, Defensor Público Federal adscrito, residente en esta ciudad, y como tal del aquí quejoso Francisco Talín Ruíz; en atención a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo expone, respecto de la vista que se le dio sobre el cumplimiento realizado por el Juez responsable, mismas que se tomarán en consideración al momento de dictar lo conducente respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, por el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informa que el veinticuatro del actual, ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión librada el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 147/2014 en contra del aquí quejoso Francisco Talín Ruíz; asimismo, comunicó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que a su vez gire instrucciones a los Agentes Federales Ministeriales, a fin de que se abstengan de ejecutar dicha orden. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 192174, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. II-A
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