Francisco Santiago Martínez

Expediente 448/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
448/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Francisco Santiago Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de trece de marzo del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio no se formó cuaderno de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que este expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero, en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración; así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Notifíquese. IB-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna dentro del término de tres días que se le concedió en proveído de veintiocho de febrero del año en curso, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veinticuatro de enero del año en curso (fojas 29 a 41), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Francisco Santiago Martínez, para que el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el acuerdo reclamado dictado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en la causa penal número 14/2010 de su índice; y en su lugar, con libertad de jurisdicción dictara uno nuevo, el que podría ser en el mismo sentido del anterior, pero purgando los vicios formales que lo afectaban o en sentido diverso. Cabe precisar que en la sentencia de mérito, se determinó que el acuerdo reclamado de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal número 14/2010, que se instruye en contra del quejoso, con mediana claridad, se advertía que lo acordado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, carecía de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, además, era incongruente con los motivos legales expuestos por el Defensor del quejoso en su escrito correspondiente. Lo anterior, toda vez que el Juez responsable, en el acuerdo reclamado, entre otras cuestiones, indicó que no se desatendía que en términos de los artículos 17 y 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la garantía de defensa prevalecía sobre la de pronta impartición de justicia; ya que en el caso concreto el primero de esos derechos humanos ya había sido considerado de mayor valía respecto al segundo, por esa razón el tribunal de apelación ordenó reponer el procedimiento para efecto de que se dejará firme la declaración preparatoria de Francisco Santiago Martínez, se certificara el término que falta por transcurrir del plazo constitucional a partir del ofrecimiento de la prueba de psiquiatría por parte de la defensa; que se agotaran los medios para recabarla, suspender el procedimiento hasta el desahogo de la prueba pericial médica y después resolver sobre la situación jurídica del imputado, o en su caso, determinar si se surte la hipótesis prevista en los artículos 495 y 496 del ordenamiento procesal. Por tales motivos, el Juez responsable consideró que, por el momento no había lugar a ordenar la libertad del procesado de referencia. De lo anteriormente transcrito, se advertía que el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el acuerdo reclamado que dictó el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, no citó fundamento legal alguno en el que se estableciera, que por los motivos que expuso en el mismo, no era procedente ordenar la libertad del quejoso, por haberse rebasado el término previsto para su juzgamiento, por causas no imputables a él. Además, no realizó razonamiento alguno por los que estimara que, en el caso, no era procedente atender lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 619/2008 y el juicio de amparo directo número 22/2011, ambos en ejercicio de la facultad de atracción; extractos que el Defensor del quejoso asentó en su escrito respectivo, en cuanto a que dicha sala determinó que hasta en tanto no se dictara sentencia, toda persona debía considerarse inocente y, por ende, el plazo en que una persona formalmente inocente pudiera ser sometida a un proceso, y sobre todo, está privado de su libertad, no podría ser indefinido, esto es, su duración debería ser razonable. De igual forma, nada dijo en cuanto a que el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en todo proceso del orden penal, el inculpado será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicitara mayor plazo para su defensa. Siendo que el delito que se le atribuye al quejoso la pena máxima excedía de dos años, además, no se advertía que él hubiera solicitado mayor plazo para su defensa, sino que el desahogo de diversas pruebas fue ordenada de oficio por el tribunal de apelación. Sin embargo, el Defensor del quejoso solicitó su inmediata libertad, por haberse ya rebasado el término previsto para su juzgamiento, por causas no imputables al procesado, esto es, no alegó que se vulnerara en su perjuicio la garantía de pronta impartición de justicia. Sentencia que al causar ejecutoria el veinte de febrero del año en curso (foja 52), se requirió su cumplimiento a la autoridad judicial, por tal razón, por oficio número 1232, el Juez Sexto de Distrito en el Estado, transcribió el acuerdo que dictó el veintiuno de febrero del actual, en la causa penal 142/2010, en la que dejó insubsistente el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y procedió a dictar otro conforme a los lineamientos indicados en la sentencia de amparo. Y, por diverso oficio 1327, transcribió el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el que en lo que interesa, determinó literalmente lo siguiente (fojas 60 a 69): En ese tenor, habiendo quedado sin efectos el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en la presente causa penal, en su lugar se emite el siguiente: Téngase por recibido el escrito signado por el Defensor Público Federal adscrito, con número registro 15966, el cual se manda agregar a la presente causa, ahora bien, del contenido del escrito de cuenta, se advierte en lo que interesa que el Defensor Público Federal adscrito expone lo siguiente: "Ahora bien, tomando en consideración que esta Defensa ha solicitado, en términos del artículo 17, de la Constitución Federal, que se le imparta justicia pronta y expedita a mi patrocinado, estimo pertinente, citar el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al plazo en que debe ser juzgado el inculpado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Carta Magna; (texto anterior a la reforma del 18 de junio de 2008), que a la letra dice: ARTICULO 20.- En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Al respecto, cabe destacar que el encausado no ha solicitado mayor plazo para su defensa, sino que por el contrario, como así consta en el sumario. Por otro lado, cabe destacar que el encausado no ha solicitado mayor plazo para su defensa, sino que por el contrario, como así consta en el sumario. Por otro lado, ES MENESTER RESALTAR que en contra de mi defendido no existe delito alguno por el cual deba instaurarle un proceso, motivo por el cual le genera incertidumbre jurídica al no saber porque delito se le instaurará su proceso, violándose así, de igual forma, lo establecido en el artículo 19 Constitucional. El citado artículo 20 Constitucional, apartado A, fracción VIII, estatuye que una persona será juzgada antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediera de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. De lo anterior se colige que nuestra Carta Magna pretende, que la situación de un procesado no permanezca indeterminado por mucho tiempo, y por ello, impone a los jueces la obligación de respetar ciertos plazos para dirigir el proceso de un inculpado. Es decir, dicho numeral fue estatuido por el Constituyente a fin de remediar los males de las prisiones injustificadas y arbitrarias, interpretando así, que si se rebasa el plazo ahí marcado, debe dejarse en libertad a un inculpado. Por tanto, en una sana y armónica interpretación de los artículos 2° Apartado A, fracción VIII, 14, párrafo segundo, 17, párrafo segundo y 20 apartado A, fracción VIII, es que si fenece el plazo para ser juzgado una persona, debe dejársele en libertad por exceso de detención cautelar, puesto que eso fue la intención del legislador al normar los plazos en que debe concluir un proceso, pues de los contrario, no habría tenido razón de reglamentarla. La Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver el amparo en revisión 619/2008 y juicio de amparo directo número 22/2011, ambos en ejercicio de la facultad de atracción, en lo referente al plazo en que debe ser juzgado el inculpado, determinó, en lo que aquí interesa lo siguiente: 1) El procesado estuvo recluido en un tiempo que excedió el término que para ello prevé la Constitución. Ya se ha dicho que ella contempla que dicho plazo debe ser de un año (considerando que el quejoso fue acusado por un delito que contempla pena de prisión superior a dos años). Sin embargo, como se ha narrado Manuel Hernández Shilón ha permanecido privado de su libertad personal (sin contar con sentencia definitiva que acreditara su culpabilidad) desde el once de agosto de dos mil cuatro (fecha en que fue detenido) hasta el catorce de enero de dos mil diez (fecha en que se dictó la sentencia de apelación). En total transcurrieron cinco años, cinco meses, tres días-más de la mitad del tiempo que en la sentencia de apelación le fue impuesto para compurgar la pena de prisión -. Así, el término de un año que prevé la Constitución para juzgar al inculpado fue rebasado por cuatro años, cinco meses, tres días. 2) Tal retraso no se debió a que el procesado estuviera ejerciendo su defensa. Fue el Estado el que no pudo proveer los mecanismo institucionales que, como mínimo prevé la Constitución para garantizar un juicio justo y adecuado a su condición personal de indígena Los anteriores argumentos son aplicables en el proceso que se le instruye al justiciable FRANCISCO SANTIAGO MARTÍNEZ, toda vez que las pruebas pendientes de desahogar fueron ordenadas oficiosamente, es decir, mi patrocinado no está ejerciendo su derecho de defensa; y dichos medios de convicción, no se han diligenciado por causas no imputables al suscrito Defensor o al citado encausado. Para lo cual debe tomar en cuenta esa autoridad que el hoy justiciable lleva privado de su libertad desde el nueve de junio de dos mil diez a la fecha, SEIS AÑOS, DOS MESES Y VEINTINUEVE DÍAS. Argumentaron también los integrantes de la Primera Sala que: En efecto, esta Sala ha insistido en que, hasta en tanto no se dicte sentencia, toda persona debe considerarse inocente. Por ende, el plazo en que una persona formalmente inocente puede ser sometida a un proceso, y sobre todo, está privado de su libertad no puede no ser indefinido. Su duración debe ser razonable... El hecho de que el quejoso eventualmente haya gozado de la asistencia de una defensor que conociera su lengua y cultura, no modifica las circunstancias que actualizan la violación constitucional, pues, como se ha hecho patente, la sentencia de apelación fue fallada hasta enero de dos mil diez y, por tanto, el plazo constitucional para juzgarlo fue rebasado por más de cuatro años. La violación al plazo que la Constitución prevé como máximo para el juzgamiento de las personas acusadas penalmente, no puede justificarse apelando a la idea de que el juez hizo todo lo posible por desahogar el proceso con apego a las exigencias de la garantía de defensa adecuada. Ambos derechos debe garantizarse, pues como se ha insistido, el que se provea un plazo máximo de juzgamiento obedece a una finalidad, en sí misma protegida, que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede dejar de reconocer; a saber: que las personas aún consideradas inocentes (porque aún no ha recaído una sentencia definitiva en su contra) no tengan que resentir una afectación en su libertad personal en un número de años superior al que previó el Constituyente. El respeto a este plazo tiene un carácter vinculante y, por tanto adquiere el carácter de un derecho, cuya violación no puede simplemente resultar intrascendente. . . . Por otro lado, no puede considerarse que estamos, frente al "ejercicio de la defensa del inculpado" cuando, por causas no atribuibles a su persona, el Estado es incapaz de proveer las condiciones que posibilitan el desahogo de un debido proceso, . . . . . . La pretensión de no dejar crímenes impuse - pretensión que, sin duda, también encuentra asidero constitucional - debe ceder ante la exigencia según la cual todo juicio ha de desahogarse con estricto apego al marco constitucional. Puesto en otras palabras: esta es la conclusión que se obtiene cuando los preceptos constitucionales que desarrollan el "debido proceso" son entendidos como condicionantes sin los cuales el Estado no puede ejercer su facultad constitucionalmente legítima, de juzgar penalmente a quienes son acusados de haber cometido un delito. Sin el disfrute de la garantía de defensa adecuada no pueden generarse condenas legítimas. De igual modo, si el Estado es incapaz de enjuiciar a las personas en los términos y con respeto a las garantías que la Constitución protege, tampoco puede condenarlas. Conceder el amparo pretende resarcir, en la medida de lo posible, la afectación que el inculpado sufrió durante el tiempo en que, todavía con la calidad de inocente, estuvo recluso... Finalmente, para que no haya lugar a dudas esta Sala aclara que los efectos restitutorios del juicio deben traducirse en declarar, de inmediato la libertad lisa y llana de... No obstante de que lo resuelto por la Sala, se refiere a un inculpado que tiene la calidad de indígena, es evidente que la garantía prevista en el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, y que se refiere al plazo en que debe ser juzgado todo inculpado, su disfrute también lo es para mi defendido, quien, no obstante el principio de presunción de inocencia que existe a su favor, lleva más de un año privado de su libertad, sin que se defina su situación mediante el dictado de una sentencia, sin que esta circunstancia ocurra por alguna causa imputable a él. Por consiguiente, esa Defensa solicita se determine la inmediata libertad del enjuiciado de mérito, por haberse ya rebasado el término previsto para su juzgamiento, por causas no imputables a él" (sic), (fojas 7239-7241 del Tomo XV). Ahora bien, establecido lo anterior, y en cuanto a lo que alude el Defensor Público Federal adscrito que a favor de su patrocinado FRANCISCO SANTIAGO MARTÍNEZ, procede atender lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 619/2008, en el sentido de que, en cuanto a que dicha sala determinó que hasta en tanto no se dicte sentencia toda persona debe considerarse inocente, y, por ende, el plazo en que una persona formalmente inocente puede ser sometida a un proceso, y, sobre todo, estar privado de su libertad, no puede ser indefinido, esto es, su duración debe ser razonable, debe decirse que no le asiste la razón, en virtud de que contrario a lo argumentado por la defensa, de la misma ejecutoria se desprende lo siguiente: ".Proporcionarle a la recurrente una defensa con conocimiento de su lengua y su cultura, como se ha hecho recientemente, de ningún modo justifica que se deje de lado el respeto a su derecho de ser juzgada en un plazo razonable, porque entre ambos derechos no existía colisión alguna que mereciera ser ponderada, ya que era deber inexcusable del Estado Mexicano cumplir con los mandatos establecidos en los artículos 2o y 20 constitucionales, desde un inicio. Por lo que ha sido la conducta omisa del Estado la que ha motivado que hoy parezcan enfrentados, y ante esa situación, el incumplimiento de uno de esos derechos y sus obligaciones correlativas, como fue ya dicho, no puede salvarse bajo el pretexto de respetar al otro. No debe pasarse por alto, además, que el efecto del primer amparo concedido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 818/2005, fue precisamente el de mandar reponer el procedimiento, con los efectos que se pueden observar en la trayectoria procesal y la consiguiente vulneración de su derecho de acceso a la impartición de justicia. Por otro lado, tampoco resulta procedente poner a la quejosa en libertad mientras se le sigue el proceso de que se trata, atendiendo a los hechos de este caso particular y sobre todo a las constancias de autos que fueron agregadas al toca de amparo en atención a lo ordenado por esta Primera Sala, pues ello, en realidad implicaría que tal libertad sería sólo momentánea, debido a que, en el juicio natural, ya fue ordenado el cierre de la instrucción. Pero más aún, contrariaría los efectos restitutorios del juicio de amparo, al dejar sin consecuencia alguna y sin posibilidad de restitución efectiva, el no haber tenido, en todo tiempo, la posibilidad de contar con una defensa adecuada, contando con la oportunidad de la defensa, con el tiempo suficiente para prepararla, entendiendo la acusación, determinando, en concordancia con su defensor, las posibilidades de esta, etc. En síntesis, que debido a esa actitud omisa del Estado se haya retrasado su procedimiento y no se le haya juzgado en los plazos y términos que dispone el artículo 20 de nuestra Constitución. De lo anterior, se advierte que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver el aludido amparo en revisión determinó no dejar en libertad a la quejosa, por lo que tal argumento no resulta valido para los fines pretendidos por el promovente, ya que como se dijo el hecho que se haya excedido el término previsto para juzgar a su defendido por causas no imputables a éste o a su defensa, no tiene como consecuencia, dejarlo en inmediata libertad. Por lo que respecta a lo que alude el Defensor Público Federal adscrito que a favor de su patrocinado FRANCISCO SANTIAGO MARTÍNEZ, procede atender lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo número 22/2011, y en la que estableció: "1) El procesado estuvo recluido en un tiempo que excedió el término que para ello prevé la Constitución. Ya se ha dicho que ella contempla que dicho plazo debe ser de un año (considerando que el quejoso fue acusado por un delito que contempla una pena de prisión superior a dos años). Sin embargo, como se ha narrado, Manuel Hernández Shilón ha permanecido privado de su libertad personal (sin contar con sentencia definitiva que acreditara su culpabilidad) desde el once de agosto de dos mil cuatro (fecha en que fue detenido) hasta el catorce de enero de dos mil diez (fecha en que se dictó la sentencia de apelación). En total, transcurrieron cinco años, cinco meses, tres días ?más de la mitad del tiempo que en la sentencia de apelación le fue impuesto para compurgar la pena de prisión?. Así, el término de un año que prevé la Constitución para juzgar al inculpado fue rebasado por cuatro años, cinco meses, tres días. 2) Tal retraso no se debió a que el procesado estuviera ejerciendo su defensa. Fue el Estado el que no pudo proveer de los mecanismos institucionales que, como mínimo, prevé la Constitución para garantizar un juicio justo y adecuado a su condición personal de indígena. . Debe decirse, que no le asiste la razón al Defensor Público Federal adscrito, lo anterior, tomando en cuenta que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver el aludido amparo, si bien, el sentido de la resolución fue el de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para decretar de inmediato la libertad del quejoso, esto fue, por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó ". que el retraso no se debió a que el procesado estuviera ejerciendo su defensa, sino que fue el Estado el que no pudo proveer de los mecanismos instituciones que, como mínimo, prevé la Constitución para garantizar un juicio justo y adecuado a su condicional personal de indígena.", lo que en la especie no acontece con FRANCISCO SANTIAGO MARTÍNEZ, ya que el hecho de que no se haya resuelto sobre su situación jurídica, obedece a lo solicitado por la Defensora Pública Federal adscrita al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el Estado de Oaxaca y defensor de Lenguas Indígenas del Instituto de la Defensoría Pública Federal, en sus agravios expresados en la audiencia de vista celebrada dentro del toca penal 176/2015, en la que entre otras cosas, manifestaron: una vez que he dialogado ampliamente con mi homólogo aquí presente, quien tiene una comunicación más efectiva con el procesado, hemos determinado solicitar a su señoría que de nueva cuenta se ordene la reposición del procedimiento, ello en atención a que la resolución apelada fue dictada en cumplimiento a la reposición del procedimiento ordenada por su señoría en el toca penal 374/2014, ello con la finalidad de recabar la pericial en psiquiatría que permite establecer que mi defendido es una persona inimputable; sin embargo, dicha probanza no fue recabada y si bien es cierto, de acuerdo a las constancias de los autos de primera instancia aparece establecido que con la finalidad de recabar esta prueba, específicamente de obtener la designación de un perito en psiquiatría, el A quo giró oficios al Subprocurador de Atención a Víctimas en el Estado, al Director de los Servicios de Salud en el Estado, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, del Menor y la Familia, quienes le informaron la imposibilidad que tenían para proporcionarle un psiquiatra, lo cierto es, que a juicio de los defensores que intervenimos en esta diligencia, el A quo en todo caso debió haber suspendido el procedimiento hasta lograr que se recabara la probanza aludida, porque ello es determinante para poder establecer si mi defendido debe ser sujeto a procedimiento especial por no estar en condiciones de intervenir en un procedimiento ordinario como el que se está llevando a cabo, dado que no está en posibilidades de defenderse en forma material de manera adecuada, es decir, de intervenir en las diligencias de prueba. Enseguida, y en uso de la palabra, el defensor Público Federal en Lenguas Indígenas, expresa: Que tomando en consideración lo manifestado por mi homóloga a mayor abundamiento, he de manifestar que al entablar comunicación directa con mi defendido en nuestra lengua nativa (zapoteco del Istmo), advierto que el procesado refiere hechos contradictorios y no tiene plena conciencia de su situación jurídica ni del procedimiento al que está siendo sometido por lo que es necesario contar con el dictamen pericial en psiquiatría, que hasta el momento no ha sido recabado pese a la solicitud girada por el A quo a las autoridades antes referidas, las cuales se encuentran en posibilidad de brindar dicho servicio, toda vez que es un hecho notorio que los Servicios de Salud del Estado cuentan con el hospital psiquiátrico La Cruz del Sur, en reyes Mantecón, Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, circunstancia que incluso facilita la intervención de cualquier especialista de dicha institución para el desahogo de la prueba, toda vez que mi defendido se encuentra interno en la Penitenciaría Central del Estado en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que solicito que al resolver el auto recurrido, en su caso, se ordene la reposición del procedimiento para recabar el dictamen psiquiátrico que permita determinar el estado de salud mental de mi defendido. (fojas 6318-6337). Por lo que tales argumentos en el sentido de que a favor de FRANCISCO SANTIAGO MARTÍNEZ, se debe tomar en cuenta lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 618/2008 y el amparo directo número 22/2011 (sic), no resulta valido para los fines pretendidos por el promovente, ya que el hecho de que no se haya resuelto sobre la situación jurídica de su defendido, no tiene como consecuencia, dejarlo en inmediata libertad, ya que dicha situación se debe a lo solicitado por la Defensora Pública Federal adscrita al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el Estado de Oaxaca y defensor de Lenguas Indígenas del Instituto de la Defensoría Pública Federal, en el sentido de que se recabe la prueba pericial en psiquiatría para determinar si FRANCISCO SANTIAGO MARTÍNEZ, puede ser sujeto a un procedimiento especial por no estar en condiciones de intervenir en procedimiento ordinario. Aunado al hecho de que el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé como derecho fundamental del imputado durante el proceso del orden penal, lo siguiente: IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley. Por su parte, el numeral 161 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece: Artículo 161.- Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el inculpado quede a disposición del juez, se dictará el auto de formal prisión cuando de lo actuado aparezcan acreditados los siguientes requisitos: [.] El plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo, podrá prorrogarse por única vez, hasta por setenta y dos horas, cuando lo solicite el indiciado, por si o por su defensor, al rendir su declaración preparatoria, o dentro de las tres horas siguientes, siempre que dicha prórroga sea con la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación jurídica. El Ministerio Público no podrá solicitar dicha prórroga ni el juez resolverá de oficio; el Ministerio Público en ese plazo puede, sólo en relación con las pruebas o alegatos que propusiere el indiciado o su defensor, hacer las promociones correspondientes al interés social que representa. La prórroga del plazo se deberá notificar a la autoridad responsable del establecimiento en donde, en su caso, se encuentre internado el indiciado, para los efectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Adicionalmente, el auto de formal prisión deberá expresar el delito que se le impute al indiciado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución." De ese precepto se desprende que el término constitucional de setenta y dos horas, podrá prorrogarse por única vez, hasta por setenta y dos horas más, cuando lo solicite el indiciado, por sí o por su defensor, al rendir su declaración preparatoria o dentro de las tres horas siguientes, siempre que dicha prórroga sea con la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación jurídica; una vez ofrecida legalmente la prueba y admitida por el juzgador, habrá de desahogarse dentro del periodo de preinstrucción, además se auxiliará al imputado para lograr la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, no hacerlo genera una violación a las leyes del procedimiento que afecta el derecho de defensa del imputado. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 229/2010, determinó que la finalidad primordial de la duplicidad del plazo constitucional, es el desahogo de las pruebas ofrecidas por el imputado durante ese término, para que en el período de preinstrucción pueda probar su defensa, pues el legislador estableció la ampliación de las setenta y dos horas correspondientes al plazo constitucional, con el objeto de brindarle una oportunidad de defensa mayor y en base a ello resolver lo conducente, tomando en consideración los datos de la averiguación previa y las pruebas aportadas por el inculpado durante dicho término. La posibilidad de ofrecer pruebas en el término constitucional, se vincula directamente con el derecho fundamental de defensa, previsto en el artículo 20, Apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el procedimiento penal, incluido el periodo de preinstrucción, el inculpado tiene el derecho constitucionalmente reconocido de aportar los elementos probatorios que estime pertinentes para justificar su defensa, con la correlativa obligación por parte de la autoridad judicial de proveer y facilitar los medios para su desahogo, sin obstáculo alguno. El derecho de defensa en el período de preinstrucción, no queda al arbitrio o discrecionalidad de la autoridad judicial, sino debe ser respetado en los términos, con los requisitos y límites que las leyes establezcan; el juzgador está obligado a pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas dentro del plazo constitucional, a resolver sobre su admisión y a realizar las diligencias pertinentes para lograr su desahogo, sin que tal carga lleve al extremo de exigir a la autoridad judicial su verificación, cuando material o temporalmente se encuentre imposibilitado para hacerlo, dado lo breve del plazo constitucional (aún ampliado) y la obligación de resolver la situación jurídica de éste. También consideró la Primera Sala, que no en todos los casos la omisión de desahogar las pruebas ofrecidas por el inculpado durante la preinstrucción, conducirá indefectiblemente a considerar violadas las formalidades esenciales del procedimiento, sólo será exigible cuando de acuerdo a la naturaleza de la prueba y la oportunidad de su ofrecimiento, no exista imposibilidad material o temporal. La contradicción de tesis 229/2010, generó la jurisprudencia 13/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 246, que a la letra dice: PRUEBAS OFRECIDAS Y ADMITIDAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL EN LA PREINSTRUCCIÓN. CUANDO SU DESAHOGO ES MATERIAL Y TEMPORALMENTE POSIBLE DURANTE EL PLAZO CONSTITUCIONAL, EXISTE OMISIÓN INJUSTIFICADA DE ÉSTA DE HACERLO Y ELLO TRASCIENDE AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE PLAZO CONSTITUCIONAL, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA EFECTO DE DEJARLA INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO. Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ninguna detención debe exceder del término de setenta y dos horas desde que el indiciado quede a disposición del tribunal de la causa, sin que se justifique con un auto de formal prisión. Dicho plazo únicamente podrá prorrogarse cuando aquél lo solicite en la forma que señale la ley, a fin de brindarle una oportunidad de defensa mayor con la posibilidad de ofrecer pruebas durante el plazo constitucional, en relación con la garantía de defensa contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución General de la República, en su texto anterior a la citada reforma. De manera que si se advierte que la autoridad judicial no tomó las medidas necesarias para desahogar durante el indicado plazo constitucional las pruebas ofrecidas por el inculpado o su defensa y admitidas por aquélla -tendientes a desvirtuar el acreditamiento del cuerpo del delito y su probable responsabilidad-, ni se aprecia imposibilidad material o temporal alguna para desahogarlas en dicho periodo, ni consta justificación de las causas que imposibilitaron al juzgador para su desahogo, esa omisión conlleva una transgresión de imposible reparación a la garantía de defensa, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que no se desahogarán y menos aún se valorarán las pruebas de descargo tendientes a desvirtuar su probable responsabilidad, obligando al inculpado a sujetarse a un proceso penal sin habérsele dado oportunidad de desvirtuar las pruebas de cargo durante la preinstrucción. Ello porque aun en el supuesto de que durante el proceso fueran desahogadas tales probanzas e influyeran en una sentencia absolutoria, quedarían irreparablemente consumados los perjuicios ocasionados en el procedimiento penal y su prisión preventiva. De ahí que en las hipótesis indicadas, en las que se omite injustificadamente el desahogo de las pruebas ofrecidas por el inculpado o su defensa y admitidas por la autoridad judicial, lo que trasciende al dictado de la resolución de plazo constitucional, procede conceder el amparo para el efecto de que aquella autoridad responsable la deje insubsistente y reponga el procedimiento, a fin de que durante el término constitucional que debe otorgarse nuevamente al quejoso -aun ampliado, si así fue solicitado- se desahoguen dichas pruebas y, hecho lo anterior, resuelva su situación jurídica conforme a derecho. Por otra parte, atento a lo peticionado por el referido profesionista, dígasele que no ha lugar a otorgar la libertad de su defendido, ya que del contenido de la fracción VIII, del Apartado A, del artículo 20, de nuestra carta magna -en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho-, se advierte lo siguiente: Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado:. VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;." Del contenido del citado precepto legal, no se desprende que al exceder los plazos ahí establecidos, la consecuencia jurídica deba ser dejar en libertad a las personas que están siendo procesadas, como en el caso, sucede con Francisco Santiago Martínez, como pretende la defensa. Lo anterior, en virtud de que si bien en autos se encuentra pendiente por desahogar la prueba pericial en materia de psiquiatría ofrecida por la defensa, a efecto de determinar la capacidad mental del inculpado FRANCISCO SANTIAGO MARTÍNEZ, lo cual no ha sido desahogado en virtud de encontrarse pendiente que el perito médico en psiquiatría Julio César Ayuso González, designado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, acepte y proteste el cargo de perito en la presente causa penal el cual se ordenó al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México; prueba que se reitera fue ofrecida a favor de FRANCISCO SANTIAGO MARTÍNEZ, por su defensor al momento de rendir su declaración en preparatoria y de la cual la Defensora Pública Federal adscrita al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el Estado de Oaxaca y el defensor Público Federal en Lenguas Indígenas (Zapoteco del Istmo), solicitaron se desahogara para efecto de determinar el estado mental del hoy inculpado FRANCISCO SANTIAGO MARTÍNEZ, aunado al hecho que esta es en cumplimiento al mandato del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en autos del toca penal 176/2015 de su índice, al ordenar la reposición del procedimiento a fin de llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en psiquiatría, por lo cual este juzgador está dando cumplimiento al referido mandato. Por otra parte, cabe señalar que el nueve de diciembre de dos mil trece, se dictó sentencia condenatoria en contra de FRANCISCO SANTIAGO MARTÍNEZ, como penalmente responsable en la comisión de los delitos de DELINCUENCIA ORGANIZADA, previsto y sancionado por los artículos 2º, fracción V (numeral 366 del Código Penal Federal [hipótesis secuestro]), y 4º, fracción II, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, vigente en la época de los hechos; PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO, previsto y sancionado en el artículo 366, fracción I, inciso a), en relación a la fracción II, incisos c) y d) del Código Penal Federal, en agravio de JESÚS SÁNCHEZ GUERRA, y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado por los artículos 81, párrafo primero, en relación con los artículos 9º, fracción III y 10, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometido en términos de los artículos 7º, fracción II, 8º, 9º, párrafo primero y 13, fracciones II y III, del Código Penal Federal, imponiéndole, las penas de VEINTINUEVE AÑOS CON SIETE MESES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE DÍAS MULTA (fojas 3640-3714 del Tomo IX), computable a partir del nueve de junio de dos mil diez, destacándose que en el caso se estimó actualizado un concurso real de delitos. De lo que se advierte que los delitos por los que está siendo procesado Francisco Santiago Martínez, el delito de DELINCUENCIA ORGANIZADA, previsto y sancionado por los artículos 2º, fracción V (numeral 366 del Código Penal Federal [hipótesis secuestro]), y 4º, fracción II, inciso b), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, vigente en la época de los hechos, amerita una pena de cuatro a ocho años de prisión; PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO, previsto y sancionado en el artículo 366, fracción I, inciso a), en relación a la fracción II, incisos c) y d) del Código Penal Federal, en agravio de JESÚS SÁNCHEZ GUERRA, amerita una pena de veinte a cuarenta años de prisión y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado por los artículos 81, párrafo primero, en relación con los artículos 9º, fracción III y 10, fracción III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, amerita una pena de dos a siete años de prisión, de lo que puede establecerse que no se está en el caso de prolongación indebida de la prisión preventiva de dicho encausado. Asimismo, del contenido del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción X, establece: "Artículo 20. (.) X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención Es dable advertir que si bien se ha excedido el plazo de un año a que alude la fracción VIII del citado artículo, este se encuentra dentro de los parámetros que señala la diversa fracción X del mismo precepto constitucional, por lo cual se insiste que el procesado de mérito deberá continuar guardando prisión preventiva hasta el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. En otro contexto, no se soslaya que en la actualidad existe una reforma constitucional en la que se encuentran nuevas previsiones constitucionales sobre prisión preventiva que; sin embargo, no resultan relevantes desde el punto de vista del principio de aplicación retroactiva de las normas penales favorables, porque lo más beneficioso, dadas, las pretensiones del Defensor Público Federal, es procurar que, en la interpretación que se haga en el presente asunto, se considere la fracción VIII, del artículo 20 constitucional antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, argumentando haber rebasado el término previsto para su juzgamiento. En relación a lo anterior y en específico a lo que dicho profesionista refiere como "haber rebasado el término previsto para su juzgamiento"; puede establecerse el concepto de plazo razonable que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere a los parámetros para conocer la duración de la prisión preventiva de un procesado. En ese sentido, la Primera Sala aprobó la tesis aislada 1a. CXXXVIII/2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, visible en la página 499, Décima Época, de rubro y texto: SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMA EL CESE DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR HABER TRANSCURRIDO "UN PLAZO RAZONABLE" EN SU DURACIÓN. El hecho de que transcurra un "plazo razonable" después de dictado el auto de formal prisión, sin que el procesado que se presume inocente esté ejerciendo su derecho de defensa o aun ejerciéndolo hubiera transcurrido un lapso excesivo en relación con lo dispuesto en la ley y todavía no exista decisión sobre su culpabilidad o inculpabilidad, puede dar cabida a considerar violados los principios de presunción de inocencia, plazo razonable, dignidad humana y pro homine, emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que cuando en el amparo se reclama la violación a dichos principios y se otorga al quejoso sujeto a prisión preventiva la protección constitucional, sus efectos, conforme a la norma constitucional vigente antes del 18 de junio de 2008 -sistema penal anterior al nuevo acusatorio adversarial-, implicarían que todas las autoridades de instancia, en el ámbito de sus respectivas competencias, queden vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin dilación alguna; donde la carga de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no podría ser un argumento válido para aplazar cualquier determinación de absolución o de condena. Por otro lado, cuando resulten aplicables las reformas a la Constitución General de la República publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que instauran el nuevo sistema penal acusatorio, si ha transcurrido un plazo superior a 2 años, el imputado no está ejerciendo su derecho de defensa y no se ha pronunciado sentencia, el efecto de la concesión del amparo será ponerlo en libertad de inmediato mientras se continúa con el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas. Tesis de donde se desprende que cuando transcurra un "plazo razonable" después de dictado el auto de formal prisión, sin que el procesado que se presume inocente esté ejerciendo su derecho de defensa o aun ejerciéndolo hubiera transcurrido un lapso excesivo, y todavía no se dicta sentencia, puede dar cabida a considerar violados los principios de presunción de inocencia, plazo razonable, dignidad humana y pro homine, emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, en el sistema tradicional tal situación no implica que necesariamente deba ponerse en libertad al imputado, sino que deberá dictarse sentencia sin dilación alguna, dentro de los términos establecidos en la ley. Las consideraciones que dieron origen a dicha tesis establecen los parámetros exactos para conocer como ponderar un "plazo razonable", en los siguientes términos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el mes de octubre de mil novecientos noventa y tres, hasta marzo de mil novecientos noventa y siete, recibió numerosas denuncias contra el Estado argentino, que tenían como denominador común la excesiva duración de la prisión preventiva para las personas sometidas a proceso criminal. En su informe 2/97, hizo un señalamiento expreso, en el sentido de que la situación jurídica de la persona que se encuentra en prisión preventiva es muy imprecisa, porque existe una sospecha en su contra, sin que esté demostrada su culpabilidad. Estableció que el derecho al levantamiento de la prisión preventiva luego de transcurrido un cierto tiempo, se encontraba garantizado por el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que dice: Artículo 8. Garantías Judiciales 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. De igual manera, adujo que el derecho a la presunción de inocencia requiere que la duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable mencionado en el artículo 7.5, que establece: Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. De lo contrario -explicó-, dicha prisión adquiere el carácter de una pena anticipada y constituye una violación del artículo 8.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre esas premisas, estableció que la razonabilidad del plazo se debe fundar en la prudente apreciación judicial. Para tal efecto, sostuvo que el juzgador debe analizar todos los elementos relevantes a fin de determinar cuándo existe una necesidad genuina de mantener la prisión preventiva y manifestarlo claramente en sus decisiones referentes a la excarcelación del procesado. Recordó que la Corte Europea de Derechos Humanos, resolvió con respecto del artículo 5.3 de la Convención Europea, que la determinación del plazo razonable de la prisión preventiva debía basarse en las razones proveídas por las autoridades judiciales nacionales para la detención, y en los hechos no controvertidos presentados por los acusados para desvirtuar lo decidido por dichas autoridades. Con base en tales discernimientos, expuso que la información por las autoridades judiciales nacionales debía ser analizada en cada caso, a fin de llegar a la conclusión correcta en relación con la relevancia y suficiencia de las justificativas para la prisión preventiva. Al revisar su propia jurisprudencia y la de los órganos internacionales de derechos humanos, llegó a la conclusión de que las razones legítimas que permiten justificar la prisión preventiva de una persona durante un plazo prolongado son: La sospecha de que el acusado cometió un delito: aunque sostuvo que esto único resulta insuficiente para justificar la continuación de la privación de la libertad. El peligro de fuga: en cuanto a ese tópico, ponderó la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena. Expuso que dichos factores deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse y eludir la acción de la justicia. Aseveró que las citadas variables por sí solas no resultan suficientes para justificar la continuación de la prisión preventiva luego de haber transcurrido un lapso prudente, toda vez que a medida que aumentara la duración de la detención, el tiempo debía ser computado para efectos del cumplimiento de la pena aplicada en la sentencia. De igual manera, indicó que deben tomarse en cuenta los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que la mantendrían en el país; sin soslayar la posibilidad de fijar fianza suficiente en el sentido de que la perspectiva de perderla pudiera ser un elemento disuasivo suficiente para evitar que el procesado se fugara o eludiera la acción de la justicia. Riesgo de comisión de nuevos delitos: al evaluar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos en relación con el detenido, reiteró que se debía tener en cuenta la gravedad del delito. Pero para justificar la prisión preventiva, el peligro de nueva comisión tenía que ser real, para tal efecto, resultaba especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado anteriormente fue condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad. Necesidad de investigar y posibilidad de colusión: plasmó que la complejidad de un caso podía justificar la prisión preventiva; especialmente cuando se trata de un asunto que requiere de interrogatorios difíciles de llevar a cabo, y donde el acusado intervenga para impedir, demorar o conspirar con otros que estuvieran siendo investigados en el curso normal del proceso judicial. Pero, una vez concluida la investigación, esa necesidad por sí sola tampoco podía justificar la continuación de la medida restrictiva. La necesidad de investigación - enfatizó- debía fundarse en un peligro efectivo de que el proceso de investigación sería impedido por la liberación del acusado. Riesgo de presión sobre los testigos: el riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados constituye un fundamento válido para dictar la medida precautoria de la prisión preventiva al inicio de la investigación. Empero, cuando la investigación prosigue y dichas personas ya han sido interrogadas suficientemente, el peligro disminuye y deja de ser válida la justificación para mantener la prisión preventiva. Las autoridades judiciales deben demostrar igualmente que existen fundados motivos para temer la intimidación de los testigos o sospechosos por parte del procesado. Preservación del orden público: en circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto periodo. La liberación del acusado puede ocasionar disturbios del orden público; pero para que constituya una justificación legítima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida de restricción de la libertad del procesado. En todos los casos en que se invoque la preservación del orden público para mantener a una persona en prisión preventiva, el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con base en esa causal. Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento: sostuvo que aún en los casos en que se consideraran suficientes las razones expuestas por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la prisión preventiva, se debía justipreciar, si tales autoridades habían empleado la debida diligencia al sustanciar el procedimiento a fin de que tal medida no se vuelva irrazonable. En ese sentido, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, compartió el criterio transcrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme al cual se establecen parámetros exactos para conocer cómo ponderar un "plazo razonable" en la duración de la prisión preventiva, con la observación de que en nuestro país el plazo razonable no se basaría en una sospecha de que el imputado perpetró un ilícito, sino en la probabilidad de su comisión. Conforme a ello, consideró que para establecer el plazo razonable, se debe atender a la probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria; peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia; riesgo de comisión de nuevos delitos; necesidad de investigar y posibilidad de colusión; viabilidad de presión sobre los testigos; preservación del orden público; ponderación de la debida diligencia en la sustanciación del procedimiento; motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la prisión preventiva; lapso constitucional de duración del juicio; ejercicio efectivo del derecho de defensa; eventualidad apoyada en datos de riesgo para el ofendido o la sociedad. También estableció que los jueces fundándose en una prudente apreciación, deberán evaluar en cada caso los factores anteriores en forma razonada y proporcional, para concluir si la persona procesada ha pasado un plazo razonable restringido de su libertad precautoriamente, y sobre esa base dictarán lo que en derecho proceda, para lo cual, deberá realizarse la interpretación de la manera más amplia posible en beneficio, para no afectar la dignidad humana. Asimismo, estableció que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, no establecía que con posterioridad al dictado del auto de formal prisión, el juzgador pudiera pronunciarse respecto de la restricción cautelar de la libertad del procesado antes de que se dicte la sentencia correspondiente; sin embargo, al estar involucrada la libertad personal, se debe analizar si amerita que se tutele, para no vulnerar los principios de "presunción de inocencia", "debido proceso", "pro homine" "plazo razonable" y "dignidad humana", emanados de la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en caso de que el procedimiento se hubiere ralentizado y no exista decisión firme respecto de su culpabilidad. Por otra parte, dígasele al defensor Público Federal adscrito, que este órgano jurisdiccional no ha desatendido el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la justicia sea pronta y expedita, ya que como se ha referido en los párrafos que anteceden y los que en este apartado se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran por economía procesal, conforme lo estipula el artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales, el hecho de que no se haya resuelto sobre la situación jurídica de Francisco Santiago Martínez, no es atribuible a este Juzgador, sino a lo ordenado por el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el toca penal 176/2015, con fecha once de marzo de dos mil dieciséis, en el sentido de reponer el procedimiento en la causa penal 142/2010, por lo que hace a Francisco Santiago Martínez, para el efecto de que como lo solicitó la Defensora Pública Federal adscrita a dicho Tribunal y el Defensor Público Federal en Lenguas Indígenas (Zapoteco del Istmo), se desahogue la prueba pericial en psiquiatría, lo cual tiene sustento además en el estudio practicado el veinte de agosto de dos mil diez a Francisco Santiago Martínez, por la Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas Sancionadoras de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, donde en apartado OBSERVACIONES DEL ESTUDIO", se asentó que el interno Francisco Santiago Martínez, ".PARTICIPA EN LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA CON RESPETO, APOYADO DE UN COMPAÑERO DE DORMITORIO YA QUE POR LO QUE SE PUDO OBSERVAR PRESENTA UN PROBLEMA MENTAL, DEL CUAL A EL NO LE GUSTA HABLAR, YA QUE SE LE PREGUNTÓ SI PADECÍA ALGUNA ENFERMEDAD REFIRIENDO QUE NO Por lo que se revela la necesidad de lograr el desahogo de la prueba ofrecida por la defensa, porque se pretende corroborar la disminución de la capacidad mental que presenta el inculpado Francisco Santiago Martínez, aspecto que se encuentra relacionado con el derecho humano de defensa adecuada y derecho a la salud. Aunado al hecho de que los artículos 1 y 4, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra disponen: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Artículo 4.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. . Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Los numerales 7.4 y 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", establecen: "Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal. [.] 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella [.]" "Artículo 8.- Garantías Judiciales [.] 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarar culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. El precepto 1.1., de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, contempla: "Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 1. Discapacidad El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Los numerales 13.1. y 25, párrafo primero, inciso b), de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, prevé: "Artículo 13. Acceso a la justicia 1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares." "Artículo 25. Salud Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes: [.] b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores; ." Los preceptos 22, 62 y 82 de Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptado por las Naciones Unidas, prevén: "Servicios médicos 22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado." "62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberán tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue necesario." "82. 1) Los alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales. 2) Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y tratados en instituciones especializadas dirigidas por médicos. 3) Durante su permanencia en la prisión, dichos reclusos estarán bajo la vigilancia especial de un médico. 4) El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento." De la interpretación de los preceptos transcritos, se desprende que a toda persona se le deberán reconocer los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales, favoreciéndola en todo tiempo con la protección más amplia, destacando entre ellos la protección a la salud. Las autoridades jurisdiccionales deberán asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, además de proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en el lugar de reclusión reciban adecuada y oportuna atención médica. La persona detenida en todo momento debe ser informada de las razones por las cuales se tramita un proceso penal en su contra, porque tiene el derecho, en plena igualdad, de ser notificada de las decisiones del tribunal para que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata..." Norma constitucional que consagra como uno de los derechos inalienables del gobernado, que durante la tramitación de un juicio, se observen las formalidades esenciales del procedimiento, necesarias para garantizarle una defensa adecuada, antes del acto de privación, traduciéndose éstas, en: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar adecuadamente las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar, y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Extremos que por sí, son parte de la garantía de audiencia, de tal suerte que existe la obligación de observarlos durante los actos que se presenten en el procedimiento, tratando de evitar la indefensión del sentenciado. En el precepto constitucional transcrito se consagra la garantía de audiencia, que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se sigue se cumplan las aludidas formalidades esenciales del procedimiento, entendidas como aquellas que resultan necesarias para una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. La garantía del debido proceso legal contenido en ese precepto constitucional, mediante el cumplimiento de las relacionadas formalidades, permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal. Respecto al tema de la garantía de audiencia, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del Procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa-; adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así como la tesis 1a. IV/2014 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, página 1112, del rubro y texto: "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada." (sic) . De lo anterior, se advierte que el Juez responsable acató en sus términos la ejecutoria de amparo, en virtud de que dejo insubsistente el acuerdo reclamado y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción que le es propia, dictó otro en el cual expuso los fundamentos y los razonamientos lógicos jurídicos por los cuales estimó que no era procedente la inmediata libertad del quejoso, en términos de lo previsto en el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, sí fundó y motivó porque no era procedente ordenar la libertad del quejoso, por haberse rebasado el término previsto para su juzgamiento, por causas no imputables a él. También atendió lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 619/2008 y el juicio de amparo directo número 22/2011, ambos en ejercicio de la facultad de atracción; extractos que el Defensor del quejoso asentó en su escrito respectivo, en cuanto a que dicha Sala determinó que hasta en tanto no se dictara sentencia, toda persona debía considerarse inocente y, por ende, el plazo en que una persona formalmente inocente pudiera ser sometida a un proceso, y sobre todo, está privado de su libertad, no podría ser indefinido, esto es, su duración debería ser razonable. Finalmente, el juez responsable precisó que si bien el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que en todo proceso del orden penal, el inculpado será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, también dijo que aun cuando se ha excedido del plazo de un año a que se refiere dicha fracción, empero se encuentra dentro de los parámetros que señala la diversa fracción X del mismo precepto. Por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y de la autoridad responsable para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; personalmente al quejoso. IB

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este expediente; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista al quejoso Francisco Santiago Martínez, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85798, DE ESTA SEGUNDA SALA). Notifíquese; personalmente al quejoso. IB

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del oficio 2597, con el que se le devolvieron en dieciséis tomos el duplicado de la causa penal 142/2010, de su índice; asimismo, comunica que en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de amparo, dejó insubsistente el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis; lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Notifíquese. IB

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