Francisco Sosa García

Expediente 96/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
96/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/05/2018

Partes del expediente

  • Francisco Sosa García

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio 278/2018-A que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias de Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por la Superioridad el veinte de abril en curso, en el toca de queja 72/2018, interpuesto por la parte quejosa en la cual en único punto resolutivo determinó: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." Acúsese el recibo respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto, previas las anotaciones correspondientes. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Más aún que, no contiene información reservada. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción I, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, una vez que transcurran los plazos a que se refiere el cuerpo de normas señalado, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se determinó desechar la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, de los que se desprende que no obra constancia de notificación de la sentencia de trece y acuerdo de catorce ambos de diciembre del dos mil diecisiete al tercero interesado Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de Morelos; por ende, y para evitar dilaciones procesales se ordena notificar dichas determinaciones al tercero en comento y expedir los oficios correspondientes para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. A

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de enero de dos mil dieciocho.Por recibido el escrito del quejoso Francisco Sosa García, mediante el cual refiere interponer recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la presente demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de veintitrés de enero actual, por la que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en turno en el Estado de Morelos, copia certificada del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja, así como de las demás constancias necesarias para el mejor conocimiento del asunto.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Sosa García, contra actos del Fiscal Regional Oriente del Estado de Morelos, con sede en Cuautla y otra autoridad. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." El precepto transcrito establece la causa de improcedencia derivada de la falta de acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. El proceso de amparo es un medio extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. Ahora, el acto reclamado consiste en el acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en la carpeta de investigación CT-UIDD-A/2906/2014. En consecuencia, la parte quejosa debe agotar el medio de impugnación ante el Juez de Control en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial "Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. "La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Sin embargo, en el caso a estudio, el quejoso no agotó el principio de definitividad que se comenta, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación correspondiente. Así, de lo expuesto es de concluirse que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado proviene de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, procede en su contra el referido medio de impugnación, a través del cual se puede lograr que se revoque o modifique la determinación de no ejercicio de la acción penal. En tal virtud, al surtirse la causa de improcedencia de referencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Francisco Sosa García. Lo así resuelto se apoya, en lo conducente, en las tesis y jurisprudencia, cuyos datos de localización y texto, enseguida se trascriben: Novena época Registro: 162442 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXXIII, abril de 2011 Materia: Común Tesis: XVII.1o.P.A.72 P Página: 1194 "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EJERCICIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTA EL RECURSO DE QUEJA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Chihuahua sobre el archivo temporal, la abstención de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de su extinción por perdón u omisiones en la investigación, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Garantía, a través del recurso de queja en términos de los artículos 223 y 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Ahora bien, si a través del amparo se impugna la omisión de la representación social de pronunciarse sobre dicha pretensión punitiva sin agotar el citado recurso, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, sin que dicho acto pueda considerarse como una excepción a tal principio pues, de acuerdo con el último numeral, sólo se admiten dos excepciones: a) cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y b) cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, por lo que no puede atenderse una hipótesis ajena." Novena época Registro: 162669 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXXIII, marzo de 2011 Materia: Común Tesis: 1ª/J. 118/2010 Página: 17 "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." Novena época Registro: 170455 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXVII, enero de 2008 Materia: Común Tesis: 1ª/J. 148/2007 Página: 355 "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, se tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas que índica en su escrito de demanda. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones en el poblado de Cocoyoc, Municipio de Yautepec, Morelos; en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que el domicilio que propone se encuentra fuera de la ciudad donde tiene su sede este Juzgado de Distrito; en consecuencia, con apoyo en el artículo 306 de dicho código, se ordena que las notificaciones personales se le harán por medio de lista en términos de los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, máxime que dicho agraviado también señala los estrados de este Órgano Jurisdiccional para oír y recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx.

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