Francisco Sosa García
Expediente 1411/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Sosa García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes; sin que sea necesario acusar el recibo de estilo por así haberlo indicado la Superioridad, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales" publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. En ese sentido, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se negó la Protección de la Justicia de la Unión. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 20 del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar que notifico la determinación de fecha trece de junio de dos mil veintitrés, a la parte quejosa Francisco Sosa García; por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Francisco Sosa García solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con residencia en la Ciudad de México. Acto reclamado: ".LA NEGACIÓN Y OBSTRUCCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DERIVADO DE LA NEGATIVA DE DESAHOGAR CONFORME A DERECHO MI RECURSO DE INCONFORMIDAD." SEGUNDO. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1411/2022, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la resolución dictada el diez de octubre de dos mil veintidós, relativa al recurso de inconformidad RIA 1109/2022. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues así se advierte del contenido de su informe y de las constancias que se acompañaron al mismo, así como el contenido del disco versátil digital (dvd) que contiene la resolución del recurso de inconformidad RIA 1109/2022, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y firmada electrónicamente el diez de octubre de dos mil veintidós; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el citado precepto. QUINTO. Estudio. El concepto de violación planteado por la parte quejosa es infundado, sin que se este en el caso de suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. La parte quejosa refiere como único concepto de violación que la responsable al emitir la resolución de diez de octubre de dos mil veintidós, vulnera su derecho humano de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los numerales 1, 4, 14, 16 17, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es omisa en cumplir con sus obligaciones, pues no proporciona al promovente, hoy quejoso la información completa de lo solicitado, con lo que asegura la responsable conculca sus derechos fundamentales. Para evidenciar lo infundado del motivo de disenso en estudio, se destaca que el primer párrafo del artículo 16, Constitucional, garantiza el derecho fundamental de legalidad, en cuanto ordena que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado; lo cual, obliga a determinar, si dichos requisitos formales han sido satisfechos. El acto de fundar, consiste en la cita que se hace de determinados preceptos legales que se consideran aplicables a un caso concreto; mientras que el acto de motivar, consiste en que la autoridad señale las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas, entendido esto, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 139/2005 (10a.), con registro digital 176546, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Del contenido del criterio de referencia se advierte que la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de citar los preceptos legales en que sustenta su determinación. Por su parte, la motivación exigida se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que aplica. Por lo que, se advierte que la responsable satisfizo los requisitos de fundamentación y motivación, pues dentro del acto reclamado citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso; además, de los argumentos jurídicos con los cuales justificó su determinación de desecha por improcedente el recurso de inconformidad. En efecto la negativa de que se duele la parte quejosa, la sustenta en la ilegalidad del desechamiento del recurso de inconformidad RIA 1109/2022, pues sostiene que el sujeto obligado (Fiscalía General del Estado de Morelos), se niega a proporcionarle la información solicitada consistente en que se precise a detalle quién es su asesor jurídico en las diversas carpetas de investigación y se le niega la entrega de dicha información. Ahora, el diez de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó la resolución relativa al recurso de inconformidad RIA 1109/2022, mediante la cual desechó por improcedente dicho recurso, en razón de que resultaba extemporánea la presentación del mismo, lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 161 y 178 fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numerales que se reproducen a continuación: "Artículo 161. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los quince días posteriores a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se venza el plazo para que fuera emitido, mediante el sistema electrónico que al efecto establezca el Instituto, o por escrito, ante el Instituto o el organismo garante que hubiere emitido la resolución. En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo garante de la Entidad Federativa, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto al día siguiente de su recepción, acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional. Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de inconformidad, el Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Nacional." "Artículo 178. El recurso de inconformidad será desechado por improcedente cuando: (.) I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 161 de la presente Ley; (.)" Además, la responsable indicó que los preceptos legales antes invocados dentro de la resolución del recurso en mención, resultan debidamente aplicables al caso en concreto; a su vez, señaló que previo a la emisión de una resolución de fondo, debe efectuarse un estudio preferente respecto de las posibles causas de improcedencia que se actualicen, lo anterior de conformidad con el numeral 178, fracción I, de la ley adjetiva; lo cual en la especie aconteció. Se reproduce en lo conducente la resolución de diez de octubre de dos mil veintidós: De ahí que, la responsable, en términos de los artículos 161 y 178, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, decretó la improcedente del recurso planteado, por extemporáneo. Atento a lo anterior, se niega el amparo y protección de la justicia federal que solicita el quejoso. Por lo expuesto y fundado; se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Sosa García, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy trece de junio de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, residente en la Ciudad de México, mediante el cual informa la fecha en la que notificó al quejoso de la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad número RIA 1109/22 y remita copias certificadas que sustentan su dicho. Téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes y déjese sin efectos el apercibimiento decretado en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés; lo anterior para los efectos legales que haya lugar. Por otro lado, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el encargado de la Oficina Postal de Correos de México, residente en esta ciudad, por medio del cual proporciona la información que le fue requerida en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; sin que haya lugar a mayor proveído, toda vez que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, residente en la Ciudad de México, ya ha cumplido con lo que le fue requerido, según se advierte de los párrafos anteriores. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés Visto el estado procesal que guardan los autos, en específico el auto de veintitrés de febrero del año en curso, de donde se desprende que se le requirió por oficio 5492/2023, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, residente en la Ciudad de México, informara la fecha en la que se notificó al quejoso la resolución de diez de octubre de dos mil veintidós, emitida dentro del recurso de inconformidad número RIA 1109/22 y remita copias certificadas que acrediten su dicho. Al respecto, de los registros internos de este Juzgado Federal, se advierte que el oficio 5492/2023, dirigido a dicha autoridad, fue enviado para su entrega a Correos de México el siete de marzo del presente año. Atento a lo anterior, en virtud de que no obran en autos el acuse de recibo del oficio antes mencionado, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita el original o copia del acuse de recibo de la pieza postal que contiene el oficio 5492/2023, mismo que le fue entregado el siete de marzo del año en curso, tal cual aparece en la factura que se anexa al oficio que le será remitido; o en su defecto, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Bajo apercibimiento que de ser omiso o no cumplir con el citado requerimiento dentro del plazo concedido, se hará acreedor a una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Por tal motivo y en estricta observancia de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo, cuyo cumplimiento es obligatorio para los tribunales de control constitucional, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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