Francisco Solis Ruíz
Expediente 1340/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/11/2018
Partes del expediente
- Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, con residencia en esta ciudad.
- Francisco Solis Ruíz
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ...por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio. 1.1 Acuerdo. Atento a su contenido, deberá estarse a lo acordado en el punto ocho del auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de noviembre de dos mil dieciocho. 1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por Francisco Solís Ruiz, contra actos del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, y del Subdelegado de Prestaciones del Departamento de Pensiones en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1340/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe precisar que en el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: la resolución administrativa "CONCESIÓN DE PENSIÓN" contenida con el folio 2015CPDT0091140 de ocho de octubre de dos mil quince, emitida por el Delegado Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en donde se le determinó su cuota diaria asignada, la cual se le realizó en base a un sueldo inferior al último que obtuvo en el último cargo que desempeño, sin tomar el total de percepciones. Bajo esa perspectiva, determinar, calcular y actualizar el monto de la pensión es una obligación que impone la norma respectiva a la autoridad, por conducto de la unidad administrativa correspondiente, y lo que decida a ese respecto, a su vez, trasciende en la esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el perjuicio por recibir su pensión en una cantidad menor a la que estiman tienen derecho; motivo por el cual, debe acudirse al juicio contenciosos administrativo. Lo anterior, encuentra sustento, en la jurisprudencia XXV.2o. J/3 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. La presente demanda de amparo resulta improcedente por virtud de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, por las razones siguientes. En ese orden, para justificar la actualización de la causal que se invoca, debe partirse de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos, juicios o medios de defensas que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tienen efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto y que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Esta directriz de procedencia del juicio de amparo biinstancial se advierte del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por tanto, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina, per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. Para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto en que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. En esta línea, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que, como ya se señaló, tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. Ahora, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece la procedencia del juicio contencioso administrativo, contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por su parte, el diverso numeral 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece la competencia de la Sala Regional de Chiapas Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de las resoluciones en materia de pensiones relativas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por consiguiente, el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre ellas, las relativas al tema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; tal como sucede en el caso en estudio, donde la resolución administrativa "CONCESIÓN DE PENSIÓN" contenida con el folio 2015CPDT0091140 de ocho de octubre de dos mil quince, determinó su cuota diaria asignada, la cual se le realizó en base a un sueldo inferior al último que obtuvo en el último cargo que desempeño, sin tomar el total de percepciones. Sin que sea impedimento para ello, el tema referente a los requisitos para el otorgamiento de la suspensión, pues por criterio definido de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues de un estudio comparativo de ambas legislaciones, son esencialmente iguales. Tópico que se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo que se sigue, que la parte quejosa, contra dicha determinación debe agotar el juicio contencioso administrativo, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo antes referida, donde una vez dictada la sentencia definitiva puede promoverse el juicio de amparo directo. Ello es así, tomando en cuenta que el Legislador Constituyente, estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad responsable la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudo haber incurrido, pues el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en Calzada Los Doctores, Esquina con Calle Agua Marina número 108 código postal 29089, Fraccionamiento Joyas del Oriente, en esta ciudad. Se tiene por autorizado solo para el efecto de oír y recibir notificaciones a Yarenni Soriano Orantes y Miguel Ángel Ruiz Castro, por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma el licenciado Ramón Hugo Flores Díaz, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas en funciones de Juez, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el treinta de octubre de dos mil dieciocho, comunicado mediante oficio CCJ/ST/5645/2018 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión; asistido del Secretario José Manuel Cruz Morlet, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe precisar que en el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: la resolución administrativa "CONCESIÓN DE PENSIÓN" contenida con el folio 2015CPDT0091140 de ocho de octubre de dos mil quince, emitida por el Delegado Estatal en Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en donde se le determinó su cuota diaria asignada, la cual se le realizó en base a un sueldo inferior al último que obtuvo en el último cargo que desempeño, sin tomar el total de percepciones. Bajo esa perspectiva, determinar, calcular y actualizar el monto de la pensión es una obligación que impone la norma respectiva a la autoridad, por conducto de la unidad administrativa correspondiente, y lo que decida a ese respecto, a su vez, trasciende en la esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el perjuicio por recibir su pensión en una cantidad menor a la que estiman tienen derecho; motivo por el cual, debe acudirse al juicio contenciosos administrativo. Lo anterior, encuentra sustento, en la jurisprudencia XXV.2o. J/3 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito . La presente demanda de amparo resulta improcedente por virtud de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, por las razones siguientes. En ese orden, para justificar la actualización de la causal que se invoca, debe partirse de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos, juicios o medios de defensas que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para revocar, modificar o anular el acto de que se trate. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tienen efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto y que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Esta directriz de procedencia del juicio de amparo biinstancial se advierte del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por tanto, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina, per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. Para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto en que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. En esta línea, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que, como ya se señaló, tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. Ahora, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo , establece la procedencia del juicio contencioso administrativo, contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por su parte, el diverso numeral 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa , establece la competencia de la Sala Regional de Chiapas Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de las resoluciones en materia de pensiones relativas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por consiguiente, el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre ellas, las relativas al tema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; tal como sucede en el caso en estudio, donde la resolución administrativa "CONCESIÓN DE PENSIÓN" contenida con el folio 2015CPDT0091140 de ocho de octubre de dos mil quince, determinó su cuota diaria asignada, la cual se le realizó en base a un sueldo inferior al último que obtuvo en el último cargo que desempeño, sin tomar el total de percepciones. Sin que sea impedimento para ello, el tema referente a los requisitos para el otorgamiento de la suspensión, pues por criterio definido de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues de un estudio comparativo de ambas legislaciones, son esencialmente iguales. Tópico que se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . También, la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . De lo que se sigue, que la parte quejosa, contra dicha determinación debe agotar el juicio contencioso administrativo, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo antes referida, donde una vez dictada la sentencia definitiva puede promoverse el juicio de amparo directo. Ello es así, tomando en cuenta que el Legislador Constituyente, estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad responsable la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudo haber incurrido, pues el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.
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