Francisco Ramón Méndez Domínguez y Otros.

Expediente 1199/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1199/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
26/10/2018

Partes del expediente

  • Francisco Ramón Méndez Domínguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los autos, así como el cómputo que antecede realizado por el Secretario, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    ...1.1 Estudio previo. Atento al contenido del escrito de cuenta, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de dos del actual y a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la demanda de amparo se advierte que la promovente Aracely Noemí Domínguez Trejo, quien se apersona a juicio en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, reclama lo siguiente: De las autoridades responsables reclamo la orden de búsqueda y/o aprehensión y su ejecución en contra del quejoso. En el caso, la demanda de amparo promovida por Aracely Noemí Domínguez Trejo en representación de Francisco Ramón Méndez Domínguez, es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que adelante se precisan. En efecto, como ha quedado asentado anteriormente, los actos que por esta vía se reclaman se hacen consistir en la orden de búsqueda y/o aprehensión y su ejecución, dictada contra Francisco Ramón Méndez Domínguez. De lo anterior, se deduce, que la demanda de amparo es improcedente, ya que de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esa Ley, con la salvedad que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Asimismo, dicho precepto dispone que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que de igual manera lo permita la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 15 de la Ley de amparo, dispone los casos en que otra persona puede promover el amparo en favor del directo quejoso, lo cual acontece cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada, entre otros, así como alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En los casos anteriores, el órgano jurisdiccional de amparo, decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y una vez lograda, se le requerirá para que dentro del plazo de tres días ratifique la demanda de amparo. Sin embargo, en el caso en estudio, la demanda de amparo la promueve un tercero, sin que los directos quejosos hubiesen estampado su firma en el escrito de demanda, habiéndola firmado únicamente la promovente, quien no acredita ser representante legal del quejoso; asimismo, no se advierte que el directamente agraviado esté siendo objeto de alguno de los supuestos que prohíbe el artículo 22 constitucional. Además, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tampoco se advierte que el directamente agraviado se encuentre imposibilitado; es decir, que en la actualidad se esté perpetrando en su persona, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento o bien, se encuentre incomunicado o haya sufrido la desaparición forzada y que por tal motivo pudiera promover el juicio biinstancial en su favor cualquier persona. Se dice lo anterior, pues la promovente afirma que hay un supuesto señalamiento de un Juez de Control, pero no asegura categóricamente que su hijo este imposibilitado para promover el mismo la demanda; de ahí que, no se actualiza el supuesto de la ley de amparo, para aceptar la presentación por una persona que no es el quejoso o su representante legal. En estas condiciones, si en el caso que nos ocupa, la promovente ...solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, a nombre de ... sin que este se encuentre en alguno de los supuestos que dispone el indicado artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Carta Magna, además que no demostró ser representante legal de éste, exhibiendo el documento respectivo; en esa virtud, debe considerarse que la solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional. 1.2 Desechamiento. En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15 de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 de la misma Ley, lo que procede es desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. 1.3 Criterio aplicable. Es oportuno aplicar al caso el criterio establecido por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE QUEJOSA "...1.1 Estudio previo. Atento al contenido del escrito de cuenta, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de dos del actual y a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la demanda de amparo se advierte que la promovente Aracely Noemí Domínguez Trejo, quien se apersona a juicio en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, reclama lo siguiente: De las autoridades responsables reclamo la orden de búsqueda y/o aprehensión y su ejecución en contra del quejoso. En el caso, la demanda de amparo promovida por Aracely Noemí Domínguez Trejo en representación de Francisco Ramón Méndez Domínguez, es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que adelante se precisan. En efecto, como ha quedado asentado anteriormente, los actos que por esta vía se reclaman se hacen consistir en la orden de búsqueda y/o aprehensión y su ejecución, dictada contra Francisco Ramón Méndez Domínguez. De lo anterior, se deduce, que la demanda de amparo es improcedente, ya que de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esa Ley, con la salvedad que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Asimismo, dicho precepto dispone que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que de igual manera lo permita la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 15 de la Ley de amparo, dispone los casos en que otra persona puede promover el amparo en favor del directo quejoso, lo cual acontece cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada, entre otros, así como alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En los casos anteriores, el órgano jurisdiccional de amparo, decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y una vez lograda, se le requerirá para que dentro del plazo de tres días ratifique la demanda de amparo. Sin embargo, en el caso en estudio, la demanda de amparo la promueve un tercero, sin que los directos quejosos hubiesen estampado su firma en el escrito de demanda, habiéndola firmado únicamente la promovente, quien no acredita ser representante legal del quejoso; asimismo, no se advierte que el directamente agraviado esté siendo objeto de alguno de los supuestos que prohíbe el artículo 22 constitucional. Además, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tampoco se advierte que el directamente agraviado se encuentre imposibilitado; es decir, que en la actualidad se esté perpetrando en su persona, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento o bien, se encuentre incomunicado o haya sufrido la desaparición forzada y que por tal motivo pudiera promover el juicio biinstancial en su favor cualquier persona. Se dice lo anterior, pues la promovente afirma que hay un supuesto señalamiento de un Juez de Control, pero no asegura categóricamente que su hijo este imposibilitado para promover el mismo la demanda; de ahí que, no se actualiza el supuesto de la ley de amparo, para aceptar la presentación por una persona que no es el quejoso o su representante legal. En estas condiciones, si en el caso que nos ocupa, la promovente ...solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, a nombre de ... sin que este se encuentre en alguno de los supuestos que dispone el indicado artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Carta Magna, además que no demostró ser representante legal de éste, exhibiendo el documento respectivo; en esa virtud, debe considerarse que la solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional. 1.2 Desechamiento. En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15 de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 de la misma Ley, lo que procede es desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. 1.3 Criterio aplicable. Es oportuno aplicar al caso el criterio establecido por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito.

  4. Principal

    3. Prevención. Ahora bien, a fin de acordar lo procedente sobre su admisión o desechamiento, con apoyo en los artículos 108, fracciones I, III, V, y 114, fracciones II y III de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, de cumplimiento a lo que más a delante se indica. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que Araceli Noemí Domínguez Trejo, promueve la demanda en favor de su menor hijo; sin embargo, ningún documento idóneo acompaña para acreditar la minoría de edad de quien representa en este juicio. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia y 336 . De igual forma, se aprecia que la amparista no narra la totalidad de los antecedentes del acto reclamado; es decir, omite hacer una narración precisa de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías. Esto, porque así lo exige la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia; pues es necesario que la impetrante amplié los antecedentes del acto reclamado, es decir, manifieste bajo protesta de decir verdad, porqué concretamente señala a múltiples autoridades jurisdiccionales del Estado de Chiapas, reclamándoles la orden de búsqueda y/o aprehensión y su ejecución, siendo inverosímil que todas y cada una emitan los actos que reclama; lo anterior, a fin de realizar un estudio integral de la demanda de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis número I.7o.A.100 K. Por las razones expuestas, a fin de determinar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda intentada, resulta necesario prevenir al promovente, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, V, y 114, fracciones II y III de la ley de la materia, a efecto de que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo que a continuación se indica: Acredite con documento idóneo la minoría de edad del menor que representa en el presente juicio. Manifieste bajo protesta de decir verdad, porqué concretamente señala a múltiples autoridades de procuración de justicia del Estado de Chiapas, reclamándoles la orden de búsqueda y/o aprehensión y su ejecución, siendo inverosímil que todas y cada una emitan los actos que reclama. Apercibida que de no hacerlo así en el lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en los términos del citado numeral 114 de la ley de la materia, en su penúltimo párrafo...

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