Francisco Solís Bolivar
Expediente 378/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Francisco Solís Bolivar
- Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
visto el estado...se aprecia que ha transcurrido el termino...y no se recurrió la sentencia...se declara que ha causado ejecutoria...archívese este asunto...es susceptible de depuración...
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 378/2016; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito recibido el trece de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia oficial en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Francisco Solís Bolívar, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. Ejecutora Dirección de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo. ACTOS RECLAMADOS "a).- La Resolución del Recurso de Reconsideración, interpuesto por el suscrito Quejoso, en contra del Auto de fecha 02 de Octubre del año 2015, ambos emitidos por la Autoridad Responsable Ordenadora. b).- La Resolución del Recurso de Reconsideración, interpuesto por la C. NORMA ANGÉLICA BASILIO VILLANUEVA, en contra del Auto de fecha 05 de Noviembre del año 2015, ambos emitidos por la Autoridad Responsable Ordenadora. c).- El descuento que habrá de realizarse al suscrito Quejoso, por concepto de Pensión Alimenticia, a favor de la acreedora, en virtud de que los alimentos ya se encuentran garantizados mediante Juicio anterior diverso, razón por la cual dicho descuento ordenado por la Autoridad Responsable Ordenadora resultaría ilegal por tratarse de un doble cobro". SEGUNDO. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciséis, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número de juicio 378/2016 y se previno a la parte quejosa para que exhibiera copias de su escrito inicial; previo desahogo de esa prevención, en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la misma; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se comisionó la notificación a la tercero interesada del inicio de este juicio; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debido a que se reclaman actos dictados dentro de un juicio de alimentos atribuible a una autoridad jurisdiccional residente dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, la cual puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama: A. Del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad. 1. La resolución de quince de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de reconsideración promovido por el quejoso (parte demandada en el juicio de origen) en contra del auto de dos de octubre de dos mil quince, dictado en el juicio de alimentos 1118-2/2015, por el cual se le fijó por concepto de alimentos provisionales mensual a favor de Angélica Paola Solís Basilio el cuarenta por ciento de los ingresos y, demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que semanal, quincenal o mensual obtiene. 2. La resolución de catorce de marzo de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de reconsideración promovido por el tercero interesada (parte actora en el juicio de origen) en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil quince, dictado en el juicio de alimentos 1118-2/2015, en el cual a su solicitud de que se le expidiera el exhorto relativo a fin de se gire el oficio de descuento, se le indicó que debía estarse a lo acordado en diverso proveído dictado en esa fecha. B. Del Director de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en la ciudad de Chilpancingo. La ejecución del auto de dos de octubre de dos mil quince, relativo al descuento por concepto de pensión alimenticia. La precisión de los actos resulta del análisis de la demanda de amparo en específico del capítulo de antecedentes en relación con las actuaciones remitidas por el Juez responsable como apoyo a su informe justificado. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en eta ciudad; certeza que se corrobora, con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 1118-2/2015, que remitió como justificación a su informe, dentro de las cuales obran las resoluciones reclamadas; documental que dada su naturaleza de pública tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, al rendir su informe justificado negó el acto de ejecución que se le reclama; empero, su negativa se desvirtúa al haber aceptado la existencia de los actos la autoridad ordenadora, por lo que es claro que la ejecutora en el ámbito de sus funciones y en determinado momento podría dar cumplimiento a la misma, por lo que debe tenerse por cierto el acto atribuido. CUARTO. Una vez verificada la certeza de los actos reclamados y al no advertirse la actualización de causal de improcedencia alguna, se procede a su análisis, para lo cual resulta necesario destacar los hechos que constituyen sus antecedentes, los cuales se obtienen de las actuaciones remitidas por el juez responsable, valoradas en el considerando preliminar. A. Respecto al primero de los actos, se citan los siguientes: I. En acuerdo de dos de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda en la vía especial de alimentos presentada por Norma Angelina Basilio Villanueva, en representación de su menor hija Angélica Paola Solís Basilio en contra del quejoso Francisco Solís Bolívar; se radicó bajo el número de juicio 1118-2/2015, se decretó por concepto de alimentos provisionales mensual a favor de la citada menor el cuarenta por ciento de los ingresos, demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que semanal, quincenal o mensualmente obtiene el reo civil; así también, se ordenó girar exhorto para hacer efectivo dicho descuento, el cual quedó a disposición de la parte actora. II. Por escrito de veinte de octubre de dos mil quince, el demandado, parte quejosa en este juicio de amparo, dio contestación a la demanda instaurada y promovió recurso de reconsideración en contra del auto por el cual se le fijó como alimentos provisionales mensual a favor de la citada menor el cuarenta por ciento de sus ingresos y demás prestaciones. III. En acuerdo de cinco de noviembre de dos mil quince, entre otras cosas, se tuvo al demandado (quejoso) por dando contestación a la demanda y por interponiendo el citado medio de impugnación, con el que se dio vista a la parte actora, la cual se le tuvo por desahogada en auto de dieciocho siguiente. IV. Mediante resolución de quince de febrero de dos mil dieciséis, se declaró infundado el recurso de reconsideración, bajo las siguientes consideraciones: "Analizados en su conjunto los agravios que expresa el recurrente resultan infundados para reconsiderar el auto de dos de octubre de dos mil quince, en virtud de que si bien refiere que en el expediente número 958-1/2009 relativo al juicio de divorcio voluntario, se decretó por conceptos de alimentos para las menor ANGÉLICA PAOLA SOLÍS BASILIO, la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos), mensuales, por así haberlo pactado ambas partes, en el convenio el cual fue aprobado en sentencia definitiva de fecha treinta de septiembre de dos mil nueve, lo que se corrobora con la copia fotostática certificada que anexo el demandado en su escrito de contestación, sin embargo el deudor no justificó que estuviera cumpliendo con su obligación de proporcionar los alimentos a su acreedora al momento de reclamarlos ni tampoco se encuentra acreditado que la acreedora los estuviera recibiendo y con ello solventar todos los rubros de alimentos con los cuales pudieren satisfacer sus necesidades más apremiantes, por lo tanto no existe la certeza que cumpla con su obligación alimentaria que se le impuso al no exhibir los depósitos que haya realizado por tal concepto, y el hecho que asevere que después de haberse divorciado siguieron viviendo juntos y se hacía cargo en forma directa de los gastos del hogar, ello no se encuentra acreditado, y si bien convinieron los alimentos del menor ello no es obstáculo para que la acreedora los reclame si el deudor ha incumplido con otorgarlos, por tanto, queda firme el auto recurrido. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia, Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXII, Julio de 2005. Tesis: 1a. /J.61 Página: 11. ALIMENTOS, PROCEDE LA ACCIÓN AUTÓNOMA PARA EXIGIR SU PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DEL NOMBRE QUE SE LE DÉ, Y DE LA EXISTENCIA PREVIA DE UN CONVENIO CELEBRADO AL RESPECTO DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. [la transcribe] .". Esta resolución constituye el acto reclamado. V. El seis de abril de dos mil dieciséis, se notificó personalmente al abogado patrono del demandado, el contenido de la determinación señalada en el punto que antecede. En contra de esta determinación el quejoso, en esencia, alega que aquélla contraviene las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucional, porque: 1. No se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ni mucho menos se dictó un mandamiento escrito por autoridad competente, en el cual se fundara y motivara la causa legal del procedimiento. 2. La juez omitió considerar al fijar la medida provisional de alimentos que en el juicio de divorcio voluntario número 958/1-2009 de su índice, promovido en su contra por la ahora tercera interesada, estaban garantizados los alimentos mediante convenio aprobado en sentencia definitiva. 3. Al haber convenio sobre alimentos, no procedía su reclamación de forma independiente sino exigir su cumplimiento o modificación; por lo cual resulta inaplicable el criterio jurisprudencial citado sobre el particular. 4. Se resolvió sin analizar las pruebas ofrecidas al promover el recurso de reconsideración, además de que la inspección fue efectuada de forma somera; porque de haberlo hecho de otra manera la responsable advertiría el acato a las obligaciones alimentarias convenidas en el juicio de divorcio. 5. Se sustenta la resolución reclamada en la falta de comprobación a las obligaciones alimentarias, pese a que la parte actora en el capítulo de hechos de la demanda de alimentos manifestó haber cohabitado con el peticionario de amparo una vez disuelto el vínculo matrimonial; argumento que reiteró al promover el medio de impugnación, puesto que desde el mes de septiembre a la fecha (sin precisar cuál) ha cumplido con esa obligación. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado, así como los motivos de queja, procede ahora verificar si estos últimos resultan fundados o no. Para estar en aptitud de comprobar lo anterior, se tiene presente que los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." En estos artículos se encuentran consagrados los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, el primero se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, fundando y motivando su actuar; mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En este punto, es necesario recordar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), la garantía de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. Sobre esa base, se estima infundado el motivo de queja indicado con el número 1, porque contrario a lo sostenido por el peticionario de amparo, en la substanciación del recurso de reconsideración se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues se le notificó la interposición del recurso, se le dio vista con el mismo, como lo establece la fracción IV del artículo 382 del código procesal civil, sin que se abriera periodo probatorio dado que la fracción III del citado numeral, no concede término para ello, además la resolución de dicho medio de impugnación la llevó a cabo el juez de primera instancia que conoce del juicio natural, es decir por autoridad competente, con lo cual se colman dichas formalidades. Además en la resolución reclamada se le dio a conocer las bases objetivas, del porqué de esa determinación y no otra. Ahora, para estar en aptitud de dilucidar en torno a los motivos de queja identificados con los arábigos 2, 3 y 4 es necesario tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 386, 387, 388, 389, 390, 397, 404, 408, 1172 y 2801, fracción V, del Código Civil del Estado de Guerrero. En esos numerales, se consagra la obligación legal de dar alimentos, la cual es recíproca, misma que nace del estado de necesidad del acreedor alimentista, así como ser de orden público e interés general; y comprenden, tanto a la comida, como al vestido, a la habitación y a la asistencia en caso de enfermedad, y que además, en relación con los menores comprenda también ese concepto a los gastos necesarios para la educación primaria del acreedor alimentario y el de proporcionarle algún oficio, arte o profesión, honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales; no así capital para que estos ejerzan oficio, arte o profesión. En esas disposiciones, también se establece que tal derecho es irrenunciable, intransferible inembargables, además de no ser objeto de transacción; sin embargo, prevén la posibilidad de que estos sean determinados por convenio o sentencia, se atenderá a la capacidad económica del deudor alimentario y a las necesidades de los acreedores alimentarios; y podrán asegurarse mediante hipoteca, prenda, fianza, embargo, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera otra forma de garantía suficiente a juicio del juzgador. En estrecha relación con lo anterior, cabe precisar el siguiente marco jurídico. Concepto de "Los alimentos". Desde el punto de vista doctrinal son varias las definiciones que han propuesto respecto a la institución objeto de análisis, así por ejemplo, Rojina Villegas refiere que el derecho de alimentos es "la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir de otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos". En concordancia la Suprema Corte de la Nación ha coincidido en definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. En ese contexto, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Esto es, el derecho de alimentación proviene de la ley y no de causas contractuales, por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlos judicialmente, únicamente debe acreditar que es el titular del derecho para que su acción alimenticia prospere. Los alimentos suelen ser clasificados con base en lo establecido en estos ordenamientos civiles en: provisionales y ordinarios, debiendo entenderse que ni los unos ni los otros son fijos o definitivos, pues pueden modificarse en su cuantía, atendiendo a las circunstancias en que originalmente fueron otorgados o en las que se encuentren los acreedores alimenticios o el deudor al momento de resolver. Es de destacarse en materia de alimentos no puede operar el principio de cosa juzgada, así que lo que se decida en un juicio de divorcio, verbigracia, respecto de alimentos, no puede causar estado, porque ello no es una cuestión principal en esa clase de juicios, sino una subsidiaria, pues es bien sabido que los alimentos podrán aumentarse o disminuirse en cualquier momento en que lo acrediten las partes, ya que pudieran variar las posibilidades de quien los da y las mayores o menores necesidades de quien los recibe. Por otra parte, sobre la procedencia de la acción autónoma para exigir el pago de alimentos, cuando existe un convenio previo celebrado en un juicio de divorcio por mutuo consentimiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 162/2004-PS, sustentada por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito, determinó que: ". en el evento que impera en la presente contradicción, debe establecerse, en primer término, que la existencia de un convenio sobre alimentos signado por las partes dentro del juicio de divorcio, no representa ningún obstáculo ni impedimento legal alguno para que el acreedor alimentario pueda ejercer la acción autónoma de pago de aquéllos, pues si bien es cierto que en los casos de incumplimiento de todo contrato, procede la acción relativa para exigir su cumplimiento, empero, carecería de sentido el condicionar el ejercicio de aquella acción, a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación en muchos casos prolongada, haría inoportuna la atención de esa necesidad que en sí misma implica la subsistencia de la persona, máxime que en la acción de pensión alimenticia puede exigirse la fijación de una pensión provisional, como una medida urgente. En segundo término, en atención a esas mismas razones de prioridad, la acción de pago procederá en todo tiempo con independencia del nombre que la parte actora le dé, e independientemente si la acción deriva o no de casos de divorcio, toda vez que lo relativo a pensiones alimentistas no sólo procede por derivación de dicha clase de casos, sino que es una institución que está inmersa en el campo del derecho familiar en general, que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-necesidad; por lo que de retrasarse la ministración de los alimentos por formalismos procesales o jurisdiccionales se pondría en peligro la subsistencia del acreedor, y en tal caso, corresponderá al juzgador atender la acción que tienda al cumplimiento pronto de tan apremiante necesidad vital. Todo ello, a la luz del principio garantista de acceso efectivo a la justicia contenido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que en materia de alimentos debe prevalecer tal garantía constitucional, la cual se vería violentada al hacer nugatorio el derecho del acreedor alimentario a que se resuelva la cuestión efectivamente planteada, ante la exigencia del ejercicio de acciones ajenas a la obtención inmediata de aquéllos, lo anterior en atención a los valores fundamentales que se encuentran en juego, como es la satisfacción del menor de esa necesidad elemental, elevada a rango constitucional precisamente en el artículo 4° de la Carta Magna, en cuanto establece: "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral"; lo cual solo podrá tutelarse mediante el respeto de esa garantía de acceso a la justicia; estimar lo contrario, atentaría contra el derecho del gobernado a instar en su defensa la acción de los tribunales, así como contra el fin del legislador de permitir un acceso flexible y libre de tecnicismos, sobre todo en el tema que no ocupa en esta resolución.". Esas consideraciones dieron origen a la Jurisprudencia 1a./J. 61/2005, consultable en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, Materia: Civil, del rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. PROCEDE LA ACCIÓN AUTÓNOMA PARA EXIGIR SU PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DEL NOMBRE QUE SE LE DÉ, Y DE LA EXISTENCIA PREVIA DE UN CONVENIO CELEBRADO AL RESPECTO DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. El artículo 252 del Código Civil para el Estado de Veracruz dispone que el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción; sin embargo, el numeral 2884 del referido código establece una excepción en el sentido de que podrá haber transacción, pero únicamente sobre las cantidades debidas por alimentos, lo cual significa que es factible celebrar convenio entre acreedor alimentario, o su representante, y el deudor alimentista conforme a esa excepción. Ahora bien, la existencia de dicho acuerdo de voluntades respecto de los alimentos de los hijos habidos en el matrimonio, dentro de un juicio de divorcio por mutuo consentimiento, debidamente juzgado, no representa obstáculo o impedimento legal alguno para que el acreedor alimentario reclame del deudor, mediante acción autónoma, el pago de la pensión alimenticia a que se encuentra obligado legalmente, pues si bien es cierto que ante el incumplimiento de los contratos procede la acción relativa para exigir su cumplimiento, también lo es que carecería de sentido condicionar el ejercicio de aquella acción a un procedimiento previo en el que se hicieran valer otros recursos o medios legales de defensa, ya que ello tornaría inoportuna la atención de esa necesidad que en sí misma implica la subsistencia de la persona, además de que por tales razones de prioridad, la acción de pago procederá en todo tiempo con independencia del nombre que la parte actora le dé, y de si la acción deriva o no de un juicio de divorcio, toda vez que la aludida pensión no sólo procede por derivación de la separación matrimonial, sino que es una institución de derecho familiar que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-necesidad, por lo que retrasar su ministración por formalismos procesales pondría en peligro la subsistencia del acreedor y, en tal caso, corresponderá al juzgador atender la acción ejercida para exigir el cumplimiento inmediato de tan apremiante necesidad. Ello, en congruencia con la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, la cual se violaría al hacer nugatorio el derecho del acreedor alimentario a que se resuelva la cuestión efectivamente planteada, ante la exigencia del ejercicio de acciones ajenas a la obtención inmediata de los alimentos, en virtud del valor fundamental que implica la satisfacción de tal necesidad de los menores, elevada a rango constitucional en el artículo 4o. de la Ley Fundamental". El criterio anterior es obligatorio para este juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y en razón a ello, se estiman infundados los aludidos conceptos de violación aludidos, pues contrario a lo alegado por el peticionario de amparo, se estima correcta la determinación de la autoridad responsable en dar entrada al juicio especial de alimentos, al ser una acción autónoma e independiente del convenio celebrado entre el peticionario de amparo y la parte actora en un juicio de divorcio. Esto, no obstante que ese convenio al ser sancionado adquiera la categoría de sentencia ejecutoriada que define los derechos que corresponden a cada uno de los interesados; sin embargo, no implica que, por la existencia del convenio judicial respecto de los alimentos de los hijos habidos en el matrimonio, resulte improcedente la acción autónoma para exigir al deudor el pago de la pensión alimenticia a que se encuentra obligado legalmente, pues como lo sostuvo la Primera Sala en el criterio antes citado "si bien es cierto que ante el incumplimiento de los contratos procede la acción relativa para exigir su cumplimiento, también lo es que carecería de sentido condicionar el ejercicio de aquella acción a un procedimiento previo en el que se hicieran valer otros recursos o medios legales de defensa, ya que ello tornaría inoportuna la atención de esa necesidad que en sí misma implica la subsistencia de la persona, además de que por tales razones de prioridad, la acción de pago procederá en todo tiempo con independencia del nombre que la parte actora le dé, y de si la acción deriva o no de un juicio de divorcio, toda vez que la aludida pensión no sólo procede por derivación de la separación matrimonial, sino que es una institución de derecho familiar que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-necesidad, por lo que retrasar su ministración por formalismos procesales pondría en peligro la subsistencia del acreedor y, en tal caso, corresponderá al juzgador atender la acción ejercida para exigir el cumplimiento inmediato de tan apremiante necesidad" Sin que pasen desapercibidas las tesis invocadas por la parte quejosa sobre la improcedencia del ejercicio de la acción autónoma de alimentos cuando estos se encuentran garantizados en un juicio de divorcio, mediante convenio; los cuales resultan inaplicables, en razón de que se refieren al derecho de los alimentos entre quienes ya no están unidos por un vínculo matrimonial (cónyuges), problemática diversa a la aquí planteada, porque en el caso, si bien existe un convenio en un juicio de divorcio a fin de garantizar los alimentos a favor un menor, el juicio autónomo (alimentos) no lo insta la ex cónyuge por propio derecho sino en representación de la menor, lo cual como quedó asentado, sí es procedente. Igual consideración merece el último de los motivos de queja, puesto que la determinación del juez al fijar alimentos, se sustentó en el estado de necesidad del acreedor alimentista, así como a los elementos obtenidos de lo narrado por la actora al solicitar el derecho a los alimentos para su menor hija y al hecho de no estar comprobada la obligación alimentaria convenida con antelación. Aunado a que las pruebas aportadas están encaminadas a demostrar la existencia de un convenio en el cual quedó garantizada la obligación alimentaria a favor de su menor hija, pero no a acreditar haber cumplido con ella; y si bien, no tomó en consideración la prueba de inspección, esto no es motivo para conceder la protección constitucional, pues nada practico acarrearía, pues como quedó asentado en líneas precedentes, el juicio de alimentos puede ejercitarse como autónomo pese a la celebración de un convenio en un juicio de divorcio, cuando se trate de garantizar dicho derecho a los hijos. B. A continuación se realizará el estudio de los actos reclamados identificados con los números 2 y 3, atribuidos a la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares y a la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo; pero antes, se citan los hechos que constituyen sus antecedentes. En este apartado se inserta, en obvio de repeticiones, el identificado con el número I, relativo al auto de radicación de dos de octubre de dos mil quince; proveído en el cual la responsable determinó, entre otras cosas, lo siguiente: ". se decreta por concepto de alimentos provisionales mensual a favor de su hija ANGÉLICA PAOLA SOLÍS BASILIO, EL CUARENTA POR CIENTO DE LOS INGRESOS Y DEMÁS PRESTACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS QUE SEMANAL, QUINCENAL O MENSUALMENTE OBTIENE EL REO CIVIL., a favor de sus acreedores alimentistas; por lo que gírese oficio al Jefe de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que ordene a quien corresponda aplique el descuento ordenado ." "Ahora bien, y tomando, en consideración que el domicilio y la fuente laboral del reo civil, se encuentran fuera de esta jurisdicción, con fundamento en los artículos 168 y 169 del Código Adjetivo Civil, líbrese atento exhorto y despacho con los insertos necesarios al Juez Competente de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo y al Juez Mixto de Paz de Coyuca de Benítez, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este juzgado, el primero gire el oficio de descuento ordenado en líneas precedentes y el segundo notifique y emplace a juicio al reo civil, con domicilio en calle Vicente Guerrero sin número, Piso Uno, de ese municipio. Por otra parte, se hace saber a la parte interesada, que el exhorto queda a su disposición en la Secretaría para que lo haga llegar a su destino debiendo estar pendiente el acuerdo que recaiga a los exhortos, para evitar que sea devuelto sin diligenciar, quien tendrá la obligación de devolverlo dentro del término de tres días, una vez que se lleve a cabo su diligenciación.". 1º. Por escrito de veintiocho de octubre de dos mil quince, Norma Angélica Basilio Villanueva solicitó se expidiera el exhorto ordenado en el auto de radicación a fin de que el Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar en turno del Distrito Judicial de Los Bravo, para que gire el oficio de descuento de pensión alimenticia. 2º. En auto de cinco de noviembre de dos mil quince, el juez responsable a lo solicitado por la actora acordó "dígasele a la promovente que deberá estarse al diverso proveído de esta fecha"; en contra de esa determinación dicha parte procesal promovió recurso de reconsideración; medio de impugnación admitido el veintitrés de noviembre siguiente, auto en el cual se dio vista a la parte contraria para que manifestara lo que a su derecho conviniera; proveído publicado el veintisiete de ese mismo mes. 3º. En diligencia de once de enero de dos mil dieciséis, el juez responsable declaró la rebeldía en que incurrió el quejoso respecto a la vista concedida en auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince. 4º. El catorce de marzo de dos mil dieciséis, se dictó la resolución reclamada, bajo las siguientes consideraciones: ". Analizados en su conjunto los agravios que expresa el recurrente resultan fundados para reconsiderar el auto de fecha cinco de noviembre del dos mil quince, en virtud de que el deudor no justificó que estuviera cumpliendo con su obligación de proporcionar los alimentos a su acreedora al momento de reclamarlos ni tampoco se encuentra acreditado que la acreedora los estuviera recibiendo y con ello solventar todos los rubros de alimentos con los cuales pudieran satisfacer sus necesidades más apremiantes, por lo tanto, no existe certeza que esté cumpliendo con su obligación alimentaria que se le impuso al no exhibir los depósitos que haya realizado por tal concepto, por tanto, se reconsidera el proveído impugnado para quedar en los siguientes términos: "Acapulco, Guerrero, a cinco de noviembre de dos mil quince. A sus autos el escrito de NORMA ANGÉLICA BASILIO VILLANUEVA, atenta a su contenido, como lo solicita expídase el exhorto ordenado en auto de fecha cinco de octubre de dos mil quince. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó y firma la licenciada IRMA GRACIELA LEE GONZALEZ, Juez Segundo de Primera Instancia Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, quien actúa ante la Licenciada AMELIA ASTUDILLO BELLO, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- DOY FE." Esta resolución constituye el acto reclamado el cual se identificó con el número 29, en el considerando segundo; y, contra la cual la parte quejosa, en esencia, alega que: a. En su emisión, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. b. Carece de fundamentación y motivación, pues resuelve cuestiones diversas a lo planteado en la demanda inicial, ya que en ésta se señaló el incumplimiento a la obligación alimentaria, así como la naturaleza de las necesidades del acreedor alimentario y la materia del recurso es completamente diferente, pues versa a la proporcionalidad del salario. c. Existe incongruencia en lo resuelto, puesto no se consideró la confesión realizada por la tercera interesada en el sentido, de que con posterioridad al divorcio siguieron viviendo juntos y que él sufragaba los gastos relativos a la menor. Establecido lo anterior, se estiman infundados e inoperantes los conceptos de violación formulados. El precisado en el inciso a), es infundado, porque contrario a lo sostenido por el quejoso, en la substanciación del recurso de reconsideración se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues se le notificó la interposición del recurso, se le dio vista con el mismo, como lo establece la fracción IV del artículo 382 del código procesal civil, sin que se abriera periodo probatorio dado que la fracción III del citado numeral, no concede término para ello, además la resolución de dicho medio de impugnación la llevó a cabo el juez de primera instancia que conoce del juicio natural, es decir por autoridad competente, con lo cual se colman dichas formalidades. En relación con los motivos de queja señalados en los incisos b) y c) son inoperantes ya que no controvierten las razones por las que la autoridad responsable determinó que era apegado a derecho expedir el exhorto ordenado en auto de dos de octubre de dos mil quince, es decir, el quejoso debió alegar el por qué no era factible que se girara el comunicado oficial de referencia, solicitado por la parte actora a fin de que se emitiera el oficio respectivo a efecto de obtener el cumplimiento de la obligación alimentaria decretada a favor de la menor Angélica Paola Solís Basilio. Ahora bien, los conceptos de violación que nos ocupan no tienden a controvertir dichos argumentos de la junta responsable; de ahí que, deba desestimarse por inoperantes los motivos de inconformidad que nos ocupan, pues resultan insuficientes para que el recurrente obtenga una resolución favorable. Lo anterior ya que la inoperancia de los conceptos de violación se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar: 1. De la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; 2. De su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, y a su vez puede darse: a) Al no controvertir de manera suficiente y eficaz todas las consideraciones que rigen la determinación reclamada; b) Al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) En caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano de control el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. Ilustra lo expuesto la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si en los conceptos de violación no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando éstos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar supliendo la deficiencia de la queja en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo". En tales condiciones, ante lo infundado e inoperantes de los motivos de queja, en un juicio de amparo en el que rige el principio de estricto derecho dado que el quejoso (parte demandada en el juicio natural) no se ubica en alguno de los puestos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar la protección constitucional solicitada. C. Determinación que se hace extensiva respecto del acto reclamado al Director de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en la ciudad de Chilpancingo, consistente en la ejecución del descuento ordenado por concepto de pensión alimenticia, ya que se reclama en vía de consecuencia y no por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Francisco Solís Bolívar, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las consideraciones expuestas en el último considerando de la misma. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: "... Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 378/2016; y, RESULTANDO... se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Francisco Solís Bolívar, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las consideraciones expuestas en el último considerando de la misma.
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Acapulco, Guerrero, catorce de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra programada para este día; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, en virtud de que el licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por ausencia del Titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no está facultado para resolver en definitiva el presente asunto; en consecuencia, la audiencia de mérito se difiere para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
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