Francisco Roberto Acosta Gamboa
Expediente 468/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Francisco Roberto Acosta Gamboa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, a través del cual comunica que en el toca de amparo en revisión civil 149/2018, quedó firme el auto de veinte de junio del presente año, por el cual se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintiocho de mayo del año en curso, emitido por este órgano jurisdiccional y devuelve el expediente principal; en tal virtud, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó y el oficio de cuenta. Acúsese recibo de estilo correspondiente. En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que en el toca de amparo en revisión civil 149/2018, se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintiocho de mayo del año en curso, emitido por este juzgado de Distrito; por tanto, estese en espera de que quede firme dicha resolución.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Francisco Roberto Acosta Gamboa, a través del cual interpone recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de mayo del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, y formula los agravios que en su concepto los mimos le causan, en términos del artículo 88 de la Ley de Amparo; por tal motivo, tomando en cuenta que éste órgano jurisdiccional no se encuentra facultado para calificar la procedencia de dicho medio de impugnación; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas, fórmese cuaderno de antecedentes, y remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del escrito de agravios y una copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Tribunal, para el efecto de que substancie el recurso de mérito. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Roberto Acosta Gamboa, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno de registro de juicios de amparos con el número 468/2018, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa. Para estar en aptitud de resolver sobre el particular, se tiene presente que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama el auto de dos de mayo de dos mil dieciocho dictado en el juicio ejecutivo mercantil 31-1/2018, por el que se desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso proveído de diecisiete de abril del año en curso. Asimismo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa narró diversas circunstancias atinentes a la prueba pericial en materia de grafoscopía, aduciendo que la revisión de tales antecedentes permitirá que se revoque el auto de tres de abril pasado y tener a la perito de su intención exhibiendo su dictamen pericial; ya que el recurso interpuesto -de apelación- permitirá modificar el auto de diecisiete de abril anterior que desecha el recurso de revocación y regularizar el procedimiento para que se tenga por exhibido en tiempo el dictamen de referencia. De lo anterior queda de relieve el hecho de que la pretensión de la parte quejosa consiste en someter a control constitucional el proveído que desechó el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo que a su vez desechó el diverso recurso de revocación interpuesto en contra del proveído que tuvo por no exhibido el dictamen pericial rendido por el experto designado por el quejoso en su carácter de demandado en el juicio ejecutivo mercantil 31-1/2018. Establecido lo anterior, se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte, consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo esa tesitura, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Entonces, si el acto reclamado consiste en el auto de dos de mayo actual dictado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 31-1/2018, por el que se desechó el recurso de apelación instado contra el acuerdo que a su vez desechó el diverso recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de tres de abril pasado en que se tuvo por no exhibido el dictamen pericial rendido por el experto designado por el demandado quejoso, de ello se sigue que tal determinación sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, tan es así que su pretensión es que el juez de la causa tenga al perito de su intención rindiendo el dictamen relativo; situación que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias no son de imposible reparación al no violarse derechos sustantivos, habida cuenta que tal proceder constituiría en todo caso, una violación a las leyes del procedimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, del al Ley de Amparo. Por tanto, si dicha resolución resulta contraria a los intereses de la parte quejosa, estaría en opción de plantear la cuestión que ahora controvierte junto con la sentencia que se emita en el juicio natural en caso de serle adversa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda; e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Sonora número 66, interior 15, colonia Progreso, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Salvador González Olea y José Ángel Lemus Valle, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Francisco Padilla Sanchez903/2015
- Francisco Perulero Gutiérrez517/2016
- Francisco Pineda Delgado151/2016
- Francisco Pineda Pineda1041/2021
- Francisco Pineda Pineda1023/2021
- Francisco Ramses Urquidez Cortez476/2021
- Francisco Rosas María973/2021
- Francisco Sánchez Acosta810/2013
- Francisco Sánchez León299/2021
- Francisco Sergio Miranda Domínguez678/2023
- Francisco Solís Bolivar378/2016
- Francisco Solís Preciado668/2019