Francisco Sebastián Rodríguez Hernández
Expediente 170/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Sebastián Rodríguez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara la determinación que decretó el sobreseimiento en el presente asunto. Por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Destrucción. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el diez de marzo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el juicio y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Depuración del cuaderno original y destrucción del duplicado del Incidente de suspensión. Se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, puesto que fue concedida la suspensión definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído; para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia, mientras que el duplicado sólo se integrará al expediente sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de ocho de marzo del año en curso y, al efecto hace diversas manifestaciones. Sin que haya lugar a tomar determinación legal alguna, toda vez que mediante proveído de diez de marzo de este año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, lo anterior, debido a que el tres de marzo de dos mil veintidós, se aplicó al quejoso el tercer refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Arturo Guadalupe Jiménez Camacho autorizado de la parte quejosa, mediante el cual remite copia simple escaneada del comprobante del refuerzo de la vacuna aplicada a la parte quejosa el tres de marzo del año en curso. Admisión de prueba. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental que adjunta la autoridad responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. Actualización de causal de improcedencia. Con base en lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual de la fracción XXI que se analiza), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, se estima que es un requisito necesario para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto y se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Caso concreto. En la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión ante la falta de suministro de la vacuna de refuerzo a su favor, es decir, la tercera dosis de refuerzo contra el virus denominado SARS-CoV2, Covid 19. Ahora bien, del escrito -folio 5492- que se manda agregar signado por Arturo Guadalupe Jiménez Camacho como autorizado de la parte quejosa, al efecto refiere que el tercer refuerzo de la vacuna le fue aplicada al quejoso Francisco Sebastián Rodríguez Hernández el tres de marzo del año en curso. Para justificar lo anterior, remitió copia simple escaneada de la constancia correspondiente. Las referidas documentales tienen valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones emitidas por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Con base en la información precisada, se considera que con la aplicación del refuerzo de la dosis correspondiente a la vacuna contra el virus SARS-coV2, lo cual constituía el reclamado de la parte quejosa, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Por tal motivo, se evidencia que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo al ya no existir la materia que constituía el reclamo de la parte quejosa en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Decisión. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Recepción de oficios folios 5510 y 5490. En otro orden, se glosa el diverso oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación San Luis Potosí, así como el informe justificado que rinde el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de asuntos Jurídicos del Secretaría General de Gobierno, sin que sea necesario pronunciarse en cuanto a sus contenidos, toda vez que en párrafos precedentes se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el escrito signado por Arturo Guadalupe Jiménez Camacho autorizado de la parte quejosa, mediante el cual remite copia simple escaneada del comprobante del refuerzo de la vacuna aplicada a la parte quejosa el tres de marzo del año en curso. Admisión de prueba. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental que adjunta la autoridad responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. Actualización de causal de improcedencia. Con base en lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual de la fracción XXI que se analiza), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, se estima que es un requisito necesario para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto y se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Caso concreto. En la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión ante la falta de suministro de la vacuna de refuerzo a su favor, es decir, la tercera dosis de refuerzo contra el virus denominado SARS-CoV2, Covid 19. Ahora bien, del escrito -folio 5492- que se manda agregar signado por Arturo Guadalupe Jiménez Camacho como autorizado de la parte quejosa, al efecto refiere que el tercer refuerzo de la vacuna le fue aplicada al quejoso Francisco Sebastián Rodríguez Hernández el tres de marzo del año en curso. Para justificar lo anterior, remitió copia simple escaneada de la constancia correspondiente. Las referidas documentales tienen valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones emitidas por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Con base en la información precisada, se considera que con la aplicación del refuerzo de la dosis correspondiente a la vacuna contra el virus SARS-coV2, lo cual constituía el reclamado de la parte quejosa, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Por tal motivo, se evidencia que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo al ya no existir la materia que constituía el reclamo de la parte quejosa en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Decisión. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Recepción de oficios folios 5510 y 5490. En otro orden, se glosa el diverso oficio signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación San Luis Potosí, así como el informe justificado que rinde el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General de asuntos Jurídicos del Secretaría General de Gobierno, sin que sea necesario pronunciarse en cuanto a sus contenidos, toda vez que en párrafos precedentes se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese personalmente.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,597 expedientes
- Francisco Rogelio Martínez Faz1059/2018
- Francisco Rogelio Martínez Faz993/2017
- Francisco Rogelio Martínez Faz1133/2017
- Francisco Rosas Zúñiga825/2020
- Francisco Salas Candelaria1284/2021
- Francisco Sánchez Lárraga1291/2022
- Francisco Tonatiu Viramontes Esparza127/2020
- Francisco Torres Méndez484/2016
- Francisco Valadez Fermin1139/2016
- Francisco Velázquez López883/2016
- Francisco Yair Hernández Herrera888/2018
- Francisco Yair Hernández Herrera35/2019