Francisco Rosas Zúñiga
Expediente 825/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Rosas Zúñiga
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el nueve de noviembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ******, contra el acto de la Mesa Directiva del Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario denominado La Pila del Municipio de San Luis Potosí y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 825/2020-IV. Análisis de la demanda de amparo Este Juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión del acto reclamado Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Así, de un análisis integral de la demanda de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama, sustancialmente, lo siguiente: La expedición de la primera convocatoria para llevar a cabo una asamblea ejidal el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el ejido La Pila, del municipio de San Luis Potosí, a pesar de que el estado de San Luis Potosí se encuentra en semáforo naranja con motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19), así como su ejecución. Acto que reclama a la autoridad responsable Mesa Directiva del Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario denominado La Pila del Municipio de San Luis Potosí. Así, como ejecutoras al Gobierno del Estado de San Luis Potosí; a la Dirección de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; a la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); a la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS). Actualización de improcedencia de amparo En el presente caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. En efecto, los artículos citados en primer término establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]" De conformidad con lo anterior el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria, o bien, aquélla que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También tendrán la calidad de autoridades responsables, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados anteriormente, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En cuanto a este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior, de acuerdo con la tesis 2a. CCIV/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Cuando falte alguna de dichas características en un ente, es evidente que no se estará en presencia de actos de autoridad. La naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente contra ese tipo de actos; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares. Para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, las partes están en el mismo nivel. En las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De lo expuesto se advierte que el carácter de autoridad responsable deriva de la relación de supra a subordinación de ésta con un particular. En el presente caso, el quejoso reclama de las autoridades responsables expedición de la primera convocatoria para llevar a cabo una asamblea ejidal el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el ejido La Pila, del municipio de San Luis Potosí, a pesar de que el estado de San Luis Potosí se encuentra en semáforo naranja con motivo del virus SARS-COV2 (COVID-19), así como su ejecución. Actuar que el suscrito advierte que no es un acto de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues el quejoso no está frente a una relación de supra a subordinación, se explica: Marco Normativo Los artículos 9, 10, 11, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 35 y 36 de la Ley Agraria disponen: "Artículo 9o. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título." "Artículo 10. Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluídas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes." "Artículo 11. La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios y las que integren los fondos comunes. Los ejidos colectivos ya constituidos como tales o que adopten la explotación colectiva podrán modificar o concluir el régimen colectivo mediante resolución de la asamblea, en los términos del artículo 23 de esta ley." "Artículo 21. Son órganos de los ejidos: La asamblea; El comisariado ejidal; y El consejo de vigilancia." "Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo." "Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea." "Artículo 27. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea." "Artículo 28. En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley. Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo." "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 35. El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." Numerales de los que se desprende que, los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título; operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluídas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes. La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios y las que integren los fondos comunes. Asimismo, que los órganos del ejido son la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia; y, su órgano supremo es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios; mientras que el comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice. De igual forma, se advierte que la asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad; cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea. Además, en la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley; y que, serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención a ello. Por otra parte, el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Como facultades y obligaciones del comisariado se encuentran la de representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. En cuanto al consejo de vigilancia, estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno y, si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente; entre sus facultades y obligaciones se encuentran la de vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer. En ese sentido, si en el caso concreto, la parte quejosa reclama de una convocatoria emitida por la Mesa Directiva del Comisariado Ejidal del Núcleo Agrario denominado La Pila del Municipio de San Luis Potosí, se estima que ésta no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, ya que la Mesa Directiva del Comisariado es un órgano de los núcleos de población ejidales o comunales, los cuales tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, asimismo, son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título, operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, así como representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Por tanto, no se advierte que tenga facultades de imperio o que al emitir la convocatoria para la celebración de una asamblea -órgano supremo en la que participan todos los ejidatarios- actúen con el carácter de autoridad responsable deriva de la relación de supra a subordinación de ésta con el quejoso. Es decir, la autoridad responsable en cita no es un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad, ni que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular y, que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior es así, porque contrario a ello, solo actúa en representación de la comunidad al emitir la convocatoria de asamblea respectiva. Entonces, la emisión de citada convocatoria involucra una relación de coordinación propia de su calidad de representantes de la comunidad porque no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo sus derechos o creando obligaciones. Máxime que la asamblea general de ejidatarios puede ser impugnada de nulidad en caso de no reunir los requisitos legales que la propia Ley Agraria establece. Así, las relaciones jurídicas entre el quejoso en su carácter de ejidatario y los órganos de representación de la comunidad de la que afirma formar parte, como lo es la autoridad responsable, se dan bajo un plano de coordinación. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia XXVII.3o. J/18 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." Desechamiento En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, como se ha visto, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. No se soslaya que la parte quejosa hace valer aspectos relacionados con su situación de grupo vulnerable en el marco de la pandemia decretada como estado de emergencia sanitaria por propagación del virus COVID-19, lo cual le impide asistir a la asamblea contenida en la convocatoria reclamada. Sin embargo esa circunstancia no dota de facultades de imperio a las responsables ni otorga connotaciones de acto de autoridad a la convocatoria que se le reclama. Además, el desechamiento decretado se hace extensivo respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables Gobierno del Estado de San Luis Potosí; Dirección de Seguridad Pública en el Estado de San Luis Potosí; Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); y Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), toda vez que los actos que se les atribuyen derivan de la ejecución de la convocatoria para la celebración de la asamblea, respecto de la cual se desechó la demanda. Precisión. Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito la existencia de la jurisprudencia 54/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", por las siguientes razones. Sin embargo, el indicado criterio jurisprudencial no puede adoptarse como regla general, es decir, que lo relativo a si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en todos los casos constituye un estudio impropio del auto de inicio. Lo anterior, en virtud de que dicho criterio fue objeto de denuncia en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en cuya ejecutoria medularmente determinó que las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011, que dio origen a la mencionada jurisprudencia 54/2012 (10a.), de ninguna manera sostienen que lo ahí resuelto sea aplicable, en forma generalizada, a cualquier juicio de amparo y que, por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional, si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. En cambio, la Segunda Sala clarificó que su intención al resolver la citada contradicción de tesis, no fue establecer que en dicha actuación los jueces siempre están impedidos para determinar que un acto proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración; sino que señaló, que ello se advierte del propio texto de aquella ejecutoria, en la que en todo momento se delimitó que el punto de divergencia, se acotó a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis 297/2011. Esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado, específicamente, el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público. De tal forma que el examen relativo a si el auto inicial de la demanda de amparo es la actuación procesal oportuna para analizar de forma particular, si un acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, no se llevó a cabo de manera abstracta y generalizada para todos los casos donde tenga que determinarse si el acto reclamado proviene de una autoridad. Con base en ello, se determinó declarar infundada la solicitud de sustitución, no obstante, con apoyo en el argumento de brindar mayor certeza jurídica a los particulares, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la jurisprudencia 54/2012 (10a.) reflejara con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar su localización, la Segunda Sala determinó que era procedente aclarar tal criterio para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Por tanto, se estima que el criterio aplicable a la resolución de este asunto es la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (con número de registro electrónico 2007580) emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 1224 del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Adrián Charbel Moctezuma Ávalos, Óscar Daniel García Torres y Luis Alberto Suárez Castillo ya que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del dos mil cinco; y únicamente como autorizado para recibirlo e imponerse de los autos a José Corpus Salazar, Claudia Paola Rodríguez Narvaez y Antonio de Jesús Hernández Hernández, en virtud de que no cuentan con ese requisito. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la referida parte procesal el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. Notificaciones electrónicas. Asimismo, dado que autoriza expresamente la vía electrónica para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte tercera interesada por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, para que realice la autorización respectiva en el expediente electrónico del usuario "LuisSuarez". Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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